David Guerrero González
Expediente 1311/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1311/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 25/02/2019
Partes del expediente
- David Guerrero González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el ocho de febrero del año que transcurre (fojas 171 a 173), el Delegado de las autoridades responsables denominadas Tesorero y Síndica municipal, en representación del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de once de febrero del año en curso (foja 174), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Por sentencia dictada el tres de enero de dos mil diecinueve (fojas 127 a 149), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: Sentencia que causó ejecutoria el veinticinco de enero de dos mil diecinueve (fojas 166 y 167), por lo que se requirió al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consistían en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. En atención a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de febrero del año que transcurre (fojas 171 a 173), el Delegado de las autoridades responsables denominadas Tesorero y Síndica municipal, en representación del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con sede en esta ciudad, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, y para ello emitió un cheque número 0123233, por la cantidad de $3,037.50 (tres mi treinta y siete pesos 50/100 moneda nacional), mismo que le fue entregado al quejoso (foja 173), situación que acreditó con el anexo antes indicado. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $2,812.50 (dos mil ochocientos doce pesos 50/100 moneda nacional), cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización), para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, y el siete de febrero de este año, se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de enero de esta anualidad a mayo de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones del mes en términos de la disposición normativa referida.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el ocho de febrero del año que transcurre (fojas 171 a 173), el Delegado de las autoridades responsables denominadas Tesorero y Síndica municipal, en representación del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de once de febrero del año en curso (foja 174), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Por sentencia dictada el tres de enero de dos mil diecinueve (fojas 127 a 149), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: Sentencia que causó ejecutoria el veinticinco de enero de dos mil diecinueve (fojas 166 y 167), por lo que se requirió al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consistían en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. En atención a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de febrero del año que transcurre (fojas 171 a 173), el Delegado de las autoridades responsables denominadas Tesorero y Síndica municipal, en representación del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con sede en esta ciudad, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, y para ello emitió un cheque número 0123233, por la cantidad de $3,037.50 (tres mi treinta y siete pesos 50/100 moneda nacional), mismo que le fue entregado al quejoso (foja 173), situación que acreditó con el anexo antes indicado. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $2,812.50 (dos mil ochocientos doce pesos 50/100 moneda nacional), cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización), para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, y el siete de febrero de este año, se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de enero de esta anualidad a mayo de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones del mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero dos mil diecinueve fue 103.108 y para el mes de mayo de dos mil diecisiete fue 94.725 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0884. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $2,812.50 (dos mil ochocientos doce pesos 50/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $3,061.40 (tres mil sesenta y un pesos 40/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $248.09 (doscientos cuarenta y ocho pesos 09/100 moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $3,037.50 (tres mi treinta y siete pesos 50/100 moneda nacional); sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de $3,061.40 (tres mil sesenta y un pesos 40/100 moneda nacional), es decir, tiene un déficit de $23.09 (veintitrés pesos 09/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Luego, con fundamento en lo que dispone el ordinal 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Delegado de las autoridades responsables denominadas Tesorero y Sindica municipal, en representación del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DO MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de tres de enero del año en curso (fojas 127 a 149); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Entonces, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. De igual forma, solicítese a la responsable que en las constancias que envíe a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector, indique la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberá indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. Además, con sustento en el dispositivo 192, requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que requiriera a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa:*** Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Finalmente, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada.
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