David García Rosas

Expediente 1416/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1416/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • David García Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por el Jefe de Departamento de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras, en representación del Oficial Mediador-Conciliador y Calificador adscrito al Centro de Detención de Etílicos de Ecatepec de Morelos, Estado de México, e informa que al aquí quejoso ******************** le correspondía veinticuatro horas de arresto por sanción administrativa, la cual se dejó insubsistente desde el momento en que salió en libertad, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintitrés; lo que se acredita con las constancias que acompañó a su misiva de cuenta, en copia certificada, consistentes en: - Formato que contiene, entre otros datos, la hora en que se realizó el test, el nivel de alcohol en sangre, el nombre del quejoso, y el nombre de quien realizó la prueba de alcoholemia. - Constancia de detención de veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, con número de folio ********************. - "Garantía de audiencia" de veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. - Formato por medio del cual se le hace saber al infractor, aquí quejoso, que se hizo acreedor a una sanción de veinticuatro horas de arresto. - "Carta de Derechos" y "Formato de derecho a realizar llamada telefónica". - Valoración médica de veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, a nombre de ********************. - "Boleta de libertad" de las catorce horas con cincuenta y siete minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Atento a lo que informa la autoridad promovente, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, debido a que su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretarlo cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitidas y lo informado por la autoridad responsable, dicho acto dejó de existir, tomando en cuenta que comunica que desde el momento en que obtuvo su libertad el aquí quejoso ********************, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el arresto administrativo al que fue acreedor. En ese sentido, se advierte que cesaron los efectos de dicho acto reclamado; por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 63 de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la citada causal de improcedencia, es necesario que quede sin efectos el acto reclamado a la autoridad responsable, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éstos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que, la autoridad responsable a) ponga en inmediata libertad a ******************** y, b) deje sin efectos la sanción administrativa; de ahí que, se debe estimar que tal acto cesó y, por lo tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (la libertad), aun cuando se considera anticonstitucional el arresto, no podría restituírsele en el goce de ese derecho, precisamente, porque ya fue puesto en libertad y la autoridad manifiesta que no hay sanción pendiente de ejecutar. Orienta a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 171/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 423, Novena Época, Materia Administrativa, con registro digital 171537, que establece: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encontraba prevista para celebrarse a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Además, de conformidad con el numeral 119 de la citada ley, se tienen como pruebas de su intención, las documentales que adjunta al oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Respecto a los delegados que señala, dígase que deberá estarse a lo ordenado en auto de seis de noviembre del presente año, se tuvieron por autorizados dichos profesionistas. En relación con el correo electrónico y teléfono que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guarda el presente expediente se advierte que en auto de veintinueve de octubre actual, se reservó proveer lo conducente en torno al domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados, así como los usuarios que proporcionaron para consultar el expediente electrónico, que refiere la promovente; hasta en tanto el directo quejoso expresara en el plazo concedido, si además del escrito inicial, ratificaba dichas circunstancias. Derivado de lo anterior, toda vez que mediante auto de nueve de noviembre se tuvo ratificando la demanda al quejoso, así como desahogando dicha prevención, con fundamento en la parte final del párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías a los usuarios "LICMONTGARCIA" y "LICJUANRIVERA", dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Así también, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y las restantes para los efectos que indica. Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la ley de la materia, en relación con el artículo 9° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario ******************** que refiere; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días, a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Por otra parte, agréguense el escrito del autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual, solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico en el presente juicio de amparo. Al efecto, indíquese al promovente que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que la misma constituye una facultad exclusiva de la quejosa, quien únicamente autorizó a la promovente estrictamente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, representación que implica únicamente la defensa de los intereses del impetrante; por lo que es preciso concluir que el solicitante no posee las características propias de una representación legal, sino sólo de aquellas que tengan como consecuencia la afectación directa al desarrollo procesal. Lo anterior encuentra sustento en la tesis V.2o.P.A.16 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 2, junio de 2021, Tomo V, página 4962, que dice: "ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITARLO, AL CORRESPONDER DICHA PETICIÓN A LAS PARTES O A SUS REPRESENTANTES [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. CLV/2017 (10a.)]