David de la Torre Roque

Expediente 822/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
822/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • David de la Torre Roque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 822/2019-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en su único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I, II y III; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE TERCERA INTERESADA: VÍCTOR MANUEL DE LA TORRE ANZUREZ, LA RESOLUCION de VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, que en lo conducente establece: Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A DAVID DE LA TORRE ROQUE, contra la resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el toca civil 20/2019-19, reclamada a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 822/2019-IV, promovido por DAVID DE LA TORRE ROQUE; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este Juzgado de Distrito, DAVID DE LA TORRE ROQUE, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, los que hizo consistir en la resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el toca civil 20/2019-19. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, fijándose fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Víctor Manuel de la Torre Anzures. En diligencia de dos de julio de dos mil diecinueve, se emplazó al referido tercero interesado (fojas 73). Se continuó con la substanciación del procedimiento iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el toca civil 20/2019-19, toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado (foja 35). Al respecto, se allegaron el expediente original del toca civil 20/2019-19 (anexo I), de la que se advierte la existencia del acto reclamado; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. El tercero interesado Víctor Manuel de la Torre Anzures, argumentó que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso promovió el juicio de amparo directo 581/2019 ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, en el que reclamó la misma resolución que impugna en esta instancia constitucional. La disposición de la Ley de Amparo invocada señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del contenido de la disposición legal transcrita se puede advertir que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que los actos reclamados que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución. b) Que ambos juicio sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. No se actualiza la referida causal de improcedencia en virtud de que si bien está demostrado que el quejoso promovió juicio de amparo directo contra la resolución que aquí constituye el acto reclamado, el cual quedó registrado con el número 581/2019 ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito; sin embargo, constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que dicho Tribunal Colegiado, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo y, por razón de turno le correspondió conocer de la misma a este juzgado federal, la cual fue radicada bajo el número 921/2019-I, misma que se desechó de plano al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el presente expediente; por tanto, en este juicio de amparo no se actualiza la referida causal de improcedencia porque actualmente no existe otro juicio pendiente de resolución en el que se reclame el mismo acto. Al no haberse hecho valer por las partes ni advertirse de oficio alguna otra causal de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación. CUARTO.- Los conceptos de violación son inoperantes por los motivos que se explicarán más adelante, sin que en el particular opere la suplencia de la queja en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, se estima necesario señalar los antecedentes de la resolución impugnada: I.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de partes común de los Juzgados Civiles del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el nueve de mayo de dos mil dieciocho, que por turno le tocó conocer al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, VÍCTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES promovió en la vía de procedimiento no contencioso, diligencias de Apeo y Deslinde, solicitando las siguientes prestaciones: "1. Que por resolución Judicial se declaren aprobadas las presentes diligencias de Apeo y Deslinde en virtud de encontrarse justifIcada la hipótesis prevista por el artículo 684 del Código Procesal Civil vigente en el Estado de Morelos. 2. Que por resolución Judicial se declare y se determine la superficie, colindancias exactas del predio materia de las presentes diligencias de Apeo y Deslinde. 3. Que por resolución judicial, se declare procedente el derecho del suscrito a cerrar y cercar en su totalidad el bien inmueble materia del presente asunto." (Fojas 3 a 8 anexo II) II.- Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se admitió en la vía y forma propuesta, se ordenó requerir a los colindantes del predio JORGE JIMÉNEZ REYES, DAVID DE LA TORRE ROQUE, ALDRIN DE LA TORRE JIMÉNEZ, BENITO GONZÁLEZ MONTERO Y SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, para que dentro del plazo de tres días presentaran sus títulos o documentos y nombraran perito de su parte; asimismo, se designó como perito oficial a Guadalupe Lucio Ramírez Brugada y se señaló fecha para que tuviera verificativo la diligencia de apeo y deslinde (fojas 10 y 11 anexo II) III.- Por auto de uno de junio de dos mil dieciocho, se tuvo al colindante DAVID DE LA TORRE ROQUE, haciendo diversas manifestaciones, y exhibiendo diversos documentos (fojas 67 anexo II). IV.- En auto de seis de junio de dos mil dieciocho, se tuvo como colindante a Celsa Hernandez Mendoza, en virtud del fallecimiento de Sebastián Hernández "N" (fojas 71 anexo II) V.- El diez de septiembre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la diligencia de apeo y deslinde en la que la Actuaria determinó reservarse poner en posesión el predio materia de la "litis" porque existía oposición. (fojas 115 a 117 anexo II). VI.- El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos ordenándose turnar los autos para dictar la resolución definitiva (fojas 170 anexo II). VII.