David Solis Lopez
Expediente 101/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- David Solis Lopez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada SALVADOR JONATHAN CESTELLOS CARPENA, el auto y/o resolución del diez de febrero del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 954/2021-V, promovido por Arqs & Spazio Sociedad Anónima de Capital Variable; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el ocho de junio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el nueve de ese mismo mes y año, en este órgano jurisdiccional, Arqs & Spazio Sociedad Anónima de Capital Variable solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se emplazó a la parte tercero interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radica la autoridad responsable emisora del acto reclamado y tiene ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: El auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno dictado por el Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil en el Estado de Morelos en el expediente 260/2021, relativo al juicio oral mercantil promovido por Mariana Vidal Carrillo representante legal de Arq & Spazio Sociedad Anónima de Capital Variable, contra Salvador Jonathan Cestellos Carpena; donde determinó la suspensión del procedimiento en dicho juicio, hasta en tanto se resuelva la causa penal JCC/857/2020 derivada de la carpeta de Investigación TY02/173/2020. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que así lo señaló la autoridad responsable al rendir su informe, con la aclaración de la causa penal, indicando se trata de la JCC/857/2020 y no JCC/875/2020 como el quejoso refirió en la demanda. Además, se constata mediante la fotocopia certificada del indicado juicio oral mercantil 260/2021 exhibida por la responsable como anexo a su informe justificado, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. El tercero interesado Salvador Jonathan Castellos Carpena alega que no se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, siendo improcedente el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, no le asiste razón atendiendo a los motivos para tener por acreditado el acto combatido, expresados en el considerando anterior. Por otra parte, sostiene la improcedencia del juicio, aduciendo la existencia de la tramitación de la causa penal JCC/857/2020, iniciada con anterioridad al juicio mercantil de origen. Refiere que la resolución de dicha causa, afectaría lo que en el futuro se resuelva en el juicio oral mercantil, existiendo la posibilidad de sentencias contradictorias. Por tanto, alega la actualización de un cambio de situación jurídica en dicho procedimiento mercantil, invocando la actualización de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Es infundada la causal de improcedencia alegada porque no existe prueba de que en el juicio de origen donde se ordenó la suspensión del procedimiento, haya sido emitida una diversa resolución estableciendo una nueva situación jurídica afectando el acto reclamado. Sin que la propia tramitación de la causa penal pueda invocarse como causa de improcedencia, pues no se trata de una razón clara e inobjetable y al involucrar una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio debe desestimarse tal argumento. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2001, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 5, Registro digital: 187973, Novena Época, Materias(s): Común, con el rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.". QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir diversas causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Los conceptos de violación son en una parte infundados y en otra, fundados pero inoperantes. Para contextualizar lo anterior, se citan los antecedentes del asunto: 1. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno Mariana Vidal Carrillo representante legal de Arq & Spazio Sociedad Anónima de Capital Variable promovió demanda en la vía oral mercantil, contra Salvador Jonathan Cestellos Carpena. 2. Por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil en el Estado de Morelos radicó el juicio bajo el expediente 260/2021 y admitió a trámite la demanda. 3. El demandado produjo contestación a la demanda por escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno. En la misma fecha, en escrito por separado, también interpuso demanda reconvencional. 4. Por auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno el Juez responsable declaró contestada en tiempo la demanda y reservó la vista con la contestación y proveer sobre la reconvención. Aunado a lo anterior, decretó "la SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO MERCANTIL, hasta en tanto se resuelva la cuestión penal.", indicando que no transcurrirían los términos y se declararían ineficaces todos los actos que llegaran a realizarse. Tal determinación de suspensión del proceso es el acto combatido en el presente juicio. Los conceptos de violación, se sintetizan enseguida: 1. El acto reclamado carece de una adecuada fundamentación y motivación al ordenar la suspensión de procedimiento fundándose en los artículos 1076, fracción VI, del Código de Comercio y en el diverso 170, fracción I, inciso c), del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación supletoria. Señala la inadecuada fundamentación y motivación sobre la aplicación supletoria de la disposición invocada del segundo ordenamiento legal referido, aduciendo que conforme al artículo 1054 del Código de Comercio los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de dicho Código y en su defecto por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, y solo en caso de no regularse suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, se aplique la ley de procedimientos local respectiva. Agrega que no existe explicación justificada de la responsable para sostener la aplicación de la causa de suspensión del proceso prevista en el artículo 170, fracción I, inciso c), del código adjetivo local invocado, porque las causas de suspensión están claramente determinadas en el diverso 1076, fracción VI, del Código de Comercio. 