David Carrizosa Jimenez

Expediente 1291/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1291/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • David Carrizosa Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en autos del impedimento 38/2019, concluyendo en su resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es fundado el impedimento planteado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer del juicio de amparo 1291/2019, promovido por David Carrizosa Jiménez." En mérito de lo anterior, acúsese de recibo al Tribunal de Alzada, para los efectos legales a que haya lugar y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, toda vez que el Tribunal de Alzada declaró fundado el impedimento plantado por este Juzgador, en esas condiciones, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, de la información proporcionada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, se advierte que el Juzgado Octavo de Distrito, con residencia en esta ciudad, es quien conoce actualmente del juicio de amparo promovido por DAVID CARRIZOSA JIMENEZ; en consecuencia, remítase el oficio proveniente de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho de octubre del presente año, previa copia simple que se deje en los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en su carácter de tercero interesado; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal se reserva el acuerdo conducente hasta en tanto se resuelva el impedimento planteado por auto de dos de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. ValeGO

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el impedimento expuesto por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de ampro promovida por DAVID CARRIZOSA JIMÉNEZ, el cual quedó registrado con el número 38/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.*NMTG*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con las constancias que remite y un disco versión digital (DVD). IMPEDIMENTO Ahora bien, de un análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, consistentes en disco versátil digital que acompañó y del cual se observa la audiencia correspondiente a la resolución emitida el dos de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente de impugnación 41/2019, se advierte que el suscrito debe declararse impedido para seguir conociendo de este asunto al actualizarse la causal de impedimento prevista en la fracción VIII, del artículo 51, de la Ley de Amparo, que impide resolver el juicio de amparo en que se actúa. Videograbación a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". En efecto, el impedimento constituye un factor externo para limitar la competencia de un órgano jurisdiccional, conocida como competencia subjetiva, el cual está dirigido a la persona del Juez o Magistrado, y al actualizarse acarrea la consecuencia de separarlo del proceso de su conocimiento. Este modelo para determinar la competencia, se apoya en situaciones personales del juzgador que la ley contempla, que constituyen en una especie de inhabilidad subjetiva del funcionario para administrar justicia en el caso concreto y su separación es una garantía de la imparcialidad indispensable para que la sociedad y las partes tengan confianza en sus jueces. Dicho de otra forma, el impedimento es una forma de limitar la función jurisdiccional vinculada con el elemento personal del juzgador, que como tal, vive dentro de un conglomerado social, es sujeto de derecho e intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titular de bienes propios, situaciones de vida personal; asimismo, no solo las relaciones personales de dichas personas físicas pueden influir en el ánimo del juzgador, sino que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su ejercicio jurisdiccional. La finalidad de la figura jurídica, es salvaguardar el principio de imparcialidad, uno de los elementos pilares del derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se entiende como una condición esencial de los juzgadores de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Conforme a lo anterior, es dable sostener que la justicia imparcial se traduce en la observancia de las normas jurídicas que regulan el caso y el ánimo del juzgador de estudiar los aspectos que se debaten, sin crear sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Desde esa perspectiva, las leyes permiten que los encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. En materia de amparo, el artículo 51 de la ley la materia describe los supuestos en los que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, se encontrarán impedidos para conocer de un asunto, de los cuales, en ese asunto destaca el previsto en la fracción VIII, cuyo contenido se trascribe: "VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.". De la lectura del precepto de referencia, se observa que un juez de Distrito puede formular una causal de excusa de conocimiento del asunto, en el caso, cuando considere que puede existir el riesgo de pérdida de la imparcialidad, con la finalidad de preservar la administración de justicia y el debido proceso. A mayor abundamiento y como