David Fernández Vargas
Expediente 721/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- David Fernández Vargas
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de mayo de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por David Fernández Vargas; regístrese la demanda bajo el número 721/2018-V-B. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: - La resolución emitida en Audiencia de Prórroga de Etapa de Investigación Complementaria el once de abril de dos mil dieciocho, en los autos de la carpeta administrativa 1026/2017, en la cual se negó diversa prórroga solicitada. DESECHAMIENTO Por lo anterior se advierte que se actualiza de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 173, apartado B, fracción X, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral (.) X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;..." El Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tal acto en el momento en que se produce no afecta de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en los derechos humanos, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución emitida en Audiencia de Prórroga de Etapa de Investigación Complementaria el once de abril de dos mil dieciocho, en los autos de la carpeta administrativa 1026/2017, en la cual el Juez responsable negó diversa prórroga solicitada. Precisado lo anterior, debe decirse que una interpretación correcta del artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, lleva a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente algún derecho sustantivo del gobernado, tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los derechos fundamentales. Por lo que en el caso que se estudia, se está en presencia de un acto que no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la determinación reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XVII.1o.P.A.37 P (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2840, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, que versa al tenor literal siguiente: "AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte." Ahora bien, debe invocarse por analogía la tesis XXI.1o.P.A.29 P, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1954, que literalmente establece: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CONDICIONA LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA OFRECIDA POR EL PROCESADO A QUE ÉSTE SATISFAGA UN REQUISITO NO PREVISTO EN LA LEY, LO QUE INCLUSO MOTIVÓ EL DESINTERÉS EN LA RENDICIÓN DE LA PROBANZA. La determinación de la autoridad de condicionar la admisión de una prueba ofrecida por el procesado a que éste satisfaga un requisito no establecido en la ley, al grado de que motive que el oferente externe su desinterés en la probanza, vulnera las leyes que rigen el procedimiento penal. Lo anterior es así, en virtud de que tal condicionante pugna con el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho de defensa al procesado, quien queda en absoluta libertad para aportar los medios con que pretende crear convicción en la autoridad judicial respecto de los hechos de la causa. En consecuencia, la anterior condicionante atenta contra la citada garantía individual en detrimento del procesado trascendiendo al resultado del fallo, dado que se equipara al hecho de que no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente para oponerse a la acusación formulada en su contra, hipótesis que se ubica en los supuestos del artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción VI del mismo precepto, lo que amerita la reposición del procedimiento, para el efecto de que se provea sobre la admisión de la prueba sin mayores requisitos que los exigidos por la ley respectiva." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 173, Apartado B, fracción X; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones uno fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Sin embargo, dada la naturaleza del presente proveído, se comisiona a uno de los Actuarios Judiciales adscritos, para que por única ocasión notifique el presente proveído en el domicilio que señala. Respecto a su solicitud en el sentido de que se le tenga también como domicilio los correos electrónicos y los números telefónicos que refiere; dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que estos medios no están previstos en la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene por autorizadas a las personas que refiere en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, mismo que en síntesis establece: "...ANOTACIONES Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por...regístrese la demanda bajo el número 721/2018-V-B. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: - La resolución emitida en Audiencia de Prórroga de Etapa de Investigación Complementaria el once de abril de dos mil dieciocho, en los autos de la carpeta administrativa 1026/2017, en la cual se negó diversa prórroga solicitada. DESECHAMIENTO Por lo anterior se advierte que se actualiza de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 173, apartado B, fracción X, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral (.) X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;..." El Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tal acto en el momento en que se produce no afecta de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en los derechos humanos, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución emitida en Audiencia de Prórroga de Etapa de Investigación Complementaria el once de abril de dos mil dieciocho, en los autos de la carpeta administrativa 1026/2017, en la cual el Juez responsable negó diversa prórroga solicitada. Precisado lo anterior, debe decirse que una interpretación correcta del artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, lleva a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente algún derecho sustantivo del gobernado, tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los derechos fundamentales. Por lo que en el caso que se estudia, se está en presencia de un acto que no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la determinación reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XVII.1o.P.A.37 P (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2840, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, que versa al tenor literal siguiente: "AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte." Ahora bien, debe invocarse por analogía la tesis XXI.1o.P.A.29 P, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1954, que literalmente establece: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CONDICIONA LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA OFRECIDA POR EL PROCESADO A QUE ÉSTE SATISFAGA UN REQUISITO NO PREVISTO EN LA LEY, LO QUE INCLUSO MOTIVÓ EL DESINTERÉS EN LA RENDICIÓN DE LA PROBANZA. La determinación de la autoridad de condicionar la admisión de una prueba ofrecida por el procesado a que éste satisfaga un requisito no establecido en la ley, al grado de que motive que el oferente externe su desinterés en la probanza, vulnera las leyes que rigen el procedimiento penal. Lo anterior es así, en virtud de que tal condicionante pugna con el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho de defensa al procesado, quien queda en absoluta libertad para aportar los medios con que pretende crear convicción en la autoridad judicial respecto de los hechos de la causa. En consecuencia, la anterior condicionante atenta contra la citada garantía individual en detrimento del procesado trascendiendo al resultado del fallo, dado que se equipara al hecho de que no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente para oponerse a la acusación formulada en su contra, hipótesis que se ubica en los supuestos del artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción VI del mismo precepto, lo que amerita la reposición del procedimiento, para el efecto de que se provea sobre la admisión de la prueba sin mayores requisitos que los exigidos por la ley respectiva." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 173, Apartado B, fracción X; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones uno fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Sin embargo, dada la naturaleza del presente proveído, se comisiona a uno de los Actuarios Judiciales adscritos, para que por única ocasión notifique el presente proveído en el domicilio que señala. Respecto a su solicitud en el sentido de que se le tenga también como domicilio los correos electrónicos y los números telefónicos que refiere; dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que estos medios no están previstos en la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene por autorizadas a las personas que refiere en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."
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