David de Anda Chávez
Expediente 987/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 26/03/2018
Partes del expediente
- David de Anda Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 103 a 104 y 142 a 144), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho (foja 145), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el trece de junio del año dos mil diecisiete (fojas 61 a 73), se determinó conceder a David de Anda Chávez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, en relación con los numerales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $121,045.20 (ciento veintiún mil cuarenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. (.) Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; con la aclaración que, del total que ampara el recibo de pago, se descuenta la suma de $4,635.00 (cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al concepto de "Registro de cualquier acto jurídico otorgado fuera del territorio del Estado", previsto por el artículo 21, fracción XXXII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, toda vez que la porción normativa en que se fundamentó dicho cobro, no fue materia de reclamo dentro del presente juicio. (.) Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.)". Sentencia que causó ejecutoria el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 77 y 78). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el cinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 103 a 104), veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 93 a 94) y seis de marzo de la presente anualidad (fojas 142 a 144), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, impresión del comprobante de transferencia bancaria SPEI (foja 104) y copia del cheque que le fue notificado a la quejosa (foja 143), que contienen la suma de la cantidad erogada y su actualización respectivamente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $125,291.73 (ciento veinticinco mil doscientos noventa y un pesos con setenta y tres centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete (foja 11), y que se efectúo la devolución mediante la expedición de una transferencia bancaria SPEI por la cantidad de $116,130.20 (ciento dieciséis mil ciento trienta pesos con veinte centavos) y un cheque bueno por $9,161.53 (nueve mil ciento sesenta y un pesos con cincuenta y tres centavos), cuya sumatoria de éstos da como total la correspondiente cantidad actualizada, ya que se le notificó el veinticuatro de enero de la presente anualidad; pues el último de ellos se puso a disposición en esa fecha, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecisiete a enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre entre el índice para el mes de marzo, ambos de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre fue de 130.813 y para el mes de marzo fue de 126.087, ambos de dos mil diecisiete, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0374. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $120,765.20 (ciento veinte mil setecientos sesenta y cinco pesos con veinte centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $125,281.81 (ciento veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos con ochenta y un centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $4,516.61 (cuatro mil quinientos dieciséis pesos con sesenta y un centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $125,281.81 (ciento veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos con ochenta y un centavos moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $125,281.73 (ciento veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos con setenta y tres centavos), es decir, hay un déficit de $0.04 (cuatro centavos moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Del mismo modo, del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante las autoridades responsables a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la parte quejosa, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 103 a 104 y 142 a 144), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho (foja 145), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el trece de junio del año dos mil diecisiete (fojas 61 a 73), se determinó conceder a David de Anda Chávez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, en relación con los numerales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $121,045.20 (ciento veintiún mil cuarenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. (.) Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; con la aclaración que, del total que ampara el recibo de pago, se descuenta la suma de $4,635.00 (cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al concepto de "Registro de cualquier acto jurídico otorgado fuera del territorio del Estado", previsto por el artículo 21, fracción XXXII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, toda vez que la porción normativa en que se fundamentó dicho cobro, no fue materia de reclamo dentro del presente juicio. (.) Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.)". Sentencia que causó ejecutoria el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 77 y 78). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el cinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 103 a 104), veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 93 a 94) y seis de marzo de la presente anualidad (fojas 142 a 144), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, impresión del comprobante de transferencia bancaria SPEI (foja 104) y copia del cheque que le fue notificado a la quejosa (foja 143), que contienen la suma de la cantidad erogada y su actualización respectivamente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $125,291.73 (ciento veinticinco mil doscientos noventa y un pesos con setenta y tres centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete (foja 11), y que se efectúo la devolución mediante la expedición de una transferencia bancaria SPEI por la cantidad de $116,130.20 (ciento dieciséis mil ciento trienta pesos con veinte centavos) y un cheque bueno por $9,161.53 (nueve mil ciento sesenta y un pesos con cincuenta y tres centavos), cuya sumatoria de éstos da como total la correspondiente cantidad actualizada, ya que se le notificó el veinticuatro de enero de la presente anualidad; pues el último de ellos se puso a disposición en esa fecha, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecisiete a enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre entre el índice para el mes de marzo, ambos de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre fue de 130.813 y para el mes de marzo fue de 126.087, ambos de dos mil diecisiete, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0374. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $120,765.20 (ciento veinte mil setecientos sesenta y cinco pesos con veinte centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $125,281.81 (ciento veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos con ochenta y un centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $4,516.61 (cuatro mil quinientos dieciséis pesos con sesenta y un centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $125,281.81 (ciento veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos con ochenta y un centavos moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $125,281.73 (ciento veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos con setenta y tres centavos), es decir, hay un déficit de $0.04 (cuatro centavos moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Del mismo modo, del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante las autoridades responsables a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la parte quejosa, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, así como con los que obran a fojas 103 a 104 para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, así como con los que obran a fojas 103 a 104 para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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