David Parada Yescas
Expediente 1253/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1253/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- David Parada Yescas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 20, fracción I de esa normatividad. Asimismo, es conservable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 17, fracción III inciso b) del citado Acuerdo General, pues por una parte, se concedió la medida cautelar definitiva, y por otra, se negó, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés Visto el estado de autos de los que se aprecia que en acuerdo de diez de mayo de esta anualidad, en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de abril de la anualidad se tuvo a la 1. Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y ésta a su vez, en representación del 2. Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas y 3. Presidente del Comité de Pensiones, informando que mediante oficio ******************** de doce de abril de dos mil veintitrés, signado por el Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (dirigido al cuaderno incidental del que deriva el presente juicio de amparo -promoción 6029-), envió el comprobante de pago de la pensión de treinta de abril de dos mil veintitrés, por el periodo comprendido del dieciséis de abril de este año a dicha data; asimismo, comunicó que los pagos en su calidad de pensionado serán de forma quincenal, los días quince, treinta o treinta y uno, dependiendo del número de días de cada mes (promoción 6310). Por tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretarlo cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: -La omisión y/o abstención de comenzar a pagar periódicamente la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, signada mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, derivado del expediente con clave de ******************** ********************, folio ********************, suscrito por el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y ésta a su vez, en representación del 2. Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas y 3. Presidente del Comité de Pensiones, dicho acto dejó de existir, tomando en cuenta que la responsable mediante oficio ******************** de doce de abril de la anualidad, dirigido al Encargado del Departamento de Pensiones, dirigido al Encargado de la Subdirección de lo Contencioso de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, ordenó pagar periódicamente la pensión por retiro de edad y tiempo de servicio al aquí quejoso ********************los días quince, treinta o treinta y uno, dependiendo del número de días de cada mes; lo que a guisa de ejemplo ya aconteció como se corrobora al menos de la impresión del comprobante de pago de la referida pensión (registro 6029). En ese sentido, se advierte que cesaron los efectos de dicho acto reclamado; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la citada causal de improcedencia, es necesario que quede sin efectos el acto reclamado a la autoridad responsable, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éstos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que, atento al previo reconocimiento que hay respecto a la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, las autoridades ordenaran el pago periódico conforme al acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, solicitada por el quejoso dentro del expediente con clave de ******************** ********************, folio ********************, ante el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; de ahí que, se debe estimar que tal acto cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (omisión y/o abstención de pagar pensión), ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo." Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. Por último, el suscrito estima pertinente establecer que todos aquellos aspectos relacionados con pagos retroactivos, actualizaciones o cuantificaciones incorrectas, deberán ser dilucidadas en sede ordinaria. Lo anterior, toda vez que aceptar una postura contraria, implicaría desnaturalizar la génesis del juicio de amparo, al involucrar la cuantificación del pago de una prestación periódica que, en principio, requiere que previo a ello se haya establecido la mecánica de su base de cálculo e identificar el periodo que abarcará el pago, para así, determinar con certeza el monto adeudado que se debe efectuar. Asimismo, no se soslaya que el inicio de pago de la pensión previamente reconocida atendió al requerimiento que se formuló a las autoridades responsables con el otorgamiento de la medida cautelar; sin embargo, si bien, en términos de lo previsto en el numeral 147 de la Ley de Amparo, al otorgar la suspensión el órgano jurisdiccional de permitirlo la naturaleza del acto, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, lo cierto es que tal medida cautelar aunque sea con efectos transitorios, el cumplimiento que con ello dieron las autoridades responsables es definitivo con el inicio del pago de pensión. Lo anterior, pues su origen lo tiene en un derecho adquirido con antelación (conforme a la asignación de la pensión) y éste ahora, no puede ser vedado con la culminación de este juicio de amparo, ya que tal cese del pago de la pensión puede ser motivo de suspensión, únicamente en los supuestos de incompatibilidad, revocación o suspensión que al efecto establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, ello de conformidad con lo previsto en los numerales 67, en relación con los diversos 76 y 78 de dicha Legislación. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintitrés Agréguese el oficio del apoderado de las autoridades responsables 1. Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y ésta a su vez, en representación del 2. Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas y 3. Presidente del Comité de Pensiones, todos del citado Instituto, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de abril de la anualidad; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por tanto se toma conocimiento respecto a lo que informa, en torno a que a través del oficio 207C0401520101L/DP/3958/2023 de doce de abril de dos mil veintitrés, signado por el Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (dirigido al cuaderno incidental del que deriva el presente juicio de amparo -promoción 6029-), envió el comprobante de pago de la pensión de treinta de abril de dos mil veintitrés, del periodo comprendido del dieciséis de abril de este año a dicha data; asimismo, en dicha misiva de cuenta comunica que los pagos en su calidad de pensionado serán los días quince, treinta o treinta y uno, dependiendo del número de días de cada mes. Notifíquese.
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Apoderado de la 1. Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y ésta a su vez, en representación del 2. Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas y 3.Presidente del Comité de Pensiones, todos del citado Instituto, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de diecinueve de abril de la anualidad, informa lo relativo al cumplimiento a la medida cautelar concedida el cuatro de abril de dos mil veintitrés, y al efecto adjunta la impresión del comprobante de pago de la pensión de treinta de abril de dos mil veintitrés, del periodo comprendido del dieciséis de abril de este año a dicha data; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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