David Miranda Solís
Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- David Miranda Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, contra el auto que desechó la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que éste ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
se ingresa al SISE la notificación por lista a la parte quejosa de resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el juzgado de mi adscripción, al no haberse presentado al local del juzgado la parte citada dentro del término indicado a recibir la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Vigente. Doy fe. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el que remite vía electrónica testimonio de la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 125/2022, interpuesto por el quejoso David Miranda Solís, contra el auto de seis de junio del año en curso, del cual se advierte que la superioridad resolvió: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja." Atento a lo anterior, acúsese el recibo correspondiente. ACTO RECLAMADO Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Zumpango, Estado de México: -La omisión de solicitar la orden de aprehensión al juez de control, en contra del probable responsable del delito cometido en contra del quejoso, al contar con elementos de prueba necesarios para solicitar la citada orden dentro de la carpeta de investigación con los números de identificación P9PS122/438, NUC: ECA/CGV/JME/03477/22/03 y ECO: 425/22. Rosario Verónica Ramírez Cárdenas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d4.28 29/10/22 09:36:22 DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele de la abstención del ministerio público que señala como responsable al referir que ha sido omiso en solicitar la orden de aprehensión en contra del probable responsable del delito cometido en su contra, es decir, ejercitar la acción penal correspondiente, no obstante de existir pruebas para ello en la carpeta de investigación que se formó con motivo de la denuncia de hechos que formuló. El suscrito advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". Rosario Verónica Ramírez Cárdenas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d4.28 29/10/22 09:36:22 El precepto legal citado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en si mismo es o no susceptible de ser suspendido. Los elementos con los que se integra la aludida causa de improcedencia, son los siguientes: 1) Que el acto reclamado provenga de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; 3) Que por virtud de dicho medio, los actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en mención y solo se contemplan como casos de excepción los previstos en el segundo párrafo del precepto legal citado, consistentes en: si el acto reclamado carece de fundamentación; cuando únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución; o, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese sentido, el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión constitucional, según el cual, para impugnar un acto de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los medios de defensa que la ley que regula el acto reclamado prevé. Rosario Verónica Ramírez Cárdenas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d4.28 29/10/22 09:36:22 Ahora, según lo expuesto por el agraviado la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Zumpango, Estado de México, ha sido omiso en solicitar al juez de control la orden de aprehensión en contra del probable responsable del delito cometido en su contra, no obstante de haber elementos de prueba necesarios para solicitar la citada orden, dentro de la carpeta de investigación P9PS122/438, NUC: ECA/CGV/JME/03477/22/03 y ECO: 425/22. Consecuentemente, antes de acudir al presente juicio constitucional está obligado a agotar el medio de defensa que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el previsto en el artículo 258 el cual dispone: "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". El anterior dispositivo legal revela que el legislador dispuso la procedencia de un medio de defensa legal en contra de las determinaciones u omisiones del representante social de investigar hechos posiblemente constitutivos de un delito, el cual consiste en que el inconforme puede acudir ante el juez de control a efecto de impugnar dicha omisión o abstención; supuesto en el cual la autoridad judicial convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Rosario Verónica Ramírez Cárdenas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d4.28 29/10/22 09:36:22 Por tanto, previamente a la interposición del juicio de amparo debe agotarse el recurso previsto en el artículo 258 del ordenamiento legal invocado con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. De ahí que, contra los actos de que se duele el impetrante, procede el medio de defensa aludido, en razón que el acto reclamado, hace patente las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación. Cabe acotar que el caso que nos ocupa no encuadra en las excepciones que marca el precepto invocado de la normatividad de la materia analizado. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de la Décima Época, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de Rosario Verónica Ramírez Cárdenas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d4.28 29/10/22 09:36:22 amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Asimismo, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de la Décima Época, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una Rosario Verónica Ramírez Cárdenas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d4.28 29/10/22 09:36:22 indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En adición a lo anterior, debe señalarse que si bien el acto reclamado por la parte quejosa se circunscribe al hecho de que la autoridad ministerial responsable ha sido omisa en solicitar la orden de aprehensión en contra del probable responsable del hecho delictuoso cometido en su agravio, por lo que podría alegarse que no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También cierto es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Asimismo, determinó que esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. Por lo que concluyó que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Rosario Verónica Ramírez Cárdenas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d4.28 29/10/22 09:36:22 Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por de David Miranda Solís, por derecho propio. Por otra parte, se estima necesario puntualizar que el sentido de la presente determinación no se contrapone con lo resuelto por el Órgano Colegiado al haber declarado fundado el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, pues en la citada resolución claramente se devuelve jurisdicción a este Tribunal Federal para analizar integralmente la demanda de amparo y de no existir causa de improcedencia distinta o razón para formular alguna prevención, se acuerde lo que en derecho corresponda. Finalmente, tampoco resulta inadvertida la circunstancia de que el quejoso David Miranda Solís sea una persona con capacidades diferentes, pues esa circunstancia por sí sola es insuficiente para ubicarlo en los supuestos de excepción para agotar el principio de definitividad, pues el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, dispone de manera enfática los supuestos en los que no es necesario agotar el principio de definitividad, previo a la interposición del juicio constitucional, y no establece alguna excepción o distinción de acuerdo a la condición personal de los promoventes. En efecto, no es óbice para este juzgador, que en el caso está involucrada una persona que pudiera tener una Rosario Verónica Ramírez Cárdenas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d4.28 29/10/22 09:36:22 discapacidad; sin embargo, se reitera, eso no hace procedente el juicio de amparo, ya que esa cuestión no es una excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo, únicamente por los motivos que informa, la jurisprudencia 1a./J.113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el que remite el voto particular emitido por el Secretario en funciones de Magistrado Luis Alberto Castro Velázquez, en sesión ordinaria virtual de ocho de septiembre del año en curso, respecto del recurso de queja 125/2022, que determinó declarar fundado dicho medio de impugnación. De lo anterior se toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes y se está a la espera de que el citado Órgano Colegiado, remita testimonio certificado de la resolución dictada en los autos del recurso de queja 125/2022, a fin de conocer su contenido de manera íntegra y acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual informa que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, acordó otorgar licencia al magistrado Ricardo Paredes..., del uno de agosto al trece de septiembre de dos mil veintidós, la cual en caso de que concluyan las tareas que tiene encomendadas previo a que fenezca dicho periodo dejará de surtir sus efectos; asimismo, hace del conocimiento que el tribunal estará integrado por las magistradas María de Lourdes ... y María Elena ..., así como por el licenciado Luis Alberto ... secretario en funciones de magistrado, de lo que se toma conociemiento. Notifíquese.
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