2. La responsable motivó indebidamente el acto reclamado al ordenar la suspensión del procedimiento, pues fue omisa en exponer las razones por las cuales considera necesario esperar la resolución de la cuestión penal, sin explicar tampoco por qué considera que ello puede incidir en la resolución del juicio mercantil. 3. Ilegalmente la responsable determinó suspender el procedimiento del juicio de origen, aplicando el artículo 170, fracción I, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, en virtud de que sólo procede dicha medida en aquellos casos en los cuales los hechos denunciados, por su naturaleza, necesariamente deben influir en la sentencia que se dicte. No obstante, tal hipótesis no se surte, atendiendo a que la causa penal JCC/857/2020 se sigue por los delitos de fraude genérico, fraude específico, usurpación de funciones y encubrimiento por favorecimiento contra Juan Carlos Luna Domínguez, Erick Martínez Ortiz, Mariana Vidal Carrillo y las personas morales, Lomas de Morelos, Sociedad Anónima y Arqs & Spazio Sociedad Anónima de Capital Variable; y aun cuando aparece como probable responsable la persona moral y se llegara a considerar que incurrió en la conducta penal prevista en el artículo 189, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Morelos, no debe repercutir en el fallo que se dicte en el juicio oral mercantil de origen, porque para que se pudiera sancionar a la peticionaria del amparo, sería necesario la presencia de la intención de engañar. Elemento inexistente cuando ocurre el desacato a una cláusula contractual que genera afectación a los contratantes. Aunado a lo anterior, aduce que la autoridad responsable debe ponderar si se encuentran acreditados los elementos de la acción de cumplimiento del contrato de origen. Indica igualmente, la oportunidad del demandado en la instancia mercantil para oponer las excepciones estimadas oportunas, tales como la falta de cumplimiento del pago del precio convenido, la falta de entrega de la obra funcionando debidamente. Por tanto, la suspensión del procedimiento restringe el derecho de acceso a la justicia consagrado en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se indicó, los conceptos de violación son en una parte infundados y en otra, fundados pero inoperantes. En primer término, se analizarán de forma conjunta los que en esta sentencia se sintetizaron con los numerales 1 y 2, dada su íntima relación. En ese sentido, no asiste razón a la quejosa al sostener la trasgresión de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alegando indebida fundamentación y motivación del acto reclamado. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo, en lo que interesa: "Artículo. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]." El precepto citado, en términos generales, establece la garantía de legalidad cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia incidente en su esfera jurídica, destacando de dicho precepto tres condiciones esenciales a las cuales deben ajustarse los actos de autoridad: 1) Se exprese por escrito; 2) Provenga de autoridad competente y, 3) En el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Conforme al precepto constitucional invocado, es obligación de la autoridad citar en el acto de molestia, los preceptos legales donde apoye su actuación; además, señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya considerado para la emisión del acto, los cuales deberán tener adecuación con las normas en que se fundamente, configurando las hipótesis normativas. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia número 260, consultable a foja 175, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ambos deberes, deben ser acatados por toda autoridad administrativa y judicial cuando realiza actos de molestia en el ámbito de los derechos de los gobernados. No se excluyen uno del otro, sino, por el contrario, deben coexistir en el escrito en el cual se plasma el acto de afectación, resaltando que su expresión debe adecuarse entre sí, es decir, no basta motivar, sino que los cuerpos jurídicos y las normas precisas aplicadas al caso concreto, deben corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el acto de molestia, siendo imprescindible se plasmen en el escrito dirigido al gobernado. Aunado a lo anterior, se impone destacar que la indebida satisfacción de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación de los actos de molestia de las autoridades se presenta, tratándose de la indebida fundamentación, cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste cuando impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, cuando sí se indican las razones tenidas en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas no se ubican en el contenido de la norma legal citado en el caso. En este contexto, analizada la resolución combatida a la luz de la norma fundamental mencionada, se concluye que el acto combatido cumple con el principio de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional, al advertirse que la autoridad responsable fundó y motivó adecuadamente la resolución combatida de suspensión del procedimiento. Para mejor comprensión de lo anterior, es útil reproducir la parte que interesa del acuerdo reclamado: ".Ahora bien, por cuanto a la medida provisional que solicita, toda vez que una cuestión es prejudicial a otra, en el momento en que debe ser examinada en forma previa para llegar a la conclusión perseguida, así, dentro del proceso existen numerosas cuestiones prejudiciales, dentro de las cuales encontramos la llamada "interferencia de la cuestión penal en el proceso civil", que en la doctrina se conoce también como "incidencia criminal en la cual, los hechos delictivos se encuentran estrechamente vinculados con la materia propia del procedimiento, pues se encuentra sub júdice una situación penal que puede incidir en el resultado de la controversia. En este sentido, aplicando al caso concreto la Jurisprudencia PC.IC. J/55 C (10a.), deducida de la Contradicción de tesis 10/2017, emitida en la Décima Época por Plenos de Circuito, cuya Fuente lo es la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo III, página 1654 bajo el rubro: SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CIVIL O MERCANTIL POR VIRTUD DE LA APERTURA DE UN INCIDENTE CRIMINAL O PENAL VINCULADO CON AQUÉL. PARTES LEGITIMADAS PARA SOLICITARLA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 482 Y 483 DEL ABROGADO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).", a la suscrita Juez, como rectora del procedimiento y conocedora de la litis sometida a mi potestad, corresponde ponderar, bajo el arbitrio judicial, si la situación penal que se informa en efecto puede incidir en la contienda a resolver. Es así que, ante la existencia de la persecución de un delito, la solicitud de la parte demandada de suspender la tramitación del juicio, anexando para tal efecto copias cotejadas de la carpeta de investigación TY02/173/2020 al no haberse dictado sentencia definitiva en el presente juicio, advirtiéndose que los hechos denunciados en la Carpeta de Investigación antes mencionada, SALVADOR JONATHAN CESTELLOS CARPENA -parte demandada en el presente juicio- señala el delito aparente de fraude genérico, fraude especifico, usurpación de profesiones y encubrimiento por favorecimiento, en los hechos que derivaron el presente juicio, por tanto, dicha cuestión penal pudiera incidir necesariamente en lo que deba resolverse en el juicio que nos ocupa. De manera que, conforme a los artículos 1076 fracción VI del Código de Comercio y el artículo 170 fracción I inciso c) del Código Procesal Civil vigente del Estado de Morelos, de aplicación supletoria al Código de Comercio en vigor, se ordena la SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO MERCANTIL, hasta en tanto se resuelva la cuestión penal, por lo que, no transcurrirán términos, siendo ineficaces todos los actos procesales que se llegaran a realizar. Finalmente, se les tiene por señalado el domicilio y personas para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y en los términos señalados a los profesionistas propuestos. En otro orden de ideas, se reserva otorgar la vista que prevé el artículo 1390 Bis 17 de la Legislación Mercantil aplicable al caso, así como lo relativo a la excepción de improcedencia de la vía hasta en tanto sea levantada la suspensión del presente procedimiento. De igual forma, respecto de la reconvención que hace valer el demandado SALVADOR JONATHAN CESTELLOS CARPENA en su escrito de cuenta 2505 y en el escrito en vía de alcance 2504 y 2564, se reserva proveer al respecto hasta en tanto sea resuelta en definitiva la causa penal JCC/857/2020, lo anterior a fin de evitar resoluciones contradictorias." De acuerdo con lo sostenido por la responsable, en principio se aprecia que el acto se encuentra fundado, al citarse los artículos 1076, fracción VI, del Código de Comercio y 170, fracción I, inciso c), del Código Procesal Civil vigente del Estado de Morelos. El artículo 1076, fracción VI, del Código de Comercio invocado establece la caducidad cuando el procedimiento está suspendido, previendo entre las causas de suspensión, la fuerza mayor, así como los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades. El procedimiento se suspende conforme al código adjetivo local, cuando en un procedimiento civil se denuncie un hecho constitutivo de delito, siempre que los hechos denunciados sean de tal naturaleza que si se llega a dictar sentencia en el juicio penal con motivo de ellos, ésta deba necesariamente influir en la resolución del juicio civil. Se citan enseguida tales disposiciones: Artículo 1076, fracción VI, del Código de Comercio. Artículo 170, fracción I, inciso c), del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. Art. 1076. (.) VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el juez y las partes no pueden actuar; así como en los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; y en los demás casos previstos por la ley; Artículo 170. Causas de suspensión del procedimiento. El procedimiento se suspende: I. Cuando en un procedimiento civil se denuncie un hecho que constituya delito, siempre que se llenen los siguientes requisitos: a) Que con motivo del ejercicio de la acción penal se libre orden de aprehensión contra alguna de las partes; b) Que lo pida el Ministerio Público en el juicio civil; y, c) Que los hechos denunciados sean de tal naturaleza que si se llega a dictar sentencia en el juicio penal con motivo de ellos, ésta deba necesariamente influir en las resoluciones que pudieran dictarse en el juicio civil. El procedimiento civil, salvo disposición en contrario, sólo se suspenderá en la parte relacionada con el hecho delictuoso y la suspensión se mantendrá hasta que recaiga sentencia definitiva en el juicio penal, o antes si se decretare libertad por falta de méritos, o desvanecimiento de datos, o el procedimiento penal concluya por cualquier motivo sin decidir sobre los hechos delictuosos denunciados; En cuanto a las motivaciones invocadas por la responsable, consistentes en que los hechos delictivos se encuentran estrechamente vinculados con la materia propia del procedimiento, pues se encuentra sub júdice una situación penal que puede incidir en el resultado de la controversia. En efecto, la Jueza del proceso adujo la existencia de la persecución de un delito como causa que hacía procedente la solicitud de la parte demandada de suspender la tramitación del juicio oral de origen, al no haberse dictado sentencia definitiva. Justificó que se habían presentado fotocopias cotejadas de constancias de la carpeta de investigación TY02/173/2020 de las que derivó la causa penal JCC/857/2020. Además, adujo haber advertido que en los hechos denunciados en la carpeta de investigación por SALVADOR JONATHAN CESTELLOS CARPENA, parte demandada del juicio oral mercantil, señala la comisión aparente de los delitos de fraude genérico, fraude especifico, usurpación de profesiones y encubrimiento por favorecimiento, y que esos mismos hechos derivaron en la tramitación del juicio mercantil de origen. Por consiguiente, concluyó, dicha cuestión penal pudiera incidir necesariamente en la resolución a emitirse en el juicio mercantil. Atento a lo anterior, para esta juzgadora, es infundado el argumento atinente a la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, porque se aprecia la cita de disposiciones legales que autorizan la suspensión del procedimiento y la motivación derivada de la existencia de una causa penal por hechos denunciados por el aquí tercero interesado, Salvador Jonathan Cestellos Carpena, entre otros, contra la persona moral quejosa y su Administradora Única, de los cuales, dijo, derivó la tramitación del juicio mercantil de origen. En efecto, como lo afirma la propia parte quejosa en la demanda, dicho tercero interesado, demandado en el juicio oral mercantil de origen, imputó los hechos, entre otras personas, a la moral quejosa Arqs & Spazio Sociedad Anónima de Capital Variable, así como a su Administradora Única y promovente de la demanda, Mariana Vidal Carrillo. En ese sentido, las consideraciones contenidas en el acto reclamado se estiman adecuadamente fundadas y motivadas, al citarse la norma legal considerada aplicable y haber expresado las razones por las cuales consideró que debía suspender el procedimiento. Esto es, aducir que los hechos del juicio mercantil derivan de los mismos acontecimientos materia de la denuncia por parte del demandado, Salvador Jonathan Cestellos Carpena, y por ende, necesariamente lo resuelto en la causa penal pudiera influir en la sentencia que llegara a emitirse en el juicio oral mercantil, lo cual ameritaba su suspensión para evitar sentencias contradictorias. Lo anterior, en la medida que el citado artículo 1076, fracción VI, del Código de Comercio invocado en el acto reclamado, contempla que la caducidad no opera cuando el procedimiento está suspendido, previendo entre las causas la fuerza mayor, así como cuando es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades, siendo precisamente la razón invocada por la autoridad responsable en el acto reclamado, es decir, se aprecia que una correspondencia entre la hipótesis normativa y los motivos aducidos. Por tanto, se considera colmado el imperativo contenido en el artículo 16 de la Carta Magna, en la medida que contenido formal de la garantía de legalidad relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, tal como en el caso aconteció. Sin ser válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado el acto, ya que en el caso, se expusieron los hechos relevantes para decidir la suspensión del procedimiento, citando la norma que otorga la facultad para hacerlo y el argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Es aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/43, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1531, Materias(s): Común, Registro digital: 175082, Novena Época con el rubro y contenido siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En particular al tratarse de una determinación jurisdiccional, la fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso; aspectos que se estiman colmados por las consideraciones ya expuestas. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, Registro digital: 176546, Materias(s): Común, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". Por otra parte, es fundado pero inoperante lo alegado por la parte quejosa en el sentido de que la jueza de origen aplicó indebidamente la supletoriedad de las disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos a las del Código de Comercio, inherentes a la suspensión del procedimiento. En efecto, de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de dicho Código y en su defecto por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, y solo en caso de no regularse suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, se aplicará la ley de procedimientos local respectiva. Ahora bien, en la especie, la jueza responsable fundó la determinación de suspender el procedimiento en los artículos 1076, fracción VI, del Código de Comercio, y 170, fracción I, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, sin exponer las razones por las cuales, previo a invocar la disposición adjetiva local, acudió al Código Federal de Procedimientos Civiles, de ahí lo fundado del planteamiento en estudio. Sin embargo, tal aspecto resulta inoperante pues la suscrita juzgadora considera suficientemente fundado el acto combatido mediante la aplicación del 1076, fracción VI, del Código de Comercio, al prever la facultad de suspender el procedimiento cuando sea necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades, como se actualizó en el caso. Luego, la cita de la norma procesal local no lesiona los derechos de las partes, porque faculta a la autoridad responsable decretar tal medida de suspensión. Por otra parte, el concepto de violación sintetizado en el numeral 3 anterior, en el cual la parte quejosa sostiene la ilegalidad del acto reclamado, alegando la aplicación del artículo 170, fracción I, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, conforme al cual sólo procede dicha medida en aquellos casos en los cuales los hechos denunciados, por su naturaleza, necesariamente deben influir en la sentencia que se dicte, y -sostiene- no se actualizan todos los elementos del tipo penal. Esto, abunda la peticionaria, porque la causa penal JCC/857/2020 se sigue por los delitos de fraude genérico, fraude específico, usurpación de funciones y encubrimiento por favorecimiento contra Juan Carlos Luna Domínguez, Erick Martínez Ortiz, Mariana Vidal Carrillo y las personas morales, Lomas de Morelos, Sociedad Anónima y Arqs & Spazio Sociedad Anónima de Capital Variable; y aun cuando aparece como probable responsable la persona moral quejosa y se llegara a considerar que incurrió en la conducta penal prevista en el artículo 189, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Morelos, lo cierto es que -sostiene- no debe repercutir en el fallo que se dicte en el juicio oral mercantil de origen, porque para que se pudiera sancionar a la peticionaria del amparo, sería necesario la presencia de la intención de engañar, elemento inexistente cuando en realidad ocurre desacato a una cláusula contractual que genera afectación a los contratantes. Tal planteamiento es inoperante porque se sustenta en aspectos ajenos a la controversia mercantil de origen que no debían ser considerados para la emisión del acuerdo reclamado. En efecto, los planteamientos de la peticionaria del amparo se se basan en la supuesta inexistencia de la conducta delictiva o bien, en la falta de responsabilidad en los hechos de parte los promoventes del amparo; aspecto, que es materia del fondo de la sentencia que en su momento se emita en la causa penal invocada, pero irrelevante para la procedencia de la suspensión del procedimiento conforme a lo contemplado en el artículo 1076, fracción VI, del Código de Comercio, que únicamente requiere la demostración de la necesidad de esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades. Consecuentemente, el juez responsable no se encontraba obligado a analizar de fondo la conducta delictiva a fin de valorar la suspensión del juicio mercantil de origen; ni este órgano de control constitucional puede realizar algún pronunciamiento sobre el particular -como pretende la quejosa-, en tanto es materia de un diverso proceso ordinario, que escapa tanto de la jurisdicción de la responsable como de la suscrita. De igual forma, es inoperante lo expuesto por la quejosa en el sentido de que la jueza responsable debe ponderar si se encuentran acreditados los elementos de la acción de cumplimiento del contrato de origen y que el demandado tiene la instancia mercantil para oponer las excepciones oportunas, tales como la falta de cumplimiento del pago del precio convenido, la falta de entrega de la obra funcionando debidamente; de ahí que el acuerdo de suspensión del procedimiento restringe el derecho de acceso a la justicia consagrado en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La inoperancia de tal argumento radica en que nuevamente se apoya a cuestiones ajenas a la hipótesis del Código de Comercio invocada en el acuerdo reclamado, para decretar la suspensión del procedimiento y, en todo caso, no tienden a controvertir los fundamentos y motivos para suspender el juicio de origen. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia Tesis: VI.3o. J/47, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 86, Febrero de 1995, página 41, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN ELLOS, POR APARTARSE DE LA LITIS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).". Igualmente por analogía, la jurisprudencia Tesis: VI. 1o. J/68, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Febrero de 1992, página 76, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE CONTIENEN ARGUMENTOS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS NATURAL.". En las condiciones relatadas, al resultar infundados en una parte e inoperantes, en otra, los conceptos de violación, sin advertir razones para que opere la suplencia de la queja deficiente, se concluye que no se violan en perjuicio de la quejosa los derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SEXTO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". SÉPTIMO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Arqs & Spazio Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos señalados en la consideración quinta de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de febrero de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diecisiete de febrero del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de febrero de dos mil veintidós Visto el escrito del quejoso David Solís López, mediante el cual subsana la prevención ordenada por auto de cuatro de febrero del año en curso; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, se procede acordar lo siguiente: De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a2 las siguientes consideraciones: Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: "UNICO.- La resolución de fecha cuatro de enero del dos mil veintidós dictada por la junta especial número dos de la local de conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, relativa al incidente de nulidad de notificaciones realizadas en fecha dos y tres de junio del año dos mil veintiuno dentro del expediente 01/70/19-II." De lo anterior se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Numerales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". En consecuencia, tenemos que la resolución interlocutoria de cuatro de enero de dos mil veintidós, emitida en el incidente de nulidad de notificaciones dentro del expediente laboral 01/70/19-II, no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, ello es así, al advertirse que si bien es cierto, mediante la resolución recurrida la autoridad responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones; sin embargo, la única consecuencia es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado del laudo, la que en todo caso puede resolverse en sentido favorable a la interesada, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio la violación procesal que pretende combatir, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que la parte inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano. Máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo vía violación procesal, en términos del artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.6o.T. J/84, con registro digital 171420, visible en el Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2403, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO." Pues incluso, al cuestionar la regularidad constitucional de la resolución del incidente de nulidad de la notificación practicada el dos de junio de dos mil veintiuno respecto del acuerdo de veintiséis de mayo del mismo año en el expediente laboral de origen, dicho sumario actualmente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas; por tanto no es un acto de imposible reparación ya que, como se dijo, no produce una afectación material a derechos sustantivos, dado que las consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, puesto que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, por lo que de ser el caso debe reclamarla en amparo directo. Cobra aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 40/2016,Registro digital: 2011490, visible en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1227, Décima Época, de rubro siguiente: "CONFESIONAL EN EL JUICIO LABORAL. EL ABSOLVENTE DECLARADO FÍCTAMENTE CONFESO, PUEDE IMPUGNAR EN EL AMPARO DIRECTO LA CALIFICACIÓN DE LAS POSICIONES QUE FUERON ARTICULADAS O SU OMISIÓN, CUANDO SU VALORACIÓN HAYA TRASCENDIDO AL RESULTADO DEL FALLO". Por tanto, al margen de lo correcto o incorrecto de la sentencia interlocutoria combatida en amparo, ésta no reviste el carácter a que se refiere el ordinal 107, fracción V de la ley de la materia, por ello, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por David Solís López. HABILITACION ACTUARIOS EN HORAS Y DIAS INHABILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Finalmente, se hace de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con cincuenta minutos del siete de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, el artículo 74, fracción II de la Ley Federal del Trabajo que establece que son días de descanso obligatorio "el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero". Por tanto, resulta procedente diferir anticipadamente la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo, sin la asistencia de las partes. Data que se señala en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- David Sanchez Beltran955/2023
- David Sánchez Cortéz1369/2016
- David Serrano Fitz450/2021
- David Socorro Meza Lino466/2020
- David Solís Carrasco714/2013
- David Solis Carrasco1678/2015
- David Soria Mayorga3002/2014
- David Tinoco Arteaga1221/2021
- David Tinoco Arteaga1583/2023
- David Trujillo Mondragon1069/2022
- David Vargas Bravo1384/2018
- David Vargas Navarrete554/2022