David Edu Gomez Bache

Expediente 1656/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1656/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • David Edu Gomez Bache
  • JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS.- Referencia: controversia familiar sobre guarda, custodia y alimentos 01/2021
  • Anna Valentina Gómez Rodríguez
  • María Inés Gómez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Titular del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual devuelve los anexos l al lll; sin embargo, del estado procesal de los autos se advierte que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, en razón que mediante acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós se ordenó su archivo. En consecuencia, se ordena devolver los anexos citados a la autoridad oficiante. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2967/2022 de veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, por auto de cinco de agosto del presente año, se ordenó devolver los anexos I-III, al Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. En consecuencia, gírese oficio a la citada autoridad en alcance al diverso 22452/2022, a fin de que sean devueltos los citados anexos. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2967/2022 de veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1656/2021-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el doce de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en su único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I-III; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1656/2021-V, promovido por ******** ********* **********, por sí y en representación de sus menores hijas de iniciales ********* y ************, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el dos de diciembre de dos mil veintiuno a través del Portal en Línea del Consejo de la Judicatura Federal y recibida en el Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el día tres de ese mismo mes y año, y turnada a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en esta última fecha, ******** ********* **********, por sí y en representación de sus menores hijas de iniciales ********* y *********, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos emitidos por la Jueza Cuarta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Admisión y audiencia constitucional. La demanda se radicó en este juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos bajo el número 1656/2021-V, y por auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, admitió la demanda; por consiguiente, solicitó el informe justificado, ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y emplazar a la tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal donde se establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde reside la autoridad responsable. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución interlocutoria dictada por la Jueza Cuarta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos dentro del juicio de controversia familiar expediente número 01/2021, sobre guarda, custodia y alimentos, promovida por Elizabeth Rodríguez Gayón contra David Edu Rodríguez Gayón, por la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que ordenó al quejoso no acercarse al domicilio donde habita la madre actora con las menores hijas de ambos, con iniciales ******** y ********* Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, toda vez que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Se corrobora con la copia certificada de las constancias del juicio de origen, a las cuales se concede pleno valor probatorio pleno, por ser expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no actualizarse causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Son inoperantes en una parte e infundados en otra, los conceptos de violación, por las consideraciones jurídicas expuestas enseguida y sin advertirse algún motivo para suplir la deficiencia de la queja. I. Antecedentes. Para contextualizar el asunto, se citan los antecedentes desprendidos del juicio de origen: 1. El once de enero de dos mil veintiuno, ante la responsable, se radicó y admitió a trámite la demanda del juicio de controversia familiar expediente número 01/2021, sobre guarda, custodia y alimentos, promovida por Elizabeth Rodríguez Gayón contra David Edu Rodríguez Gayón. 2. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la Jueza responsable estableció como régimen de convivencias a distancia entre ********** ********* ************** y sus menores hijas de iniciales ********* y **********. Estableciendo los días martes, jueves y domingo, en un horario de las diecisiete a las dieciocho horas, a través de los medios de comunicación disponibles y los cuales tuvieran acceso, es decir, video llamadas o bien reuniones virtuales en plataformas electrónicas. 3. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el Abogado Patrono de la actora exhibió fotocopias simples del acta de catorce de julio de dos mil veintiuno en la indagatoria FGE/QROO/CAN/FEDCMYRG/07/3734/2021, por la cual se hace constar la comparecencia de Elizabeth Rodríguez Gayón, ante la Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común Adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en el Municipio de Benito Juárez de esta entidad. Entre otras cosas, hizo del conocimiento de la Jueza natural, que el demandado constantemente se había presentado en el domicilio donde habitan la actora y las menores en dicha ciudad, incluso había amenazado a los elementos de seguridad del condominio. Refirió a la Jueza, ya haber hecho de su conocimiento la situación de violencia intrafamiliar vivida por la actora, pues inclusive habían acompañado constancias de la carpeta de investigación contra el demandado. En consecuencia, solicitó se tomaran medidas de protección y se cancelaran las convivencias decretadas y se prohibiera al demandado el acercamiento del demandado a la actora y las menores y evitar actos de violencia contra ésta. 4. En respuesta, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno la Jueza responsable emitió acuerdo y, entre otros aspectos, requirió el envío de las constancias de la carpeta de investigación referida y negó la cancelación de las convivencias. 5. Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la actora del juicio natural solicitó sigilo respecto al domicilio donde habitaba con sus menores, porque -dijo- a pesar de haberlo solicitado, la Jueza responsable había sido omisa en guardar tal dato personal, refiriendo que el demandado había ido a buscarla hasta el nuevo domicilio y amedrentó a los guardias de seguridad para lograr el acceso, temiendo por la seguridad de ella y las menores, por la violencia ejercida por el demandado. 6. En atención a las manifestaciones anteriores, por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable señaló no poder mantener en sigilo la información, pero invocando el interés superior de las niñas, con la finalidad de evitar cualquier situación que pusiera en peligro a la promovente y las menores, requirió al demandado abstenerse de acercarse y causarles molestias en su domicilio, con el apercibiendo de imponerle multa de veinte unidades de medida de actualización, de no acatar lo ordenado. 7. El aquí quejoso interpuso recurso de revocación contra la determinación anterior, resuelto por la responsable en interlocutoria de tres de noviembre de dos mil veintiuno, confirmando el acuerdo combatido. Esta es la resolución reclamada en el juicio constitucional. II. Conceptos de violación. En primer lugar, es inoperante el argumento relativo a la abstención de la responsable de realizar evaluaciones psicológicas a ambos progenitores, y a la pareja de la madre quien vive con las menores, para averiguar si están en condiciones psicológicas y emocionales para ostentar la guarda y custodia. Su inoperancia radica en que la materia de estudio de la resolución reclama, fue la medida de protección dictada para que el demandado se abstuviera de acercarse y causar molestias a la actora y a las menores en el domicilio de residencia; sin existir pronunciamiento alguno de parte de la jueza natural sobre la guarda y custodia de las menores, ni tampoco sobre el régimen de visitas provisional fijado. Por ello, el tema de la asignación de la guarda y custodia para la madre y las evaluaciones psicológicas aludidas, constituyen cuestiones jurídicas ajenas a la materia del recurso de revocación interpuesto por el demandado; de ahí lo inoperante del concepto de violación. Por identidad de razón, es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/34, con el rubro: "LITIS, LA INTRODUCCIÓN DE ARGUMENTOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA, RESULTAN INOPERANTES.". En otro sentido, sostiene el quejoso que ilegalmente se declararon infundados los agravios del recurso de revocación, porque no existe prueba de que él, como demandado del juicio de origen, sea un peligro para la salud física, psicológica o emocional de las menores, ni la madre, pues -dice- de los hechos narrados en las denuncias, no se advierte la comisión de algún delito ellas. Esto, toda vez que en la denuncia presentada en el Estado de Morelos, la declarante únicamente dijo que el quejoso sonrió a una pregunta hecha por ella, dándose fe de no presentar algún tipo de golpe físico. A su vez, en la realizada en Estado de Quintana Roo, la declarante únicamente señaló haber visto al aquí