criterio orientador, debe señalarse que en el impedimento 3/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó el alcance de dicha fracción, debido a la excusa formulada por la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos; en dicho asunto se indicó lo siguiente: Se expuso que el principio de imparcialidad supone que las personas integrantes de los órganos estatales con competencia para adoptar las decisiones públicas, no tengan prejuicios o intereses personales de ningún tipo en relación con las partes en un proceso, susceptibles de afectar la rectitud de su pronunciamiento. Esto permite que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes y a los ciudadanos en una sociedad democrática.. Se señaló que la citada fracción establece una hipótesis genérica que opera cuando el juzgador se encuentra en una situación objetiva distinta a los impedimentos específicos listados en el precepto pero que también implique razonable y comprensiblemente un riesgo para la imparcialidad al pronunciarse sobre el fondo del asunto. Se expuso que la imparcialidad del juzgador puede observarse desde dos aspectos: a) Subjetiva. Trata de averiguar la convicción personal del juez determinado en un caso concreto. b) Objetiva. Que se refiere a si el juzgador ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable al respecto. Porque en esa materia incluso las apariencias pueden revestir "una cierta importancia", todo juez en relación con el cual pueda haber razones legítimas para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer de la causa. Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos de una sociedad democrática. La Primera Sala manifestó que de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todos los jueces y tribunales deberán conducirse de tal manera que las apariencias no puedan llevar a pensar que se está actuando exento de imparcialidad judicial, esto es, que el juez no sólo tiene la obligación de actuar imparcialmente sino que además esa imparcialidad debe manifestarse hacia afuera. Así, la prueba objetiva de imparcialidad consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ese sentido debe darse al artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al establecer los elementos objetivos. Desde el punto de vista objetivo, es necesario determinar si, independientemente de la actitud personal de los jueces, existen hechos objetivos que autoricen a poner en duda la imparcialidad de alguno de aquellos, o bien asegurar que existen garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre su imparcialidad. Por su parte, la imparcialidad subjetiva del juzgador, ésta se debe presumir hasta que se pruebe lo contrario. Bajo tal contexto argumentativo, el titular del juzgado considera se actualiza la causal prevista en la fracción VIII, del artículo 51, de la Ley de Amparo; pues es rector del proceso en el juicio ejecutivo mercantil 46/2017, donde el promovente de amparo es parte actora. En ese tenor, cabe destacar que el promovente de la acción constitucional reclama del Juez de Distrito Ignacio Pérez Aguirre, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Decimoctavo Circuito Judicial en funciones de Juez de Control, lo siguiente: ".la ilegal resolución de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve por la cual se declara INFUNDADO el recurso innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales radicado bajo el número 4172019, interpuesto por el suscrito en contra del Acuerdo de no Ejercicio de la Acción Penal de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por la cual se violentan diverso derechos humanos en perjuicio del suscrito.". Como se advierte, la materia del juicio de amparo consistirá en el análisis de constitucionalidad de la resolución emitida en el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez responsable se advierte lo siguiente: El quince de mayo de dos mil diecinueve, David Carrizosa Jiménez impugnó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitida en la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0001569/2017, emitida por el Agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de Fiscal Orientador de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata en el Estado de Morelos. Por auto de dieciséis de mayo del año en curso, la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio Administradora del Centro de Justicia penal Federal en el Estado, admitió dicha impugnación registrándola bajo el número 41/2019. En audiencia de dos de septiembre de dos mil diecinueve el aquí quejoso David Carrizosa Jiménez, refirió que hay un convenio entre Ezequiel Ávila Palos y Sergio Joel, documento el cual obra en la caja fuerte de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado del que incluso no se le ha permitido sacar copia por tratarse de un documento reservado, para lo cual refiere tuvo que solicitar una orden judicial. De igual forma en la misma audiencia el Juez de origen determinó declarar improcedente la impugnación presentada por el promovente David Carrizosa Jiménez, única y exclusivamente respecto del desglose de la carpeta y su remisión a