Daniel Velasco Quiñonez
Expediente 1475/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1475/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Daniel Velasco Quiñonez
Actuaciones
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 28/ENERO/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años.
- Principal
Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de diciembre de dos mil veintiuno. "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto es pertinente precisar que el promovente refiere en su demanda que el reclamo de amparo deriva substancialmente porque no se le dio respuesta en la forma en la que lo solicitó; asimismo, en el capítulo de conceptos de violación indica que el reclamo al maestro Héctor Guillermo Campbell Araujo, en su calidad de jefe de Departamento de Derecho, es por el rechazo de las recomendaciones realizada, argumentando de quienes forman parte del grupo de la materia de derecho procesal fiscal en el horario de 09:00-10:00, impartida por el maestro Jesús Manuel Fisher Carrizosa, fuera de los lineamientos universitarios que comprende el reglamento escolar y que se le notificó al promovente vía correo electrónico el cinco de noviembre de este año. De igual modo en el diverso apartado de antecedentes, menciona que es alumno del noveno semestre de la licenciatura en derecho de la Universidad de Sonora; que se encuentre cursando por segunda ocasión en el grupo del maestro referido anteriormente, y que hace dos semestre reprobó debido a que el mentor no siguió los lineamientos educativos que marca el reglamento escolar y el programa de asignación de la materia. Que por lo anterior, procedió a interponer un recurso de queja ante la autoridad de la Comisión de Derechos Universitarios el veintidós de septiembre de este año, en donde le canalizaron con la defensoría, quien es dice, la autoridad competente para conocer de este tipo de problemática; terminando de emitir una recomendación el veintiséis de octubre de este año, a lo cual el hoy responsable contestó rechazando todo, por lo que no se les resolvió nada a pesar de promover la queja y buscar solución a dicho problema, por lo que se le niega el derecho a una educación integral dice. Hecha tal precisión, en el presente caso, este órgano de control constitucional advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, interpretada a contrario sensu y 217 de la invocada Ley, pues en el caso, el reclamo que se atribuye, las autoridades de la Universidad de Sonora, que el promovente señala, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, es necesario precisar que los citados artículos establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De una interpretación sistemática de los preceptos legales reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos u omisiones que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el preindicado artículo 1°, fracción I del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. En tal sentido, se acota que la autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional es aquella que con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas; asimismo, los particulares tienen calidad de autoridad responsable, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad que afectan derechos fundamentales, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En abundamiento, es conveniente citar que la palabra "autoridad" proviene del vocablo "auctoritate", cuyo significado se traduce al derecho o poder de mandar, regir y/o gobernar, en otras palabras, es el poder de imponer obediencia. Con motivo de lo anterior, el concepto de autoridad se entendía como la capacidad de utilizar la fuerza pública para interponer determinaciones unilaterales; sin embargo, esa definición se ha ido ampliando a través del tiempo, debido al nacimiento de autoridades administrativas y a la complejidad de las relaciones jurídicas entre éstas y los particulares. En tal medida, para entender con mayor claridad la causal de improcedencia en estudio, es necesario precisar, además, que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de observancia obligatoria para este juzgador, en términos de lo prescrito en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J. 103/2011 establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 754 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de 2011, Novena Época, materia común (con registro 161047), que refiere: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga." Ahora, de los artículos transcritos relativos a la actualización de la causal de improcedencia, se desprende por un lado, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos fundamentales, y por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva; en ese sentido, el rasgo distintivo del acto de autoridad es la afectación o lesión a cualquier derecho fundamental, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la afectación o lesión a cualquier derecho fundamental del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquéllos que el órgano del Estado o sus dependencias realicen tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Esto es, en la vida de cualquier Estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación. Los dos primeros tipos de relaciones mencionadas, reconocen siempre un vínculo igualitario o de paridad formal entre sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí). Las relaciones de supra a subordinación, surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición; es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos por un lado, y el gobernado, por otro; en éstas condiciones, la persona moral estatal y sus órganos desempeñan frente al particular la actividad soberana o de imperio, o sea, actos autoritarios propiamente dichos, que tienen como atributos esenciales la unilateralidad (no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita), la imperatividad (la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes) y la coercitividad (implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado). Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio y coercitividad. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Así también, se considera prudente referir que el artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. (.) VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; ..." Por su parte, el artículo 4° de la Ley Orgánica de la la Universidad de Sonora, establece: "Artículo 4.- La Universidad de Sonora es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que esta ley, el estatuto general y los demás reglamentos le confieran." De lo anterior, se colige que las universidades públicas autónomas, en tanto se establecen generalmente como organismos descentralizados de la respectiva administración pública federal o local, son parte de la correspondiente entidad política; por ende, son auténticos órganos del Estado, sin que ello obste para reconocer que en cuanto a las relaciones jurídicas que entablan en relación con el orden jurídico nacional poseen una personalidad y un patrimonio propios que los distinguen de los restantes poderes y organismos paraestatales o autónomos de la entidad política a la que pertenecen, así como una esfera competencial propia. De ahí, que la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas confiere a éstas las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. Esa facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que, al tenor del artículo 3° constitucional, rigen a la educación que imparte el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. A mayor abundamiento, la propia Constitución precisa que la referida autonomía conlleva a que las respectivas universidades públicas estén facultadas para: a) Determinar sus planes y programas; b) Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, c) Administrar su patrimonio. En tal virtud, debe estimarse que la autonomía universitaria conlleva constitucionalmente a que las Universidades públicas, gocen de independencia para determinar por sí solas, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio y las reglas a observar por los alumnos en relación con los programas de estudio, planes de trabajos y formas de calificar (para aprobación de materias cursadas). De tal manera que, la autonomía universitaria manifestada en su facultad de autogobierno, dota a las universidades de capacidad para, entre otras cuestiones, evaluar a sus educandos y expedir los documentos en los que se contengan tales evaluaciones, como parte de la prestación del servicio educativo. Se cita al respecto, la tesis 1a./J. 20/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Marzo de 2010, página 877, Novena Época, con registro 164877, de rubro y texto: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU FACULTAD DE AUTOGOBIERNO. Las competencias que derivan de la facultad de autogobierno de las universidades públicas son las siguientes: a) Normativas, que se traducen en la aptitud de expedir normas generales que permitan regular todas las actividades relacionadas con el servicio educativo y la promoción de la investigación y la cultura; b) Ejecutivas, referidas al desarrollo y ejecución de los principios constitucionales, de las leyes expedidas por los órganos legislativos y las normas que las universidades emiten; c) Supervisión, que implican la facultad de inspección y control para supervisar la actividad que desarrollan por sí, o por conducto de cualquier órgano adscrito a la casa de estudios, esto es, pueden realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, académico, científico, técnico y operativo, a fin de comprobar que se respeten los principios constitucionales, legales y universitarios; y d) Parajudiciales, que se refieren a la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, siempre que constitucional o legalmente su solución no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario." También sustenta a lo razonado, en lo conducente la tesis Aislada 2a. XXXVI/2002, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 576, Tomo XV, Abril de 2002, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Administrativa, con el registro 187311, que establece: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede desarrollarse aquélla, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental establece tratándose de la educación que imparta el Estado." Por otro lado, debe tenerse presente que en aras de que las Universidades logren el pleno desarrollo de los referidos ámbitos de la autonomía universitaria, tanto el legislador federal como las legislaturas locales han habilitado a determinados órganos de tales instituciones para que emitan disposiciones administrativas de observancia general que regulen, en complemento con lo dispuesto en la Constitución General de la República, los términos y condiciones en que presten servicios educativos, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y alumnado, así como la forma en que administrarán su patrimonio. Apoya lo anterior la Tesis Aislada 2a. XXXVII/2002, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 587, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Novena Época, Materia Administrativa, con el registro 187183, que establece: "LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LA INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. Con el fin de que las universidades públicas logren el pleno desarrollo de su autonomía, tanto el legislador federal como las Legislaturas Locales tienen facultad para habilitar a determinados órganos de tales instituciones para emitir disposiciones administrativas de observancia general que, en complemento y al tenor de lo dispuesto en la Constitución General de la República y de las leyes respectivas, normen los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, es decir, regulan el funcionamiento interno de dichas instituciones y establecen derechos y obligaciones que han de regir las relaciones con los servidores públicos que encarnan los órganos que las componen y con los gobernados con los que entablan relaciones jurídicas de diversa índole; no obstante, tales disposiciones administrativas están sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, por lo que la regulación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legislativo." En ese contexto, el Máximo Tribunal de la Nación ha emitido diversos criterios en los que ha sido coincidente en que las universidades públicas tienen autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior, por tanto, conforme al artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Federal, gozan de independencia para determinar por sí solas, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que presten, para lo cual podrán emitir todas las disposiciones normativas necesarias para regular su funcionamiento. De ahí, que cuando un alumno ingresa a una universidad pública, se incorpora a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones, por lo que debe cumplir con la legislación universitaria para mantener su permanencia, pues está incorporado a los programas académicos de la universidad, entre los que se incluyen los lineamientos y métodos de evaluación; por ende, no existe entre la citada institución educativa y el alumno, relación de supra a subordinación, ya que la evaluación es parte de los derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 180/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 1261, Novena Época, con registro digital: 176075, de rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley Orgánica, "... un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior..."; por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. En consecuencia, la denegación de la Universidad de Guadalajara para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio Reglamento; de ahí que no exista entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios." De igual manera, es orientadora, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 647, Décima Época, con registro 2017394, que