David Mora Rivera
Expediente 415/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- David Mora Rivera
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual remite copia certificada de la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, dictada en los autos del recurso de queja 89/2019. Acúsese recibo. De la resolución emitida por el órgano en mención se advierte que declaró infundado el presente recurso de queja interpuesto contra el acto por el que se desechó la demanda de amparo. Por lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja registrándolo con el número 89/2019. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito del quejoso....mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el cual desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, acompañándole el original y copia del escrito de interposición del recurso, así como copia certificada del juicio de amparo 415/2019-IV-A.
- Principal
"...ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por...se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 415/2019-IV-A. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: -Los proveídos de seis y doce de marzo de dos mil diecinueve, emitidos en el -incidente de liquidación y cobro del depositario de bienes muebles- derivado del juicio de origen "reivindicatorio" 876/2016, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. DESECHAMIENTO. Al respecto este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, segundo párrafo de la fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de origen, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, la "última resolución" que se dicte dentro del procedimiento de ejecución del juicio del que provenga el acto reclamado es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues así lo establece la Ley de Amparo, pues esto tiene el fin de que se evite el abuso del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", es decir, la determinación que contenga el acuerdo conclusivo de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página treinta y uno, tomo XIII, de abril de dos mil uno, la cual indica: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/29, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página un mil seiscientos setenta y dos, tomo XXIX, de febrero de dos mil nueve, que indica: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Ahora bien, los actos que el quejoso pretende combatir en esta instancia constitucional, consisten en el auto por medio del cual se requiere a cada uno de los demandados la cantidad de catorce mil pesos, virtud a que los mismo fueron condenados en conjunto en interlocutoria de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el -incidente de liquidación y cobro del depositario de bienes muebles- derivado del juicio de origen "reivindicatorio" 876/2016-, sin que se autorizaran las medidas de apremio solicitadas por el actor; asimismo, el auto de doce de marzo de los cursantes, en el cual después de promover en vía aclaratoria, el Juez de origen acordó que se estuviera a lo ordenado en seis de los cursantes. De lo anterior se colige, que son actos durante el trámite en ejecución de la sentencia dictada en el incidente de liquidación y cobro del depositario de bienes inmuebles, por lo que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, segundo párrafo de la fracción IV, de la ley de la materia, virtud a que no es la última resolución que se dicte dentro del procedimiento, es decir, no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o el que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así, como se mencionó, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, el amparo biinstancial no procede en contra de actos o resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución de la sentencia, pues el cumplimiento de ésta es de orden público, y al existir la condición de cosa juzgada, es necesario que sea hasta la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo cuando podrá acudir a la presente instancia, haciéndolo valer las violaciones que considere en los conceptos de violación del juicio correspondiente. Entonces, el acto reclamado no es considerado como la "última resolución" dentro del juicio de origen, en contra de la cual proceda el juicio de amparo; por lo que no puede ser señalado como una determinación judicial en la que se dé cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad para dar cumplimiento a la misma. En efecto, la finalidad de lo anteriormente expuesto es el eficaz cumplimiento de las resoluciones como facultad del Estado para tutelar la impartición de justicia, pues como ya se señaló, la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el inicio del procedimiento respectivo, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Sirve de apoyo por analogía la Tesis Asilada, de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DEJE INSUBSISTENTE EL REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Conforme a lo previsto en el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se pedirá ante el Juez de Distrito: "Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.-Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.". Luego entonces, si el acto reclamado consiste en una resolución emitida por una Junta de Conciliación y Arbitraje, a cuya virtud se deja insubsistente el auto de requerimiento de pago y embargo al demandado, decretados en el procedimiento de ejecución del laudo, por no haberse establecido las bases para la cuantificación de los salarios caídos, el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación o resolución dentro del citado procedimiento, pues no reconoce ni aprueba el cumplimiento total del laudo, ni tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirlo, ni menos aún impide que una vez sustanciado el incidente de liquidación, se inicie nuevamente la ejecución del mismo. Sin ser dable sostener dicha procedencia, argumentando que se trata de un acto de imposible reparación, en términos de la fracción IV del citado artículo 114 de la ley de la materia, la cual establece: "IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", porque no se trata de un acto dentro del juicio, sino después de concluido éste. Supuesto que además, como ya se apuntó, se encuentra regulado mediante la citada fracción III del mismo numeral y, por ello, es la única que debe regir la hipótesis materia de estudio." Asimismo, sirve a lo anterior la Tesis VI.2o.C. J/6, de la Décima Época, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." De igual manera es aplicable la Tesis 1a./J. 36/2004, de la Novena Época, de la Primera Sala, Tomo XX, Julio de 2004, página 75, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al texto señala: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones las listas de publicación de este Juzgado de Distrito. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a la parte quejosa el uso de dispositivos electrónicos para la captura de acuerdos y constancias que obren en autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."
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