David Zamudio Gutiérrez

Expediente 303/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
303/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2018

Partes del expediente

  • David Zamudio Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; con el cual téngasele acusando recibo del diverso comunicado 8039/2018, e informando que dicho órgano jurisdiccional asumió el conocimiento del juicio de amparo promovido por David Zamudio Gutiérrez. Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, SE ORDENA SU ARCHIVO definitivo y en virtud de que carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expediente Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: DAVID ZAMUDIO GUTIÉRREZ. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por David Zamudio Gutiérrez, contra actos del Magistrado Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número IV-303/2018, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Declaratoria de incompetencia. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: 1.Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2.Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3.Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora, en el caso que nos ocupa, del contenido del escrito de demanda de amparo se desprende que David Zamudio Gutiérrez señala como autoridad responsable a la siguiente: Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Luego, en el apartado de la demanda correspondiente al acto reclamado señala lo siguiente: LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La resolución pronunciada el día 14 (catorce) de marzo del año en curso, dentro de los autos del toca número I-82/2018, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por el suscrito en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 14 (catorce) de diciembre del año 20187 (dos mil diecisiete) pronunciado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 396/2015, que sobre pago de pesos y otras prestaciones se siguió en mi contra ante el H. Juzgado Primero de lo Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se tiene que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que fue demandado por el Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México en la vía ejecutiva mercantil, sobre pago de pesos y otras prestaciones, juicio del cual correspondió su conocimiento al Juzgado Primero de lo Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien lo radicó bajo el número de expediente 396/2015. Asimismo, sustanciado que fue dicho juicio el quejoso fue absuelto del pago de la totalidad de las prestaciones que le fueron reclamadas por su contraparte, sentencia que fue confirmada en segunda instancia y a la postre negado el amparo a la institución bancaria antes aludida. Posteriormente, el peticionario de amparo en etapa de ejecución del juicio subyacente formuló incidente sobre pago de gastos y costas, en el que el juez primigenio dictó sentencia interlocutoria en la que declaró parcialmente procedente dicha incidencia. En efecto, contra la interlocutoria antes referida ambas partes interpusieron recurso de apelación y el magistrado responsable revocó la determinación dictada en primera instancia, a efecto de que el juez del conocimiento determine nuevamente lo conducente respecto a la forma en que se deben de cuantificar las costas erogadas en el juico subyacente. De la anterior relatoría, se tiene que la ejecutoria que constituye el acto reclamado dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho dentro del toca I-82/2018 determinó revocar la resolución interlocutoria dicta de dentro del juicio ejecutivo mercantil 396/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para el efecto de que determine nuevamente lo conducente respecto a la forma en que se deben de cuantificar las costas erogadas en el juico subyacente, lo cual conlleva que dicha determinación será ejecutada en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Igual criterio sustento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2008 "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Lo anterior, pone de manifiesto que el acto que en esta vía se reclama tiene ejecución material, pues la resolución que fue revocada por la alzada, tiene como consecuencia el actuar por parte del Juez Primero de lo Civil del distrito judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que se obtiene que tal acto reclamado tiene ejecución material en dicha ciudad, en la que este juzgado no ejerce jurisdicción. En ese orden, conforme al contexto del planteamiento formulado por el quejoso, el acto que reclama deberá tener ejecución material únicamente en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar en donde reside el juez de origen, ciudad que no se ubica dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este tribunal. Ello es así, ya que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, establece: XI. DÉCIMO PRIMER CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Acuitzio, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro". (Lo resaltado es de este juzgado). "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro". Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en virtud de que no se señaló como responsable ninguna autoridad residente en esta jurisdicción, pues atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esa virtud, debe convenirse que atendiendo a que el acto impugnado deberá tener ejecución en el distrito judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y como ese municipio está comprendido dentro del territorio donde ejercen jurisdicción los juzgados de distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en la ciudad señalada en último término. Es aplicable sobre el particular la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Así como, la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Consecuentemente, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, la que deberá remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para los efectos legales correspondientes, con la atenta solicitud del acuse de recibo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que indica en su demanda. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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