David Pérez Lázaro
Expediente 367/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- David Pérez Lázaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 2.2. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original y duplicado del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyanse. 2.3. DOCUMENTOS EXHIBIDOS. Toda vez que la parte quejosa exhibió constancias al expediente, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que allegó al presente juicio, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 3. SE AGREGA ESCRITO -devolución de documentos-. Visto lo de cuenta, se tiene al quejoso solicitando la devolución de las constancias que exhibió en autos y autorizando para recibiros a las personas que nombra, al respecto dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que precede. 3.1. Copias. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase copia certificada de las constancias de autos que indica el quejoso y entréguense a las personas que nombra para ese fin. 3.2. Trámite de entrega. A efecto de materializar la entrega de los documentos, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID 19, requiérase al promovente para que se ponga en contacto con la licenciada Karla del Rosario Herrera Bacab, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico oficio 4433226960, extensiones, 1161 y 1162 a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PRTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 2.2. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original y duplicado del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyanse. 2.3. DOCUMENTOS EXHIBIDOS. Toda vez que la parte quejosa exhibió constancias al expediente, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que allegó al presente juicio, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 3. SE AGREGA ESCRITO -devolución de documentos-. Visto lo de cuenta, se tiene al quejoso solicitando la devolución de las constancias que exhibió en autos y autorizando para recibiros a las personas que nombra, al respecto dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que precede. 3.1. Copias. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase copia certificada de las constancias de autos que indica el quejoso y entréguense a las personas que nombra para ese fin. 3.2. Trámite de entrega. A efecto de materializar la entrega de los documentos, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID 19, requiérase al promovente para que se ponga en contacto con la licenciada Karla del Rosario Herrera Bacab, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico oficio 4433226960, extensiones, 1161 y 1162 a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver.
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Visto el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarle dicha determinación. Asimismo, gírese atento oficio vía electrónica, a la autoridad responsable, adjuntándole copia simple de la mencionada sentencia.
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SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 367/2021 promovido por David Pérez Lázaro, por alegada violación de los artículos 1o., 8o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama de las autoridades que se precisan, lo siguiente: No. AUTORIDAD ACTO RECLAMADO 1 Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 185/1997, sobre información testimonial ad perpetuam para suplir título de escrito de dominio, respecto del inmueble ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 88, esquina con la calle Miguel Hidalgo del Municipio de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán, así como la ejecución de la sentencia dictada. 2 Secretario del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. 3 Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán. La inscripción de la sentencia dictada el once de julio de mil novecientos noventa y siete, en el procedimiento de origen, la cual tuvo por efecto, inscribir el inmueble ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 88, esquina con la calle Miguel Hidalgo del Municipio de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán, a nombre de Joel Pérez Lázaro en el registro número 17 diecisiete, tomo 4021 cuatro mil veintiuno, del libro de propiedad correspondiente al distrito de Morelia. 4 Ayuntamiento Constitucional de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. Las anotaciones realizadas en sus archivos con motivo de la sentencia definitiva aludida en el apartado que antecede. 5 Receptor de Rentas de Cuitzeo, Michoacán. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de persona extraña al juicio citado, pues refiere no fue llamado debidamente y, por tal motivo, no pudo ser oído y vencido en dicho juicio. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado se atribuye a autoridades residentes en el territorio donde se ejerce jurisdicción por este juzgado y en éste tiene ejecución. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Al rendir el informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos que les son reclamados. Lo que se corrobora con el contenido de las copias certificadas de las constancias que el juez responsable, así como el receptor de rentas de Cuitzeo, Michoacán, adjuntaron en complemento a su informe justificado. Documentales a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que el tercero interesado Joel Pérez Lázaro aduce que el quejoso no acredita su legitimación e interés jurídico, al no contar con la declaratoria judicial respectiva. Resulta inatendible el argumento anterior, virtud que el análisis de la referida causal, implica el pronunciamiento relativo a si el quejoso debió ser llamado o no al juicio subyacente en cuanto heredero de Juventino Pérez Hernández persona de quien Joel Pérez Lázaro adquirió la posesión y propiedad del predio objeto del juicio subyacente, lo que conllevaría estudiar una cuestión íntimamente ligada con el fondo del asunto, dado que el quejoso se duele precisamente de la falta de llamamiento a dicho procedimiento, lo que en todo caso debe hacerse al atenderse los conceptos de violación hechos valer en el presente juicio, de ahí que dicha causal deba desestimarse. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia que a la letra establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Al no haberse hecho valer alguna otra, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada; se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la solicitante del amparo. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de inconformidad que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis del motivo de disenso expresado por el quejoso, resulta oportuno citar las constancias que informan los actos reclamados. Mediante escrito de siete de marzo de mil novecientos noventa y siete, Joel Pérez Lázaro, en la vía de jurisdicción voluntaria, promovió diligencias de información ad perpetuam, las que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, ello respecto del predio urbano ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, antes, Sor Juana Inés de la Cruz, número 88, esquina con calle Miguel Hidalgo, de la población de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. En proveído de once de marzo de mil novecientos noventa y siete, el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, admitió a trámite las referidas diligencias, las registró bajo el número 185/1997, dio intervención legal al ministerio público, así como al fisco del Estado, de igual forma ordenó notificar a los colindantes del predio materia de las diligencias y hacer de su conocimiento la tramitación de éstas, ordenó publicar un edicto en el periódico oficial del Estado y lugares de costumbre hasta por el término de diez días, para que personas que se creyeran con derecho comparecieran a ese juzgado a deducirlos. En resolución de once de julio de mil novecientos noventa y siete, el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, aprobó las diligencias tramitadas, declaró que Joel Pérez Lázaro, de simple poseedor del predio urbano ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, antes, Sor Juana Inés de la Cruz, número 88, esquina con calle Miguel Hidalgo, de la población de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán, se convirtió en propietario del mismo, virtud de la prescripción positiva y ordenó expedir a favor del actor testimonio del fallo dictado a fin de que realizara las inscripciones correspondientes en el Registro Público de la Propiedad, sin perjuicio de terceros. En acuerdo de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete, declaró firme el fallo dictado y ordenó girar los oficios correspondientes al Registro Público de la Propiedad Raíz del Estado, así como a la oficina de catastro correspondiente. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce en sus conceptos de violación que se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues sin haber sido oído y vencido en el procedimiento de origen, se privó del derecho de propiedad sobre el predio urbano ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, antes, Sor Juana Inés de la Cruz, número 88, esquina con calle Miguel Hidalgo, de la población de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. Este motivo de disenso, es infundado. El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14.[.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" Dicha porción constitucional señala básicamente que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales de manera previa establecidos donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se traducen en las siguientes: 1) notificación de su inicio y sus consecuencias; 2) oportunidad de ofrecer, así como desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) oportunidad de alegar; y 4) dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, página 133, registro 200234, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Ahora, la parte quejosa afirma que tales formalidades esenciales del procedimiento fueron inobservadas por el juez responsable al sustanciar y resolver las diligencias de jurisdicción voluntaria, promovidas por Joel Pérez Lázaro para ser reconocido como propietario del predio urbano ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, antes, Sor Juana Inés de la Cruz, número 88, esquina con calle Miguel Hidalgo, de la población de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán, para poder acudir y oponerse a su tramitación. Argumento que es infundado porque las diligencias de esta naturaleza se distinguen por no haber controversia, pues se trata de un procedimiento con efectos meramente declarativos que, al no existir quien se oponga de manera directa o indirecta, tampoco adquiere la calidad de cosa juzgada. Así se desprende del contenido de los preceptos 1153, 1157 y 1158 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, que disponen: "Artículo 1153. La jurisdicción voluntaria, o vía de autorización, comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas". "Artículo 1157. Si a la solicitud promovida se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda. El Juez, al declarar contencioso el asunto, señalará un término de ocho días al opositor para que presente su demanda. Si no lo verificare dentro del término establecido, a petición del promovente, se declarará infundada la oposición y continuarán las diligencias de jurisdicción voluntaria sus trámites". "Artículo 1158. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho al opositor" De los dispositivos legales transcritos, se obtiene que los juzgados conocerán, en vía de jurisdicción voluntaria, de los asuntos no litigiosos que requieran de intervención judicial; asimismo, si en la sustanciación de las diligencias se opone parte legítima, entonces, ese procedimiento debe continuar conforme a los trámites establecidos para el juicio, con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la promovente y la opositora. Ahora, cuando en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, se opone parte legítima, éste debe concluir, pues al adquirir las características de un negocio contencioso entonces, debe seguirse conforme a los propios trámites, reglas, fases y términos establecidos para el controvertido. Esto es así, ya que las diligencias promovidas en esa vía de jurisdicción voluntaria se identifican por la inexistencia de contienda entre partes, como se deduce del citado artículo 1157 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. Se llega a esa conclusión, pues por una parte, el legislador refirió en el primer párrafo del numeral 1157 del Código invocado, que el negocio se seguirá conforme a los trámites establecidos para el juicio, de suerte que, el procedimiento de jurisdicción voluntaria se transforma en contencioso, conforme a dichas reglas cuando exista oposición, ya que de ninguno de los preceptos copiados se obtienen que el creador de la norma estableciera la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente y transformar un procedimiento tramitado en vía de jurisdicción voluntaria en uno contencioso. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia 1a./J. 117/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 228, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Registro 163099, cuyo texto es el siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 882 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO).Conforme al citado precepto, cuando en un procedimiento de jurisdicción voluntaria se presenta oposición de parte legítima, pueden ocurrir dos hipótesis: 1) si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario; y, 2) si la oposición se funda en la negativa del derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda. Lo anterior debe entenderse en el sentido de que, si estando ya promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria se presenta oposición de parte legítima, en ese momento debe darse por concluido el procedimiento, sin considerar que se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio. Por tanto, el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo debe interpretarse en el sentido de que al presentarse oposición de parte legítima, el procedimiento de jurisdicción voluntaria debe darse por concluido, dejando a salvo los derechos del promovente, sin mayor trámite y sin algún otro acto procesal, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, motivo suficiente para concluirlo". En el particular, la parte quejosa se duele de la omisión de ordenar emplazarlo a las diligencias de jurisdicción voluntaria 185/1997 del índice de la responsable, promovidas por Joel Pérez Lázaro, para reconocer la posesión y, en consecuencia, un derecho de propiedad respecto del predio urbano ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, antes, Sor Juana Inés de la Cruz, número 88, esquina con calle Miguel Hidalgo, de la población de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. Sin embargo, es incuestionable que la sustanciación de las diligencias de jurisdicción voluntaria de información testimonial Ad Perpetuam, en modo alguno afectan la esfera individual de derechos de la parte quejosa, en atención a la naturaleza de tal procedimiento, pues a nada práctico llevaría conceder el amparo solicitado para respetar la garantía de audiencia que aduce tener con motivo de la referida expectativa de derecho al bien inmueble en disputa, y sea llamado al trámite mencionado. Es así, pues como ya se dijo, la característica de las diligencias de jurisdicción voluntaria es la inexistencia de contienda entre partes; de suerte que la oposición de quien esté legitimado sólo es admisible durante su trámite y tiene como consecuencia legal su conclusión anticipada, a fin de que sea en una instancia diversa (litigiosa) donde se diriman los derechos de los contendientes. Luego, si de las constancias de autos se observa que las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen concluyeron con el dictado de la resolución es evidente que existe una imposibilidad jurídica para conceder la protección de la Justicia Federal para el efecto de dejar insubsistente lo actuado en ese procedimiento y se ordene llamar a juicio, pues, como se ha señalado, la naturaleza de la jurisdicción voluntaria es la inexistencia de controversia, por ende tampoco lo resuelto en éstas constituye cosa juzgada. Por tanto, el quejoso se encuentra en aptitud de ejercer las acciones que considere pertinentes a través de la instancia contenciosa correspondiente. Cobra puntual aplicación la jurisprudencia PC.III.A. J/17 A (10a.) emitida por los Plenos de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, Décima Época, Página: 1311, Registro: 2012119 de rubro y texto siguientes: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER EL AMPARO EN QUE SE IMPUGNA LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA. Lo que caracteriza a las diligencias de jurisdicción voluntaria, es la inexistencia de contienda entre partes, como lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 205/2006, publicada en la página 675 del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR."; por ello, la oposición de parte legítima sólo es admisible durante su trámite y tiene como consecuencia legal su conclusión anticipada, a fin de que sea en una instancia diversa (litigiosa) donde se diriman los derechos de las partes. Esto es, el artículo 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, es tajante en señalar que si la oposición se hiciere después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, se desechará tal oposición, reservándose los derechos al opositor. Esa forma de actuar no transgrede derecho alguno, pues las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no constituyen cosa juzgada, dada la inexistencia de contienda litigiosa y, por ende, lo resuelto en ellas es anulable en juicio contencioso en el que se diluciden los derechos de las partes. Luego, si en el juicio de amparo se impugna lo actuado en un procedimiento concluido de jurisdicción voluntaria en materia agraria, por violación a los derechos de audiencia y defensa, no debe concederse la protección federal para que se deje insubsistente la resolución emitida, a efecto de dar al agraviado intervención en el expediente agrario de que se trate y manifieste su oposición, ya que esa forma de actuar contraviene el principio de expeditez en la administración de justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al retardar el inicio del juicio contencioso respectivo, en tanto que ya concluidas las diligencias, quienes no intervinieron tienen por ley a salvo todos sus derechos, sin necesidad de declaratoria alguna en ese sentido, ya que lo resuelto, a más de que no constituye cosa juzgada, no puede causar perjuicio jurídico a los que no intervinieron en su desarrollo, por lo que quedan en aptitud legal de promover el juicio contencioso procedente, todo lo cual, debe ser así definido en el amparo".(el énfasis no es de origen). En las condiciones expuestas, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de la omisión de ordenar llamar al quejoso a las diligencias de jurisdicción voluntaria 185/1997 y sus consecuencias jurídicas, tramitadas ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Negativa que se hace extensiva a las demás autoridades, pues el reclamo de los actos atribuidos a éstas no se realizan por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 105, del rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Finalmente, en torno a los alegatos expuestos por la tercero, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue al juzgador a pronunciarse sobre los alegatos vertidos por las partes, virtud que la litis se integra con los conceptos de violación vertidos en la demanda, los motivos y fundamentos del acto reclamado y los aducidos en el informe justificado; por tanto, éstos no forman parte de ella, consecuencia de lo anterior, no se viola el principio de exhaustividad de las sentencias, ya que darles un tratamiento diverso, desnaturalizaría el juicio de garantías contraviniendo expresamente las normas que lo regulan. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a David Pérez Lázaro contra los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones señaladas en el considerativo séptimo de la misma. Notifíquese personalmente; mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno , en que concluyó la emisión de este fallo Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Marco Antonio Arroyo Rodríguez. Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno
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- David Regalado Fuentes735/2019
- David Rosales Padilla811/2017
- David Salinas Terrero629/2022
- David Salinas Terrero912/2022
- David Sánchez Olvera1180/2019
- David Valdespino Guerrero243/2022