- El doce de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en la que se declararon improcedentes las diligencias de apeo y deslinde promovidas por VÍCTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES, esencialmente porque existió oposición por parte del colindante DAVID DE LA TORRE ROQUE, quien argumentó que existía un paso peatonal entre su predio con el predio materia de las diligencias de apeo y deslinde, lo cual consideró acreditado la Juez responsable con las testimoniales de Aldrin de la Torres Jiménez y Wilfrido Montero Pérez y el dictamen emitido por el perito adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (fojas 171 a 181 anexo II). VIII.- Inconforme VÍCTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES, interpuso recurso de apelación del cual le correspondió conocer a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien por resolución dictada en el toca civil 20/2019-19, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que se lleve a cabo la diligencia de apeo y deslinde en términos de lo dispuesto en el artículo 687 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. La razón toral del sentido de la resolución consiste en que en la diligencia de apeo y deslinde se dejó de observar lo dispuesto por el artículo 687 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, que en lo conducente establece: "El día y la hora señalados, el Juez, el Secretario o el actuario, si fueren comisionados para ello, estando presentes los peritos, testigos de identificación e interesados que asistan al lugar designado, dará principio a ella, y se llevará a cabo de acuerdo con las reglas siguientes: I. Se practicará el apeo, asentándose acta en que consten todas las observaciones que hicieren los interesados; II. La diligencia no se suspenderá por virtud de simples observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente registrado que pruebe que el terreno que se trata de deslindar es de su propiedad; III. El Juez, el Secretario o el actuario, al ir demarcando los límites del fundo deslindado, otorgará posesión al promovente respecto de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiere. Si se opusiere alguno que no tenga título registrado, no se le admitirá la oposición y continuará la diligencia; pero se reservarán sus derechos para que los haga valer en la vía y forma legales; IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que conforme a sus títulos queda comprendido dentro de los límites de su propiedad, el tribunal oirá a los interesados procurando que se pongan de acuerdo. Si esto se lograre se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá el Juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute, y mandará reservar sus derechos a los interesados para que los hagan valer en el juicio correspondiente; V. El Juez mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales; y, VI. El Juez decidirá lo que proceda sobre el derecho y obligación de las partes de cerrar o cercar su propiedad en todo o en parte si así se lo pidieren Lo anterior porque si bien DAVID DE LA TORRE ROQUE, colindante (aquí quejoso) previo al desahogo de la diligencia de apeo y deslinde presentó por escrito su oposición y exhibió diversas documentales relativas al predio de su propiedad, la responsable concluyó que con las mismas no se desprende dato alguno que lleve a determinar que la totalidad o parte del bien inmueble objeto de la diligencia de apeo y deslinde, sea de la propiedad de DAVID DE LA TORRE ROQUE. Además, durante la diligencia de apeo o deslinde no presentó título debidamente registrado que probara que el terreno que se trata de deslindar es de su propiedad; pues éste es el único supuesto que faculta al funcionario judicial que desahoga la diligencia a suspenderla. Asimismo, determinó que la oposición de DAVID DE LA TORRE ROQUE, se sustenta en que el predio de su propiedad colinda con un camino de paso el que pretende darle un uso de servidumbre; camino de paso que aún en el supuesto de que realmente sea utilizado como tal de acuerdo a las documentales que exhibió el promovente VICTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES se encuentra dentro de su propiedad. Por lo que resolvió que si DAVID DE LA TORRE ROQUE, considera que tiene algún derecho para utilizar ese camino de paso, el procedimiento de apeo y deslinde no es el medio idóneo para que obtenga dicha declaratoria. Por tanto, concluyó la Sala responsable que al no existir causa legal que justificara que la Actuaria adscrita al Juzgado no llevara a cabo la diligencia de apeo y deslinde ordenó la reposición del procedimiento (fojas 28 a 42 anexo I). Precisados lo antecedentes del acto reclamado, se procede al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa: I.- Argumentó que la autoridad responsable, no valoró de manera correcta y debida todas y cada una de las pruebas que ofreció, consistentes en: 1.- Original del contrato privado de compraventa de fecha 10 de mayo del 2001. 2. Original de una acta de deslinde de fecha 10 de mayo del 2001, expedida por Síndico Procurador y Sub-agente del Ministerio Público Municipal de Tétela del Volcán, Morelos. 3.- Original del recibo oficial número 2751, de fecha 17 de mayo del 2001, expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tétela del Volcán Morelos. 4.- Croquis ilustrativo del predio de su propiedad, de fecha 10 de mayo del 2001. 5.- Original de la declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles, de fecha 05 de enero del 2001. 6.- Original del aviso de traslación de dominio de fecha 21 de mayo de 2001. 7.- Original del recibo oficial número 1011, de fecha 04 de junio del 2001, expedido por Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tétela del Volcán Morelos que ampara el pago por concepto de ISABI. 8. Original de una notificación de valor catastral de fecha 20 de julio del 2005. 9. Original de un recibo de pago de fecha 02 de septiembre del año 2001. 10. Original de cuatro recibos oficiales números 2311, 3365, 2022 y 2023 de fechas 13 y 30 de enero del 2006 y 28 de noviembre del 2016, expedidos por Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tétela del Volcán Morelos. 11. Original de una notificación de valor catastral de fecha 02 de marzo del 2017. 12. Original del plano catastral de fecha 02 de Marzo del 2017, expedido por la Dirección General de Catastro del Ayuntamiento de Tétela del Volcán Morelos. 13.