la Fiscalía General el Estado de Guerrero; luego de estimar que carecía de competencia para conocer los delitos señalados en las ampliaciones de denuncia que se presentaron en la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0001569/2017, pues dicho desglose no paraliza, ni suspende, ni termina la investigación apoyando su determinación en el criterio de contradicción de tesis 233/2013, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, declaró infundados los argumentos vertidos por la asesora jurídica y el aquí quejoso, confirmando el no ejercicio de la acción penal emitido a favor del licenciado Guillermo Amaro Correa, dentro de la carpeta mencionada en el párrafo que antecede, toda vez que concluyó no se actualizaba la conducta de entorpercer o no despachar un asunto, pues hubo un pronunciamiento sobre el particular con independencia de lo estimado por el Tribunal de Alzada en el sentido de reiterar que estuvo en lo incorrecto el entonces Juez Tercero de Distrito en determinar que había prescrito el cheque que había remitido la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado Guerrero. Además de que por resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete el Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, determinó calificar de legal el impedimento manifestado en vía de excusa por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos en el conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 22/2011 y en consecuencia ordenó remitir los autos de dicho juicio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que se determina que juez de distrito tendría intervención en el negocio del asunto el cual por razón de turno le tocó conocer a este Juzgado Segundo de Distrito, lo cual no controvirtió David Carrizosa Jiménez, ni su asesora jurídica, por ello deteminó declarar infundado los motivos de disenso planteados. Por otra parte, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que con motivo del impedimento planteado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado Morelos, respecto del juico ejecutivo mercantil 22/2011, este órgano jurisdiccional por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, determinó aceptar la competencia y ordenó registrar el mencionado juicio bajo el número 46/2017-I. De los antecedes de dicho juicio se desprende los siguientes: Mediante escrito de diez de mayo de dos mil once, David Carrizosa Jiménez endosatario en propiedad de José Claudio Salgado Castrejón demando vía ejecutiva mercantil a Ezequiel Ávila Palos, diversas prestaciones, el cual quedó registrado bajo el juicio 22/2011 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos (fojas 1 a 37 del tomo I). Seguida la secuela procesal por sentencia de dos de febrero de dos mil doce, el Juez Tercero de Distrito determinó que era procedente la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva mercantil ejercitó David Carrizosa Jiménez y en consecuencia era procedente condenar a Ezequiel Ávila Palos a pagar la cantidad de $1,650,000.00 (un millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100, moneda nacional) por concepto de suerte principal y al pago de los intereses moratorios generados a razón de 10% y 6% por ciento anual a partir del vencimiento de los pagarés base de la acción y hasta que se haga el pago de la suerte principal, debiendo cuantificarse en sentencia (fojas 372 a 384 del tomo I). Por resolución pronunciada en el incidente de liquidación de intereses moratorios el dieciocho de octubre de dos mil doce se determinó que el monto a pagar a febrero de dos mil doce ascendía a la cantidad de $5,853,333.33 (cinco millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional). En sentencia emitida en el incidente de liquidación de costas de dieciocho de octubre de dos mil doce, se concluyó que el monto de ésta es la cantidad de $16,310.00 (dieciséis mil trescientos diez pesos 001/100 moneda nacional). Resoluciones que quedaron firmes el siete de noviembre de dos mil doce. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, el Juez tercero de Distrito en el Estado, se excusó para seguir conociendo del juicio ejecutivo mercantil 22/2011 en virtud de existía aversión o animosidad por parte de dicho Juez en contra del actor David Carrizosa Jiménez, motivo por el cual ordenó remitir el expediente al Tribunal de Alzada a efecto de que determinara lo conducen (foja 4905 y 4906 del tomo seis). Por resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete dictada en la excusa civil 1/2017 el Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, determinó calificar de legal el impedimento manifestado en vía de excusa por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos en el conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 22/2011, por actualizarse la causal prevista en la fracción XI del numeral 1138 del Código de Comercio, en consecuencia ordenó remitir los autos de dicho juicio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que determinara que juez de distrito tendría intervención en el negocio del asunto (fojas 4914 a 4920 del tomo VI). El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, con