David John Shipley
Expediente 1385/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 38 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1385/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 21/06/2019
Partes del expediente
- ROSANNA MARIE SHIPLEY y Otros.
- DAVID JOHN SHIPLEY y Otros.
- David John Shipley
- Rosanna Marie Shipley
Actuaciones
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- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el tres de mayo de este año (fojas 300 a 301), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó la manera en que se dio cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, por acuerdo de seis de mayo del presente año (foja 302), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; siendo efectuadas manifestaciones por la parte quejosa por conducto de su apoderada legal (foja 265). Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número ** sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Así pues, mediante resolución de veintisiete de septiembre del año pasado (fojas 116 a 135), por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: ***** De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad total de $39,256.16 (treinta y nueve mil doscientos cincuenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por los justiciables, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público **emitido por el Notario Público Cuatro, con sede en Nuevo Vallarta, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que se pagó el cinco de junio de dos mil dieciocho; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio y anexo recibido el veintiocho de febrero de este año (fojas 256 a 258), en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que entregó a la parte quejosa por conducto de su apoderada legal dos cheques valiosos por las cantidades de $19,969.60 (diecinueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional), cuya sumatoria arroja la cantidad de **por suerte principal y concepto de actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de ** De ello se obtiene que la autoridad devolvió la cantidad de $39,939.20 (Treinta y nueve mil novecientos treinta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 33 a 34), y la responsable generó los cheques aludidos el tres de diciembre del año pasado, lo cual acreditó con la copia inserta de estos con número **(fojas 175 a 177), por concepto de cantidad principal y la actualización correspondiente. Sin embargo, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que entregó a la parte quejosa por conducto de su apoderada legal los cheques 0001143 y 0001144, valiosos por las cantidades antedichas (fojas 256 a 258); no obstante, la responsable había generado los títulos nominativos el tres de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 176 a 177); por ende, el período fiscal de actualización comprende del mes de junio a noviembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo a octubre del año indicado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 98.994; y para el mes de octubre de este año de 101.440 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0247085. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $39,939.20 (treinta y nueve mil novecientos treinta y nueve pesos 20/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $963.04 (novecientos sesenta y tres pesos 04/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, acreditó generar dos cheques valiosos por la cantidad de $19,969.60 (diecinueve mil novecientos sesenta y nueve pesos ***por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. No pasa inadvertido que por proveído de uno de marzo de este año, se requirió a la responsable exactora a fin de que restituyera a la parte quejosa un déficit de $338.76 (Trescientos treinta y ocho pesos 76/00 Moneda Nacional) (fojas 259 a 262), pues como lo aclaró el ente aludido (fojas 300 a 301), al generar los cheques que amparaban la cantidad motivo de devolución el tres de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 176 a 177), el índice que fue tomado en consideración fue el del mes de octubre al no haber sido publicado el índice para el mes de noviembre; máxime que la parte quejosa por conducto de su apoderada legal manifestó su conformidad con dicha devolución (foja 265). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada; sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
**TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por Karla Marvelly Gudiño Dena, en calidad de delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, mediante el cual realiza aclaraciones respecto al cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con la comunicación oficial dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe. JFDTP
- Principal
**TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por Karla Marvelly Gudiño Dena, en calidad de delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, mediante el cual realiza aclaraciones respecto al cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con la comunicación oficial dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio signado por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, en el cual manifiesta que el cheque solicitado por concepto de actualización, fue cancelado; ello, porque realizaron una nueva operación aritmética, de donde se obtuvo que se pagó la cantidad exacta a la parte quejosa, por lo que solicita que se declare cumplido el fallo protector. Es oportuno indicar a la oficiante que en términos del precepto 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, pues en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberán considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo, o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, en esos supuestos deberá imponérsele a la autoridad responsable la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo a fin de evitar actos evasivos que retarden el cumplimiento de la sentencia de amparo tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. Precisamente, como se le indicó en proveído de uno de marzo de este año (fojas 259 a 262), al verificar el acatamiento a la sentencia amparadora, de una operación aritmética se concluyó que su representada devolvió la cantidad principal, existiendo un déficit de $338.76 (trescientos treinta y ocho pesos 76/100 moneda nacional); de ahí que, deba restituir el faltante de $338.76 (trescientos treinta y ocho pesos 76/00 moneda nacional) a la parte quejosa, con el propósito de cumplir en su totalidad con la sentencia de amparo, pues la cancelación del título nominativo a que hace alusión, fue en contravención a la determinación de uno de marzo indicada, es decir, de forma unilateral resolvió no reintegrar la cantidad mencionada, dejando de observar la orden emitida por esta autoridad de amparo; además, en caso de no estar conforme con esa determinación, tiene expedito su derecho para impugnarla. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto del tenor siguiente: "**" En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acredite haber realizado la entrega a la parte quejosa del faltante indicado. Se le apercibe que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa, equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se le informa que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada.
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