quejoso caminando afuera de la casa donde vive la actora y las menores. En tal virtud, refiere el quejoso, previo a ordenar la prohibición de acercarse a sus menores hijas, la jueza de origen debió ejercer las facultades previstas en los artículos 167 y 168 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, e investigar si realmente el demandado constituye un peligro para las menores y la madre de éstas, sin asumir como verdad lo afirmado por la actora. Así, abunda el peticionario, al confirmar la orden de alejamiento de las menores, trasgrede el derecho de éstas a vivir una vida en un entorno familiar natural, en contravención a los derechos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ante la indebida fundamentación y motivación del actuar de la responsable, la inexacta aplicación de la ley en perjuicio del quejoso y las menores y la consecuente trasgresión al debido proceso. Son infundados tales argumentos, los cuales se analizarán en conjunto, dada su estrecha vinculación. Con el propósito de evidenciar lo anterior, destaca que la Jueza natural declaró infundados los agravios, argumentando haber sido legal la emisión de la orden al demandado para abstenerse de acercarse y causar molesta a la actora y las menores en el domicilio donde habitan, sobre la base de la existencia de indicios razonables de violencia familiar del demandado hacia a la actora. En particular, refirió la existencia de las copias de la indagatoria FGE/QROO/CAN/FEDCMYRG/07/3734/2021, tramitada ante la Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común Adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quien concedió la medida de protección consistente en que el indiciado, David Edú Gómez Baché se abstuviera de acercarse y causar molestias a la denunciante Elizabeth Rodríguez Gayón, en el domicilio donde habita con sus menores, por un lapso de sesenta días. Además, adujo que en autos se exhibieron constancias de la carpeta de investigación CJM01/1546/2020, abierta al demandado por el delito de violencia familiar ejercida contra la actora, ante el Agente del Ministerio Público Adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Al respecto, para quien resuelve, fue correcto que la responsable se apoyara en dichas documentales al emitir el acto reclamado. En efecto, al confirmar el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se ordenó al demandado abstenerse de acercarse y causar molestias a la actora y las menores en el domicilio de habitación, actuó acertadamente al sustentar dicha determinación en la existencia de indicios de violencia familiar del parte del progenitor de las menores. Contrario a lo sostenido por el quejoso, en la denuncia realizada el seis de octubre de dos mil veinte, Elizabeth Rodríguez Gayón denunció hechos iniciándose la carpeta de investigación CJM01/1546/2020, entre otras cosas, dijo que el cuatro de octubre de ese mes y año, siendo aproximadamente las veinte horas, realizó llamada telefónica a David Edú Gómez Baché para recoger a las menores hijas de ambos, pues éste se las había llevado el fin de semana. El demandado le respondió que no se las iba a entregar. Por tanto, acudió al domicilio de éste y al tocar la puerta, luego de varios minutos el demandado abrió la puerta y pidió a la actora sentarse y en ese momento comenzó a decirle: ".que yo era una puta, una zorra y una lesbiana y que yo a mis casi 40 años lo que debía de hacer era estar en mi casa sentada esperando a que el regrese con las niñas, me dijo que él era un cabrón y que no lo provocara, porque entonces él me iba a quitar a mis hijas, por lo que yo le respondí que no se atreviera a hacer eso, respondiéndome que él sabía como quitarme a mis hijas, mi hija ANNA VALENTINA quien se encontraba en el interior del departamento de su padre me escuchó y salió a verme y en ese momento aproveché para irme con mis hijas y me fui, así mismo informo que no es la primera vez que mi ex pareja DAVID EDÚ GÓMEZ BACHÉ, me agrede ya que ese fue el motivo por el cual nos separamos." Posteriormente, se advierte la comparecencia realizada por Elizabeth Rodríguez Gayón ante el Fiscal, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, donde expresó: ".Que el día 20 de diciembre del 2020, siendo las 12:50 del día, recibí una llamada telefónica a mi celular 7774793426 en este momento de su número 5538846010, y era DAVID EDU GOMEZ BACHE, quien me preguntó que dónde estaba, y en cuánto tiempo llegaba a mi casa para entregarme a mis hijas porque estaban con él, y yo le dije que en el súper, y que enseguida llegaría a la casa, por lo que siendo las 12:50 del día, estacionándome fuera de mi domicilio, viendo que llega la camioneta de DAVID y se estaciona detrás de mí, aclarando que