Danitza Elizabeth García Mayer

Expediente 419/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
419/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Danitza Elizabeth García Mayer

Actuaciones

  1. Principal

    Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente de la demanda interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la petitoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 , archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte quejosa para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el expediente.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 08/ABRIL/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Cuenta. El ocho de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con un escrito de demanda de derechos registrada con folio 4954. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de abril de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito y anexos de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo". 2. Se desecha demanda. De análisis al escrito de demanda de derechos presentada por Danitza Elizabeth García Mayer, se advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es así, en atención a que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Para mejor comprensión de la anterior premisa, es oportuno traer a este apartado el contenido de los numerales de trato que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Del contenido del primer precepto legal transcrito se advierte, una hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, por lo que se puede actualizar una diversa al relacionarse con algún precepto de esa propia legislación o por disposición Constitucional. Asimismo, del segundo de los preceptos citados se observa, que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, solamente puede ser considerada como autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal; dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bajo esa línea argumentativa, conviene traer a colación que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, contra actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica, entre los que se incluye el corte y suspensión de energía eléctrica por falta de pago, en virtud de que la mencionada paraestatal interviene en un plano de coordinación con los particulares, virtud a un contrato de adhesión entre la empresa y el usuario. Lo anterior, se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la Décima Época, con registro 2016656, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Civil, página 532, del siguiente tenor: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo.". Establecido lo anterior, es importante mencionar que del contenido integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña, se advierte de manera fehaciente que la impetrante reclama de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Superintendencia de Zona Guaymas y CFE Distribución, ambas con residencia en Guaymas, Sonora: "IV.- ACTO RECLAMADO: La orden de corte y suspensión del suministro de energía eléctrica suscitado en el número de servicio 525 010 102 150, a nombre de la suscrita, ubicado en Lote Manzana 31, Colonia Villa de California, de la Comisaría San Carlos, en Guaymas, Sonora." En la especie, permite concluir que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, no son de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que el corte o suspensión de energía eléctrica en el inmueble ubicado en Lote Manzana 31, Colonia Villa de California, de la Comisaría de San Carlos, en Guaymas, Sonora, con número de servicio 525 010 102 150, deriva del incumplimiento de un contrato de adhesión celebrado entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad. En esas condiciones, toda vez que los actos reclamados por la quejosa están directamente relacionados con el contrato de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica celebrado entre ella y la Comisión Federal de Electricidad, lo que revela que es de naturaleza materialmente mercantil; en este sentido, queda de manifiesto que el vínculo contractual que existe entre la solicitante de amparo y la autoridad responsable, es de coordinación y no de supra a subordinación. En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnados en la vía constitucional del amparo indirecto, al no emanar de una autoridad con carácter de responsable para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal del solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad a través de sus empresas CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, por lo que se trata de cuestiones formal y materialmente mercantiles, ya que las entidades señaladas como responsables actuaron en carácter de proveedoras de un servicio y no como entes gubernamentales. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), de la Décima Época, con registro 2019230, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Común), del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional.". Por tanto, al actualizarse manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia derivada de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el precepto 113 del, citado cuerpo normativo, procede desechar la demanda de amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018 4. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 5. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa, con nombre de usuario "jalbertods". 6. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado; al igual que las personas que menciona para ese único efecto. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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