David Leon Solano

Expediente 1593/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1593/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • David Leon Solano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo previsto en la Circular SECNO/10/2021, en la cual se estableció que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se levantará la suspensión de plazos y términos decretada debido al periodo de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por lo que se ordena la reanudación en el trámite del presente juicio de amparo. Ahora bien, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por David León Solano, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, realice lo siguiente: Informe si la demandada Adriana Sánchez Pérez, justificó su incomparecencia al desahogo de la probanza a su cargo, y en caso de que no lo hubiese hecho, haga valer las consecuencias de ello. En relación con la confesional e interrogatorio libre a cargo de David León Solano y testimonial a cargo de Giovanni Moisés Peña Reyes, José Eduardo Díaz Martínez y José Alfredo Condado Luna, ofrecida por Fundación Gente Tuluz, Asociación Civil, notifique a las partes que deban tener intervención en dicha diligencia. Ahora bien, para el caso de que cuando esta resolución cause ejecutoria, las probanzas antes referidas se encuentren próximas a desahogarse, deberán llevarse a cabo y en caso de diferirse, la responsable deberá ajustarse a los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, acreditó que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, desahogo la prueba confesional ofrecida por la parte actora y a cargo de la absolvente Adriana Sánchez Pérez; en relación con la confesional e interrogatorio libre a cargo de David León Solano, fue desahogada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, y respecto a la testimonial a cargo de Giovanni Moisés Peña Reyes, por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se declaró la deserción, lo cual así ocurrió el siete de septiembre de dos mil veinte, respecto a los atestes José Eduardo Díaz Martínez y José Alfredo Condado Luna, probanza ofrecida por Fundación Gente Tuluz, Asociación Civil, y el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, previa certificación se concedió a las partes dos días para formular alegatos en los autos del juicio laboral 01/121/2019; constancia estas última con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber realizado las gestiones necesarias a efecto de desahogar las probanzas ofrecidas por las partes, tal como se advierte de la diligencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, por la cual se desahogó la prueba confesional ofrecida por la parte actora y a cargo de la absolvente Adriana Sánchez Pérez; en relación con la confesional e interrogatorio libre a cargo de David León Solano, fue desahogada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, y respecto a la testimonial a cargo de Giovanni Moisés Peña Reyes, por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se declaró la deserción, lo cual así ocurrió el siete de septiembre de dos mil veinte, respecto a los atestes José Eduardo Díaz Martínez y José Alfredo Condado Luna, probanza ofrecida por Fundación Gente Tuluz, Asociación Civil, y el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, previa certificación se concedió a las partes dos días para formular alegatos en los autos del juicio laboral 01/121/2019. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable Informara si la demandada Adriana Sánchez Pérez, justificó su incomparecencia al desahogo de la probanza a su cargo, y en caso de que no lo hubiese hecho, haga valer las consecuencias de ello, en relación con la confesional e interrogatorio libre a cargo de David León Solano y testimonial a cargo de Giovanni Moisés Peña Reyes, José Eduardo Díaz Martínez y José Alfredo Condado Luna, ofrecida por Fundación Gente Tuluz, Asociación Civil, notifique a las partes que deban tener intervención en dicha diligencia. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte la diligencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, por la cual se desahogó la prueba confesional ofrecida por la parte actora y a cargo de la absolvente Adriana Sánchez Pérez; en relación con la confesional e interrogatorio libre a cargo de David León Solano, fue desahogada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, y respecto a la testimonial a cargo de Giovanni Moisés Peña Reyes, por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se declaró la deserción, lo cual así ocurrió el siete de septiembre de dos mil veinte, respecto a los atestes José Eduardo Díaz Martínez y José Alfredo Condado Luna, probanza ofrecida por Fundación Gente Tuluz, Asociación Civil, y el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, previa certificación se concedió a las partes dos días para formular alegatos en los autos del juicio laboral 01/121/2019. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas documentales por las cuales se formó un anexo, devuélvase a dicha autoridad las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Hágase del conocimiento a las partes, que en adición a las disposiciones que rigen el presente juicio de amparo, será aplicable en lo conducente, lo previsto en el artículo 2, fracciones III, V, VI, VIII y IX, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa y acredita sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, asistido del Licenciado Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos de los que se advierte que la autoridad responsable no ha dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a ******************** Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días de cumplimiento a lo siguiente: Remita a este Juzgado Federal, copia certificada de la audiencia celebrada a las once horas con treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veinte. Informe si la demandada Adriana Sánchez Pérez, justificó su incomparecencia al desahogo de la probanza a su cargo, y en caso de que no lo hubiese hecho, informe las consecuencias de ello, remitiendo para el caso, las constancias con las que acredite su dicho. En relación con la confesional e interrogatorio libre a cargo de ******************** y testimonial a cargo de ********************, ofrecida por ******************** informe si ya fue desahogada o en caso de difierimiento, acredite ajustarse a los lineamientos de la ejecutoria, y proceda a notificar a las partes que deban tener intervención en dicha diligencia. O en su caso informe las gestiones que se encuentra realizado para dar cumplimiento a la ejecutoría de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5252/2019 de esa fecha), quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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