yo estaba yo con mi pareja y para evitar problemas le dije a mi pareja que se metiera a mi casa, por lo que ella se mete a mi casa, en eso DAVID se baja de la camioneta y me dice AGARRA A LAS NIÑAS, Y DILE A TU MAMÁ QUE SE LAS QUEDE Y TE SUBES A LA CAMIONETA, por lo que yo agarro a mis hijas y las llevo con mi madre, quedándose las puertas de mi carro abiertas con mis cosas del súper, llaves puestas y mi teléfono adentro, y cuando voy de regreso a mi carro veo que DAVID saca algo de mi carro y lo cierra llevándose las llaves, y me dice DAVID: SÚBETE A LA CAMIONETA, yo le dije que no, diciéndome SI NO TE SUBES VOY A DESMADRAR TU CARRO, por lo que yo me pongo en medio de los dos carros, DAVID me avienta el carro pero no me pegó, y yo voy a mi casa y me regreso enseguida a mi carro diciéndole a DAVID que me diera las llaves de mi carro para que yo me subiera a su carro, me das la llaves y yo muevo mi vehículo lo estaciono bien DAVID me seguía con su camioneta, después de que me bajo de mi carro DAVID insistía en que me subiera con él, me percato que mi celular no estaba en mi carro y se lo pido a DAVID diciéndome que no lo tenía él, TE VOY A HACER LA VIDA DE CUADRITOS y yo le dije que eso qué significaba que si me iba a matar, DAVID se empezó a reír y me dijo vamos a tomarnos una cerveza, yo le dije que no, que no tomo, pidiéndole que sacara su camioneta de mi privada, cuando me regreso a mi casa y veo que mi pareja sale y DAVID nos voltea a ver, le pido mis teléfonos y nos dice SUBANSE LAS DOS A LA CAMIONETA haciéndonos señas con el dedo llamándonos, DAVID se retira del lugar. Asimismo el día de hoy 21 de diciembre del 2020 siendo las 06:40 a mi casa 7774317140 y estaba en estado de ebriedad y que en dos horas pasaría por mis hijas a lo que le dije que no, ERES UNA IGNORANTE, ZORRA, LESBIANA, PUTA MENTIROSA y le dije que cuando estuviera bien hablaríamos y colgamos.". Además, en dicha indagatoria consta el informe de veintidós de enero de dos mil veintiuno, suscrito por la Psicóloga adscrita al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Morelos, donde concluye que Elizabeth Rodríguez Gayón, denota daño moral y/o psicológico derivado del delito de violencia familiar por parte del aquí quejoso, Por otra parte, en la denuncia presentada el catorce de julio de dos mil veintiuno en la indagatoria FGE/QROO/CAN/FEDCMYRG/07/3734/2021, se hace constar la comparecencia de Elizabeth Rodríguez Gayón, ante la Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común Adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en el Municipio de Benito Juárez de esta entidad, donde ésta declaró lo que se trascribe en la parte conducente: ".DESDE HACE SEIS MESES CAMBIÉ DE RESIDENCIA A ESTA CIUDAD CON LA FINALIDAD DE ESTAR MAS TRANQUILA DESPÚES DE TERMINAR MI RELACIÓN CON DAVID, SIN EMBARGO, PARA MI SORPRESA DESDE EL DÍA JUEVES PRIMERO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, COMO A LAS CUATRO DE LA TARDE ME DI CUENTA DESDE LA VENTANA DE MI HABITACIÓN QUE EN LA CALLE SE ENCONTRABA DAVID Y MÁS TARDE ME ENTREVISTÉ CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FRACCIONAMIENTO, LE MOSTRÉ UNA FOTO DE DAVID Y LE PREGUNTÉ QUE SI LA PERSONA DE LA FOTO HABÍA ENTRADO AL FRACCIONAMIENTO Y ME DIJO QUE SÍ Y LE PREGUNTÉ QUE SI HABÍA REGISTRADO SU VISITA Y ME DIJO QUE NO SE REGISTRÓ QUE PASÓ RÁPIDO Y QUE EL DÍA MIÉRCOLES TAMBIÉN HABÍA ENTRADO PARA BUSCAR LA CASA EN LA QUE VIVO." De acuerdo con lo anterior, no asiste razón al peticionario de amparo, al sostener equivocación de la responsable por considerar las denuncias presentadas como indicios de la existencia de violencia. Esto, pues dejando a salvo la calificación de los hechos que en su momento realicen los fiscales, para quien resuelve sí se narran hechos que pueden constituir agresiones verbales y físicas contra Elizabeth Rodríguez Gayón., en particular al emplear calificativos denigrantes, uso de lenguaje intimidatorio y haber "aventado" el coche a la aquí tercero interesada. Además, por constar un dictamen pericial que refiere la existencia de afectación psicológica de ésta, a virtud de violencia ejercida por el aquí quejoso. Por tanto, fue adecuado el actuar de la responsable quien sostuvo que, al advertir menores de edad involucrados en la contienda, era suficientes dichos indicios para dictar la medida de protección necesaria para evitar daños en la integridad física o mental tanto de la madre como de los infantes. En ese sentido, también fue correcto que la Jueza de origen justificara la necesidad de decretar la medida de protección explicada, en los indicios de violencia familiar ejercida por el demandado, de acuerdo a lo narrado por la actora del juicio, sin requerir datos de prueba plena sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde ocurrieron los hechos denunciados. Ello, en atención a la necesidad de emitir, incluso oficiosamente, medidas de protección que beneficien a la familia, en atención al interés superior de las menores, a fin de evitar sufrimientos y daños psicológicos con motivo de cualquier clase de violencia a la cual pudieran ser expuestas directa o indirectamente. Por lo anterior, es infundado que previo a prohibir al demandado acercarse y causar molestias a la actora y a las menores, la jueza de origen debiera investigar y determinar si realmente el demandado constituye o no un peligro para aquéllas. Esto pues, se insiste, al tratarse de una medida urgente de protección de carácter temporal, la Jueza natural está facultada para decretarla a fin de preservar y proteger a los miembros de la familia, en los términos del artículo 168 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, ante la violencia referida por la actora, especialmente perjudicial para la mujer y las menores involucradas. Conforme a dicha norma el órgano jurisdiccional estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores e incapacitados y decretar medidas tendentes a preservarla y a proteger a sus miembros; en este orden de ideas, la orden al demandado para abstenerse de acercarse y causar molestias a la actora y las menores, está justificada aún sin el desahogo de pruebas definitivas que sobre la veracidad de la violencia familiar, pues de lo contrario no lograría ser una medida efectiva. En ese sentido, es acertado lo sostenido en la interlocutoria combatida, quien afirmó que los órganos jurisdiccionales deben establecer las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de los menores, por lo cual si se solicitan argumentando violencia familiar, pueden dictarse sin requerir mayores datos de prueba que efectivamente la demuestren, sino basta advertir indicios leves sobre esa situación, para estimar la existencia de riesgo para la seguridad de las posibles víctimas de ahí lo conveniente de decretar cualquier medida provisional en atención al interés superior del menor, contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para dictar una medida de prevención basta la existencia de una situación de riesgo comprometedora de los bienes o derechos de los integrantes del grupo familiar, sin ser necesario verificar un daño, siendo suficiente el dicho de la persona que alega la agresión y la existencia de indicios leves sobre dicha situación. Por tanto, las denuncias de la actora del juicio hechas en las carpetas de investigación y el informe de veintidós de enero de dos mil veintiuno, suscrito por la Psicóloga adscrita al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Morelos, donde concluye que Elizabeth Rodríguez Gayón, denota daño moral y/o psicológico derivado del delito de violencia familiar por parte del aquí quejoso, fueron indicios suficientes para confirmar el auto donde ordenó al demandado abstenerse de acercarse y causar molestias a la actora del juicio y a las menores, en su domicilio. Es aplicable la tesis 1a. CXI/2016 (10a.), con el rubro: "VIOLENCIA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE DEBEN VERIFICARSE PARA DICTAR UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN.". No puede soslayarse el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cual ha referido a la familia como un bien valioso y las relaciones y arreglos que en ella se generan, como un espacio de interés para el Estado; no para justificar injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, sino por la necesidad de emprender acciones protectoras de la integridad de éstas al convivir en ese ámbito. Por tanto, agregó el Máximo Tribunal, el Estado reconoce su responsabilidad de intervenir en el espacio privado para garantizar el bienestar y seguridad de las personas sujetas a su jurisdicción. Actitud consonante con las obligaciones de debida diligencia en materia del derecho a una vida libre de violencia dentro de la familia, surgidas del marco constitucional y convencional. El criterio anterior está contenido en la tesis: 1a. CXXXVII/2017(10a.), de rubro: "VIOLENCIA FAMILIAR. LA ADOPCIÓN DE ESTA FIGURA TÍPICA POR EL LEGISLADOR NO PRETENDE JUSTIFICAR INJERENCIAS ARBITRARIAS EN LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS, SINO ATENDER LA NECESIDAD DE EMPRENDER ACCIONES QUE PROTEJAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN EN ESE ÁMBITO." En consonancia con lo anterior, en el marco de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia implican el despliegue de una serie de conductas estatales, a través de las cuales se garanticen la seguridad de las víctimas, entre otras. En este contexto, es constitucional dictar medidas de urgencia para evitar situaciones en las que se ponga en riesgo la salud e integridad física o mental de quienes hayan sido víctimas de daño físico o psíquico, o a su integridad sexual, de amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su familia. De ahí que una medida de protección tal como la emitida por la responsable dentro del juicio natural, para abstenerse de acercarse y causar molestias a la actora y las menores en el domicilio de habitación, es acorde con los deberes del Estado. En lo conducente y por identidad de razón jurídica, es aplicable la tesis 1a. CIX/2016 (10a.), con el rubro: "VIOLENCIA FAMILIAR. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA MATERIA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2.355 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, SON CONSTITUCIONALES." De acuerdo a lo expuesto, tampoco asiste razón al quejoso al sostener la trasgresión al artículo 14 de la Constitución Federal, porque el dictado de medidas de prevención durante el proceso, en los casos donde se alega violencia familiar, no vulnera los derechos al debido proceso o audiencia de la persona a quien se señala como agresor; pues, por un lado, tales medidas no son definitivas y, por otro, merecen un grado de protección menor frente a los valores y derechos que se pretenden proteger. De esta forma, las medidas de urgencia no tienen por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial o de un derecho del gobernado, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en prevenir un acto de violencia más en contra de las víctimas; por lo cual tales medidas tienen únicamente alcances precautorios y cautelares, además de estar fundadas en principios de debida diligencia y estado de necesidad. Es aplicable la tesis aislada CXII/2016 (10a.), del rubro siguiente: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL DICTADO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO VULNERA LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, AUDIENCIA O PROPIEDAD DEL PRESUNTO AGRESOR." Por otro lado, también es infundado el concepto de violación en el cual el quejoso alega violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable en la resolución combatida citó los preceptos legales y los motivos para declarar infundados los agravios del recurso de revocación, en particular los artículos 167 y 168 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, invocando las facultades para intervenir de oficio en los asuntos que afectan a la familia, especialmente tratándose de menores e incapacitados y decretar las medidas tendentes a preservarla y a proteger a sus miembros. Por tanto, es infundado el argumento anterior, al igual que el indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, atendiendo a las razones expuestas. Finalmente, es infundado el concepto de violación inherente a que la confirmación de la orden de alejamiento de las menores, trasgrede el derecho de éstas a vivir una vida en un entorno familiar natural. Ello, porque como sostuvo la responsable en la resolución combatida de tres de noviembre de dos mil veintiuno, la orden para que el demandado se abstenga de acercarse y causar molestias a la actora y las menores en el domicilio de habitación, es una medida provisional y no definitiva; además, en el estado procesal donde se dictó, no afecta el derecho de convivencia del demandado y sus menores hijas, pues se decretó un régimen en la modalidad a distancia, los martes, jueves y domingo de cada semana, en un horario de las diecisiete a las dieciocho horas, a través de medios de comunicación electrónicos, es decir, video llamada o reuniones virtuales en plataformas electrónicas. Por tanto, al momento de emitirse el acto reclamado, subsistía el régimen de convivencias explicado, y por ende la medida de protección combatida por el demandado, no priva a las menores de la convivencia con el progenitor; en el entendido que no es materia de la litis del recurso de revocación, ni del presente juicio de garantías, el régimen de convivencia provisional establecido por la Jueza natural. Así, al resultar en una parte inoperantes y en otra infundados los conceptos de violación, y no advertir motivo para suplir la deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********* ******* ************, por sí y en representación de sus menores hijas de iniciales ********* y **********, contra el acto y la autoridades precisados en el considerando tercer, por los motivos señalados en la consideración cuarta de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de julio de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien da fe.

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