David itzcoatl Martinez Gomez

Expediente 371/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
371/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • David itzcoatl Martinez Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe precisar que aun cuando no obra la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.)1, que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales. En ese sentido, comuníquese a las partes este auto y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado, guardar únicamente el original. Concede Suspensión Provisional. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional se determinó concederla. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, David Itzcoatl Martinez Gómez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. FISCAL GENERAL DEL ESTADO FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TURNO DEL ESTADO DE MORELOS FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TURNO DEL ESTADO DE MORELOS FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TURNO DEL ESTADO DE MORELOS FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE A LA COLONIA TRES DE MAYO ZONA METROPOLITANA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA FISCAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TURNO DE JUSTICIA PARA MUJERES FISCAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TURNO ADSCRITA AL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES FISCAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TURNO ADSCRITA AL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES FISCAL DEL CONSEJO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL PRIMER TURNO FISCAL DEL CONSEJO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL SEGUNDO TURNO FISCAL DEL CONSEJO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL TERCER TURNO COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL ESTADO DE MORELOS JEFE DEL GRUPO DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CORRESPONDIENTES A ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CUERNAVACA MORREÑOS JEFE O TITULAR DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CORRESPONDIENTE A LA FISCALÍA DE EMILIANO ZAPATA JEFE DE GRUPO DE LA FISCLIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CORRESPONDIENTE A LA FISCALÍA DEL CENTRO DE JUSTIFIA PARA MUJERES COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Acto reclamado. "La orden de aprehensión, orden de presentación, orden de privación de la libertad, u orden de investigación girada en mi contra." SEGUNDO. El dieciocho de mayo de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 371/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado." Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión, presentación, privación de la libertad u orden de investigación dictada en su contra. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Inexistencia del acto reclamado. Así, se tiene que las autoridades responsables, negaron los actos que el quejoso reclama en su contra (con excepción del Fiscal correspondiente al Primer turno de Justicia para Mujeres y Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Centro de Justicia para Mujeres), con relación a la orden de investigación). En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que las autoridades responsables negaron los actos que se les reclaman, por lo que, contrario a lo expresado por el impetrante de amparo, se aprecia que no se emitió acto que le depare perjuicio alguno. En consecuencia, ante la negativa de las responsables respecto a la emisión del acto que se le atribuyó, correspondía a la quejosa la carga procesal de desvirtuar esa negativa; no obstante, aún y cuando se dio vista con los informes de las autoridades para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, fue omiso en hacer uso de ese derecho. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo promovido por Juana Pedroza Quiroz. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". Acto reclamado existente. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables denominadas Fiscal correspondiente al Primer turno de Justicia para Mujeres y Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, en razón de que aceptaron la existencia de la orden de investigación en contra del aquí quejoso, derivada de la carpeta de investigación CJM01/1730/2020, por la probable comisión del delito de violencia familiar, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañaron a su informe justificado, con las cuales se conformó un cuaderno de sigilo y que se tienen a la vista, documentales que por ser de carácter público gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia y en consecuencia el sobreseimiento a que se refieren las fracciones XXI, del artículo 61, y 63, fracción V de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la trascripción se colige que el juicio biinstancial es improcedente cuando los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos y legítimos de las partes; asimismo, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante su tramitación sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando el acto que reclama el impetrante en esta sede no le cause perjuicio alguno. En el presente caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que a criterio de este juzgador, la orden de investigación girada y ejecutada respectivamente por la Fiscal correspondiente al Primer turno de Justicia para Mujeres y Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, dentro de la carpeta de investigación CJM01/1730/2020, por la probable comisión del delito de violencia familiar, no afecta directamente la esfera jurídica del quejoso. En efecto, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el quejoso tiene ese carácter cuando aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que la norma, acto u omisión reclamada afecte de manera real y actual su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, en el presente caso, para acreditar el interés jurídico del quejoso respecto de la orden de investigación que reclama, se requiere la existencia del perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular, de forma que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", el cual constituye el requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Así pues, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Más aún, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la orden de investigación, dentro de la carpeta de investigación CJM01/1730/2020, por la probable comisión del delito de violencia familiar,. Sin embargo, lo anterior no irroga perjuicio al quejoso dado que la autoridad responsable, al efectuar actos de investigación en la referida carpeta, actúa en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 constitucional en su texto vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho y en los numerales 127, 212, y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial (.)". CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." Del texto constitucional se desprende que el Ministerio Público conducirá la investigación de los delitos y coordinará a la Policía. Por su parte, del código procesal transcrito se desprende que la investigación penal estará orientada a explorar las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; por