- Original del recibo oficial número 5841 de 25 de mayo del 2018 expedido por el Gobierno Municipal de Tétela del Volcán, Morelos. 14. Original del RECIBO OFICIAL número 5842 de fecha 25 de mayo del 2018 expedido por el Gobierno Municipal de Tétela del Volcán Morelos por concepto de pago predial. 15. Original del PLANO CATASTRAL de fecha 22 de enero del 2018, expedido por la Dirección General de Catastro del Ayuntamiento de Tétela del Volcán Morelos, del que se advierte que la parte sur de su inmueble, colinda con un camino privado, calle cerrada o camino de paso en una extensión de 24.09 metros de largo por 3.07 metros de ancho. Asimismo, refiere que la autoridad responsable no ponderó el contenido de las exposiciones fotográficas, las que en su criterio, sin duda alguna dan luz para advertir la veracidad de los hechos que expuso en su escrito de desahogo de vista. En este contexto considera el quejoso que es obvio que la autoridad responsable no valoro debidamente las pruebas que ofreció a la largo de la secuela procesal, transgrediendo con ello los artículos 490, 491, 493, 494, 495 y demás relativos y aplicables al Código Procesal Civil vigente, pues insiste en que la autoridad responsable no valoró, cada una en lo particular y mucho menos en su conjunto; tampoco lo hizo atendiendo a las reglas de la valoración de la sana critica del juzgador, ni las valoró atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia ni oponiéndolas o confrontándolas entre sí y contra las del promovente de las diligencias de apeo y deslinde. II.- Por otra parte, argumentó el impetrante que la autoridad responsable incurre en error al considerar que no le asiste derecho alguno para oponerse a las diligencias de apeo y deslinde que promovió VICTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES refiriendo que la responsable de manera incorrecta concluyó que porque no es el propietario de la colindancia norte y por ende no puede oponerse, ya que entre la propiedad del promovente del deslinde y del quejoso existe un callejón y por ello no le asiste el derecho de oponerse a las diligencias ya que en un momento dado sería el municipio quien haga valer esta oposición por tratarse de una fracción de terreno (callejón) que es del dominio público y que por lo tanto pertenece al municipio. Argumentos que considera el quejoso ilegales y violatorios de sus derechos, ya que "a su parecer sí importa quien se esté oponiendo a estas diligencias de apeo y deslinde, por considerarse afectado con las mediciones". Además durante la secuela procesal presentó documentos públicos oficiales del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, por lo que deben tomarse en cuenta y otorgarles el valor jurídico que conforme a la ley les corresponde, ya que se advierte de manera categórica la existencia de un callejón y/o camino de paso. III.- En otro aspecto argumentó el quejoso que la autoridad responsable no hace un análisis ni pondera de manera correcta la diligencia de apeo, deslinde y topografía realizada por la Actuaria ya que le resta todo valor jurídico probatorio a la misma, pasando por alto: a) La fe de la actuaria que dirigió la diligencia. b) Las manifestaciones vertidas por el perito designado por el juzgado de origen. c) Los testimonios que ofreció. d) Las manifestaciones que por conducto de su abogado patrono realizó. Por lo que considera que la autoridad responsable vulneró el derecho fundamental de debido proceso, de legalidad y de audiencia, ya que, en su opinión, resultó inadecuada e incorrecta la apreciación de la autoridad responsable al resolver que la oposición a las diligencias de apeo y deslinde son infundadas y como consecuencia de ello ordenó la reposición del procedimiento, porque según la autoridad responsable, debe de acreditar ser el propietario del callejón. Ahora bien, los sintetizados conceptos de violación se analizarán de forma conjunta, dado que devienen inoperantes por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen: En efecto, son inoperantes porque no combaten las consideraciones torales que rigen el sentido de la resolución impugnada ya que el quejoso sólo realiza afirmaciones, como enseguida se explica: La resolución reclamada básicamente descansa en las siguientes premisas: 1.- Que en la diligencia de apeo y deslinde se dejó de observar lo dispuesto por el artículo 687 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, porque si bien DAVID DE LA TORRE ROQUE, colindante (aquí quejoso) previo al desahogo de la diligencia de apeo y deslinde presentó por escrito su oposición y exhibió diversas documentales relativas al predio de su propiedad, de las mismas no se desprende dato alguno que lleve a determinar que la totalidad o parte del bien inmueble objeto de la diligencia de apeo y deslinde, sea de la propiedad de DAVID DE LA TORRE ROQUE. 2.- Durante la diligencia de apeo o deslinde no se presentó título debidamente registrado que probara que el terreno que se trata de deslindar es propiedad de DAVID DE LA TORRE ROQUE; pues éste es el único supuesto que faculta al funcionario judicial que la desahoga la diligencia a suspenderla. 3.- La oposición de DAVID DE LA TORRE ROQUE, está sustentada en que el predio de su propiedad colinda con un camino de paso que pretende darle un uso de servidumbre; el cual aún en el supuesto de que realmente sea utilizado como tal, de acuerdo a las documentales que exhibió el promovente VICTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES, se encuentra dentro de su propiedad. Por lo que si DAVID DE LA TORRE ROQUE, considera que tiene algún derecho para utilizar ese camino de paso, el procedimiento de apeo y deslinde no es el medio idóneo para que obtenga dicha declaratoria. 4.- Por tanto, concluyó la Sala responsable que al no existir causa legal que justificara que la Actuaria adscrita al Juzgado no llevara a cabo la diligencia de apeo y deslinde ordenó la reposición del procedimiento (fojas 28 a 42 anexo I). Dichas consideraciones no fueron combatidas en los conceptos de violación que esgrimió la quejosa, ya que únicamente se limita a realizar las siguientes afirmaciones en sus concepto de violación: 1.