David González Rodríguez
Expediente 1002/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- David González Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio 180, remitido por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, con el que acusa recibo del oficio 32565/2017-ZU, e informa que ese Tribunal se avoca al conocimiento de la demanda promovida por David González Rodríguez. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Finalmente, como lo establece la fracción I del punto vigésimo en el capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, se procederá a su desintegración material una vez que transcurra el término de seis meses, dado que en este expediente auxiliar no se encuentran documentos originales que devolver a las partes y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental.
- Principal
I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por por ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 1002/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado y antecedentes. Ahora bien, antes de analizar sobre lo vertido por el impetrante en su escrito de demanda, debe recordarse que la demanda de amparo debe estudiarse y analizarse como un todo, en un sentido literal y no restrictivo, pues de resolver lo contrario se correría el riesgo de dejar en estado de indefensión a la parte agraviada de algún acto del que se duele, pero que no pudo expresarlo claramente en el escrito de demanda, ya que se debe interpretar de manera total, para desentrañar la verdadera intención del promovente, a fin de resolver la cuestión planteada. Al respecto, se desprende que la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como acto reclamado de la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, lo siguiente: "Resolución dictada por la responsable en fecha 17 de noviembre del 2017, mediante la cual ordena el archivo definitivo del expediente 665/2017-SAG, violando la ley del procedimiento." De lo antes señalado, se advierte que la promovente en esencia señala como acto reclamado el archivo definitivo del expediente laboral 665/2017, promovido por ***, contra Instituto Trilingüe del Norte, Sociedad Civil, o quien resulte propietario del Colegio Americano de Acuña, y Leonardo Manuel Limón Ramón. IV. Incompetencia. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es obligatorio, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerse se contravendrían las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Por tanto, se estima que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, carece de competencia para conocer del presente asunto. Para establecer lo anterior, se estima conveniente transcribir los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 170 y 176 de la Ley de Amparo, que disponen: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado; [.] Ley de Amparo "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley." Las disposiciones reproducidas establecen los casos en que procede el juicio de amparo en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de dichos asuntos, aspectos que se deben tomar en cuenta para determinar la competencia. Al efecto, debemos tomar en cuenta -verbigracia- que cuando una resolución dictada por un tribunal del trabajo, que concluye en definitiva un expediente que se lleva dentro de su índice, es de aquellas que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado -resolución que pone fin al juicio-. Por este motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Lo anterior es así en virtud de que el juicio, para efectos estrictamente del amparo, se debe entender que se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente y concluye con la sentencia definitiva. Por tanto, cualquier determinación que se produzca después de presentada la demanda (sea en el sentido de admitirla, rechazarla, mandarla aclarar, declarar la incompetencia del órgano, etcétera), hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, en su caso, será un acto dentro de juicio y desde luego habrá algunos que, como el aquí reclamado, ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal. Consecuentemente, lo que combate en esta instancia constitucional, es evidente que se trata de una actuación, que se debe reclamar en amparo directo. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, las tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/98 y 2a./J. 125/2004, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IX y XX, páginas 56 y 222, enero de mil novecientos noventa y nueve, y septiembre de dos mil cuatro, ambas de Novena Época, del rubro y texto siguientes: *** De lo anterior, se tiene que la autoridad competente para conocer de la demanda constitucional corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***. En consecuencia, al actualizarse la competencia del Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, con apoyo en el precepto 47 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir los presentes autos y anexos al citado Tribunal, a fin de que determine si acepta o no la competencia planteada en el presente juicio de amparo, solicitándole de la manera más atenta, acusar recibo de estilo. Con copia de la demanda de amparo y del presente auto, fórmese cuaderno de antecedentes, y solicítese atentamente al Tribunal Colegiado que de no tener inconveniente alguno, informe si confirma la presente resolución, y ordene a quien corresponda, acuse el recibo de estilo correspondiente. Sirve de apoyo, por lo que informa la jurisprudencia número 2a./J. 65/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cuarenta y seis, tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 195616, que estipula: *** V. Domicilio y autorizados. Se tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Guanajuato, número 550, esquina con Avenida López Mateos, despacho 12, Plaza San Ángel, colonia Roma, en esta ciudad, y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las licenciadas Leticia Pérez Pinzón y Alejandra Rivera Pérez. VI. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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