. De conformidad con los artículos 60 y 62 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las partes y sus representantes podrán acceder al expediente electrónico del juicio de amparo, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, ello está condicionado a que expresamente lo soliciten, así como a la anuencia del órgano jurisdiccional ante el que se tramite el asunto, como lo prevén los artículos 93 y 94 del propio acuerdo. Ahora, el artículo 93 citado señala que para el otorgamiento y revocación de los accesos a la consulta del expediente electrónico se atenderá a las reglas establecidas en el capítulo segundo del título primero de la Ley de Amparo, referente a la "capacidad y personería", conforme al cual existe la figura del representante legal o apoderado de las partes, así como el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la misma ley; el primero está facultado para accionar el juicio de amparo y designar autorizados en términos amplios, pues se trata de un mandatario que interviene mediante un poder general o especial que le permite actuar en nombre y representación del poderdante o por contar con dicha facultad expresa en la norma que lo legitima como representante legal y, el segundo, sólo es un autorizado procesal encargado de llevar a cabo los actos de esa naturaleza que correspondan a la parte que lo designó dentro del juicio, es decir, no constituye una representación, sino la concesión de una de las partes (quejoso o tercero interesado) para la realización de actos procesales, sin incluir la representación de los intereses del autorizante, lo cual se corrobora con la prohibición expresa prevista en el primer párrafo de dicho precepto 12, en el sentido de que no puede sustituir o delegar dicha autorización a un tercero; de ahí que no se le permita llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como la solicitud del acceso a la consulta del expediente electrónico en el juicio de amparo. Incluso, tratándose de la solicitud de consulta del expediente electrónico presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por vía impresa o electrónica, se ha considerado que ello únicamente podrá realizarse por las partes o por sus representantes legales, pero en ningún caso por sus autorizados con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo señalado en la tesis aislada 1a. CLV/2017 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía, de título y subtítulo: "EXPEDIENTE ELECTRÓNICO INTEGRADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ASPECTOS ESENCIALES PARA SU ACCESO.", de la que se resalta que "se establecen los siguientes aspectos esenciales para obtener el acceso al expediente electrónico: a) Solicitud presentada por alguna de las partes en el juicio de amparo, por sí o por conducto de sus representantes legales, en ningún caso por sus autorizados en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo". Por tanto, el autorizado en términos amplios del artículo 12 señalado carece de facultades para solicitar el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo, al corresponder dicha petición a las partes o a sus representantes." Así como la diversa XXVII.3o.118 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, mayo de 2017, Tomo III, página 2027, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR QUE AQUÉLLAS SE REALICEN POR ESA VÍA, AL CORRESPONDER DICHA DECISIÓN DIRECTAMENTE A LAS PARTES O SUS REPRESENTANTES.". Sin embargo, dígase que deberá estarse a lo ordenado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de David García..., mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintinueve de octubre del presente año. Por otra parte, toda vez que mediante auto de treinta de octubre del mismo año, se reservó acordar lo conducente respecto a la admisión de la demanda, hasta en tanto el directo quejoso diera cumplimiento en tiempo y forma a la prevención que se le formuló, lo que en esta data acontece, y toda vez que manifestó su voluntad de ratificar la demanda promovida a su favor; por ello, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la misma. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea necesaria la apertura del incidente de suspensión, toda vez que el veintinueve de los actuales, se proveyó lo conducente sobre la suspensión. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Con apoyo en los numerales 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables lo siguiente: 1) Rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se les solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Expresen si se ha promovido algún juicio de amparo contra los mismos actos reclamados que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberán proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que, de ser omisas, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los dispositivos 260, fracción II, y 251 del ordenamiento invocado. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos de los preceptos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo de lo anterior, se invoca la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese, personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

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