- Que no se valoraron la pruebas que ofreció, sin embargo, se observa que no especificó que hechos demuestran dichas pruebas que controviertan las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, es decir, cuáles son los datos relevantes que demuestra el material probatorio no valorado, que la Sala responsable dejó de observar y cuál es el agravio que le causó dicha omisión, pues se reitera únicamente afirma que no se valoraron las pruebas pero no señala la lesión a sus derechos o la trascendencia jurídica de dicha omisión. 2.- Establece que la autoridad responsable incurre en error al considerar que no le asiste derecho alguno para oponerse a las diligencias de apeo y deslinde, pero no señala en qué consiste el error, ni porqué le asiste el derecho de oponerse es decir, no señala las razones jurídicas de por qué no es aplicable el artículo 687 fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en que se apoyó la Sala responsable para determinar la violación al procedimiento, pues únicamente se limitó a señalar que los argumentos son "ilegales y violatorios de sus derechos", ya que "a su parecer sí importa quien se esté oponiendo a estas diligencias de apeo y deslinde, por considerarse afectado con las mediciones", pero se reitera no indica porque las consideraciones de la sala son ilegales y violatorios de sus derechos, de ahí que son consideradas meras afirmaciones. Y si bien señala que durante la secuela procesal presentó documentos públicos oficiales del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, por lo que deben tomarse en cuenta y otorgarles el valor jurídico que conforme a la ley les corresponde, ya que se advierte de manera categórica la existencia de un callejón y/o camino de paso; sin embargo, la existencia del callejón o camino de paso no es un hecho controvertido, puesto que la Sala responsable en la resolución reclamada consideró demostrada la existencia del referido callejón, advirtiendo que incluso ello no constituyó el motivo toral del dictado de la resolución combatida que se observa consistió en que no se justificó tal y como lo dispone el ordinal 687 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, la causa legal que justificara el no haber efectuado la diligencia de apeo, al no haberse exhibido título de propiedad debidamente registrado que probara que el terreno que se trataba de deslindar era propiedad del inconforme, aquí quejoso. Pronunciamiento que es soslayado en este juicio de amparo y que por ende queda incontrovertido rigiendo la sentencia combatida; de ahí lo intrascendente de tal argumento. 3.- Asimismo, argumenta que la Sala responsable no hizo un análisis, ni se ponderó de manera correcta la diligencia de apeo, deslinde y topografía realizada por la Actuaria ya que le resta todo valor jurídico probatorio a la misma, pasando por alto: a) La fe de la actuaria que dirigió la diligencia. b) Las manifestaciones vertidas por el perito designado por el juzgado de origen. c) Lo expuesto por los testigos ofrecidos por el quejoso; y, d) Las manifestaciones que por conducto del abogado patrono realizó. Por lo que considera que la autoridad responsable vulneró el derecho fundamental de debido proceso. Es inoperante el sintetizado argumento, toda vez que se tratan de meras afirmaciones que no establecen porqué razones se violó del debido proceso, en el supuesto sin conceder que la responsable actuara en la forma expuesta, además no controvierte las razones torales que sustentan la resolución reclamada, como se dijo en el sentido que en la diligencia de apeo y deslinde se dejó de observar lo dispuesto por el artículo 687 fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, y en relación a dicho argumento el quejoso no expresa ningún razonamiento, de ahí la inoperancia de sus argumentos. A mayor abundamiento se estima oportuno señalar que es obligación de la parte quejosa señalar el perjuicio que le causa el acto reclamado, ya que de lo contrario, deja la carga al suscrito juzgador de interpretar en qué consiste el agravio a estudiar lo que, de acuerdo con la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo, no es factible que se realice, pues en el caso concreto no opera la suplencia de la deficiencia de la queja. Tiene aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2011781, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 59/2016 (10a.), página: 827 del texto y rubro siguientes: "AMPARO DIRECTO. NO CONSTITUYE UN FORMALISMO O RIGORISMO JURÍDICO EXIGIR AL QUEJOSO QUE SEÑALE EXPRESAMENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EL PERJUICIO LO CAUSA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE PRONUNCIARSE SOBRE DETERMINADO PLANTEAMIENTO (INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). En los asuntos en los que es improcedente la suplencia de la queja deficiente, debe combatirse expresamente la omisión de la responsable de analizar un argumento en la sentencia definitiva reclamada, debiendo estimarse inoperantes los planteamientos que tiendan a repetir aquello sobre lo que no hubo pronunciamiento, porque es obligación del quejoso señalar el perjuicio que le causa el acto reclamado, pues de lo contrario, se deja la carga al juzgador de interpretar en qué consiste el agravio a estudiar lo que, de acuerdo con la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo, no es factible que éste realice, al ir más allá del alcance que tiene la figura de atender a la causa de pedir; sin que ese requisito constituya un formalismo o rigorismo jurídico, toda vez que sólo se trata de una exigencia mínima que no lesiona la sustancia del derecho del acceso a la justicia. Aunado al hecho de que no se impone cierta forma para hacer valer el agravio respectivo, ya que, por ejemplo, podrá el quejoso señalar que existe una omisión de estudio, o que el acto reclamado carece de congruencia y exhaustividad en el estudio de los argumentos planteados; es decir, que de cualquier forma indique qué perjuicio se le causa." Asimismo, se estima pertinente, precisar que si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, ello obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman. El anterior criterio encuentra sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación de la Novena Época, registro 185425, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 81/2002, página 61 del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Consecuentemente, es factible concluir que los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, son inoperantes, en primer término, porque no combaten las consideraciones que sustentan la resolución reclamada y en segundo lugar, porque sólo realiza afirmaciones sin sustento o fundamento, y al no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la unión solicitado. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A DAVID DE LA TORRE ROQUE, contra la resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el toca civil 20/2019-19, reclamada a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 822/2019-IV, promovido por DAVID DE LA TORRE ROQUE; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este Juzgado de Distrito, DAVID DE LA TORRE ROQUE, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, los que hizo consistir en la resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el toca civil 20/2019-19. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, fijándose fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Víctor Manuel de la Torre Anzures. En diligencia de dos de julio de dos mil diecinueve, se emplazó al referido tercero interesado (fojas 73). Se continuó con la substanciación del procedimiento iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el toca civil 20/2019-19, toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado (foja 35). Al respecto, se allegaron el expediente original del toca civil 20/2019-19 (anexo I), de la que se advierte la existencia del acto reclamado; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. El tercero interesado Víctor Manuel de la Torre Anzures, argumentó que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso promovió el juicio de amparo directo 581/2019 ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, en el que reclamó la misma resolución que impugna en esta instancia constitucional. La disposición de la Ley de Amparo invocada señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del contenido de la disposición legal transcrita se puede advertir que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que los actos reclamados que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución. b) Que ambos juicio sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. No se actualiza la referida causal de improcedencia en virtud de que si bien está demostrado que el quejoso promovió juicio de amparo directo contra la resolución que aquí constituye el acto reclamado, el cual quedó registrado con el número 581/2019 ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito; sin embargo, constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que dicho Tribunal Colegiado, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo y, por razón de turno le correspondió conocer de la misma a este juzgado federal, la cual fue radicada bajo el número 921/2019-I, misma que se desechó de plano al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el presente expediente; por tanto, en este juicio de amparo no se actualiza la referida causal de improcedencia porque actualmente no existe otro juicio pendiente de resolución en el que se reclame el mismo acto. Al no haberse hecho valer por las partes ni advertirse de oficio alguna otra causal de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación. CUARTO.- Los conceptos de violación son inoperantes por los motivos que se explicarán más adelante, sin que en el particular opere la suplencia de la queja en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, se estima necesario señalar los antecedentes de la resolución impugnada: I.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de partes común de los Juzgados Civiles del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el nueve de mayo de dos mil dieciocho, que por turno le tocó conocer al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, VÍCTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES promovió en la vía de procedimiento no contencioso, diligencias de Apeo y Deslinde, solicitando las siguientes prestaciones: "1. Que por resolución Judicial se declaren aprobadas las presentes diligencias de Apeo y Deslinde en virtud de encontrarse justifIcada la hipótesis prevista por el artículo 684 del Código Procesal Civil vigente en el Estado de Morelos. 2. Que por resolución Judicial se declare y se determine la superficie, colindancias exactas del predio materia de las presentes diligencias de Apeo y Deslinde. 3. Que por resolución judicial, se declare procedente el derecho del suscrito a cerrar y cercar en su totalidad el bien inmueble materia del presente asunto." (Fojas 3 a 8 anexo II) II.- Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se admitió en la vía y forma propuesta, se ordenó requerir a los colindantes del predio JORGE JIMÉNEZ REYES, DAVID DE LA TORRE ROQUE, ALDRIN DE LA TORRE JIMÉNEZ, BENITO GONZÁLEZ MONTERO Y SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, para que dentro del plazo de tres días presentaran sus títulos o documentos y nombraran perito de su parte; asimismo, se designó como perito oficial a Guadalupe Lucio Ramírez Brugada y se señaló fecha para que tuviera verificativo la diligencia de apeo y deslinde (fojas 10 y 11 anexo II) III.- Por auto de uno de junio de dos mil dieciocho, se tuvo al colindante DAVID DE LA TORRE ROQUE, haciendo diversas manifestaciones, y exhibiendo diversos documentos (fojas 67 anexo II). IV.- En auto de seis de junio de dos mil dieciocho, se tuvo como colindante a Celsa Hernandez Mendoza, en virtud del fallecimiento de Sebastián Hernández "N" (fojas 71 anexo II) V.- El diez de septiembre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la diligencia de apeo y deslinde en la que la Actuaria determinó reservarse poner en posesión el predio materia de la "litis" porque existía oposición. (fojas 115 a 117 anexo II). VI.- El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos ordenándose turnar los autos para dictar la resolución definitiva (fojas 170 anexo II). VII.- El doce de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en la que se declararon improcedentes las diligencias de apeo y deslinde promovidas por VÍCTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES, esencialmente porque existió oposición por parte del colindante DAVID DE LA TORRE ROQUE, quien argumentó que existía un paso peatonal entre su predio con el predio materia de las diligencias de apeo y deslinde, lo cual consideró acreditado la Juez responsable con las testimoniales de Aldrin de la Torres Jiménez y Wilfrido Montero Pérez y el dictamen emitido por el perito adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (fojas 171 a 181 anexo II). VIII.