dice: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." En ese orden de ideas, cabe precisar que, como en el caso, el acto reclamado deriva de una relación académica universitaria, que involucra aspectos que tienen que ver con la relación educativa universidad-alumno, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, resulta claro que, el acto reclamado no emana de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando unilateral, imperativo y coercitivo, sino que el efecto que tiene es estrictamente académico; ya que derivan de la relación de coordinación docente-alumno que existe entre el promovente y las autoridades educativas que señala como responsables de la Universidad de Sonora; por tanto, los actos reclamados no pueden considerarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Máxime que el acto reclamado no constituye una determinación mediante la cual la universidad pública autónoma a la que está adscrito lo expulse, o por tiempo indefinido le impida continuar disfrutando de su situación jurídica frente a ésta en su calidad de alumno (derecho de acceso a la educación que tutela el artículo 3 Constitucional), lo cual en su caso, si constituiría un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduciría en el ejercicio de una potestad administrativa o expresión de una relación de supra a subordinación, con origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implicaría un acto unilateral, con imperio y coercitividad, lo cual haría innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtiera efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado; por ende, al no ocurrir así con el reclamo plasmado en la demanda, subsiste la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable en lo conducente la Tesis Aislada I.3o.A.54 A, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1399, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época, Materia Administrativa, con el registro 174582, que establece: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. LA DETERMINACIÓN DE NO APROBAR EN UN EXAMEN DE GRADO AL SUSTENTANTE NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Para determinar si un acto unilateral de una universidad pública extingue los derechos y obligaciones que un gobernado tiene incorporados a su esfera jurídica y que lo ubican en una específica situación jurídica respecto de aquélla, debe analizarse si se está en presencia de una relación de supra a subordinación que tenga su origen en la ley. En esa tesitura, el acto mediante el cual el órgano competente de la Universidad Autónoma Metropolitana determina no aprobar en un examen de grado a quien lo sustenta, no puede considerarse como un acto de autoridad susceptible de ser impugnado en vía de amparo indirecto, pues a través de esa determinación no se impide a un particular continuar disfrutando del cúmulo de derechos que le asistían al ubicarse en la situación jurídica de alumno, toda vez que conforme a la legislación universitaria, ésta se pierde al acreditar las unidades de enseñanza-aprendizaje que conforman el plan de estudios respectivo y, por tanto la posibilidad del quejoso de aprobar un examen de grado no puede considerarse como un derecho que estuviera incorporado a su esfera jurídica; en otras palabras, si al momento de presentar el examen de grado ya se perdió la calidad de alumno, la determinación mencionada no se traduce en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de garantías." Asimismo, es aplicable por las razones que contienen la Jurisprudencia 2a./J. 12/2002, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 320, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, Materia Administrativa, con el registro 187358, que establece: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado." En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque se reitera, la autoridad aquí señalada como responsable actúa en una relación de docencia con aplicación de la reglamentación que rige a la universidad en su autonomía. En virtud de lo expuesto, dado que el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, no constituye acto de autoridad para el presente juicio de amparo; por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia que se estudia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Daniel Velasco Quiñónez, por propio derecho, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos legales 1º, fracción I, 5º, fracción II, interpretada a contrario sensu y 217, todos de la Ley de Amparo. No se soslayan las manifestaciones del agraviado, relativas a que el reclamo constitucional constituye en sí, un acto de tortura y tormento psicológico, en la forma que expone; sin embargo, al respecto es menester subrayar que este órgano de control constitucional considera que el reclamo no corresponde a aquéllos actos de tortura que establece el artículo 22 Constitucional y el numeral 15 de la Ley de Amparo, y a los cuales corresponde darles un tratamiento especial y urgente, en relación con la emisión de medida suspensional que implica un acto de esa naturaleza, cuenta habida que no por el solo señalamiento de conculcación al precepto constitucional que invoca, y a la connotación de tormento psicológico que pretende dar el promovente a su reclamo, este juzgador se encuentre constreñido a darle curso a una petitoria que por la naturaleza del acto se considera improcedente el biinstancial, como se explica en la determinación asumida con antelación. Es así, pues de estimar suficiente la invocación de actos de tormentos y tortura que alude el artículo 22 Constitucional, en la forma que pretende el promovente para la admisibilidad del sumario y el dictado de una medida suspensional de plano, sería tanto como desnaturalizar el juicio de amparo y dar apertura a que derivado de cualquier acto en el que simplemente los justiciables invocaran tormento o tortura psicológica y pidieran suspensión oficiosa, se admitiera todo tipo de demandas de amparo, aún en casos en que resultara evidente la actualización de causales de improcedencia, como ocurre, lo cual le está vedado al juzgador constitucional. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición del justiciable para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 4. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en lo relativo al correo electrónico y número telefónico para cuestiones no procesales, se hace la acotación que la parte quejosa señaló para cuestiones no procesales el correo electrónico dvhalfa58_@hotmail.com; y el número telefónico que proporciona. 5. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 6. Autorizados. Se tiene por autorizado a la persona que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal1, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture el fallo dictado y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 9. Exhortación a la parte promovente. Se exhorta a la parte promovente para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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