David Rivera Rojas
Expediente 398/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- David Rivera Rojas
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Ricardo Rivera Esparza, quien se ostentó como apoderado legal del quejoso David Rivera Rojas. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En consecuencia, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, toda vez que el presente expediente, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 21 inciso b), contenido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, los cuales a la letra establecen: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.). b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.). Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo tanto, se ubica en las hipótesis previstas en el capítulo octavo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese....MESA 8
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. No presentada. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, de donde se advierte que el término de cinco días concedido Ricardo Rivera Esparza, quien se ostentó como apoderado legal del quejoso David Rivera Rojas, mediante proveído de catorce de mayo del año en curso, a efecto de que desahogara la prevención formulada en dicho auto, notificado por lista el diecisiete siguiente, transcurrió del diecinueve al veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, descontando de dicho término el veintidós y veintitrés de mayo pasado, por ser considerados inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, y habiendo hecho una búsqueda en el libro de correspondencia de este juzgado no se encontró promoción alguna tendente al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, toda vez que el promovente del amparo, no desahogó el requerimiento formulado; y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Ricardo Rivera Esparza, quien se ostentó como apoderado legal del quejoso David Rivera Rojas, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en el juzgado. Notifíquese...MESA 8
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Recepción del escrito inicial. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Ricardo Rivera Esparza, quien se ostenta como apoderado legal del quejoso David Rivera Rojas, contra actos que reclama del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 398/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Prevención. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Con base en la porción normativa transcrita, el Juez de Distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: ? Irregularidades, como el soslayar acreditar la personalidad con que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera. ? Omisión de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia, entre ellos, el señalamiento del nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualiza el primero de los supuestos señalados, como enseguida se demuestra. Para mayor soporte del aserto que precede, es conveniente traer a contexto la fracción I, del numeral 108, de la citada Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.)" De la porción normativa transcrita, se conoce la obligación del promovente del amparo de acreditar con documento idóneo, la representación con la cual intenta el ejercicio de la acción constitucional, y la correlativa del Juez de Distrito de prevenir al impetrante para que exhiba tal medio de convicción o complete el presentado, cuando sea insuficiente para colmar el requisito precisado, a fin de garantizar el goce del derecho de impartición de justicia a favor del gobernado; sin que sea válido sostener que el apoderado acreditó su personalidad ante los tribunales del orden común, en el negocio que dé margen al juicio biinstancial; ya que debe tomarse en cuenta éste es un juicio extraordinario de naturaleza especial y no un mero recurso que continúe la secuela del procedimiento común, que ha comenzado en una instancia anterior. Actuar en sentido contrario, esto es, omitiendo proveer las medidas conducentes a fin de que la parte afectada subsane las anomalías detectadas, la actuación del Juzgador Federal sería contraria a las normas del procedimiento y ameritará la reposición del juicio, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo que precede la jurisprudencia 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, Novena Época, tomo IV, julio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 48, de epígrafe y sinopsis siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En estrecha relación con lo anterior, debe recordarse que la personalidad es un presupuesto procesal de análisis oficioso, que debe ser examinado al recibir la demanda para estar en aptitud de acordar lo conducente respecto a la admisión de la misma. Sobre esa base, cabe destacar que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Ricardo Rivera Esparza, promueve como apoderado legal del quejoso David Rivera Rojas; sin embargo, no acompañó documento idóneo que acredite dicha personalidad. Ello, en razón de que si bien, anexó a su escrito de demanda copia certificada del poder notarial número 21,435, Libro 202, ante la fe de la Licenciada Claudia Franco Hijuelos, Cónsul General de México en la Ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete; del mismo de advierte que se trata de un poder especial de carácter limitado, para el único efecto de realizar los trámites necesarios para escriturar a nombre del quejoso el lote de terreno y construcción número veinte, de la manzana ocho, predio "La Mancha III", en Naucalpan de Juárez; por ende, nada refiere respecto de los recursos o medios extraordinarios de defensa, como lo es el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones II y III, en relación con el 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente de amparo, para que dentro del plazo de cinco días, desahogue el siguiente requerimiento: 1. Acredite con documento idóneo, el carácter que ostenta como apoderado legal del quejoso David Rivera Rojas. Resulta de oportuna aplicación, de la jurisprudencia 43/96, visible en la página cuarenta y ocho, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, novena época, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". Apercibimiento. Se apercibe al promovente, que de no desahogar el requerimiento antes precisado, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley de la materia. Notificaciones por lista. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de los quejosos, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; dado que así lo solicitaron expresamente. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos al profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese...MESA 8
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