- Inconforme VÍCTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES, interpuso recurso de apelación del cual le correspondió conocer a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien por resolución dictada en el toca civil 20/2019-19, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que se lleve a cabo la diligencia de apeo y deslinde en términos de lo dispuesto en el artículo 687 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. La razón toral del sentido de la resolución consiste en que en la diligencia de apeo y deslinde se dejó de observar lo dispuesto por el artículo 687 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, que en lo conducente establece: "El día y la hora señalados, el Juez, el Secretario o el actuario, si fueren comisionados para ello, estando presentes los peritos, testigos de identificación e interesados que asistan al lugar designado, dará principio a ella, y se llevará a cabo de acuerdo con las reglas siguientes: I. Se practicará el apeo, asentándose acta en que consten todas las observaciones que hicieren los interesados; II. La diligencia no se suspenderá por virtud de simples observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente registrado que pruebe que el terreno que se trata de deslindar es de su propiedad; III. El Juez, el Secretario o el actuario, al ir demarcando los límites del fundo deslindado, otorgará posesión al promovente respecto de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiere. Si se opusiere alguno que no tenga título registrado, no se le admitirá la oposición y continuará la diligencia; pero se reservarán sus derechos para que los haga valer en la vía y forma legales; IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que conforme a sus títulos queda comprendido dentro de los límites de su propiedad, el tribunal oirá a los interesados procurando que se pongan de acuerdo. Si esto se lograre se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá el Juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute, y mandará reservar sus derechos a los interesados para que los hagan valer en el juicio correspondiente; V. El Juez mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales; y, VI. El Juez decidirá lo que proceda sobre el derecho y obligación de las partes de cerrar o cercar su propiedad en todo o en parte si así se lo pidieren Lo anterior porque si bien DAVID DE LA TORRE ROQUE, colindante (aquí quejoso) previo al desahogo de la diligencia de apeo y deslinde presentó por escrito su oposición y exhibió diversas documentales relativas al predio de su propiedad, la responsable concluyó que con las mismas no se desprende dato alguno que lleve a determinar que la totalidad o parte del bien inmueble objeto de la diligencia de apeo y deslinde, sea de la propiedad de DAVID DE LA TORRE ROQUE. Además, durante la diligencia de apeo o deslinde no presentó título debidamente registrado que probara que el terreno que se trata de deslindar es de su propiedad; pues éste es el único supuesto que faculta al funcionario judicial que desahoga la diligencia a suspenderla. Asimismo, determinó que la oposición de DAVID DE LA TORRE ROQUE, se sustenta en que el predio de su propiedad colinda con un camino de paso el que pretende darle un uso de servidumbre; camino de paso que aún en el supuesto de que realmente sea utilizado como tal de acuerdo a las documentales que exhibió el promovente VICTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES se encuentra dentro de su propiedad. Por lo que resolvió que si DAVID DE LA TORRE ROQUE, considera que tiene algún derecho para utilizar ese camino de paso, el procedimiento de apeo y deslinde no es el medio idóneo para que obtenga dicha declaratoria. Por tanto, concluyó la Sala responsable que al no existir causa legal que justificara que la Actuaria adscrita al Juzgado no llevara a cabo la diligencia de apeo y deslinde ordenó la reposición del procedimiento (fojas 28 a 42 anexo I). Precisados lo antecedentes del acto reclamado, se procede al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa: I.- Argumentó que la autoridad responsable, no valoró de manera correcta y debida todas y cada una de las pruebas que ofreció, consistentes en: 1.- Original del contrato privado de compraventa de fecha 10 de mayo del 2001. 2. Original de una acta de deslinde de fecha 10 de mayo del 2001, expedida por Síndico Procurador y Sub-agente del Ministerio Público Municipal de Tétela del Volcán, Morelos. 3.- Original del recibo oficial número 2751, de fecha 17 de mayo del 2001, expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tétela del Volcán Morelos. 4.- Croquis ilustrativo del predio de su propiedad, de fecha 10 de mayo del 2001. 5.- Original de la declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles, de fecha 05 de enero del 2001. 6.- Original del aviso de traslación de dominio de fecha 21 de mayo de 2001. 7.- Original del recibo oficial número 1011, de fecha 04 de junio del 2001, expedido por Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tétela del Volcán Morelos que ampara el pago por concepto de ISABI. 8. Original de una notificación de valor catastral de fecha 20 de julio del 2005. 9. Original de un recibo de pago de fecha 02 de septiembre del año 2001. 10. Original de cuatro recibos oficiales números 2311, 3365, 2022 y 2023 de fechas 13 y 30 de enero del 2006 y 28 de noviembre del 2016, expedidos por Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tétela del Volcán Morelos. 11. Original de una notificación de valor catastral de fecha 02 de marzo del 2017. 12. Original del plano catastral de fecha 02 de Marzo del 2017, expedido por la Dirección General de Catastro del Ayuntamiento de Tétela del Volcán Morelos. 13.- Original del recibo oficial número 5841 de 25 de mayo del 2018 expedido por el Gobierno Municipal de Tétela del Volcán, Morelos. 14. Original del RECIBO OFICIAL número 5842 de fecha 25 de mayo del 2018 expedido por el Gobierno Municipal de Tétela del Volcán Morelos por concepto de pago predial. 