su parte, tendrá como objeto que la autoridad investigadora reúna los indicios y demás datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal. En ese contexto normativo, es dable afirmar que las actuaciones encaminadas a la integración de la carpeta de investigación no causan daño al gobernado, por ser de orden público, ya que se está en presencia de derecho social, pues como se advirtió en líneas precedentes, al Ministerio Público le asiste el deber de investigar cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito; investigación que estará orientada para el esclarecimiento de los hechos que la ley contemple como delito, y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, para así sustentar la procedencia de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Por tanto el perjuicio personal y directo para el quejoso solo se materializaría en caso de que el ministerio público, atento al sistema penal acusatorio que rige el acto reclamado, formulara acusación en su contra ante el juez de control y ese juzgador se pronuncie en el sentido de vincular a proceso al imputado. Máxime que el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, está exenta de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, debido a que los actos realizados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, ya que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Considerar lo contrario respecto de que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, obstaculizaría injustificadamente la potestad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En consecuencia, los actos de investigación efectuados por la Fiscal correspondiente al Primer turno de Justicia para Mujeres y Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, dentro de la carpeta de investigación CJM01/1730/2020, por la probable comisión del delito de violencia familiar, es un deber constitucional que tiene la autoridad responsable, dado que ello, si es que procede, resulta necesario para el ejercicio de la acción penal, la formulación de la imputación, y en su momento, la vinculación a un proceso, lo que hace indispensable que primero se recaben elementos suficientes para justificar, racionalmente, la presentación del imputado ante el Juez de control. Siendo destacable que tales actos no causan un perjuicio personal y directo en contra del quejoso. Tiene aplicación por analogía, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Por tanto, respecto de la orden de investigación reclamada a la Fiscal correspondiente al Primer turno de Justicia para Mujeres y Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, dentro de la carpeta de investigación CJM01/1730/2020, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintitrés de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 371/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. David Itzcoatl Martínez Gómez, reclama de las autoridades siguientes: FISCAL GENERAL DEL ESTADO FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TURNO DEL ESTADO DE MORELOS FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TURNO DEL ESTADO DE MORELOS FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TURNO DEL ESTADO DE MORELOS FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE A LA COLONIA TRES DE MAYO ZONA METROPOLITANA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA FISCAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TURNO DE JUSTICIA PARA MUJERES FISCAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TURNO ADSCRITA AL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES FISCAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TURNO ADSCRITA AL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES FISCAL DEL CONSEJO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL PRIMER TURNO FISCAL DEL CONSEJO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL SEGUNDO TURNO FISCAL DEL CONSEJO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL TERCER TURNO COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL ESTADO DE MORELOS JEFE DEL GRUPO DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CORRESPONDIENTES A ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CUERNAVACA MORREÑOS JEFE O TITULAR DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CORRESPONDIENTE A LA FISCALÍA DE EMILIANO ZAPATA JEFE DE GRUPO DE LA FISCLIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CORRESPONDIENTE A LA FISCALÍA DEL CENTRO DE JUSTIFIA PARA MUJERES COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Los actos reclamados consistentes: La orden de aprehensión, orden de presentación, orden de privación de la libertad, u orden de investigación girada en mi contra. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de dieciocho de mayo de dos mil veinte, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables FISCAL GENERAL DEL ESTADO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DEL PRIMER TURNO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA, SECTOR CENTRAL2-JUICIOS ORALES (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TURNO DEL ESTADO DE MORELOS) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DEL SEGUNDO TURNO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA, SECTOR CENTRAL -JUICIOS ORALES (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TURNO DEL ESTADO DE MORELOS) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DEL TERCER TURNO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA, SECTOR CENTRAL-JUICIOS ORALES (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TURNO DEL ESTADO DE MORELOS) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE FORANEAS INVESTIGADORA DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO FISCAL FORÁNEO CORRESPONDIENTE A LA COLONIA TRES DE MAYO ZONA METROPOLITANA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DEL PRIMER TURNO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA, SECTOR JUÁREZ-JUICIOS ORALES (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO FISCAL DEL CONSEJO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL PRIMER TURNO) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DEL SEGUNDO TURNO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA, SECTOR JUÁREZ-JUICIOS ORALES (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO FISCAL DEL CONSEJO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL SEGUNDO TURNO) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DEL TERCER TURNO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA, SECTOR JUÁREZ-JUICIOS ORALES (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO FISCAL DEL CONSEJO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL TERCER TURNO) COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL ESTADO DE MORELOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE APREHENSIONES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ZONA METROPOLITANA (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO JEFE DEL GRUPO DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CORRESPONDIENTES A ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CUERNAVACA MORELOS) ENCARGADO DE LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL ESTADO ADSCRITO AL GRUPO TRES DE MAYO DEL MPIO. DE EMILIANO ZAPATA Y/O DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MPIO DE EMILIANO ZAPATA, MOR (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO JEFE O TITULAR DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CORRESPONDIENTE A LA FISCALÍA DE EMILIANO ZAPATA) COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS) Al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte, las autoridades responsables: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TURNO DE JUSTICIA PARA MUJERES) ENCARGADO DE LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL ESTADO DE MORELOS, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES (DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA SEÑALADA COMO JEFE DE GRUPO DE LA FISCLIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CORRESPONDIENTE A LA FISCALÍA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES) Al rendir informe previo negaron únicamente el acto consistente en la orden de aprehensión, presentación y/o privación ilegal de la libertad. En virtud de lo anterior, ya que parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO.- Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Mujeres (denominación correcta de la señalada como fiscal correspondiente al primer turno de justicia para mujeres) y el Encargado de la Comandancia de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, adscrito al Centro de Justicia para Mujeres (denominación correcta de la señalada como Jefe de Grupo de la Fiscalía de Investigación Criminal correspondiente a la Fiscalía del Centro de Justicia para Mujeres), en su informe previo aceptan únicamente la existente de una orden de investigación girada en contra del quejoso en la carpeta de investigación CJM01/730/2020, por el delito de violencia familiar. TERCERO.- En relación al acto reclamado consistente en la orden de investigación, se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que no cumple con el segundo requisito que exige el artículo 128 de la ley en comento, atento a las consideraciones que se expondrán a continuación: El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los requisitos siguientes: 1).- Que lo solicite el agraviado. 2).- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por lo que se refiere al primero, éste se encuentra satisfecho toda vez que la medida fue solicitada por la parte quejosa. Sin embargo, la fracción II del artículo 128 de la ley citada, señala que la suspensión es improcedente cuando un acto contraviene disposiciones de orden público o social, para lo cual, no basta que el acto pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público, por las características propias del acto; así, ante un acto de tal naturaleza, para determinar sobre la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado y la afectación a sus derechos en disputa. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.3o.A. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383, del Semanario Judicial y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." De ahí, que se apunte a la determinación de negar la suspensión definitiva del acto consistente en la orden de investigación, constituye un acto de orden público que no es susceptible de suspenderse y de paralizarse, toda vez que se afectaría el interés social o colectivo, debido a que la sociedad está interesada en que el Agente del Ministerio Público realice las funciones de investigar propias del cargo que desempeña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez sentado lo anterior, cabe destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. En vinculación con los razonamientos expuestos con antelación, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sobre el particular, es de citarse el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 47, Tercera Parte, página 58, que enseguida se transcribe: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría". De ahí que no se satisfaga el segundo de los requisitos previstos en el artículo 128, de la Ley de Amparo, para que sea concedida la medida cautelar; por tanto, como se anticipó, debe negarse la suspensión definitiva del acto reclamado analizado en este apartado. De igual forma, robustece la anterior consideración, la Tesis Aislada I.4o.A.536 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia Administrativa, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS, CUANDO EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO, ES PREFERENTE AL DE LA QUEJOSA. De acuerdo con la teoría de ponderación de principios, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión se debe resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad; b) necesidad; y c) proporcionalidad. Por tanto, cuando verbigracia, el quejoso solicita la suspensión con el propósito de paralizar la continuación de un proyecto deportivo nacional, en tanto se resuelve el juicio en lo principal y se encuentran en conflicto por un lado, el derecho a la educación académica y deportiva de las personas y, por otro, el derecho del solicitante a continuar practicando fútbol americano como actividad deportiva en equipo reducido, los elementos o subprincipios señalados tienen plena aplicación, pues el interés de la sociedad que con la continuación de los actos impugnados se busca tutelar y salvaguardar, derrotan y prevalecen sobre los intereses particulares del quejoso. Por ende, el derecho o principio a primar debe ser, en la especie, aquel que cause un menor daño y el cual resulta indispensable privilegiarse, o sea el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio. Lo anterior se obtiene, en el caso particular, negando la suspensión solicitada al quejoso, a fin de permitir la plena eficacia de las consecuencias del acto reclamado, traducido en la consecución de la obra pública denominada Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, concretamente para que se continúe con la orden de demoler el inmueble defendido por el solicitante, en beneficio del interés social de los dos mil quinientos atletas a quienes se encuentra dirigido, pues con ello se salvaguarda el derecho a la educación académica y deportiva en una infraestructura pública dirigida a un grupo mayoritario o colectivo, constitucionalmente tutelado, con prioridad a los estrictamente individuales, como es el derecho a practicar fútbol americano en un grupo reducido titularidad del quejoso." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por David Itzcoatl Martínez Gómez respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero, segundo y tercero de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe.- DOY FE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo previsto en la Circular SECNO/10/2021, en la cual se estableció que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se levantará la suspensión de plazos y términos decretada debido al periodo de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por lo que se ordena la reanudación en el trámite del presente juicio de amparo. En esa tesitura, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. Hágase del conocimiento a las partes, que en adición a las disposiciones que rigen el presente juicio de amparo, será aplicable en lo conducente, lo previsto en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

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