David Lozano Sandoval
Expediente 689/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- David Lozano Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del auto dictado en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documentos. Toda vez que existe documentos originales del quejoso ********************, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Jefa del Departamento Contencioso, por ausencia del Secretario del Consultivo Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social y en representación de dicho Consejo Consultivo, con sede en Culiacán, rindiendo informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. II. Delegados. Como lo solicita, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por designados como sus delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas que menciona. III. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que se anexa al informe justificado, y con las mismas dese vista las partes para los efectos legales correspondientes. Se decreta el sobreseimiento del juicio. En efecto, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable al oficio de cuenta, se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.].". Ahora bien, en esta vía constitucional, el aquí quejoso David Lozano Sandoval, reclamó la omisión de las autoridades responsables Secretario y Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en Culiacán, Sinaloa, de proveer en relación al recurso de inconformidad promovido por el quejoso ante dicho Consejo, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, resolvió el recurso de inconformidad relativo al expediente C.C.SIN.173/2016; resolución que le fue notificada personalmente al peticionario de derechos humanos por conducto de su autorizada Norma Angélica López González, el dos de febrero de dos mil diecisiete, en el domicilio procesal que para tal efecto señaló. Por lo anterior, este juzgador estima que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, respecto de tal acto y autoridades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso no es necesario dar vista a la aquí quejosa a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda con relación a la resolución que dictó la autoridad señalada como responsable, ello en virtud de que por una parte el aquí quejoso tuvo conocimiento de dicho acto desde el dos de febrero de dos mil diecisiete, según se desprende de la notificación que remitió en copia certificada la responsable; por tanto, sería extemporánea la ampliación de la demanda, debido a que conoció de la resolución desde la data señalada, a partir de la misma inician los cómputos para combatir legalmente la determinación de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, que se dictó en el expediente C.C.SIN. 173/2016, formado con motivo de la interposición del recurso de inconformidad que promovió el aquí quejoso. Por otra parte, se debe considerar que la resolución del referido recurso de inconformidad se dan en una relación de coordinación, la cual es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de este tipo de relaciones, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX, del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo los siguientes rubro y texto: "Novena Época Registro: 160995 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 134/2011 Página: 1511 SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia.". Lo anterior, toda vez que como se precisó, es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contra dicha resolución se debe agotar el principio de definitividad. Se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional. Por consecuencia, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional, programada a las nueve horas con nueve minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. VI. Anotaciones. Se ordena hacer las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Relación del estado procesal que guardan los autos. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que no obra constancia de notificación a las autoridades responsables Consejo Consultivo Delegacional en Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretario del Consejo Consultivo Delegacional en Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en Culiacán, del auto en el que se les requirió para que rindieran su informe justificado Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. I. Queja fundada. Agréguese a los autos el oficio y anexo, enviados por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en sesión de treinta y uno de agosto del año en curso, en el expediente de queja 214/2016, en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es fundada la queja interpuesta por David Lozano Sandoval, por conducto de su autorizado, contra el auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto número 689/2016." Acúsese recibo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. II. Cumplimiento a la resolución de queja. Ahora bien, en acatamiento a lo que señala la superioridad de mérito, y tomando en consideración lo expuesto en la ejecutoria reseñada, se procede a dictar auto en los siguientes términos: III. Decisión sobre la instancia constitucional. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108 y 112 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve David Lozano Sandoval, contra los actos de las autoridades responsables denominadas: Consejo Consultivo Delegacional en Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa. Secretario del Consejo Consultivo Delegacional en Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa. IV. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejoso. Domicilio y autorizados. En la inteligencia de que por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda, y como autorizados para tal efecto a los profesionistas ahí mencionados. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que exhibió la parte quejosa, así como presuncional, legal y humana; sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente al celebrarse la audiencia constitucional. Autoridades responsables: Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibidas que de no cumplir, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. b) Requerimiento por informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las autoridades responsables para que en caso de que hayan emitido resolución o acuerdo correspondiente al escrito recibido el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en relación a la resolución 16/5702654, de once de marzo del mencionado año, remita copia certificada de lo resuelto y de su notificación; asimismo, en caso de que tenga conocimiento que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este Juzgado de Distrito, en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. c) Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá a la omisa una multa de cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. 3. Tercero interesado. Se hace constar que en la demanda se señaló que no existe tercero interesado, y de su revisión no se advierte la existencia de alguno. 4. Representación social. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. VI. Incidente de suspensión. No se tramita incidente de suspensión por no haberse solicitado. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VIII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese.
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