motivo del oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos y en cumplimiento a la ejecutoria dictada en la excusa civil 1/2017, este órgano jurisdiccional asumió la competencia del juicio ejecutivo mercantil 22/2011, seguido por David Carrizosa Jiménez contra Ezequiel Ávila Palos, en consecuencia ordenó radicarlo con el número de expediente 46/2017-I (foja 4921 del tomo seis) dicho controvertido en la actualidad se encuentra en la etapa de ejecución. En ese tenor, a juicio de suscrito, existe un elemento objetivo real y actual que genera riesgo de pérdida de imparcialidad, de ahí que se considera se actualiza la causa de impedimento que establece el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita el conocimiento de este asunto, dado que, por sus características, me vería limitado subjetivamente para analizar el acto reclamado. Dicho elemento objetivo que exige la norma en cuestión, debe tener la característica que el juzgador, al resolver un asunto de su competencia, no puede encontrarse en una situación o circunstancia -elemento objetivo- que comprometa su imparcialidad, o que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así, esto es, que adviertan situaciones que puedan llevar a pensar que existan conflicto de intereses, y por ello se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de la que goza tanto él como el órgano jurisdiccional del que forma parte. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis I.11º.C.24 K (10ª.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, Página: 1711, número de registro 2011198 de rubro: IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA SITUACIÓN DE RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD, DEBE SER REAL Y ACTUAL (ALCANCES DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA)." Ahora bien, para que se actualice la hipótesis prevista en la fracción VIII, debe presentarse lo siguiente: El juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I al VII. Esa situación constituya un elemento o elementos objetivos, esto es, que sean reales y actuales o que acontezca en la vida cotidiana del juzgador. Que de esos elementos puedan derivarse situaciones que pongan en riesgo la pérdida de imparcialidad, lo cual, como ya se dijo, no necesariamente implica una afectación, sino sólo la posibilidad de que ello pueda darse, o que ante la mirada de un observador razonable, pueda entenderse que hay motivos para pensar así. En el caso se acredita el primer elemento a que se refiere el inciso a), pues se advierten circunstancias o elementos objetivos diversos a los previstos en las fracciones I al VII del artículo 51 de la Ley de Amparo consistentes en que este órgano jurisdiccional conoce de la ejecución del entonces juicio ejecutivo mercantil 22/2011-E.P del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, actualmente registrado con el número 46/2017-I del índice de este órgano jurisdiccional con motivo del impedimento planteado por dicho Juzgador, donde el impetrante es parte actora en dicho controvertido. Es decir, no se trata de un caso en que se manifieste que el suscrito tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las parte o de sus abogados; tener interés personal en el asunto o que tenga su cónyuge o parientes; no interviene en el asunto en diverso carácter ni como asesor; no forma parte de diverso juicio de amparo semejante al juicio de amparo indirecto 1291/2019; y no tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. Por cuanto al segundo inciso, es importante establecer que ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la sola manifestación de un juzgador en el sentido de encontrarse en una determinada circunstancia que le impide resolver con objetividad e imparcialidad el asunto respectivo, tiene un peso importante y una presunción de veracidad dentro de nuestro sistema jurídico, en atención a los principios de independencia, excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo a que se encuentra sujeta la carrera judicial, en términos del artículo 100, párrafo séptimo, de la Constitución Federal. Así, la exposición libre, objetiva y responsable de un juzgador de elementos objetivos tienen veracidad, lo que es reconocida por el propio legislador en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que en su primer párrafo establece el deber de manifestar el impedimento y de invocar las causas de éste, sin establecer la obligación de aportar pruebas para acreditar el impedimento y sus causas. Por tanto, es de señalarse que el impedimento genérico en comento, no requiere demostrar que el Juzgador efectivamente tiene de hecho una inclinación favorable o adversa hacia alguna de las partes, o un interés o predisposición personal en cuanto a la solución del asunto, sino que basta que, en abstracto, alguna circunstancia perceptible pueda generar una duda razonable sobre su neutralidad al momento de resolver el presente juicio constitucional. Apoya lo expuesto, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cinco, Tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO." Así como la tesis III.6º.A.5 K (10ª.