David García Villegas y Otros.
Expediente 32/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- David García Villegas y Otros.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Ahora, agréguese el oficio enviado vía electrónica por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciada la comunicación oficial 12/2023 que se envió para notificar personalmente a David García Villegas, a nombre de Leandra Navidad Aban, sin que sea necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. Finalmente, del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a la parte quejosa a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado; por tanto, notifíquese por medio de la lista que se publica en los estrados de este órgano federal el presente proveído y los subsecuentes, aun los de carácter personal. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de enero de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida presuntivamente por David García Villegas a nombre de ********************; fórmese el expediente relativo con el número 32/2023-IV, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgado de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. En los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo transgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado. En el entendido que, en todo caso, la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o, al haber optado por presentarla por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de su firmante. Ello obedece a que la firma tiene como función esencial no sólo identificar a su autor, sino también la de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que, a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Así, una vez recibida la demanda de amparo ante el órgano jurisdiccional, el juzgado de distrito tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquella externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o bien, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En el caso concreto, no obstante que podía realizarlo por medios ordinarios (físicamente), presuntivamente David García Villegas, optó por presentarla vía electrónica; sin embargo, carece de la firma electrónica del promovente, de ahí que sea evidente que no existe plasmada en este ocurso constitucional manifestación de voluntad para acudir a la presente instancia constitucional, pues tal promoción, como se dijo, carece de firma electrónica, lo que constituye el medio con el cual las partes en el juicio expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, ya que con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Por ello, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por carecer de la firma electrónica de su promovente, lo que implica que no existió voluntad de ejercer la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que en el caso se actualice la excepción contemplada en el artículo 109 de la Ley de Amparo, pues no se promueve en términos del diverso numeral 15 de la legislación de la materia; esto es, contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior es así, toda vez que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: 1. La omisión para solicitar la asistencia consular de Argentina en México, dentro de la carpeta de investigación ********************, a ********************, quien es de nacionalidad argentina. 2. La retención y privación ilegal de la libertad, al no existir datos de prueba que acrediten la probable intervención de la directa quejosa ********************, en la comisión del hecho delictuoso de robo. 3. La privación ilegal de la libertad de la quejosa ********************, por no hacerle saber la imputación que existe en su contra y los datos de prueba que lo acrediten. 4. La omisión de otorgarle la libertad a la quejosa ********************, debido a que el hecho delictuoso que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa. En efecto, los actos reclamados por la parte quejosa que se hacen consistir en diversas omisiones atribuidas a las autoridades responsables, no encuadran dentro de los supuestos antes indicados, y contrario a lo que vierte el "promovente", tampoco se trata de una privación ilegal de la libertad "fuera de procedimiento judicial", atendiendo al hecho de que de los antecedentes de la demanda de amparo que bajo protesta de decir verdad narra el promovente de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que la quejosa ya se encuentra a disposición de la Representación Social investigadora bajo el número de carpeta de investigación ********************. En adición a lo anterior, es importante destacar que el promovente tiene a su alcance los medios necesarios para tramitar su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), incluso de manera remota (en línea), pues para tal propósito el Consejo de la Judicatura Federal, ha establecido los mecanismos necesarios para simplificar el trámite para su obtención y con ello que no sea necesario que asistan personalmente a los módulos físicos para su tramitación, sino que basta con descargar una aplicación móvil para acceder a esa herramienta. A mayor abundamiento, se tiene que al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es un requisito indispensable que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. Por lo que en caso de que la quejosa y/o quien legalmente la represente, no cuenten con dicha firma electrónica debidamente registrada en el sistema de registro correspondiente, ello no obstaculiza irreparablemente su acceso a la justicia, pues aún existe la posibilidad de presentar la demanda por escrito y en el mismo ocurso solicitar el acceso a los servicios tecnológicos autorizando para ello, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales del derecho que cuenten con firma electrónica registrada en el sistema para que puedan continuar por esa vía con la tramitación del juicio de amparo y sus recursos, cuya solicitud puede válidamente revocarla en el momento que así lo decida. Por ello, no debe considerarse que esta determinación transgreda el derecho fundamental de la parte quejosa a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata los actos de autoridad de los que se duele, toda vez que, como se dijo, quien se ostenta como apoderado del impetrante, tiene a su alcance los medios necesarios para tramitar su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y con ello la posibilidad de hacer uso del servicio de impartición de justicia de forma más accesible. En las relatadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el promovente de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************,********************, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio a las labores de este Juzgado comisione a cualquiera de los Actuarios de su adscripción a fin de que se constituya en el domicilio señalado, localice a la parte quejosa y le notifique del presente proveído. Dada la naturaleza de la comunicación oficial enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se solicita que la devolución de las constancias respectivas, se realice mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se faculta al juez que reciba la presente comunicación oficial para que ordene y desahogue todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo lo encomendado. Con base en la parte final del párrafo quinto del artículo 3 de la ley de la materia, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "********************"; asimismo, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Se autoriza a las personas que refieren en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica, el cual se le tendrá únicamente como un medio de comunicación no procesal para los casos en que este juzgado lo estime necesario. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.
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