David García Jr
Expediente 954/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- David García Jr
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del acuerdo de siete de diciembre del año en curso (fojas 68 a 71), a través del cual se sobreseyó el presente juicio de fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Notifíquese; y personalmente a las partes. I. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quince de noviembre de este año (fojas 1 a 4), ***, en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Autoridad responsable: 1. Delegado de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. 2. Coordinador de las Unidades de Investigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. 3. Coordinador de las Unidades de Investigación de Atención Temprana con Detenidos de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. 4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Primer Turno de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I. Ciudad. 5. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Segundo Turno de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I. Ciudad. 6. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Tercer Turno de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I. Ciudad. 7. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido Mesa I. Ciudad. 8. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido Mesa II. Ciudad. 9. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido Mesa III. Ciudad. 10. Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora de Atención Temprana, Región Norte I, en Villa de Fuente. Villa de Fuente. 11. Comandante de la Corporación Fuerza Coahuila, Grupo de Reacción. Ciudad. 12. Encargado del Agrupamiento de la Policía de Proximidad Social Fuerza Coahuila, Región Norte I. Ciudad. 13. Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. ACTO RECLAMADO: "...Bajo protesta de decir verdad manifiesto que siendo aproximadamente las 14:00 horas del día de hoy 15 de Noviembre del dos mil diecisiete irrumpieron al hogar de mi hijo mayor de edad personas que dicen pertenecer a la corporación FUERZA COAHUILA quienes sin ninguna orden de aprehensión se llevaron a mi hijo y lo sustrajeron de adentro del domicilio, fui a preguntar por el a Fuerza Coahuila para saber el motivo de la detención y no me dieron información, posteriormente procedí a buscarlo en el Ministerio Público del Palacio de Justicia así como en el Ministerio Público de Villa de Fuente, dejándome en la espera, sin darme razón alguna, para ver si podían darme una noticia e información de la situación de mi hijo y el caso es que ni en el Ministerio Público ni Fuerza Coahuila me han querido dar información sobre el paradero de mi hijo por lo que tengo el temor fundado que este siendo torturado y por la incomunicación a la que está siendo sujeto, es por ello que ocurro ante este H tribunal a solicitar el amparo de la justicia federal por temor de que mi hijo sea injustamente acusado por un delito que no cometió y esté siendo objeto de tortura o violencia y mi hijo recupere la libertad que por derecho fundamental le corresponde." En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 954/2017; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la ratificación del quejoso y la notificación de la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado. En esa tesitura, de la razón actuarial de cuatro de noviembre de la presente anualidad (foja 14), efectuada por el funcionario adscrito se advierte que el quejoso directo David García Jr, ratificó la demanda de garantías instaurada a su nombre. Aunado a que el Actuario adscrito, hizo constar que el quejoso se encontraba bien, que no fue objeto de maltratos, golpes o incomunicación. De ese modo, mediante proveído de dieciséis del citado mes y año (fojas 5 a 9), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. II. Causal de sobreseimiento. Del informe rendido por la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público de Atención Temprana con Detenido Segundo Turno, con sede en esta ciudad, y anexos (fojas 45 a 47), se advierte que el diecisiete de noviembre del año que transcurre, dentro la carpeta de investigación 00742/PIN/UATDPIN/2017, se ordenó dejar sin efecto la detención del quejoso directo David García Jr., obteniendo su inmediata libertad, como se aprecia en el siguiente documento: Documental que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la citada ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: *** En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación ilegal de la libertad de que fue objeto por parte de las autoridades responsables. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que el Agente del Ministerio Público de Atención Temprana con Detenido Segundo Turno, con sede en esta ciudad, manifestó que la parte quejosa David García Jr., el diecisiete de noviembre del año en curso, obtuvo su libertad. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, restituyó al quejoso en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, registro 193758, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. III. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del once de diciembre del año en curso (foja 21). Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos, el informe justificado rendido por la autoridad relacionada en el siguiente recuadro: Comandante de la Policía Fuerza Coahuila Grupo de Reacción. Ciudad. Por tanto, póngase a la vista de las partes por el plazo de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo .
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos, el informe justificado rendido por la autoridad relacionada en el siguiente recuadro: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Villa de Fuente, Coahuila. Por tanto, póngase a la vista de las partes por el plazo de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo .
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