David Itzcoatl Martínez Gómez
Expediente 1011/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- David Itzcoatl Martínez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexos: En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase a la autoridad responsable, los anexos que remitió como complemento a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad suscrita por la actuaria adscrita, en la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la tercero interesada ********************, la determinación de veintitrés de febrero del año en curso. En consecuencia, para efectos de no dejar en estado de indefensión a la tercero interesada antes mencionada, se comisiona a la Actuaria adscrita a este juzgado federal, para que, a la brevedad, se constituya en el domicilio ubicado en calle Francisco Gonzales Bocanegra, número quince, planta alta, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, que corresponde a aquél donde se llevó acabo el emplazamiento de dicha tercero interesada; además, le notifique y corra traslado con copia de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la tercero interesada ********************. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte tercera interesada María Elena Mora Rojas, el contenido de la determinación de catorce de marzo de dos mil veintitrés, así como la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictadas dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad suscrita por la actuaria adscrita, en la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la tercero interesada ********************, la determinación de veintitrés de febrero del año en curso. En consecuencia, para efectos de no dejar en estado de indefensión a la tercero interesada antes mencionada, se comisiona a la Actuaria adscrita a este juzgado federal, para que, a la brevedad, se constituya en el domicilio ubicado en calle Francisco Gonzales Bocanegra, número quince, planta alta, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, que corresponde a aquél donde se llevó acabo el emplazamiento de dicha tercero interesada; además, le notifique y corra traslado con copia de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la tercero interesada ********************. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. --- Punto resolutivo de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, señala: Por tanto, al acreditarse que la presentación de la demanda fue extemporánea, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, se decreta el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de ese ordenamiento legal. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por DAVID ITZCOATL MARTÍNEZ GOMEZ, en érminos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente
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Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa David Itzcoatl Martínez Gómez, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: VISTO, para resolver el juicio de amparo 1011/2022, promovido por ********************, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Morelos (Lic. Eva Karina Ramírez Melgar), y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón oficial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y el veinticinco del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Morelos (Lic. Eva Karina Ramírez Melgar). Actos reclamados: ".La NEGATIVA por parte de la autoridad responsable, de admitir pruebas en la carpeta de investigación CJM01/730/2020, en el cual comparece como víctima la C. MARÍA ELENA y como imputado el suscrito quejoso, dichas pruebas consistentes en documentales que se detallan: Documental en vía de informe de autoridad, consistente al Juez Primero Civil de primera instancia del noveno distrito judicial en el estado de Morelos, dentro de los autos del expediente 177/2014-3. La inspección ocular dentro de mismo expediente, y que fue detallado anteriormente. Dichos expedientes de prueba, que claramente están relacionados con los presentes hechos delictivos y de los cuales se me niega la admisibilidad de mis elementos probatorios que el artículo 20 constitucional prevé tanto para la víctima, como para el imputado, respetándose y garantizando los derechos humanos fundamentales, anexando en este acto el escrito de mérito en copia simple con el sello fechador de recibido por parte de la autoridad responsable. La ILEGAL orden de medidas de protección a favor de la C. MARÍA, toda vez que dentro de la carpeta de investigación CJM01/730/2020, se anexó y cotejó en copia certificada por parte del suscrito quejoso resolución del juez primero civil de primera instancia, así como resolución en el TOCA CIVIL 136/2018-9 correspondiente a la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el cual CLARA Y EVIDENTEMENTE se levantaron las medidas de depósito judicial en el domicilio ubicado en El llano de adentro Avenida Beito Juárez # 27, en el pueblo de Tetecalita municipio de Emiliano Zapata, Morelos, CP. 6278, Colonia Benito Juárez. Por lo cual, en donde se le hizo saber a la autoridad responsable que la víctima no vivía, ni habitaba en dicho domicilio, y mucho menos es propietaria del mismo, del cual se ha negado a diligenciar mis pruebas correspondientes que demuestran la ILEGALIDAD de las medidas de protección a favor de la víctima. Y que en todo caso, dichas medidas fueron obtenidas mediante declaraciones falsas por parte de la aquí tercero perjudicada". SEGUNDO. El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el asunto con el número de expediente 1376/2021, y desechó la demanda de amparo. Sin embargo, mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, el directo quejoso interpuso recurso de queja en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo, que se estuvo interpuesto por auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno. TERCERO. El diez de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos recibió oficio del secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en esta ciudad, por el que remitió testimonio de ejecutoria del recurso de queja 36/2022, de su índice, que mediante sesión del veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la que se determinó fundado dicho recurso. Por auto del once de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, planteó el returno por conocimiento previo en favor de este Juzgado de Distrito, con motivo de la existencia del amparo número 371/2020, de este Juzgado de Distrito. En atención a lo anterior, por auto del ocho de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado Federal, aceptó la competencia; admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro de la carpeta de investigación CJM01/730/2020, mediante el cual, no se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en la documental en vía de informe de autoridad y de inspección ocular; así mismo, donde se decretaron medidas de protección en favor de la víctima aquí tercero interesada, de conformidad con el artículo 34 fracción XVII del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable la agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Morelos (Lucero Margarita Curiel González), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". La certeza del acto reclamado, se corrobora con las documentales certificadas deducidas de la carpeta de investigación CJM01/730/2020, que la autoridad responsable allegó al juicio de amparo; a las que se concede valor probatorio pleno, conforme con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que de oficio se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia. Atento a lo anterior, en relación a él acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro de la carpeta de investigación CJM01/730/2020, mediante el cual, no se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en la documental en vía de informe de autoridad y de inspección ocular; así mismo, donde se decretaron medidas de protección en favor de la víctima aquí tercero interesada, de conformidad con el artículo 34 fracción XVII del Código Nacional de Procedimientos Penales, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17 ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De una interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en el precepto 61 de la Ley de Amparo; luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir, el de quince días. Por otra parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, contiene las reglas generales de temporalidad de la presentación de la demanda de garantías, cuyo cómputo depende de la forma en que la quejosa se haya impuesto de los actos reclamados: "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y en caso de no ejercer dicho derecho dentro de ese plazo, aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido; lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable, así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede desprenderse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, así como aquellos en que suspendan las labores de los órganos jurisdiccionales, determinados por el Consejo de la Judicatura Federal, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de ésta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando este se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en preceptos 17 y 18 de la Ley de la materia; luego el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días. De lo anteriormente narrado se advierte, que la parte quejosa es investigado dentro de la carpeta de investigación CJM01/730/2020, índice de la Agencia del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Morelos, a la cual compareció desde el siete de julio de dos mil veinte, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y designó autorizados. Ahora bien, en el presente asunto reclama la negativa de admitir diversos datos de prueba, así como el dictado de las medidas de protección en favor de la víctima dentro de la carpeta de investigación ya descrita, lo anterior fue decretado por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, el cual como se advierte del sello de notificación personal, le fue notificado con fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, esto a través del autorizado legal, "Jorge A. Rosales". Sin que pase desapercibido la constancia que obra en autos de la carpeta de investigación CJM01/730/2020, de fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno, donde la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, hizo constar la comunicación telefónica que tuvo con el hoy quejoso, para efectos de realizarle la notificación del acto reclamado de manera personal, requiriéndole para que se presentara en sus oficinas para ello, a lo que el investigado le refirió que se encontraba en el estado de Yucatán y que enviaría a su abogado, sin precisar la fecha. Ese sentido, se parte de la premisa de que tuvo conocimiento del acto de molestia por lo menos el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, cuando se realizó la notificación a su autorizado legal que fue precisado en líneas anteriores, por lo que su término legal de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo transcurrió en exceso, esto es, del veintidós de septiembre al trece de octubre, sin contar los días veinticinco y veintiséis de septiembre, dos, tres, nueve, diez y doce de octubre, todos de dos mil veintiuno, por ser inhábiles, término considerado de conformidad con el artículo 82 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye la materia del acto reclamado; en tales consideraciones, se entiende que a partir de ese momento y hasta el día en que interpuso la demanda de amparo, esto es, el veinte de octubre de dos mil veintiuno, ha transcurrido en exceso el término legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; entonces, es evidente que la demanda de amparo que se estudia, en cuanto al acto reclamado es notoriamente extemporánea. Atento a lo anterior, para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que exista, que se produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las proposiciones siguientes: 1. Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con el mismo, o bien, media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, 2. Será tácito cuando no se impugna a través del medio ordinario de defensa, o bien, por la acción de amparo y dentro de los plazos que se conceden para ello. En tanto que las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido son, precisamente, la existencia de uno anterior que se haya tolerado y la existencia de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Da sustento a lo expuesto, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, Volumen 139-144, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232527, de la literalidad siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, con registro digital 163172, de rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por tanto, al acreditarse que la presentación de la demanda fue extemporánea, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, se decreta el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de ese ordenamiento legal. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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