Daniela Othón Lucero
Expediente 641/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Daniela Othón Lucero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Valoración y destino de los cuadernos incidentales. Visto lo de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia dado que en este incidente se negó la suspensión definitiva, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Ismael
- Principal
Juicio de amparo 641/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintiún minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por nueve de las autoridades responsables. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede. Asimismo, revisado el estado procesal de autos, se advierte que en auto de radicación, se reservó proveer respecto al señalamiento de terceros interesados; atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que las partes no las ofrecieron; el juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Si bien, la quejosa en su escrito de demanda denominó como prueba documental las constancias que las autoridades responsables debían remitir en su informe justificado; lo cierto es que tal circunstancia no aconteció. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 641/2021; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el dos de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno a este juzgado de Distrito, Daniela Othón Lucero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez Oral Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, y otras autoridades. El tres de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, la orden de aprehensión, comparecencia o detención librada en contra de la quejosa, así como su ejecución. Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados: N° Autoridad 1 Comisario General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con residencia en Hermosillo. 2 Agente Ministerial de Investigación Criminal encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión, con residencia en Hermosillo. 3 Agente del Ministerio Público Especializado adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Sonora. 4 Administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en Hermosillo. 5 Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con residencia en Hermosillo. 6 Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, en representación del órgano jurisdiccional y los jueces adscritos. 7 Director General de Asuntos Jurídicos de la fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 8 Jefe de Grupo de la Unidad Operativa de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con residencia en Ures, Sonora. Ahora bien, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se cita por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 1ª./J.3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Por otra parte, si bien las autoridades responsables director y subdirector de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, así como el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal en Villa Pesqueira, Sonora, fueron omisas en rendir informe justificado; sin embargo, no es el caso considerar presuntivamente ciertos los actos que se les reclamó consistentes en la ejecución de un mandamiento aprehensor librado contra la quejosa, porque las autoridades responsables ordenadoras negaron dichos actos; por ende, a las ejecutoras no se les puede atribuir el cumplimiento de una orden de tal naturaleza que no existe. Se invoca como apoyo el siguiente criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AUTORIDADES EJECUTORAS, INEXISTENCIA DE SUS ACTOS. Los actos que atribuye el quejoso a la autoridad ejecutora, no pueden tenerse por ciertos, a pesar de que ésta no haya rendido informe previo, si la autoridad ordenadora niega los actos que se le atribuyen, al informar sobre su intervención." Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado que antecede, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Daniela Othón Lucero, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado IV de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
CON FECHA 12/08/2021: AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL, SE RESUELVE: "ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA..."
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