David Peraza Castañeda
Expediente 814/2012 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 53 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2012
- Año
- 2012
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- David Peraza Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a trece de diciembre de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, para conocimiento del quejoso DAVID PERAZA CASTAÑEDA; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, quince de noviembre de dos mil diecinueve. I. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve , para que desahogara la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario. II. Efectos del fallo protector. En sentencia de catorce de noviembre de dos mil trece , misma que no fue recurrida por ninguna de las partes, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: 1. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación, con sede en esta ciudad, dicte las medidas necesarias para lograr el emplazamiento a juicio de las demandadas Protección Técnica en General y Martha Alicia Parra Ochoa, conforme lo ordenó en sus referidos proveídos, en los términos y plazos previstos en la ley, lo cual también deberá observar respecto a los actos subsecuentes al reclamado. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable tras diversos requerimientos en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a la cual se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en lo que interesa realizó lo siguiente: Mediante proveído dictado el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral JE4-4-450/2011 de la estadística interna de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, la autoridad responsable requirió a la parte actora a fin de que dentro del término de tres días informara el domicilio correcto en que pudiera ser emplazada la parte demandada, con el apercibimiento que de no hacerlo, operaría la caducidad a que se refiere el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo . Posteriormente, en auto de veintidós de octubre del año en curso, emitido en el citado juicio de origen la responsable hizo efectivo el apercibimiento anterior descrito y tuvo a la parte actora por desistida de la acción intentada en el juicio laboral JE4-4-450/2011, por lo que ordenó el archivo del referido expediente como asunto total y definitivamente concluido . IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De lo anterior, se aprecia que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, para lograr el emplazamiento a juicio de las demandadas Protección Técnica en General y Martha Alicia Parra Ochoa. Es así, porque la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con asiento en esta ciudad, en proveído de veintidós de octubre del año en curso, tuvo a los actores David Peraza Castañeda e Ismael Ocegueda Juárez, por desistidos de la acción intentada en el expediente laboral JE4-4-450/2011, por lo que operó la caducidad, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 771, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, y se ordenó el archivo del citado expediente como asunto total y definitivamente concluido; de ahí, que indudablemente, ese hecho modificó las circunstancias conforme a las cuales se emitió la sentencia de amparo. En efecto, en el presente sumario, se concedió el amparo solicitado por considerar que existió un estado de inactividad de la autoridad responsable para emplazar a las demandadas Protección Técnica en General y Martha Alicia Parra Ochoa, lo que provocó que se conculque el derecho subjetivo público de justicia pronta y expedita del impetrante de amparo, que concede a los particulares como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que al efecto establecen las legislaciones aplicables a cada materia. En tal escenario, es inconcuso que si el motivo de la concesión de amparo fue para que se lograra el emplazamiento a juicio de las demandadas Protección Técnica en General y Martha Alicia Parra Ochoa, y posteriormente, se tuvo al quejoso por desistido de la acción intentada en el juicio laboral JE4-4-450/2011, por lo que operó la caducidad y se ordenó el archivo como asunto total y definitivamente concluido, aconteció un hecho que varió la situación que se tenía al momento de emitirse la ejecutoria de amparo, lo que origina la existencia de la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. Son orientadores al respecto las jurisprudencias sustentadas por la Primera y Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." (Novena Época, Registro: 172140, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 90/2007, Página: 140). "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." (Novena Época, Registro: 170502, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 2/2008, Página: 431) Orienta sobre el particular, por las razones que la informan, la tesis siguiente: "LAUDO. DEBE DECLARARSE PROCEDENTE EL INCIDENTE EN EL QUE SE ALEGA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO SI SE CONDENÓ A LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO, PERO PREVIAMENTE A LA EMISIÓN DE AQUÉL SE DECLARÓ FIRME LA INHABILITACIÓN IMPUESTA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Si durante la secuela del procedimiento de ejecución de un laudo, al ser requerido el titular demandado en el juicio laboral burocrático para que dé cumplimiento a la reinstalación del actor en el puesto que ocupaba por haber sido despedido injustificadamente, aduce y acredita fehacientemente que el trabajador al servicio del Estado, previamente a la emisión del laudo condenatorio, fue sujeto a un procedimiento administrativo en el que se le sancionó por el órgano de control interno de la dependencia para la que prestaba sus servicios, con la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por determinado lapso, al haberse acreditado la comisión de faltas de esa naturaleza en el desempeño de su encargo, decisión que a su vez se impugnó por el trabajador a través del juicio de nulidad ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa correspondiente, la que declaró la legalidad de la sanción, y que dicha resolución administrativa, a su vez, la combatió el servidor público mediante juicio de amparo directo, y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que conoció de él negó el amparo de la Justicia Federal solicitado, por lo que la medida disciplinaria quedó firme. Ante esa circunstancia, la Sala del conocimiento debe declarar procedente el incidente mediante el cual se alega la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la condena, porque en las condiciones descritas no puede perpetuarse la reinstalación debido a que la inhabilitación no quedó anulada, puesto que, por el contrario, los medios de defensa que contra ella hizo valer el interesado fueron desestimados en su oportunidad; sin que esa actitud del titular demandado se traduzca en un desconocimiento o desacato del laudo, o de su carácter firme, sino de la existencia de un obstáculo legal, debidamente demostrado, para cumplir con la reinstalación ordenada en ese fallo. (Novena Época, Registro: 163098, Instancia: Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Primer Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Laboral, Tesis: I.9o.T.271 L, Página: 3217). IV. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el término de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracción II y 202, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, este juzgado determinará lo conducente respecto a la imposibilidad aquí decretada. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." (Décima Época, Registro: 2017828, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 23/2018 (10a.), Página: 274). Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. I. Informa cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio 1391 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. II. Vista a las partes. En consecuencia, se da vista a las parte quejosa, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de Ley.
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