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 1095, número de registro 2018675 de rubro: "IMPEDIMENTO PLANTEADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. BASTA QUE EL JUZGADOR MANIFIESTE SU POSICIÓN PERSONAL FRENTE AL ABOGADO O AUTORIZADO DEL QUEJOSO EN UN DIVERSO JUICIO O PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN TRÁMITE EN EL QUE SEA PARTE, PARA QUE SE CALIFIQUE DE LEGAL.". Finalmente por cuanto lo previsto en el inciso c), cabe destacar que el promovente de la acción constitucional reclama del Juez de Distrito Ignacio Pérez Aguirre, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Decimoctavo Circuito Judicial en funciones de Juez de Control, lo siguiente: ".la ilegal resolución de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve por la cual se declara INFUNDADO el recurso innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales radicado bajo el número 4172019, interpuesto por el suscrito en contra del Acuerdo de no Ejercicio de la Acción Penal de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por la cual se violentan diverso derechos humanos en perjuicio del suscrito.". Como se advierte, la materia del juicio de amparo consistirá en el análisis constitucionalidad del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, dicho recurso deriva de la carpeta de investigación con motivo de la querella presentada por el aquí quejoso en contra del licenciado Guillermo Amaro Correa, en su carácter de Juez Tercero de Distrito del Decimoctavo Circuito Judicial, por la posible comisión de hechos delictivos contra la administración de justicia y abuso de autoridad en la carpeta FED/MOR/CUER/0001569/2017 del índice de la Unidad de Atención Inmediata de la Procuraduría General de la República delitos que se derivan según el impetrante de la ejecución del entonces juicio ejecutivo mercantil 22/2011-E.P. del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, actualmente registrado con el número 46/2017-I del índice de este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, este juzgador, considera que por esa causa, se encuentra en riesgo de comprometer su imparcialidad al observar que los hechos que serán materia de análisis en el presente juicio de amparo integran o corresponden a actuaciones de las que el suscrito, por los motivos ya expuestos, le corresponde actualmente su conocimiento como rector del procedimiento, lo que puede dar cabida a que un observador razonable, como puede ser alguna de las partes en el juicio respectivo, o la sociedad en general, advierta que existe motivo para pensar en la pérdida de parcialidad, lo que compromete el decoro judicial de la que goza, frente a los justiciables, tanto el juzgador como el órgano jurisdiccional en su conjunto, o inclusive el prestigio de todo el Poder Judicial al constituir una unidad de éste. En efecto, como punto de referencia a que se refieren los artículos 54 y 55 del Código Iberamericano de Ética Judicial, este órgano jurisdiccional, a través de sus integrantes, debe conducirse de una manera que ante un observador razonable o incluso ante la opinión pública, no se atente contra las exigencias de conducirse con rectitud e imparcialidad, y por ende, no sería bien visto que este Juzgador conozca de un asunto en donde es rector del proceso, aun y cuando efectivamente no se advierte la existencia de alguna hipótesis legal objetiva que haga si quiera presumir que tenga un interés en el asunto, pues basta la existencia de una situación de riesgo. En consecuencia, este juzgador, considera que por esa causa, se encuentra en riesgo de comprometer su imparcialidad, pues da cabida a que un observador razonable, como puede ser alguna de las partes en el juicio respectivo, o la sociedad en general, advierta que existe motivo para pensarlo así, lo que compromete el decoro judicial de la que goza, frente a los justiciables, tanto el juzgador como el órgano jurisdiccional en su conjunto, o inclusive el prestigio de todo el Poder Judicial al constituir una unidad de éste. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis II.1º.C.8 K (10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito del publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Materia(s): Común, Décima Época, Página: 4011, número de Registro: 2010253 cuyo rubro es: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL FUNCIONARIO JUDICIAL EXPRESA LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DE LOS QUE SE INFIERE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD (ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA). Por tanto, de conformidad con lo anterior, este juzgador se declara LEGALMENTE IMPEDIDO PARA SEGUIR CONOCIENDO DE ESTE ASUNTO, excusándose en su conocimiento; en tal virtud, fórmese cuaderno de antecedentes y mediante oficio que se libre al respecto, infórmese esta determinación al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en Turno, remitiendo los originales del presente juicio de amparo, para que resuelva lo conducente. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe. NMTG

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano