David Ernesto Gradilla Anaya

Expediente 2141/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2141/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • David Ernesto Gradilla Anaya
  • DAVID ERNESTO GRADILLA ANAYA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la fecha haya realizado exposición alguna. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, por una parte, sobreseyó en el presente juicio y, por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Inconforme con lo anterior, el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaría, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, por ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil veinte, el tribunal de alzada determinó desechar dicho recurso y declarar firme la sentencia impugnada para los efectos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento al a educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I), por cada pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. [.] 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. [...] 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que causó ejecutoria por acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil veinte, y se requirió el cumplimiento a la responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, realizaran lo anterior. En ese sentido, el acto que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, era:  Desincorporar de la esfera jurídica del amparista los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit.  Devolver a la parte quejosa el remanente que no exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) por cada pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional.  No se le realicen los cobros de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado.  Deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el siete de septiembre de dos mil veinte, el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, remitió copia de la transferencia realizada a la parte quejosa, autorizada de la parte quejosa, por la cantidad de $13,387.40 (trece mil trescientos ochenta y siete pesos 40/00 moneda nacional). Ahora, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de agosto de dos mil diecinueve, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil diecinueve al mes de agosto del año próximo pasado. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de dos mil veinte entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto del año dos mil veinte fue de 107.867 y para el mes de agosto de dos mil diecinueve fue de 103.670, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.04048. Ahora, dado que al monto de $13,740.86 (trece mil setecientos cuarenta pesos 86/100, moneda nacional), al cual se le resta la cuota mínima a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional); por tanto, nos da como resultado la cantidad de $13,450.86 (trece mil cuatrocientos cincuenta pesos 86/100 moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $13,995.35 (trece mil novecientos noventa y cinco pesos 35/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $544.49 (quinientos cuarenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $13,995.35 (trece mil novecientos noventa y cinco pesos 35/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $13,387.40 (trece mil trescientos ochenta y siete pesos 40/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $607.95 (seiscientos siete pesos 95/100 moneda nacional), pues del calculo que la autoridad responsable tomo como tabulador para la devolución erróneamente dos meses ambiguos, como se aprecia del anexo recibido en este órgano federal el veinte de agosto del año próximo pasado, por lo que da una diferencia significativa a la cantidad erogada debidamente actualizada. Luego entonces, mediante de proveído de trece de abril de dos mil veintiuno el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, informo que el ocho de abril del año en curso realizo la transferencia bancaria por la cantidad de $607.95 (seiscientos siete pesos 95/100 moneda nacional). 26880 Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la fecha haya realizado exposición alguna. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, por una parte, sobreseyó en el presente juicio y, por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Inconforme con lo anterior, el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaría, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, por ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil veinte, el tribunal de alzada determinó desechar dicho recurso y declarar firme la sentencia impugnada para los efectos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento al a educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I), por cada pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. [.] 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. [...] 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que causó ejecutoria por acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil veinte, y se requirió el cumplimiento a la responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, realizaran lo anterior. En ese sentido, el acto que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, era:  Desincorporar de la esfera jurídica del amparista los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit.  Devolver a la parte quejosa el remanente que no exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) por cada pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional.  No se le realicen los cobros de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado.  Deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el siete de septiembre de dos mil veinte, el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, remitió copia de la transferencia realizada a la parte quejosa, autorizada de la parte quejosa, por la cantidad de $13,387.40 (trece mil trescientos ochenta y siete pesos 40/00 moneda nacional). Ahora, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de agosto de dos mil diecinueve, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil diecinueve al mes de agosto del año próximo pasado. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de dos mil veinte entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto del año dos mil veinte fue de 107.867 y para el mes de agosto de dos mil diecinueve fue de 103.670, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.04048. Ahora, dado que al monto de $13,740.86 (trece mil setecientos cuarenta pesos 86/100, moneda nacional), al cual se le resta la cuota mínima a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional); por tanto, nos da como resultado la cantidad de $13,450.86 (trece mil cuatrocientos cincuenta pesos 86/100 moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $13,995.35 (trece mil novecientos noventa y cinco pesos 35/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $544.49 (quinientos cuarenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $13,995.35 (trece mil novecientos noventa y cinco pesos 35/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $13,387.40 (trece mil trescientos ochenta y siete pesos 40/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $607.95 (seiscientos siete pesos 95/100 moneda nacional), pues del calculo que la autoridad responsable tomo como tabulador para la devolución erróneamente dos meses ambiguos, como se aprecia del anexo recibido en este órgano federal el veinte de agosto del año próximo pasado, por lo que da una diferencia significativa a la cantidad erogada debidamente actualizada. Luego entonces, mediante de proveído de trece de abril de dos mil veintiuno el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, informo que el ocho de abril del año en curso realizo la transferencia bancaria por la cantidad de $607.95 (seiscientos siete pesos 95/100 moneda nacional). 26880 Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibidos el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, a través del cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibidos el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, a través del cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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