David Hernández Vázquez

Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
847/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • David Hernández Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por David Hernández Vázquez, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 847/2021 Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicase en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que, existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida David Hernández Vázquez, contra actos que reclama del Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 847/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 847/2021 2 convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causal de improcedencia advertida. Una vez asentadas las consideraciones anteriores, respecto del escrito de demanda se advierte que se actualiza una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama es la negativa de dar trámite al recurso de apelación que se interpuso en contra de la sentencia definitiva de quince de julio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1041/2020. En ese sentido, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previsto en la citada porción normativa, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 847/2021 3 ??????????????? a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito contempla el principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales, la ley ordinaria concede algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que de existir algún medio ordinario de defensa que el quejoso no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente. Además, este principio, responde a la naturaleza jurídica del juicio biinstancial como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos humanos o fundamentales de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de impugnación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 847/2021 4 agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De lo expuesto se advierte que para que sea procedente el juicio de amparo, debe afectar derechos sustantivos y, además, no debe existir algún medio de defensa ordinario por el que pueda ser modificado, nulificado o revocado, o de existir, debe actualizarse una excepción al principio de definitividad. Es decir, deben observarse ambos principios que rigen al juicio de amparo, por lo que en caso de que no se surta uno de ellos, no será factible ese medio de defensa extraordinario. Luego, atendiendo al acto reclamado y los antecedentes del mismo que se advierten del contenido de la demanda y toda vez que las reglas procesales contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, determinan que las resoluciones que en esta vía se reclaman son recurribles en queja y a través del recurso de revocación de conformidad con lo previsto por los artículos 5.74, en relación al diverso numeral 1.362 y 1393, fracción II, del citado ordenamiento legal, los cuáles señalan: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 1.393.- El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: . II. Deniega una apelación." Del primero de los numerales en cita se advierte que los autos que no fueran apelables serán revocables y en el segundo de ellos se indica que los autos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales, lo anterior por cuanto hace al acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de agosto de dos mil veinte. En el último de los ordinales antes transcritos expresamente señala que cuando se deniega una apelación procede el recurso de queja, lo cual guarda relación con el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, que es el otro de los actos reclamados. De lo anterior se concluye que en contra de los acuerdos reclamados procedían los recurso de queja y revocación, sin que en la especie, el quejoso haya interpuesto dichos medios de impugnación. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 847/2021 5 ??????????????? Es aplicable por cuanto hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintitrés de agosto pasado, la tesis con número de registro electrónico 247290, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Sexta Parte, página 573, que a la letra dice: "REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." Asimismo, respecto de la inadmisión del recurso de apelación de diecisiete de agosto último, sirve de sustento por los motivos que expone la tesis II.4o.C.37 C, con registro digital 167653, Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de México, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, materia civil, página 2837, que señala: "QUEJA. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO CONTRA LA INADMISIÓN PARCIAL DE LA RECONVENCIÓN, A FIN DE SATISFACER EL REQUISITO DE DEFINITIVIDAD, Y PODER PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 1.393 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México estatuye la procedencia del recurso de queja en contra de la resolución que no admite una demanda, supuesto que también se estima aplicable, en tratándose de la inadmisión parcial del libelo reconvencional, pues dicho precepto no distingue si se refiere a la acción principal o a la reconvencional; razón por la cual debe interpretarse que aplica para ambas hipótesis; por ende, en el supuesto de que en la propia actuación se hubiese admitido la acción reconvencional intentada por lo que hace a ciertas prestaciones y se hubiera inadmitido respecto de otras distintas, resulta procedente dicho recurso, pues indudablemente se trata del desechamiento parcial de la contrademanda; en consecuencia, para que proceda el juicio de amparo indirecto, debe agotarse el citado medio de impugnación, a fin de satisfacer el requisito de definitividad pues, de no hacerlo, ello traería como consecuencia su improcedencia." En efecto, del análisis de los preceptos legales transcritos, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues en contra de los acuerdos de diecisiete y veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictados en el expediente 1041/2020, del índice del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, correspondiente al juicio ordinario civil acción reivindicatoria promovido por el quejoso David Hernández Vázquez, a través de los cuáles conforme a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó, respectivamente la responsable no tuvo por interpuesto el recurso de apelación por extemporáneo y le indicó Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 847/2021 6 que las notificaciones personales no sólo son a través de medios electrónicos, sino también de forma presencial, se cumple con el primero de los requisitos relacionados, es decir, no se trata de sentencias. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 1.362 y 1.363 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de los que se advierte la procedencia de medios de defensa que pueden hacer valer las partes en el procedimiento, como lo es el recurso de revocación y queja. En este orden de ideas, si los dispositivos legales citados estipulan la procedencia de los recursos de revocación y queja para combatir los autos aludidos, resulta inconcuso la procedencia de esos medios de defensa. Con relación al tercer requisito, también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación de los aludidos recursos debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La cuarta de las hipótesis relacionadas también se actualiza, en virtud de que los autos reclamados, puede ser revocado o modificado, a través de los recursos de queja y revocación. Del análisis que antecede, el suscrito arriba a la conclusión de que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues los acuerdos de diecisiete y veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictados en el expediente 1041/2020, del índice del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, correspondiente al juicio ordinario civil acción reivindicatoria promovido por el quejoso David Hernández Vázquez, a través de los cuáles conforme a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó, respectivamente la responsable no tuvo por interpuesto el recurso de apelación por extemporáneo y le indicó que las notificaciones personales no sólo son a través de medios electrónicos, son impugnables a través de los recursos de queja revocación previstos respectivamente en los artículos 1.363 y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; de ahí que se advierte la procedencia de medios de defensa que puede hacer valer el quejoso en el procedimiento de origen. Por tanto, toda vez que dichos actos pueden ser Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 847/2021 7 ??????????????? impugnados mediante los recursos de queja y revocación, previstos en el código mencionado, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. Luego, dado que en contra dichas determinaciones, proceden los recursos de queja y revocación previstos en los artículos 1.363 y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, los cuales, pueden tener por efecto que los actos sean revocados o modificados las consideraciones que dieron origen a los actos reclamados, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. Por tanto, al conceder la ley ordinaria recursos por virtud de los cuales, puedan ser modificadas o revocadas las determinaciones combatidas, es inconcuso que la parte quejosa estaba obligada a agotar tales medios ordinarios de impugnación, previo a acudir a esta instancia constitucional. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia con registro electrónico 2005039, emitida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, dentro del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I pagina 350, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". En consecuencia, el peticionario de amparo tenía el deber de agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 847/2021 8 Tampoco se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese tenor, los actos reclamados no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen. De igual manera, no se actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia de los recursos de queja y revocación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por David Hernández Vázquez, por propio derecho. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Por otro lado, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso, pues los estrados es el lugar donde se fijan las listas de este órgano jurisdiccional, que es una forma de notificar a las partes, no propiamente un domicilio para que aquéllas las señalen como domicilio procesal, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 847/2021 9 ??????????????? listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Acceso y consulta al expediente electrónico De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que señala el usuario "BettyMora", que se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, como lo solicita se le autoriza tener acceso y consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 34 a 41 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo anterior, la oficial judicial A, deberá realizar las gestiones correspondientes. Sin perjuicio, de que sí es su deseo de que a través del citado usuario se le realicen las notificaciones de carácter personal, deberá realizar la solicitud correspondiente. Autorizados. Téngase por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 847/2021 10 Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 847/2021 11 ??????????????? consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

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