David Vargas Navarrete

Expediente 16/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
16/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • David Vargas Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de once de abril de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos once de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de veintitrés de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que la parte quejosa está debidamente notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: ...Consecuentemente, al advertirse de lo anterior, que la responsable cumplió con los efectos a los que fue constreñida, en el caso, con libertad de jurisdicción, dictó laudo en el juicio laboral de origen e hizo del conocimiento a las partes la emisión de éste, por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el incidente de liquidación en ejecución de sentencia en el juicio de amparo 1992/2018-V y; RESULTANDO: PRIMERO. Apertura del incidente. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós se ordenó dar trámite al presente incidente, a fin de vencer la dificultad que pudiera existir en el cumplimiento de la sentencia protectora en favor de la quejosa. SEGUNDO. Trámite. Substanciado el incidente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, celebrada al tenor del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el incidente que nos ocupa, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Materia estudio. Analizar la cantidad que se adeuda a la quejosa por concepto de actualización del salario que percibe mensualmente para que las responsables cumplan en su cabalidad la sentencia protectora, en atención a los lineamientos que contiene. TERCERO. Sentencia del juicio. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se emitió sentencia en la que se sobreseyó el juicio. Inconforme con tal sentencia, la parte quejosa promovió recurso de revisión, por lo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por ejecutoria emitida en sesión de veintisiete de febrero de dos mil veinte, en autos del recurso de revisión administrativo 296/2019, resolvió lo siguiente: ". PRIMERO. Se revoca la sentencia reclamada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. de los Ángeles Castrejón Mazari, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, en el juicio de amparo 1992/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.". Cabe precisar que los efectos del fallo protector son los siguientes: ".Cubran a la quejosa, de manera inmediata, la pensión que ha omitido pagar de conformidad con el acuerdo CPSHAPI/48/2016, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número cinco mil seiscientos treinta y tres (.)". Entonces, por auto de diez de marzo de dos mil veinte causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Así, de autos se desprende que la quejosa percibió como último salario la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional) quincenales, equivalente a $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales y dicha pensión la deberán cubrir al 100% de acuerdo con los términos fijados en el acta de cabildo extraordinaria de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho publicada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" (fojas 158 a 161), por lo que el pago respectivo deberán realizarlo al tenor de dicho salario a partir de la fecha de separación de la quejosa. CUARTO. Decisión. A pesar de los múltiples requerimientos a las autoridades responsables éstos han omitido cumplir con la ejecutoria del presente juicio. Por ese motivo, se ordenó la tramitación de esta incidencia, a fin de analizar la cantidad exacta que se adeuda a la parte quejosa para vencer la dificultad para cumplir la sentencia protectora y verificar el cálculo correcto de la pensión a pagar a favor de la quejosa, en atención a los lineamientos de la sentencia ejecutoriada. Además, existe diferencia entre el pedir de la quejosa y lo informado por las autoridades responsables, en cuanto a la cantidad a pagar a la promovente del amparo; en específico, respecto de los incrementos anuales a la pensión relativa. De ello se sigue que el cumplimiento de la ejecutoria en el presente juicio, es de naturaleza compleja, en la medida que implica una labor de cuantificación al incremento de la pensión que debe pagársele a la quejosa. En ese sentido, tanto la quejosa como las autoridades responsables, solicitaron el desahogo de la prueba pericial en materia contable; sin embargo, por auto de seis de julio de dos mil veintidós se desecharon los peritajes ofrecidos por las partes apuntadas; a su vez, este juzgado federal, solicitó la peritación por parte del experto que designara la Fiscalía General del Estado de Morelos. Así, se rindió el dictamen pericial en materia de contabilidad a cargo del experto Juan armando Martínez Arzate (folio 421), quien, de acuerdo al último salario percibido por la quejosa consistente en la cantidad de $6,000.00 pesos (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), realizó el incremento de la pensión de acuerdo al aumento porcentual al salario mínimo hasta el año dos mil veintidós (acorde a la fecha de la rendición del peritaje); como resultado arrojaron las siguientes cantidades: Año Incremento porcentual anual del salario mínimo general Importe por incremento Pensión mensual 2018 (no aplica) (no aplica) $6,000.00 2019 5% $300.00 $6,300.00 2020 5% $315.00 $6,615.00 2021 6% $396.90 $7,011.90 2022 9% $631.70 $7,642.97 Asimismo, en el apartado C (integración de percepciones) calculó la integración de percepciones, consistentes en la pensión y aguinaldo, por lo que arrojó la cantidad total de $443,424.07 pesos (cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos 07/100 moneda nacional). En seguida, en el apartado D (pensión pendiente pago) calculó el monto de lo adeudado acorde a la cantidad total que se debe menos los pagos efectuados por la autoridad responsable, por lo que resultó la cantidad de $431,924.07 pesos (cuatrocientos treinta y un mil novecientos veinticuatro pesos 07/100 moneda nacional). Debe pues analizarse el valor probatorio que se asignará a cada dictamen y en conjunto con las demás probanzas desprendidas del expediente. Al respecto, el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos, y mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Así, el perito a través de su conocimiento especializado en una ciencia, técnica o arte, ilustra a la jugadora sobre la percepción de hechos o para complementar el conocimiento de los hechos que el Juez ignora y para integrar su capacidad y, asimismo, para la deducción cuando la aplicación de las reglas de la experiencia exigen cierta aptitud o preparación técnica que la jueza no tiene, por lo menos para que se haga con seguridad y sin esfuerzo anormal. Luego, la peritación cumple con una doble función que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común de la persona Juzgadora y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción de la jueza sobre tales hechos, y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Lo anterior es así, porque la Jueza es una perita en derecho, sin embargo, no necesariamente cuenta con conocimientos sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, de técnica, de mecánica, de medicina, de numerosas actividades prácticas que requieren estudios especializados o larga experiencia, razón por la cual, la prueba pericial resulta imperativa cuando surgen cuestiones que por su naturaleza eminentemente especial, requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular que el órgano jurisdiccional está impedido para dar a conocer por no tener los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que bajo el auxilio que le proporciona el perito a través de su dictamen se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando por cuanto a su particular apreciación una decisión concreta. El dictamen pericial es, en suma, un auxiliar eficaz para el juzgador que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico, y quien debe resolver conflictos que presentan aspectos complejos que exigen una preparación especializada de la cual carece. Al indicado dictamen se le concede pleno valor probatorio pleno de acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, porque ha sido factible contablemente, obtener los porcentajes de los aumentos y fijar las cantidades que correspondieron a cada periodo y hacer una sumatoria desde septiembre de dos mil dieciocho a diciembre de dos mil veintidós. Por otra parte, respecto a lo vertido en los informes de autoridad a cargo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (folios 18109 y 4188), se desprende el incremento al salario mínimo en el Estado de Morelos, comprendido del dos mil veintiocho al dos mil veintitrés; sin embargo, las cantidades informadas son inferiores a comparación del incremento anual que utilizó el perito mencionado al realizar el peritaje respectivo. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2. En ese contexto, esta juzgadora federal considera correcto las cantidades utilizadas (incremento anual) por el experto oficial en el peritaje ya que son de mayor beneficio a la parte quejosa. Aunado a lo anterior, por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés se dio vista a las partes con el peritaje rendido por el experto oficial sin que realizaran manifestación alguna; por tanto, se tiene a las partes conformes a lo determinado en dicho dictamen. En las condiciones apuntadas, se estima que el dictamen pericial oficial crea convicción de que las cantidades que establece, equivalen efectivamente a las diferencias a favor de la quejosa en el pago de la pensión que ha venido disfrutando. Así que para efectos del cumplimiento de la ejecutoria del presente juicio de amparo indirecto, se reconoce que $431,924.07 pesos (cuatrocientos treinta y un mil novecientos veinticuatro pesos 07/100 moneda nacional), es la cantidad que, de acuerdo a los incrementos de la pensión que la quejosa debió percibir, desde el mes de septiembre de dos mil dieciocho hasta diciembre de dos mil veintidós. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informen el cumplimiento de la ejecutoria de amparo conforme a lo precisado en la presente interlocutoria. En la inteligencia que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Es fundado el incidente de liquidación, por lo que las autoridades responsables municipales deberán pagar a la quejosa Ma. de los Ángeles Castrejón Mazari, la cantidad de $431,924.07 pesos (cuatrocientos treinta y un mil novecientos veinticuatro pesos 07/100 moneda nacional), por concepto de pago de pensión por el periodo de septiembre de dos mil dieciocho a diciembre de dos mil veintidós; dejándose a salvo el derecho de la quejosa por los demás incrementos que pudieran existir a partir de la última data calculada, a fin de que las haga valer en la vía y forma que considere oportunas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, remita copia certificada, completa y legible de las constancias que acrediten la notificación a las partes del laudo emitido el seis de marzo del año en curso, en el juicio laboral ********************. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo en el juicio laboral de origen, y lo haga del conocimiento a las partes." En la inteligencia que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

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