15. Original del PLANO CATASTRAL de fecha 22 de enero del 2018, expedido por la Dirección General de Catastro del Ayuntamiento de Tétela del Volcán Morelos, del que se advierte que la parte sur de su inmueble, colinda con un camino privado, calle cerrada o camino de paso en una extensión de 24.09 metros de largo por 3.07 metros de ancho. Asimismo, refiere que la autoridad responsable no ponderó el contenido de las exposiciones fotográficas, las que en su criterio, sin duda alguna dan luz para advertir la veracidad de los hechos que expuso en su escrito de desahogo de vista. En este contexto considera el quejoso que es obvio que la autoridad responsable no valoro debidamente las pruebas que ofreció a la largo de la secuela procesal, transgrediendo con ello los artículos 490, 491, 493, 494, 495 y demás relativos y aplicables al Código Procesal Civil vigente, pues insiste en que la autoridad responsable no valoró, cada una en lo particular y mucho menos en su conjunto; tampoco lo hizo atendiendo a las reglas de la valoración de la sana critica del juzgador, ni las valoró atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia ni oponiéndolas o confrontándolas entre sí y contra las del promovente de las diligencias de apeo y deslinde. II.- Por otra parte, argumentó el impetrante que la autoridad responsable incurre en error al considerar que no le asiste derecho alguno para oponerse a las diligencias de apeo y deslinde que promovió VICTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES refiriendo que la responsable de manera incorrecta concluyó que porque no es el propietario de la colindancia norte y por ende no puede oponerse, ya que entre la propiedad del promovente del deslinde y del quejoso existe un callejón y por ello no le asiste el derecho de oponerse a las diligencias ya que en un momento dado sería el municipio quien haga valer esta oposición por tratarse de una fracción de terreno (callejón) que es del dominio público y que por lo tanto pertenece al municipio. Argumentos que considera el quejoso ilegales y violatorios de sus derechos, ya que "a su parecer sí importa quien se esté oponiendo a estas diligencias de apeo y deslinde, por considerarse afectado con las mediciones". Además durante la secuela procesal presentó documentos públicos oficiales del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, por lo que deben tomarse en cuenta y otorgarles el valor jurídico que conforme a la ley les corresponde, ya que se advierte de manera categórica la existencia de un callejón y/o camino de paso. III.- En otro aspecto argumentó el quejoso que la autoridad responsable no hace un análisis ni pondera de manera correcta la diligencia de apeo, deslinde y topografía realizada por la Actuaria ya que le resta todo valor jurídico probatorio a la misma, pasando por alto: a) La fe de la actuaria que dirigió la diligencia. b) Las manifestaciones vertidas por el perito designado por el juzgado de origen. c) Los testimonios que ofreció. d) Las manifestaciones que por conducto de su abogado patrono realizó. Por lo que considera que la autoridad responsable vulneró el derecho fundamental de debido proceso, de legalidad y de audiencia, ya que, en su opinión, resultó inadecuada e incorrecta la apreciación de la autoridad responsable al resolver que la oposición a las diligencias de apeo y deslinde son infundadas y como consecuencia de ello ordenó la reposición del procedimiento, porque según la autoridad responsable, debe de acreditar ser el propietario del callejón. Ahora bien, los sintetizados conceptos de violación se analizarán de forma conjunta, dado que devienen inoperantes por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen: En efecto, son inoperantes porque no combaten las consideraciones torales que rigen el sentido de la resolución impugnada ya que el quejoso sólo realiza afirmaciones, como enseguida se explica: La resolución reclamada básicamente descansa en las siguientes premisas: 1.- Que en la diligencia de apeo y deslinde se dejó de observar lo dispuesto por el artículo 687 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, porque si bien DAVID DE LA TORRE ROQUE, colindante (aquí quejoso) previo al desahogo de la diligencia de apeo y deslinde presentó por escrito su oposición y exhibió diversas documentales relativas al predio de su propiedad, de las mismas no se desprende dato alguno que lleve a determinar que la totalidad o parte del bien inmueble objeto de la diligencia de apeo y deslinde, sea de la propiedad de DAVID DE LA TORRE ROQUE. 2.- Durante la diligencia de apeo o deslinde no se presentó título debidamente registrado que probara que el terreno que se trata de deslindar es propiedad de DAVID DE LA TORRE ROQUE; pues éste es el único supuesto que faculta al funcionario judicial que la desahoga la diligencia a suspenderla. 3.- La oposición de DAVID DE LA TORRE ROQUE, está sustentada en que el predio de su propiedad colinda con un camino de paso que pretende darle un uso de servidumbre; el cual aún en el supuesto de que realmente sea utilizado como tal, de acuerdo a las documentales que exhibió el promovente VICTOR MANUEL DE LA TORRE ANZURES, se encuentra dentro de su propiedad. Por lo que si DAVID DE LA TORRE ROQUE, considera que tiene algún derecho para utilizar ese camino de paso, el procedimiento de apeo y deslinde no es el medio idóneo para que obtenga dicha declaratoria. 4.- Por tanto, concluyó la Sala responsable que al no existir causa legal que justificara que la Actuaria adscrita al Juzgado no llevara a cabo la diligencia de apeo y deslinde ordenó la reposición del procedimiento (fojas 28 a 42 anexo I). Dichas consideraciones no fueron combatidas en los conceptos de violación que esgrimió la quejosa, ya que únicamente se limita a realizar las siguientes afirmaciones en sus concepto de violación: 1.- Que no se valoraron la pruebas que ofreció, sin embargo, se observa que no especificó que hechos demuestran dichas pruebas que controviertan las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, es decir, cuáles son los datos relevantes que demuestra el material probatorio no valorado, que la Sala responsable dejó de observar y cuál es el agravio que le causó dicha omisión, pues se reitera únicamente afirma que no se valoraron las pruebas pero no señala la lesión a sus derechos o la trascendencia jurídica de dicha omisión. 2.