David Salinas Terrero

Expediente 912/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
912/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • David Salinas Terrero

Actuaciones

  1. Principal

    CUENTA. En veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta a la Juez, con el estado que guardan los autos, así como con la certificación secretarial que antecede, dentro del juicio de amparo 912/2022. Conste.Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio, en el que se desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por David Rodríguez Aguilera, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, para tal efecto señala: "Por medio del presente escrito vengo a dar cumplimiento a la prevención de fecha 26 Veintiséis de agosto del presente año, exhibiendo copias cotejadas del poder notarial que me otorga el C. DAVID SALINAS TERRERO, que me acreditan como su apoderado legal para actuar en su nombre y representación". Por tanto, se le tiene cumpliendo con los puntos preventivos formulados en auto de veinticinco del presente mes y se reconoce a David Rodríguez Aguilera, el carácter de apoderado del quejoso David Salinas Terrero, en virtud del instrumento notarial que exhibe. En ese tenor, se provee en los siguientes términos: SE DESECHA LA DEMANDA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que se precisaron los actos reclamados en la forma siguiente: La resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, dictada por la magistrada responsable dentro del toca de apelación I-212/2022, que confirmó la interlocutoria que resolvió el incidente de justas causas promovido por el quejoso David Salinas Terrero, dentro del juicio ordinario civil 599/2020, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, y que tuvo por efecto declararlo confeso de las posiciones que se le formularon en el juicio de origen. En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 y precepto 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.]. III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;.". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente contra la resolución de quince de agosto del año en curso, dictada dentro del toca de apelación I-212/2022, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante un tribunal, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del gobernado, sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre cuando se refieren a la admisión o desahogo de la pruebas ofrecidas por las partes en los juicios de que se trate. En efecto, no se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona, incluso las morales, tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley o la Convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Asimismo, el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene precisar que la magistrada responsable mediante resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación I-212/2022, confirmó la interlocutoria que resolvió el incidente de justas causas promovido por el quejoso David Salinas Terrero, a fin de justificar su inasistencia al desahogo de la prueba confesional ofrecida dentro del juicio ordinario civil 599/2020, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, y que tuvo por efecto declararlo confeso de las posiciones que se formularon. De lo anterior, se colige que la resolución que constituye el acto reclamado, no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la afectación de derechos adjetivos que alega el quejoso únicamente trae como consecuencia que se haya declararlo confeso de las posiciones que se le formularon, lo que produce solamente consecuencias intraprocesales que pueden ser reparadas si obtiene sentencia favorable en el juicio natural, en razón de que no originan, desde luego, un ataque a los derechos humanos del promovente del amparo; pero de no ser así estará en condiciones de recurrir las violaciones cometidas en dicho acuerdo al promover el juicio de amparo directo, en donde las podrá hacer valer como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan sus defensas, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción IV de la Ley de Amparo, y obtener por ese medio que se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido. Por tanto, el acto que reclama en esta vía constitucional, no puede ser considerado un acto de imposible reparación, toda vez que éste tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, ello es así, pues se debe considerar que la resolución que confirma la interlocutoria dictada en el incidente de justas causas, tuvo por efecto que se haya declarado confeso al quejoso de las posiciones formuladas, en ese sentido, es dable concluir dicha determinación no genera de manera inexorable la imposibilidad jurídica de que el juez de origen resuelva el fondo del asunto sometido a su consideración con el resto del material probatorio. En ese orden de ideas, la resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación y, es decir, es una violación meramente formal y es remediable si el afectado obtiene sentencia favorable, y para el caso que el mismo le fuera adverso puede reclamarse en el juicio de amparo directo, como violación procesal análoga a las previstas en el artículo 172, fracción XII de la Ley en la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 281, tomo XX, de junio de 1993, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "JUSTAS CAUSAS, INCIDENTE DE. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La resolución que al resolver el recurso de apelación respectivo, confirma la sentencia interlocutoria pronunciada en un incidente de justas causas que lo declara improcedente, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación a efecto de que contra él proceda el amparo indirecto, en términos del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues siendo su consecuencia jurídica en todo caso, que se declare confeso al absolvente que no compareció al desahogo de la prueba confesional a su cargo, de las posiciones que le fueron formuladas por su contralitigante, la afectación a su interés jurídico con ello está supeditada a la justipreciación que de la misma verifique el juzgador en la sentencia que en definitiva se pronuncie dentro del procedimiento judicial del que dimana el citado acto reclamado; sino que se traduce en una violación procesal sólo reclamable en el amparo directo que se promueva en contra de tal fallo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del mismo, de conformidad con el artículo 158, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al ser, atendiendo a su consecuencia jurídica, un caso análogo al previsto en la fracción IV del numeral 159 del mismo ordenamiento, que dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "... IV. Cuando se declara ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado...". Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 y precepto 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. 1. Informa acciones. Agréguese el oficio suscrito por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el que requirió a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, a fin de que informaran el trámite que se encuentran realizando, en este caso, si ya enviaron el oficio a la Dirección de Gobierno Digital para que den de alta a la parte quejosa y se pueda tramitar el Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago. 2. Requerimiento. No obstante lo anterior, se requiere a la autoridad oficiante para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio respectivo justifique haber entregado a la autoridad demanda el oficio respectivo o practicado la notificación correspondiente; asimismo, en el mismo plazo contado a partir del día siguiente al en que haya fenecido el término otorgado a las autoridades requeridas, acuerde lo conducente, asimismo, deberá remitir copia certificada de las constancias, con las que acredite lo anterior. Apercibida que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, equivalente a $ 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. 4. Cambio de titular. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós la Juez Katia Orozco Alfaro, será la titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de que se encuentran en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. 1. Certificación de cuenta y estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, en auto de dos de marzo de dos mil veintidós, transcurrió sin que realizara manifestación alguna, motivo por el cual, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 2. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a Andy Cristopher Alcántar López, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, realizara lo siguiente: Dejar insubsistente la orden contenida en los oficios 255/2020, de treinta de enero de dos mil veinte y el recordatorio 518/2020, de veinticuatro de febrero del mismo año que son esencialmente iguales. Restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación de los derechos humanos del quejoso. Concesiva que se hace extensiva al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad ejecutora dado que sus actos no se reclamaron por vicios propios. 3. Firmeza de la resolución. Mediante ejecutoria de tres de febrero de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 252/2021 el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, confirmó la sentencia de amparo, por ende, en proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se requirió su cumplimiento. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El uno de marzo del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de este juzgado el oficio 1203/2022, al que se adjuntó el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual el agente del Ministerio Público de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dejó insubsistentes los oficios 255/2020 de treinta de enero de dos mil veintidós y 518/2020 de veinticuatro de febrero pasado. Asimismo, el veintiocho de febrero pasado, giró el oficio 1220/2022 dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, a fin de que dejara insubsistente la orden contendida en los oficios referidos, esto es, se cancelara la anotación marginal preventiva inscrita en el tomo 18, registro 12, del distrito Ario de Rosales, sección sentencias, correspondiente a la inscripción registral tomo 000379, registro número 00000057, sección propiedad 001, relativo al predio rústico denominado "El Jaguey" ubicado en la avenida Revolución Poniente del municipio de Ario y Distrito de Rosales. Empero, a la fecha, el Director del Registro Público del Estado de Michoacán, no ha informado los actos llevados a cabo para cumplir con lo anterior, ello no obstante que el oficio referido fue entregado a dicha dependencia el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. 5. Conclusión. En tales circunstancias, este juzgado federal considera que el Director del Registro Público del Estado de Michoacán no ha restituido al quejoso en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ello se explica de ese modo toda vez que, a consideración del suscrito, aún no se cumple con lo ordenado en el punto 2 de los efectos de la sentencia dictada en autos, pues se insiste, el Director del Registro Público del Estado de Michoacán no ha acreditado haber realizado la cancelación de la anotación marginal preventiva ordenada por el representante del interés social responsable y, por ende, aún no se restablecen las cosas al estado que guardaban antes de la violación de los derechos humanos del quejoso. 6. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Registro Público del Estado de Michoacán, para que en un plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciban el oficio que contenga la notificación del presente acuerdo, remita las constancias que acrediten el total cumplimiento de la sentencia de amparo, esto es: La documental con la que se acredite que se canceló la anotación marginal preventiva inscrita en el tomo 18, registro 12, del distrito Ario de Rosales, sección sentencias, correspondiente a la inscripción registral tomo 000379, registro número 00000057, sección propiedad 001, relativo al predio rústico denominado "El Jaguey" ubicado en la avenida Revolución Poniente del municipio de Ario y Distrito de Rosales. Ello toda vez que en la sentencia dictada en el juicio en el que se actúa, la concesiva se hizo extensiva al Director del Registro Público del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad ejecutora, por ello ésta también se encuentra obligada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa que se determinará de acuerdo con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, la cual podrá ser de cien a mil unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. De igual manera, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad y, por ende, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta. 7. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez Katia Orozco Alfaro, funge como titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de que se encuentren en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente.

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