David Lizárraga Ramos

Expediente 573/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
573/2015
Año
2015
Actuaciones
27
Última actuación
28/06/2016

Partes del expediente

  • David Lizárraga Ramos
  • Pedro Benítez López
  • Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad.
  • Noé Andrey Angulo Ortiz
  • Alejandro Gómez Negrete
  • Alejandro Gómez Negrete y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la pieza devuelta por el Administrador Postal de esta ciudad, relativa al oficio 33776/2016, dirigido a la autoridad responsable Director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; de la que se advierte un mensaje que indica: "Cambio de domicilio." Ahora bien, toda vez que este Juzgado de Distrito tiene conocimiento de que el domicilio de dicha autoridad es el ubicado en carretera a Navolato, kilómetro 12.5, sin número, colonia Bachigualato, código postal 80140 en esa ciudad; en obvio de mayores dilaciones, reexpídase dicho comunicado, para que esté en aptitud de notificarse de la sentencia dictada por este juzgado de distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de seis de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 573/2015, promovido por David Lizárraga Ramos y otros, contra actos del Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda y contenido. Por escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional (fojas 01 a 04); David Lizárraga Ramos, Alejandro Gómez Negrete, Noé Andrey Angulo Ortiz, Pedro Benítez López, Miguel Ángel Cristerna Pérez y Luis Omar García Camacho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16, 21 y 22, Constitucionales, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad. Director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Secretario de Seguridad Pública Estatal, con sede en Culiacán, Sinaloa. Procurador General de Justicia del Gobierno del Estado, con sede en Culiacán Sinaloa. Secretario General de Gobierno del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con sede en México, Distrito Federal. Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social "Morelos", con sede en Islas Marías, Nayarit. ACTO RECLAMADO "De las Autoridades señaladas como responsables, se reclama el traslado o relegación que pretenden aplicarnos, ya que los Quejosos actualmente estamos siendo procesados por el C. Juez Noveno de Distrito en el Estado, y mientras tanto conforme a derecho tenemos que estar en el centro de compurgación donde actualmente nos encontrarnos, o sea en el CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por lo que la decisión de las Autoridades Responsables de trasladarlos a otra penitenciaría distinta como lo es Las Islas Marías, u otro penal Federal Distinto, trasgrede en sí nuestros derechos consagrados en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil quince, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (05 a 08). TERCERO. Adscripción de nuevo titular en este órgano jurisdiccional. A partir del dieciséis de abril de dos mil dieciséis, el licenciado José Israel Hernández Tirado, fue adscrito como titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, en términos del oficio SEADS/692/2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se ordenó hacer del conocimiento de las partes, mediante proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, sin que se formulara recusación al respecto. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el acuerdo general 3/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mencionado año, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a la ley vigente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, robustece a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 55/98, correspondiente a la Novena Época aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998 página 227, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También, es de invocarse la Tesis aislada identificada con la clave P. VI/2004, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Abril de 2004, página 255, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por ello, después del minucioso examen a la demanda de amparo, este juzgador fija como actos reclamados, los siguientes: La orden de traslado de los quejosos del centro de reclusión en que se encuentran a uno distinto, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. En ese tenor, el suscrito determina que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades 1) Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad; 2) Director de Prevención y Reinserción Social en el Estado, 3) Secretario de Seguridad Pública; 4) Procurador General de Justicia del Gobierno del Estado; 5) Secretario General de Gobierno del Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa; 6) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con sede en la Ciudad de México; y, 7) Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social "Morelos", con domicilio en Islas Marías, Nayarit. Lo que se concluye porque dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 13, 26, 33, 31, 36, 112 y 24, respectivamente), y al constituir éstos documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno, al haber sido emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dichas documentales; en consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." En consecuencia, toda vez que se encuentra acreditada la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer el presente juicio constitucional, respecto a los actos reclamados por los quejosos David Lizárraga Ramos, Alejandro Gómez Negrete, Noé Andrey Angulo Ortiz, Pedro Benítez López, Miguel Ángel Cristerna Pérez y Luis Omar García Camacho, que atribuye a las autoridades responsables, consistentes en la orden de traslado del centro de reclusión en que se encuentran a uno distinto y su ejecución. RESUELVE: PRIMERO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO, RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Director de Amparos y Derechos Humanos en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México; el que se ordena agregar en autos sin mayor proveído, toda vez que en proveído de seis de mayo en curso, ya se tuvo por recibido el mismo. No obstante, como lo solicita dicha autoridad, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como sus delegados en término del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona en su informe de cuenta. Notifíquese.

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