David Martínez Ramírez

Expediente 629/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
629/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • David Martínez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra de la determinación emitida el doce de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se desechó de plano la demanda. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Administrativo "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional 4. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de junio de dos mil veintitrés. 1. No se acepta conocimiento previo. Por recibido el oficio 13829/2023 signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, a través del cual indica que no acepta el conocimiento planteado por este juzgado de distrito, por lo que hágase del conocimiento del órgano declinante que este juzgado de distrito, se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese recibo. 2. Quejoso desahoga prevención. En otro orden de ideas, ténganse por recibidos los escritos signados electrónicamente por el quejoso ***********, a través de los cuales desahoga la prevención realizada por este órgano jurisdiccional en autos. Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aún de oficio, lo aleguen o no las partes. Es así que del estudio integral de la demanda presentada por el quejoso, se desprende que reclama: "Acto: Sanción institucional de suspensión de derechos de estudio por un año, impuesta por las autoridades de la FES IZTACALA en el oficio FESI/DIR/OJ/160/2022. Responsabilizo de este acto a los representantes de la FES Iztacala, Directora, Jefes de Sección de Evaluación, Jefa y empleados del Depto. Jurídico, Tribunal Universitario. Omisión: No recuperar las actividades pérdidas durante la pandemia COVID. Responsabilizo de esta omisión a los representantes de la FES Iztacala, Directora, Sistema SICE de inscripción escolar. Acto: Las sanciones, declaraciones y actuaciones jurídicas de los representante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Responsabilizo de este acto a los representantes de la FES Iztacala, Directora, Jefes de Sección de Evaluación, Jefa y empleados del Depto. Jurídico, Jefe de la Carrera de Medicina. Acto: Existen actuaciones contrarias a derecho, artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El sistema y equipo de seguridad de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, a través de vigilantes han participado en condicionarme la entrada al plantel por pedir credencial, discutir en la biblioteca por no mostrar mi credencial. Responsabilizo de este acto a los representantes de la FES Iztacala, Directora, Jefes de Sección de Evaluación, Jefa y empleados del Depto. Jurídico, Sistema de Vigilancia personalidad de seguridad de la Facultad. Acto: Se obstruye o niegan derechos educativos. Ocultar datos de evaluación, evidencia de exámenes, cambiar calificaciones constituye una obstrucción o negación a mis derechos educativos. Responsabilizo de este acto a los representantes de la FES Iztacala, Directora, Jefes de Sección de Evaluación, Jefa y empleados del Depto. Jurídico." Una vez precisado lo anterior, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 de la Ley de Amparo fracción II, en virtud de que dicha institución educativa no es autoridad para efectos del juicio de amparo, como se explicara a continuación. En primer término, cabe señalar que los preceptos legales invocados de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 5°, fracción II, del mismo ordenamiento prevé: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese contexto, se colige que para efectos del juicio de amparo, autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para ello, se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de: Las relaciones jurídicas de coordinación; Las de supra a subordinación; y, Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa y jurisdiccional, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.".1 Ahora, el segundo párrafo del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, incluye a los actos de particulares que resulten equivalentes a los de autoridad; es decir, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general. Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. En ese contexto, el término lingüístico "equivalente" consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. De esta forma, si bien los actos provenientes de particular, por regla general, no son susceptibles de control constitucional por vía de amparo, lo cierto es que dichos actos de particular, por excepción, sí pueden ser materia del juicio constitucional cuando su contenido pueda equipararse a los actos de una autoridad, y de la interpretación sistemática de los señalados artículos 5°, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que esa situación equiparable se presenta cuando se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria. Así, los elementos esenciales para reconocer la calidad de autoridad al comportamiento de los particulares susceptible de control constitucional por vía del amparo, se presentan cuando un particular en agravio de otro le crea, modifica o extingue situaciones; además, esas situaciones creadas por el particular respecto del otro tienen un contenido jurídico, es decir, se basan en el marco normativo, y además son impuestas de forma unilateral y obligatoria; lo que en el caso, se considera que no aconteció por las razones que se expondrán más adelante. En ese tenor, si las actuaciones de particulares no resultan equivalentes a los actos de autoridad, por no crear, extinguir o modificar situaciones jurídicas, por no tratarse de actos unilaterales dotados de imperio y facultades en la ley, es evidente que no se tratara de actos considerados de autoridad y por consiguiente en su contra no procederá el juicio de amparo. Bajo ese contexto, y dado que en la especie el quejoso reclama diversos actos y omisiones derivados de una sanción institucional por infringir diversos apartados del Reglamento Universitario de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se estableció en los párrafos que anteceden, si bien la parte promovente indica que se determinó una sanción institucional de suspensión de derechos de estudio por un año, reclamado a los representantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, dicho actuar por parte de la referida institución educativa dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, no constituye un acto de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, puesto que la sanción que por esta vía reclama la parte amparista no se realizó en un plano de supra a subordinación en relación al aquí quejoso; dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Federal, precisó que las universidades públicas son Organismos Públicos Descentralizados con Autonomía Especial, lo cual implica autoformación y autogobierno, atento a la necesidad de lograr la mayor eficacia en la prestación del servicio que les es atribuido, el cual se funda en la libertad de enseñanza. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO. LA COMISIÓN MIXTA DE VIGILANCIA DE SU PERSONAL ACADEMICO, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.".2 Máxime que, las omisiones y diversos actos de los que se duele son originarios del acto que ya se estudió en supra líneas, que atribuye al personal de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, no se considera para efectos del juicio de amparo como un acto de autoridad, ya que no crea, modifica o extingue alguna situación jurídica en forma unilateral y obligatoria (u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas), y al derivar de una relación contractual dichas funciones no están determinadas en una norma general. Sirve de sustentó a lo anterior, el criterio contenido en la tesis XVI.1o.A.22 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de contenido siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN.".3 Elementos por los cuales se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, que los actos reclamados a diverso personal de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, no constituye un acto de autoridad para efectos del presente juicio de amparo. Máxime que, en la especie no se advierte que se configure alguna excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo que amerite el conocimiento inmediato del acto reclamado, dado que: a) El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) No se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, ni un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento de origen, pues en sus antecedentes manifestó que es parte dentro del juicio administrativo de donde deriva el acto reclamado, dado que éste, es el accionante de dicho procedimiento. d) No se trata del auto de vinculación a proceso. e) La procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeta a interpretación adicional. No pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 12/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo III, página 3056, con registro digital 187358, de rubro y texto siguiente: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado." Sin embargo, en el presente asunto no se encuentra ante la presencia de una baja definitiva del quejoso, del plantel educativo que refiere, ni tampoco en el supuesto de una suspensión indefinida en sus estudios. 3. Se desecha demanda de amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5° de la Ley de Amparo fracción II, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA con relación a los actos reclamados al Sistema y Equipo de Seguridad de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras autoridades. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad declinante Oficio

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de junio de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, a través del cual informa que realizó la vinculación del expediente con el presente, que se solicitó en auto de treinta de mayo pasado, de lo cual la suscrita toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de la consulta del juicio de amparo 583/2023, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, a través del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, se advierte que el promovente solicita la justicia federal en el juicio de amparo 583/2023, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México; relacionado con las mismas pretensiones que en el presente asunto, tendentes a la violación al derecho humano a la educación consagrado en el numeral 3 de la Constitución Política Mexicana. Circunstancia que se invoca como hecho notorio para quien esto juzga, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia XXI.3o. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 804, Tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que quien esto juzga comparte y que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Asimismo, de las manifestaciones que el quejoso realiza bajo protesta de decir verdad, se desprende que en el capítulo de antecedentes en este asunto, señaló lo siguiente: "(.) Narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. En fecha 22 de mayo de 2023, recibí en mi domicilio una notificación de registro de demanda de amparo indirecto con el número 583/2023-VII, ante el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a 22 de mayo de 2023 con el número de promoción 7142, en el cual se establece que debo precisar el nombre de los responsables, estableciendo por protesta de decir verdad, la respuesta a este requisito: (.)" En tales condiciones, dado que el acto que se pretende reclamar en la demanda de amparo de cuenta, consistente en los hechos que aduce reclama de las actividades de obstrucción frecuente para el ambiente adecuado para el desarrollo como estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, mismos que señaló como actos destacados en el diverso juicio 583/2023-VII, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez; es decir, están intrínseca y estrechamente vinculados con los actos reclamados. 2. Conocimiento previo. Así entonces, y dado que este sumario constitucional fue turnado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés; esto es, con posterioridad al diverso 583/2023-VII, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza el criterio de relación previsto en la fracción II, del artículo 461 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; por tanto, el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez. Por esta razón, este órgano de control constitucional considera que a efecto de aprovechar el conocimiento previo del precisado con antelación, en relación al juicio de amparo multicitado, es procedente el envío del presente juicio de amparo al citado juzgado federal, a efecto de evitar el dictado de determinaciones contradictorias y evidentemente dilatorias en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que la regla general de turno relacionada, tratándose de juicios de amparo indirecto, implica la existencia de un expediente del que deriven diversos juicios de amparo y que para definir el turno de esos amparos deben tomarse en cuenta dos criterios generales: a) Conocimiento previo más reciente. Se actualiza por la existencia en el sistema de un antecedente de amparo que ya ha sido del conocimiento de algún otro Juzgado de Distrito, al provenir de un expediente identificado con el mismo número de índice y autoridad o respecto de un acto de autoridad, aunque hayan promovido diversas partes; así, debe determinarse que quien debe conocer es el que resolvió en último lugar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto. b) Conocimiento en cumplimiento. Surge cuando las demandas de amparo se promueven respecto de actos reclamados que se dictan en cumplimiento de una ejecutoria que otorgó la protección constitucional, por lo que deben turnarse a favor del juzgado que resolvió ese amparo, ya que debe privilegiarse el conocimiento en cumplimiento, aun cuando exista un antecedente más reciente turnado a otro Juzgado. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que existe conocimiento previo en cumplimiento al acto reclamado en el juicio de amparo 583/2023-VII, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez; en tales circunstancias, este Juzgado Federal declina el conocimiento del presente asunto por razón de turno, a favor del homólogo ya citado; por tanto, con fundamento en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena enviar el presente expediente, al citado Juez Federal, a fin de que determine si acepta o no el conocimiento del mismo y en caso afirmativo, notifique a las partes, comunique su resolución a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que esta determinación no constituye una declaración de incompetencia legal para conocer del asunto, por razón de territorio, materia o grado, sino que únicamente se considera que el turno de la demanda debió verificarse al juzgado mencionado por conocimiento previo, pues el juicio de amparo en que se actúa tiene relación directa con el 583/2023-VII, de su estadística. Por lo anterior, mediante oficio que derive de este auto, remítase los autos del juicio de amparo 629/2023, al Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a quien se considera competente para conocer de dicho juicio de amparo, por ello se solicita de la manera más atenta informe a este órgano jurisdiccional si en el caso acepta o no la competencia planteada para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. 3. Cuaderno de Antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias necesarias del presente sumario constitucional; háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término concedido en auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, a efecto de que el quejoso señalara las constancias que deberán remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual fue notificado por lista el diecinueve de abril siguiente, trascurrió del veintiuno al veinticinco del mismo mes y año, descontando los días veintidós y veintitrés de abril de dos mil veintitrés por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, remítase el escrito de expresión de agravios, copia simple del mismo y copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para lo que tenga a bien proveer respecto del recurso interpuesto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso e) 98 y 99, primer párrafo de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación correspondiente, en el sentido de ser cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho, por las razones que en el mismo se expresan. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese.

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