- Establece que la autoridad responsable incurre en error al considerar que no le asiste derecho alguno para oponerse a las diligencias de apeo y deslinde, pero no señala en qué consiste el error, ni porqué le asiste el derecho de oponerse es decir, no señala las razones jurídicas de por qué no es aplicable el artículo 687 fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en que se apoyó la Sala responsable para determinar la violación al procedimiento, pues únicamente se limitó a señalar que los argumentos son "ilegales y violatorios de sus derechos", ya que "a su parecer sí importa quien se esté oponiendo a estas diligencias de apeo y deslinde, por considerarse afectado con las mediciones", pero se reitera no indica porque las consideraciones de la sala son ilegales y violatorios de sus derechos, de ahí que son consideradas meras afirmaciones. Y si bien señala que durante la secuela procesal presentó documentos públicos oficiales del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, por lo que deben tomarse en cuenta y otorgarles el valor jurídico que conforme a la ley les corresponde, ya que se advierte de manera categórica la existencia de un callejón y/o camino de paso; sin embargo, la existencia del callejón o camino de paso no es un hecho controvertido, puesto que la Sala responsable en la resolución reclamada consideró demostrada la existencia del referido callejón, advirtiendo que incluso ello no constituyó el motivo toral del dictado de la resolución combatida que se observa consistió en que no se justificó tal y como lo dispone el ordinal 687 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, la causa legal que justificara el no haber efectuado la diligencia de apeo, al no haberse exhibido título de propiedad debidamente registrado que probara que el terreno que se trataba de deslindar era propiedad del inconforme, aquí quejoso. Pronunciamiento que es soslayado en este juicio de amparo y que por ende queda incontrovertido rigiendo la sentencia combatida; de ahí lo intrascendente de tal argumento. 3.- Asimismo, argumenta que la Sala responsable no hizo un análisis, ni se ponderó de manera correcta la diligencia de apeo, deslinde y topografía realizada por la Actuaria ya que le resta todo valor jurídico probatorio a la misma, pasando por alto: a) La fe de la actuaria que dirigió la diligencia. b) Las manifestaciones vertidas por el perito designado por el juzgado de origen. c) Lo expuesto por los testigos ofrecidos por el quejoso; y, d) Las manifestaciones que por conducto del abogado patrono realizó. Por lo que considera que la autoridad responsable vulneró el derecho fundamental de debido proceso. Es inoperante el sintetizado argumento, toda vez que se tratan de meras afirmaciones que no establecen porqué razones se violó del debido proceso, en el supuesto sin conceder que la responsable actuara en la forma expuesta, además no controvierte las razones torales que sustentan la resolución reclamada, como se dijo en el sentido que en la diligencia de apeo y deslinde se dejó de observar lo dispuesto por el artículo 687 fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, y en relación a dicho argumento el quejoso no expresa ningún razonamiento, de ahí la inoperancia de sus argumentos. A mayor abundamiento se estima oportuno señalar que es obligación de la parte quejosa señalar el perjuicio que le causa el acto reclamado, ya que de lo contrario, deja la carga al suscrito juzgador de interpretar en qué consiste el agravio a estudiar lo que, de acuerdo con la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo, no es factible que se realice, pues en el caso concreto no opera la suplencia de la deficiencia de la queja. Tiene aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2011781, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 59/2016 (10a.), página: 827 del texto y rubro siguientes: "AMPARO DIRECTO. NO CONSTITUYE UN FORMALISMO O RIGORISMO JURÍDICO EXIGIR AL QUEJOSO QUE SEÑALE EXPRESAMENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EL PERJUICIO LO CAUSA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE PRONUNCIARSE SOBRE DETERMINADO PLANTEAMIENTO (INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). En los asuntos en los que es improcedente la suplencia de la queja deficiente, debe combatirse expresamente la omisión de la responsable de analizar un argumento en la sentencia definitiva reclamada, debiendo estimarse inoperantes los planteamientos que tiendan a repetir aquello sobre lo que no hubo pronunciamiento, porque es obligación del quejoso señalar el perjuicio que le causa el acto reclamado, pues de lo contrario, se deja la carga al juzgador de interpretar en qué consiste el agravio a estudiar lo que, de acuerdo con la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo, no es factible que éste realice, al ir más allá del alcance que tiene la figura de atender a la causa de pedir; sin que ese requisito constituya un formalismo o rigorismo jurídico, toda vez que sólo se trata de una exigencia mínima que no lesiona la sustancia del derecho del acceso a la justicia. Aunado al hecho de que no se impone cierta forma para hacer valer el agravio respectivo, ya que, por ejemplo, podrá el quejoso señalar que existe una omisión de estudio, o que el acto reclamado carece de congruencia y exhaustividad en el estudio de los argumentos planteados; es decir, que de cualquier forma indique qué perjuicio se le causa." Asimismo, se estima pertinente, precisar que si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, ello obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman. El anterior criterio encuentra sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación de la Novena Época, registro 185425, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 81/2002, página 61 del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Consecuentemente, es factible concluir que los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, son inoperantes, en primer término, porque no combaten las consideraciones que sustentan la resolución reclamada y en segundo lugar, porque sólo realiza afirmaciones sin sustento o fundamento, y al no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la unión solicitado. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A DAVID DE LA TORRE ROQUE, contra la resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el toca civil 20/2019-19, reclamada a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano