David Trujillo Mondragon

Expediente 1069/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1069/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • David Trujillo Mondragon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por ***** ****** *******, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril de dos mil veintitrés; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, mediante oficio que al efecto se libre remítase por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia, para la substanciación del recurso referido. En ese sentido, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en lo concerniente a que todos los envíos de expedientes de un órgano jurisdiccional a otro se harán de forma electrónica, salvo que el remitente estime necesario que el órgano destinatario cuenta con las constancias físicas. Atento a lo anterior, integrado que sea el presente asunto, efectúese la remisión vía interconexión del aludido expediente para la sustanciación del recurso de revisión al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en turno. MANUEL ALEXANDER VAZQUEZ FALCON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e0.ce 03/11/23 12:02:30 Se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, para que habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal de Alzada. En caso de que sean requeridas las constancias impresas del asunto, se ordena eventualmente formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la diligencia encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subir y vincular al expediente electrónico el resultado de ésta, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1069/2022-V, promovido por ********************, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada a este Juzgado el veintidós siguiente, ******************** solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades: 1) Presidente Municipal, 2) Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, 3) Encargado de Despacho de la Jefatura de Recursos Humanos y 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos, todas del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós se radicó la demanda con el número 1069/2022-V y este órgano jurisdiccional admitió la demanda, por consiguiente, solicitó el informe justificado, ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1o, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal donde se establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde residen las autoridades responsables y tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, por la cual se proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del procedimiento administrativo ********************. Actos atribuidos a las autoridades, 1) Presidente Municipal, 2) Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, 3) Encargado de Despacho de la Jefatura de Recursos Humanos y 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos, todas del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados las autoridades responsables 1) Presidente Municipal, 2) Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, 3) Encargado de Despacho de la Jefatura de Recursos Humanos, todos del municipio de Jojutla, Morelos. Sin que el solicitante de amparo hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado analizado, procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, en virtud de así lo aceptó al rendir su informe justificado el 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos. Se corrobora a través de las fotocopias certificadas de las constancias del procedimiento administrativo ********************, allegadas por dicha responsable, a las cuales se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, al tratarse de documentos públicos en virtud de haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Al respecto, el 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos, del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos, sostiene que la parte quejosa previo al juicio de amparo, debió de promover juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Al no hacerlo, considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". Conforme a dicha disposición, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, los cuales deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal hecho valer el agraviado, con los mismos alcances previstos en la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente si el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. En términos generales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de garantías es procedente contra actos u omisiones provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad siempre que: A. Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal hecho valer por el agraviado. B. Con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo. C. Sin exigir mayores requisitos que los consignados en la ley para conceder la suspensión definitiva. D. Ni plazo mayor establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional. A su vez, sin existir obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por tanto, para analizar si se exigen mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, resulta importante precisar el siguiente cuadro comparativo de ambas legislaciones: Ley de Amparo Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. De lo anterior se advierte que la Ley de Amparo en su artículo 128 no establece como requisito para conceder la suspensión del acto reclamado la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado, a diferencia del numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal de este país en sesión de siete de mayo de dos mil veinte resolvió la contradicción de tesis 146/2019, donde consideró que, conforme a la Constitución y a la Ley de Amparo vigente, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para otorgare la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico. En la ejecutoria motivo de esa contradicción de tesis, se sostuvo entre otras consideraciones, las siguientes: - Hasta el cinco de junio de dos mil once, el artículo 107 de la Constitución establecía para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, entre otros aspectos, que el órgano jurisdiccional debía tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada y la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. - A partir de la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el actual texto constitucional ya no ordena que al proveer sobre la suspensión el tribunal de amparo tome en consideración la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. - Atendiendo a un elemento histórico de interpretación, en específico, a la evolución jurídica de la regulación constitucional de la suspensión en el juicio de amparo, es factible colegir que la finalidad del Poder Reformador de la Constitución consistió en que dicho requisito (dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado) en lo sucesivo no fuera exigido como una condición para el otorgamiento de la suspensión. - De acuerdo a la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución y la interpretación teleológica subjetiva de ese precepto, cuando la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, el principal presupuesto de procedencia u otorgamiento al cual debe atender el órgano de amparo ya no lo es "la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado" sino el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, pues es este "juicio de ponderación" la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora. - El órgano legislativo consideró pertinente mantener como parte del contenido de la fracción X, del artículo 107, de la Constitución el enunciado normativo relativo a que "los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria"; sin embargo, al haber suprimido del texto constitucional el requisito relativo a la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado, debe concluirse, ello obedeció al propósito del Poder Reformador de nuestra Norma Fundamental de no contemplar dicho requisito como una "condición" para el otorgamiento de la suspensión. - Esta última conclusión se confirma si se efectúa una comparación entre la redacción de la Ley de Amparo abrogada (artículo 124) y la de la Ley de Amparo vigente a partir del dos de abril de dos mil trece (artículo 128). - Sí se preveía de manera expresa dentro del artículo que establecía los requisitos para decretar la suspensión (artículo 124) el relativo a "que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto", en cambio, la Ley de Amparo vigente, en el artículo 128, ya no lo prevé. - El artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para otorgar la suspensión, conservó una redacción y contenido prácticamente idéntica en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la actual legislación de amparo ya no se prevé una fracción III que considere como requisito para decretar la suspensión sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. - El sólo hecho de que el legislador federal, al redactar la nueva Ley de Amparo haya preservado gran parte del contenido del artículo 124 de la Ley de Amparo anterior, pero en vez de reiterar los tres requisitos exigidos en esa legislación para el otorgamiento de la suspensión, sólo lo haya hecho con los dos primeros referidos en el numeral 124 (I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público) permite corroborar que su intención fue la de no considerar como requisito de procedencia de la suspensión ser de actos de difícil reparación los daños y perjuicios causados al agraviado con la ejecución del acto. - Es factible colegir que existe una consistencia normativa entre la Constitución (artículo 107, fracción X, reformado en junio de dos mil once) y la Ley de Amparo vigente (artículo 128) relativa a que la acreditación de los daños y/o perjuicios de difícil reparación causados al agraviado con la ejecución del acto ya no constituye un requisito para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo. - Es importante destacar el nuevo diseño normativo de la suspensión en el juicio de amparo, el cual presenta un cambio sustancial en comparación con la forma regulada en el aspecto de la suspensión en la Ley de Amparo abrogada; esto es, la suspensión puede tener dos clases de efectos: a) Un efecto conservativo (media conservativa); o b) El efecto de una tutela anticipada o anticipatoria, es decir, conforme a la actual Ley de Amparo la suspensión puede tener por efecto el restablecimiento en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (decisión o tutela anticipada). - Lo anterior se traduce en que, sea que la afectación (daño o perjuicio) genere o pueda generar con el acto de autoridad reúna o no el atributo de "difícil reparación con motivo su ejecución", el juez de amparo debe otorgar la suspensión, pues la finalidad perseguida por el legislador mediante dicha medida, consiste en que cuando está demostrada la apariencia del buen derecho se anticipe la tutela constitucional. - En conclusión, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, conforme a la Ley de Amparo vigente, no debe ser considerado como un requisito para el otorgamiento de la suspensión. De dicha contradicción se derivó la jurisprudencia número P./J. 19/2020 (10a.), del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO." En consecuencia, al prever la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos mayores requisitos para otorgar la suspensión de los actos reclamados frente a la Ley de Amparo, con independencia de que el acto sea suspendible o no, se actualiza una excepción al principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por esta juzgadora, se procede al estudio de fondo del asunto. Los conceptos de violación son, en una parte inoperantes y en otra, infundados, por las razones expuestas enseguida. Aduce, la responsable debió realizar la primera notificación del juicio ciñéndose a los artículos 57, 59 y 60 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 436, 441 y 449 del Código Procesal para el Estado de Morelos, así como a los artículos 26 a 28 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es decir, se le debió correr traslado con copias del expediente del procedimiento administrativo; sin embargo, no lo hizo y, por tanto, desconoce las razones del inicio del procedimiento. Por otra parte, sostiene, el acuerdo combatido de dos de agosto de dos mil veintidós trasgrede el debido proceso, porque tuvo por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales de su contraparte en el procedimiento administrativo, otorgándoles pleno valor probatorio, sin haberle dado vista ni corrido traslado, impidiendo ejercer el derecho para objetarlas. Sobre este punto, menciona, si bien la responsable no le entregó copias del expediente desde la notificación de la determinación de inicio del procedimiento, debió hacerlo al abrir la etapa de admisión de pruebas; pues no ha sido enterado de las razones que sustentaron el inicio de tal procedimiento instruido en su contra. Afirma, por tanto, el acuerdo combatido constituye una determinación viciada, derivada de la indebida notificación del inicio del procedimiento. Ello, porque a decir del quejoso, no pudo ofrecer pruebas por el desconocimiento total de los hechos ante la falta de entrega de copias del expediente del procedimiento, provocándole indefensión; si bien, refiere, produjo contestación en el procedimiento, fue para hacer saber a la responsable la vulneración de sus derechos, sin propiamente desvirtuar los hechos imputados, por su desconocimiento. Luego, sostiene la trasgresión al artículo 171, fracción III, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, al no entregársele los registros del expediente, pues afirma, así lo consagra dicha disposición, ni al momento de emplazarlo ni con motivo de la admisión de las pruebas, con lo cual, se trasgredió el principio de igualdad procesal entre las partes y violándose los derechos contemplados en el artículo 20, apartado B, fracciones III, IV y VI, de la Constitución Federal. Por último, sostiene también, la responsable indebidamente admitió las pruebas de su contraparte fuera de la audiencia de pruebas y alegatos, otorgándoles pleno valor probatorio. Para mejor comprensión, se impone relatar los antecedentes de la controversia, deducidos de las constancias anexas a los informes justificados. Por oficio ********************, el 2) Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, del Ayuntamiento del municipio de Jojutla, Morelos, ante el 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos, de la misma entidad municipal, formuló queja contra el aquí quejoso, por no aprobar la evaluación de control de confianza practicada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos. 2. Luego de recabar constancias, el cuatro de julio de dos mil veintidós el 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos dictó acuerdo por el cual determinó iniciar procedimiento administrativo contra el aquí quejoso, quien compareció ante dicha autoridad el ocho del mismo mes y año para ser notificado del inicio del procedimiento administrativo seguido en su contra. 3. Aparece igualmente, la constancia de notificación por estrados, de la diversa determinación de ocho de julio de dos mil veintidós, donde dicha autoridad señaló la negativa del aquí quejoso para recibir las copias certificadas del expediente del procedimiento administrativo y ordena notificarle el inicio del procedimiento e indica que tales copias quedan a su disposición en la Unidad de Asuntos Internos, donde puede asistir a recogerlas en horarios y días hábiles, para contestar la queja y ofrecer pruebas. 4. A través de escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, el aquí quejoso se apersonó al procedimiento y formuló contestación a la queja "ad cautelam". Por acuerdo de veintiuno de julio siguiente se tuvo por presentado en tiempo; además, en dicha determinación se concedió a las partes el plazo de cinco días hábiles para ofrecer las pruebas estimadas convenientes. De este acuerdo se notificó al aquí quejoso el veintidós del mismo mes y año. 5. Por escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, el aquí promovente de la demanda ofreció las pruebas de su parte. 6. Por auto de dos de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable se pronunció sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y fijó el diecinueve del mismo mes y año para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos; del cual se notificó al aquí quejoso el doce siguiente; siendo el acto combatido en esta instancia constitucional. 7. El diecinueve de agosto de dos mil veintidós se verificó la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, la cual continuó el veinticinco del mismo mes y año, donde la responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar el expediente para el dictado de la propuesta de resolución. Dicho lo anterior, son inoperantes los conceptos de violación en los cuales la parte quejosa aduce no haber sido notificado legalmente del inicio del procedimiento, por no habérsele corrido traslado con las copias certificadas del expediente del procedimiento administrativo. Ello, porque el emplazamiento o notificación del inicio del procedimiento no constituyen acto destacado en el presente juicio, como se deduce del escrito inicial de demanda, donde se señaló expresamente como acto reclamado el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós. En ese sentido, los conceptos de violación donde se alegan deficiencias inherentes a la manera en la cual la responsable hizo del conocimiento del quejoso la existencia del procedimiento administrativo instaurado en su contra, devienen inoperantes, al no poderse ocupar esta juzgadora de aspectos relacionados con actos no combatidos y, por ende, ajenos a la Litis constitucional, pues los argumentos planteados se dirigen a combatir un acto distinto al reclamado. Orienta el criterio anterior la tesis aislada con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION, INOPERANCIA DE LOS, QUE NO SE RELACIONAN CON EL ACTO RECLAMADO." En efecto, el llamamiento o notificación al procedimiento administrativo no constituye acto reclamado, pues no se señaló como tal, a pesar de conocer dicha actuación el quejoso, como se desprende de las constancias del expediente administrativo ********************, allegadas por la responsable, de las cuales se aprecia el apersonamiento al procedimiento del aquí quejoso, a través de escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, donde refiere hechos que denotan el conocimiento del inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra. Esto, al afirmar en el escrito de mérito, que el ocho de julio de dos mil veintidós compareció a la Unidad de Asuntos Internos y se le notificó la existencia del procedimiento administrativo en su contra, pero no se le enteró el motivo, ni se le hizo del conocimiento de los hechos imputados, como tampoco se le entregaron copias certificadas del expediente. Por tanto, desde entonces estuvo enterado de la existencia del procedimiento y, en su caso, también de la existencia de la notificación y la falta de entrega de las constancias del expediente. De ahí, que pudo combatirlas a través del juicio de amparo; sin embargo, no lo hizo, pues con la demanda del presente juicio, únicamente combatió el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, en el cual se proveyó sobre la admisión de las pruebas de las partes. Aunado a lo anterior, el quejoso pretendió ampliar la demanda de amparo a través de escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, registrado con folio 18989, donde pretendió combatir ".La TOTALIDAD de las constancias dictadas dentro del expediente de queja número ********************."; indicando que, a partir del conocimiento del informe justificado conoció nuevos actos de autoridad violatorios de sus derechos. No obstante, por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós se tuvo por no ampliada la demanda y únicamente se tuvo como acto reclamado el señalado en el escrito de demanda. En ese orden de ideas, el quejoso tuvo conocimiento completo, directo y exacto del inicio del procedimiento y de las actuaciones para emplazarlo o notificarlo; al menos, desde el veinte de julio de dos mil veintidós en que se apersonó al procedimiento y se manifestó sabedor de la falta de entrega de las constancias del juicio de origen. Entonces, a partir de ese momento, el conocimiento específico de tales actos quedó corroborado y estuvo en aptitud legal de combatir tales actuaciones judiciales. Consecuentemente, al abstenerse de combatirlos a través del juicio de amparo, es la razón por la que devienen inoperantes cualesquiera argumentos relativos a la falta de notificación adecuada del inicio del procedimiento, por la omisión de entregarle constancias del expediente de origen. Por otra parte, sostiene la parte quejosa, que el acuerdo reclamado trasgrede el debido proceso, porque tuvo por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales de su contraparte dentro del procedimiento administrativo, otorgándoles pleno valor probatorio, sin haberle dado vista ni corrido traslado con las copias del expediente, impidiéndole ejercer el derecho de objetarlas. Sobre este punto, agrega, si bien la responsable no le entregó copias del expediente desde la notificación de la determinación de inicio del procedimiento, debió hacerlo al abrir la etapa de admisión de pruebas; de ahí, el acuerdo combatido de dos de agosto de dos mil veintidós, constituye una determinación viciada por derivar de la indebida notificación del inicio del procedimiento. Hace valer entonces, la trasgresión por parte de la responsable, del artículo 171, fracción III, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, aduciendo precisamente no habérsele entregado los registros del expediente como lo consagra dicha disposición, ni al emplazarla ni con motivo de la admisión de las pruebas; trasgrediendo el principio de igualdad procesal entre las partes y, consecuentemente, violando los derechos contemplados en el artículo 20, apartado B, fracciones III, IV y VI, de la Constitución Federal. Son infundados los conceptos de violación anteriores. En principio, porque contrario a lo afirmado por la quejosa, el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos no establece la obligación para las Unidades de Asuntos Internos, de correr traslado con las pruebas ofrecidas por las partes al momento de abrir el procedimiento a prueba, ni al dictarse el acuerdo por el cual se admiten. Conforme al artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias existentes sobre el particular, bajo el siguiente procedimiento: Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159; Concluido el término previsto en la fracción anterior, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos imputados, entregándole copias certificadas del expediente formado para tal efecto, dejando constancia de ello; Notificado el elemento, se le concederán diez días hábiles para formular contestación y ofrecer las pruebas que a su derecho convengan; concluido el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por cinco días hábiles, dentro del cual las partes deberán ofrecer las pruebas relacionándolas con los hechos controvertidos; Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo contener lugar, día y hora para el desahogo de las mismas, con el apercibimiento a ambas partes, que de no comparecer sin causa justificada, se llevará a cabo la audiencia teniéndose por precluido cualquier derecho que pudieran ejercitar. El plazo para el desahogo de esta audiencia no deberá exceder de quince días hábiles; En la audiencia anterior se desahogarán las pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos, de manera verbal o por escrito; Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva, no debiendo exceder del término de diez días hábiles siguientes; y A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia Administrativa en el Estado. De acuerdo con el procedimiento previsto, el momento procesal para que se entreguen las copias certificadas del expediente formado con motivo del procedimiento, es al citarse al elemento policial sujeto a procedimiento para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos imputados. En efecto, pues una vez notificado el elemento, se le concederán diez días hábiles para formular contestación y ofrecer las pruebas que a su derecho convenga; concluido, se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por cinco días hábiles, dentro del cual las partes deberán ofrecer las pruebas relacionándolas con los hechos controvertidos. Luego, no asiste razón al peticionario de amparo, pues el deber de la responsable de entregar las constancias del procedimiento se agota en el momento de hacerle saber el procedimiento, es decir, al emplazarlo o notificarle su inicio; sin preverse la obligación de correr traslado con motivo de la admisión de los medios de prueba; sin que ello impidiera ejercer el derecho para objetar las de su contraparte, pues desde la notificación del inicio del procedimiento administrativo se prevé se entreguen las copias del expediente, teniendo oportunidad de conocerlas y, en el momento procesal oportuno realizar su objeción. No puede soslayarse, que si al inicio del procedimiento administrativo no fueron entregadas al aquí quejoso las copias del expediente, si el interesado no impugnó dicha actuación, este órgano jurisdiccional no puede ocuparse de ella, al no ser acto combatido, pues de lo contrario se variaría la Litis, tal y como ya se explicó en párrafos precedentes. Por este motivo, no se consideran violados los derechos previstos en el artículo 20, apartado B, fracciones III, IV y VI, de la Constitución Federal, como afirmó el peticionario de amparo. Por último, aduce el quejoso, la responsable indebidamente admitió las pruebas de su contraparte otorgándoles pleno valor probatorio, sin que estuviera abierta la audiencia de pruebas y alegatos. El concepto de violación es igualmente infundado. Es así, porque si bien la responsable se refirió a las documentales ofrecidas por el promovente de la queja y las tuvo por admitidas, lo cierto es que no les otorgó valor probatorio alguno, sino indicó que serían tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, tal y como se reiteró en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos desahogada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Por tanto, no asiste razón a la parte quejosa, siendo infundado el concepto de violación esgrimido. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación expuestos y no advertirse materia que suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto a los actos y las autoridades indicados en la consideración tercera. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto al acto y la autoridad mencionada en la consideración cuarta por las razones contenidas en la consideración sexta. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiocho de abril del dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1069/2022-V, promovido por ********************, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada a este Juzgado el veintidós siguiente, ******************** solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades: 1) Presidente Municipal, 2) Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, 3) Encargado de Despacho de la Jefatura de Recursos Humanos y 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos, todas del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós se radicó la demanda con el número 1069/2022-V y este órgano jurisdiccional admitió la demanda, por consiguiente, solicitó el informe justificado, ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1o, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal donde se establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde residen las autoridades responsables y tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, por la cual se proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del procedimiento administrativo ********************. Actos atribuidos a las autoridades, 1) Presidente Municipal, 2) Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, 3) Encargado de Despacho de la Jefatura de Recursos Humanos y 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos, todas del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados las autoridades responsables 1) Presidente Municipal, 2) Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, 3) Encargado de Despacho de la Jefatura de Recursos Humanos, todos del municipio de Jojutla, Morelos. Sin que el solicitante de amparo hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado analizado, procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, en virtud de así lo aceptó al rendir su informe justificado el 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos. Se corrobora a través de las fotocopias certificadas de las constancias del procedimiento administrativo ********************, allegadas por dicha responsable, a las cuales se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, al tratarse de documentos públicos en virtud de haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Al respecto, el 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos, del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos, sostiene que la parte quejosa previo al juicio de amparo, debió de promover juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Al no hacerlo, considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". Conforme a dicha disposición, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, los cuales deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal hecho valer el agraviado, con los mismos alcances previstos en la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente si el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. En términos generales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de garantías es procedente contra actos u omisiones provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad siempre que: A. Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal hecho valer por el agraviado. B. Con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo. C. Sin exigir mayores requisitos que los consignados en la ley para conceder la suspensión definitiva. D. Ni plazo mayor establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional. A su vez, sin existir obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por tanto, para analizar si se exigen mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, resulta importante precisar el siguiente cuadro comparativo de ambas legislaciones: Ley de Amparo Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. De lo anterior se advierte que la Ley de Amparo en su artículo 128 no establece como requisito para conceder la suspensión del acto reclamado la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado, a diferencia del numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal de este país en sesión de siete de mayo de dos mil veinte resolvió la contradicción de tesis 146/2019, donde consideró que, conforme a la Constitución y a la Ley de Amparo vigente, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para otorgare la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico. En la ejecutoria motivo de esa contradicción de tesis, se sostuvo entre otras consideraciones, las siguientes: - Hasta el cinco de junio de dos mil once, el artículo 107 de la Constitución establecía para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, entre otros aspectos, que el órgano jurisdiccional debía tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada y la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. - A partir de la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el actual texto constitucional ya no ordena que al proveer sobre la suspensión el tribunal de amparo tome en consideración la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. - Atendiendo a un elemento histórico de interpretación, en específico, a la evolución jurídica de la regulación constitucional de la suspensión en el juicio de amparo, es factible colegir que la finalidad del Poder Reformador de la Constitución consistió en que dicho requisito (dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado) en lo sucesivo no fuera exigido como una condición para el otorgamiento de la suspensión. - De acuerdo a la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución y la interpretación teleológica subjetiva de ese precepto, cuando la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, el principal presupuesto de procedencia u otorgamiento al cual debe atender el órgano de amparo ya no lo es "la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado" sino el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, pues es este "juicio de ponderación" la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora. - El órgano legislativo consideró pertinente mantener como parte del contenido de la fracción X, del artículo 107, de la Constitución el enunciado normativo relativo a que "los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria"; sin embargo, al haber suprimido del texto constitucional el requisito relativo a la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado, debe concluirse, ello obedeció al propósito del Poder Reformador de nuestra Norma Fundamental de no contemplar dicho requisito como una "condición" para el otorgamiento de la suspensión. - Esta última conclusión se confirma si se efectúa una comparación entre la redacción de la Ley de Amparo abrogada (artículo 124) y la de la Ley de Amparo vigente a partir del dos de abril de dos mil trece (artículo 128). - Sí se preveía de manera expresa dentro del artículo que establecía los requisitos para decretar la suspensión (artículo 124) el relativo a "que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto", en cambio, la Ley de Amparo vigente, en el artículo 128, ya no lo prevé. - El artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para otorgar la suspensión, conservó una redacción y contenido prácticamente idéntica en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la actual legislación de amparo ya no se prevé una fracción III que considere como requisito para decretar la suspensión sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. - El sólo hecho de que el legislador federal, al redactar la nueva Ley de Amparo haya preservado gran parte del contenido del artículo 124 de la Ley de Amparo anterior, pero en vez de reiterar los tres requisitos exigidos en esa legislación para el otorgamiento de la suspensión, sólo lo haya hecho con los dos primeros referidos en el numeral 124 (I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público) permite corroborar que su intención fue la de no considerar como requisito de procedencia de la suspensión ser de actos de difícil reparación los daños y perjuicios causados al agraviado con la ejecución del acto. - Es factible colegir que existe una consistencia normativa entre la Constitución (artículo 107, fracción X, reformado en junio de dos mil once) y la Ley de Amparo vigente (artículo 128) relativa a que la acreditación de los daños y/o perjuicios de difícil reparación causados al agraviado con la ejecución del acto ya no constituye un requisito para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo. - Es importante destacar el nuevo diseño normativo de la suspensión en el juicio de amparo, el cual presenta un cambio sustancial en comparación con la forma regulada en el aspecto de la suspensión en la Ley de Amparo abrogada; esto es, la suspensión puede tener dos clases de efectos: a) Un efecto conservativo (media conservativa); o b) El efecto de una tutela anticipada o anticipatoria, es decir, conforme a la actual Ley de Amparo la suspensión puede tener por efecto el restablecimiento en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (decisión o tutela anticipada). - Lo anterior se traduce en que, sea que la afectación (daño o perjuicio) genere o pueda generar con el acto de autoridad reúna o no el atributo de "difícil reparación con motivo su ejecución", el juez de amparo debe otorgar la suspensión, pues la finalidad perseguida por el legislador mediante dicha medida, consiste en que cuando está demostrada la apariencia del buen derecho se anticipe la tutela constitucional. - En conclusión, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, conforme a la Ley de Amparo vigente, no debe ser considerado como un requisito para el otorgamiento de la suspensión. De dicha contradicción se derivó la jurisprudencia número P./J. 19/2020 (10a.), del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO." En consecuencia, al prever la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos mayores requisitos para otorgar la suspensión de los actos reclamados frente a la Ley de Amparo, con independencia de que el acto sea suspendible o no, se actualiza una excepción al principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por esta juzgadora, se procede al estudio de fondo del asunto. Los conceptos de violación son, en una parte inoperantes y en otra, infundados, por las razones expuestas enseguida. Aduce, la responsable debió realizar la primera notificación del juicio ciñéndose a los artículos 57, 59 y 60 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 436, 441 y 449 del Código Procesal para el Estado de Morelos, así como a los artículos 26 a 28 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es decir, se le debió correr traslado con copias del expediente del procedimiento administrativo; sin embargo, no lo hizo y, por tanto, desconoce las razones del inicio del procedimiento. Por otra parte, sostiene, el acuerdo combatido de dos de agosto de dos mil veintidós trasgrede el debido proceso, porque tuvo por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales de su contraparte en el procedimiento administrativo, otorgándoles pleno valor probatorio, sin haberle dado vista ni corrido traslado, impidiendo ejercer el derecho para objetarlas. Sobre este punto, menciona, si bien la responsable no le entregó copias del expediente desde la notificación de la determinación de inicio del procedimiento, debió hacerlo al abrir la etapa de admisión de pruebas; pues no ha sido enterado de las razones que sustentaron el inicio de tal procedimiento instruido en su contra. Afirma, por tanto, el acuerdo combatido constituye una determinación viciada, derivada de la indebida notificación del inicio del procedimiento. Ello, porque a decir del quejoso, no pudo ofrecer pruebas por el desconocimiento total de los hechos ante la falta de entrega de copias del expediente del procedimiento, provocándole indefensión; si bien, refiere, produjo contestación en el procedimiento, fue para hacer saber a la responsable la vulneración de sus derechos, sin propiamente desvirtuar los hechos imputados, por su desconocimiento. Luego, sostiene la trasgresión al artículo 171, fracción III, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, al no entregársele los registros del expediente, pues afirma, así lo consagra dicha disposición, ni al momento de emplazarlo ni con motivo de la admisión de las pruebas, con lo cual, se trasgredió el principio de igualdad procesal entre las partes y violándose los derechos contemplados en el artículo 20, apartado B, fracciones III, IV y VI, de la Constitución Federal. Por último, sostiene también, la responsable indebidamente admitió las pruebas de su contraparte fuera de la audiencia de pruebas y alegatos, otorgándoles pleno valor probatorio. Para mejor comprensión, se impone relatar los antecedentes de la controversia, deducidos de las constancias anexas a los informes justificados. Por oficio ********************, el 2) Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, del Ayuntamiento del municipio de Jojutla, Morelos, ante el 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos, de la misma entidad municipal, formuló queja contra el aquí quejoso, por no aprobar la evaluación de control de confianza practicada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos. 2. Luego de recabar constancias, el cuatro de julio de dos mil veintidós el 4) Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos dictó acuerdo por el cual determinó iniciar procedimiento administrativo contra el aquí quejoso, quien compareció ante dicha autoridad el ocho del mismo mes y año para ser notificado del inicio del procedimiento administrativo seguido en su contra. 3. Aparece igualmente, la constancia de notificación por estrados, de la diversa determinación de ocho de julio de dos mil veintidós, donde dicha autoridad señaló la negativa del aquí quejoso para recibir las copias certificadas del expediente del procedimiento administrativo y ordena notificarle el inicio del procedimiento e indica que tales copias quedan a su disposición en la Unidad de Asuntos Internos, donde puede asistir a recogerlas en horarios y días hábiles, para contestar la queja y ofrecer pruebas. 4. A través de escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, el aquí quejoso se apersonó al procedimiento y formuló contestación a la queja "ad cautelam". Por acuerdo de veintiuno de julio siguiente se tuvo por presentado en tiempo; además, en dicha determinación se concedió a las partes el plazo de cinco días hábiles para ofrecer las pruebas estimadas convenientes. De este acuerdo se notificó al aquí quejoso el veintidós del mismo mes y año. 5. Por escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, el aquí promovente de la demanda ofreció las pruebas de su parte. 6. Por auto de dos de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable se pronunció sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y fijó el diecinueve del mismo mes y año para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos; del cual se notificó al aquí quejoso el doce siguiente; siendo el acto combatido en esta instancia constitucional. 7. El diecinueve de agosto de dos mil veintidós se verificó la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, la cual continuó el veinticinco del mismo mes y año, donde la responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar el expediente para el dictado de la propuesta de resolución. Dicho lo anterior, son inoperantes los conceptos de violación en los cuales la parte quejosa aduce no haber sido notificado legalmente del inicio del procedimiento, por no habérsele corrido traslado con las copias certificadas del expediente del procedimiento administrativo. Ello, porque el emplazamiento o notificación del inicio del procedimiento no constituyen acto destacado en el presente juicio, como se deduce del escrito inicial de demanda, donde se señaló expresamente como acto reclamado el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós. En ese sentido, los conceptos de violación donde se alegan deficiencias inherentes a la manera en la cual la responsable hizo del conocimiento del quejoso la existencia del procedimiento administrativo instaurado en su contra, devienen inoperantes, al no poderse ocupar esta juzgadora de aspectos relacionados con actos no combatidos y, por ende, ajenos a la Litis constitucional, pues los argumentos planteados se dirigen a combatir un acto distinto al reclamado. Orienta el criterio anterior la tesis aislada con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION, INOPERANCIA DE LOS, QUE NO SE RELACIONAN CON EL ACTO RECLAMADO." En efecto, el llamamiento o notificación al procedimiento administrativo no constituye acto reclamado, pues no se señaló como tal, a pesar de conocer dicha actuación el quejoso, como se desprende de las constancias del expediente administrativo ********************, allegadas por la responsable, de las cuales se aprecia el apersonamiento al procedimiento del aquí quejoso, a través de escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, donde refiere hechos que denotan el conocimiento del inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra. Esto, al afirmar en el escrito de mérito, que el ocho de julio de dos mil veintidós compareció a la Unidad de Asuntos Internos y se le notificó la existencia del procedimiento administrativo en su contra, pero no se le enteró el motivo, ni se le hizo del conocimiento de los hechos imputados, como tampoco se le entregaron copias certificadas del expediente. Por tanto, desde entonces estuvo enterado de la existencia del procedimiento y, en su caso, también de la existencia de la notificación y la falta de entrega de las constancias del expediente. De ahí, que pudo combatirlas a través del juicio de amparo; sin embargo, no lo hizo, pues con la demanda del presente juicio, únicamente combatió el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, en el cual se proveyó sobre la admisión de las pruebas de las partes. Aunado a lo anterior, el quejoso pretendió ampliar la demanda de amparo a través de escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, registrado con folio 18989, donde pretendió combatir ".La TOTALIDAD de las constancias dictadas dentro del expediente de queja número ********************."; indicando que, a partir del conocimiento del informe justificado conoció nuevos actos de autoridad violatorios de sus derechos. No obstante, por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós se tuvo por no ampliada la demanda y únicamente se tuvo como acto reclamado el señalado en el escrito de demanda. En ese orden de ideas, el quejoso tuvo conocimiento completo, directo y exacto del inicio del procedimiento y de las actuaciones para emplazarlo o notificarlo; al menos, desde el veinte de julio de dos mil veintidós en que se apersonó al procedimiento y se manifestó sabedor de la falta de entrega de las constancias del juicio de origen. Entonces, a partir de ese momento, el conocimiento específico de tales actos quedó corroborado y estuvo en aptitud legal de combatir tales actuaciones judiciales. Consecuentemente, al abstenerse de combatirlos a través del juicio de amparo, es la razón por la que devienen inoperantes cualesquiera argumentos relativos a la falta de notificación adecuada del inicio del procedimiento, por la omisión de entregarle constancias del expediente de origen. Por otra parte, sostiene la parte quejosa, que el acuerdo reclamado trasgrede el debido proceso, porque tuvo por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales de su contraparte dentro del procedimiento administrativo, otorgándoles pleno valor probatorio, sin haberle dado vista ni corrido traslado con las copias del expediente, impidiéndole ejercer el derecho de objetarlas. Sobre este punto, agrega, si bien la responsable no le entregó copias del expediente desde la notificación de la determinación de inicio del procedimiento, debió hacerlo al abrir la etapa de admisión de pruebas; de ahí, el acuerdo combatido de dos de agosto de dos mil veintidós, constituye una determinación viciada por derivar de la indebida notificación del inicio del procedimiento. Hace valer entonces, la trasgresión por parte de la responsable, del artículo 171, fracción III, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, aduciendo precisamente no habérsele entregado los registros del expediente como lo consagra dicha disposición, ni al emplazarla ni con motivo de la admisión de las pruebas; trasgrediendo el principio de igualdad procesal entre las partes y, consecuentemente, violando los derechos contemplados en el artículo 20, apartado B, fracciones III, IV y VI, de la Constitución Federal. Son infundados los conceptos de violación anteriores. En principio, porque contrario a lo afirmado por la quejosa, el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos no establece la obligación para las Unidades de Asuntos Internos, de correr traslado con las pruebas ofrecidas por las partes al momento de abrir el procedimiento a prueba, ni al dictarse el acuerdo por el cual se admiten. Conforme al artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias existentes sobre el particular, bajo el siguiente procedimiento: Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159; Concluido el término previsto en la fracción anterior, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos imputados, entregándole copias certificadas del expediente formado para tal efecto, dejando constancia de ello; Notificado el elemento, se le concederán diez días hábiles para formular contestación y ofrecer las pruebas que a su derecho convengan; concluido el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por cinco días hábiles, dentro del cual las partes deberán ofrecer las pruebas relacionándolas con los hechos controvertidos; Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo contener lugar, día y hora para el desahogo de las mismas, con el apercibimiento a ambas partes, que de no comparecer sin causa justificada, se llevará a cabo la audiencia teniéndose por precluido cualquier derecho que pudieran ejercitar. El plazo para el desahogo de esta audiencia no deberá exceder de quince días hábiles; En la audiencia anterior se desahogarán las pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos, de manera verbal o por escrito; Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva, no debiendo exceder del término de diez días hábiles siguientes; y A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia Administrativa en el Estado. De acuerdo con el procedimiento previsto, el momento procesal para que se entreguen las copias certificadas del expediente formado con motivo del procedimiento, es al citarse al elemento policial sujeto a procedimiento para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos imputados. En efecto, pues una vez notificado el elemento, se le concederán diez días hábiles para formular contestación y ofrecer las pruebas que a su derecho convenga; concluido, se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por cinco días hábiles, dentro del cual las partes deberán ofrecer las pruebas relacionándolas con los hechos controvertidos. Luego, no asiste razón al peticionario de amparo, pues el deber de la responsable de entregar las constancias del procedimiento se agota en el momento de hacerle saber el procedimiento, es decir, al emplazarlo o notificarle su inicio; sin preverse la obligación de correr traslado con motivo de la admisión de los medios de prueba; sin que ello impidiera ejercer el derecho para objetar las de su contraparte, pues desde la notificación del inicio del procedimiento administrativo se prevé se entreguen las copias del expediente, teniendo oportunidad de conocerlas y, en el momento procesal oportuno realizar su objeción. No puede soslayarse, que si al inicio del procedimiento administrativo no fueron entregadas al aquí quejoso las copias del expediente, si el interesado no impugnó dicha actuación, este órgano jurisdiccional no puede ocuparse de ella, al no ser acto combatido, pues de lo contrario se variaría la Litis, tal y como ya se explicó en párrafos precedentes. Por este motivo, no se consideran violados los derechos previstos en el artículo 20, apartado B, fracciones III, IV y VI, de la Constitución Federal, como afirmó el peticionario de amparo. Por último, aduce el quejoso, la responsable indebidamente admitió las pruebas de su contraparte otorgándoles pleno valor probatorio, sin que estuviera abierta la audiencia de pruebas y alegatos. El concepto de violación es igualmente infundado. Es así, porque si bien la responsable se refirió a las documentales ofrecidas por el promovente de la queja y las tuvo por admitidas, lo cierto es que no les otorgó valor probatorio alguno, sino indicó que serían tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, tal y como se reiteró en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos desahogada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Por tanto, no asiste razón a la parte quejosa, siendo infundado el concepto de violación esgrimido. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación expuestos y no advertirse materia que suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto a los actos y las autoridades indicados en la consideración tercera. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto al acto y la autoridad mencionada en la consideración cuarta por las razones contenidas en la consideración sexta. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.

  4. Principal

    Ana Columba Contreras Martínez Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos (Firma electrónica) Jadilson Alonso Navarro Secretario (Firma electrónica) En términos de lo dispuesto por el artículo 26 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, el Secretario Jadilson Alonso Navarro hace constar: que materialmente el cierre de la presente audiencia tuvo verificativo en la hora y fecha fijados, sin embargo ello no coincide con la hora de la evidencia criptográfica pues esto último se realizó una vez que las labores de este órgano judicial lo permitieron. Conste.

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