David González Ramírez

Expediente 288/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
288/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • David González Ramírez
  • Ángel Casarez Sotelo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Causa estado el proveído en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo.

  2. Principal

    Agréguense los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: No. Autoridad: 1 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, Segundo Turno, de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. 2 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, Tercer Turno, de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad y anexo. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso (fojas 75 a 80), se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el veinte de abril del año en curso, fue recibido en la Oficialía de Partes, el informe rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenidos Tercer Turno, de la Fiscalía General del Estado, Delegación Norte I, con residencia en esta ciudad, y anexo, en el que informó la situación jurídica de los quejosos David González Ramírez y Ángel Cázares Sotelo, anexando copia auténtica de las constancias conducentes (fojas 29 a 46). II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. En el caso concreto, se advierte que mediante escrito recibido por el Secretario de Guardia, el veinte de abril del año en curso (fojas 1 a 5), ***, en representación de *** y ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Autoridad responsable: 1. Comandante de la Corporación Fuerza Coahuila, Grupo de Reacción. Ciudad. 2. Comandante de la Corporación Fuerza Coahuila, Proximidad Social. Ciudad. 3. Comandante de la Policía Investigadora y/o Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado Delegación Norte 1. Ciudad. 4. Comandante de la Policía Investigadora y/o Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Delegación Norte 1, con sede en Villa de Fuente Coahuila de Zaragoza. 5. Delegada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Ciudad. 6. Agente del Ministerio Público de las Unidades de Investigación Mesa Uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila Delegación Norte I. Ciudad. 7. Agente del Ministerio Público de las Unidades de Investigación Mesa Dos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila Delegación Norte I. Ciudad. 8. Agente del Ministerio Público de las Unidades de Investigación Mesa Tres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila Delegación Norte I. Ciudad. 9. Agente del Ministerio Público de las Unidades de Investigación de Villa de Fuente, Coahuila, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila Delegación Norte I. Ciudad. 10. Agente Investigador de la Mesa Uno de la Subprocuraduría C, de la Delegación del Ministerio Público Federal. Ciudad. 11. Agente Investigador de la Mesa Uno de la Subprocuraduría C, de la Delegación del Ministerio Público Federal. Ciudad. Por el acto reclamado consistente en la privación de la libertad llevada a cabo por las autoridades señaladas como responsables. En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 288/2018; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la ratificación de los quejosos y la notificación de la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado. En esa tesitura, de la razón actuarial de veinte de abril del año en curso (foja 14), se desprende que los quejosos *** y ***, ratificaron la demanda de garantías instaurada en su nombre. Asimismo, de la referida razón se advierte que los quejosos se encontraban bien, que no fueron objeto de maltrato, golpes, intimidación, tortura e incomunicación. En consecuencia, los quejosos directos al haber externado en la notificación que no fueron objeto de maltrato, golpes, intimidación, tortura e incomunicación, se tiene únicamente como acto reclamado la detención y la privación de la libertad ejecutada en su contra. De ese modo, mediante proveído de veinte del mes y año en curso (fojas 16 a 20), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante diversos acuerdos se recibieron los informes respecto a la suspensión de plano decretada, así como los justificados solicitados a las autoridades responsables. III. Oficio. Del informe rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenidos Tercer Turno, de la Fiscalía General del Estado, Delegación Norte I, con residencia en esta ciudad, se advierte que los quejosos *** y ***, fueron puestos en libertad el veinte de abril del año que transcurre (fojas 44 y 45); remitiendo al efecto, copia auténtica de la constancia conducente, como se aprecia en los siguientes documentos: Documentales que por tener el carácter de públicas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Causal de sobreseimiento. Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la citada ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación ilegal de la libertad, detención de que fue objeto, por parte de las autoridades responsables. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenidos Tercer Turno, de la Fiscalía General del Estado, Delegación Norte I, con residencia en esta ciudad, manifestó que los quejosos *** y ***, obtuvieron su libertad el veinte de abril de este año. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, registro 193758, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. V. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veinticinco de mayo del año en curso (fojas 16 a 20). VI. Informes justificados. Agréguense los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: No. Autoridad: 1 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, Primer Turno. Ciudad. 2 Delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Región Norte I. Ciudad. 3 Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. 4 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Análisis y Decisión Temprana de Villa de Fuente, Coahuila de Zaragoza. 5 Encargado del Agrupamiento de la Policía de Proximidad Social Fuerza Coahuila, Región Norte I. Ciudad. Sin decretar providencia alguna en relación con los mismos, atento a lo acordado en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: No. Autoridad: 1 Comandante de la Policía Fuerza Coahuila Grupo de Reacción. Ciudad. En consecuencia, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Glósese el pedimento de amparo 122/2018, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en Materia de Amparos, a través del cual realiza los alegatos de su intención, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer referencia de él en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que se dicte sentencia en el presente juicio de amparo, expídasele copia certificada de la misma y entréguesele previa razón de recibo que se deje en el expediente.

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