Daniela Marlene Pérez Torres

Expediente 512/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
512/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Daniela Marlene Pérez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta del Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo de las constancias que se le remitieron en cumplimiento a lo ordenado en auto de diez de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo de las constancias que se le remitieron en cumplimiento a lo ordenado en auto de diez de febrero del año en curso. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a *******, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que, conforme a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la depuración de las constancias que integran el presente expediente. En las relatadas condiciones, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por las partes, se ordena que el presente proveído se notifique por lista. De igual manera, se ordena devolver a las autoridades responsables, las constancias que remitieron para apoyar su informe justificado, requiriéndoles para que a la brevedad posible se sirvan remitir el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    AUDIENCIA - SENTENCIA. Ciudad de México, a veinte de enero de dos mil veintidós. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 512/2021-II, promovido por *********, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Tercero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. (.) SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En primer término, es pertinente destacar que el acto reclamado deriva de una cuestión de índole familiar, materia respecto de la cual nuestro Máximo Tribunal ha sostenido en diversos criterios, que en los casos en que se ventilen cuestiones relativas a la estabilidad psicofísica de los integrantes de un núcleo familiar, sobre todo si se trata de menores o sujetos con capacidad disminuida o diferente, el tratamiento a tales asuntos debe ser de una forma especial por la relevancia que implica; por lo que, en el caso a estudio, al derivar el acto reclamado de una controversia familiar en la que podrían resultar afectados los derechos del menor hijo de las partes, sin que sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien promueve el juicio de amparo, esta juzgadora está facultada para suplir la queja deficiente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social, pues en su protección está interesada no sólo el Estado mismo, sino la sociedad en general. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." De igual manera la tesis aislada número 1a.CXXII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, página 260, que a la letra se inserta: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos." Una vez puntualizado lo anterior, se tiene que los conceptos de violación resumidos, hechos valer por la quejosa, resultan infundados, por las consideraciones siguientes. Al efecto, debe indicarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 establece: "Artículo 4. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. (.)" Por su parte, el Estado a través de sus instituciones, entre ellas, las de impartición de justicia, debe velar porque se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, mediante la realización de los actos que en el ámbito de su competencia garanticen, en forma plena, los derechos del menor; que estos aseguren su desarrollo integral, tales como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Asimismo, ese interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. No solo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. En este sentido, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así, de la referida Convención sobre los Derechos del Niño, como se indicó, se destaca en forma preponderante a constreñir a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño; principio que también se incluye en el sistema jurídico mexicano, el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo que se busque el beneficio directo del niño o niña. Ahora bien, se entiende por interés superior del menor al conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Todas esas vertientes o perspectivas tienen como fin común que al adoptar cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, sea ponderado su bienestar como consideración primordial, lo que incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas, lo que necesariamente requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses, sobre todas las demás circunstancias, máxime cuando las medidas tengan efectos indiscutibles sobre los menores, esto es, que incidan directamente en su persona. En ese sentido, la autoridad debe realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida que se decreta en un asunto en el que se ve inmerso el interés de un menor, a fin de que sea posible vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10 del Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Ahora bien, en el presente caso, es menester tener presente que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la pandemia generada por el virus SARSCoV2 (COVID 19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control. Así, las autoridades sanitarias del País han expedido diversos acuerdos, entre los que destaca la suspensión de actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional, para lo cual implementaron entre otras medidas, la relativa a la sana distancia, exhortando a toda la población a cumplir resguardo domiciliario corresponsable, que debe entenderse como la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público el mayor tiempo posible. Ante tal escenario, en cuanto al contexto normativo sobre el interés superior del menor y de la situación pandémica derivada del virus SARS-CoV2 que atraviesa la población, y partiendo de la base que de conformidad con el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el "A quo" se encuentra facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Por ello, es infundado el argumento de que la autoridad responsable no atendió al interés superior de los menores hijos de las partes, y que sólo hubiere ponderado el interés del progenitor de éstos, no obstante que la hoy quejosa tenga a su favor la guarda y custodia de los infantes, y que su contraparte cuente con medidas de restricción decretadas en favor de la hoy quejosa, dado que en el caso la autoridad responsable actuó sólo en función del interés superior de los menores, ello a efecto de no exponerlos en su salud, y no con el fin de vulnerar su interés superior. Lo que así se estima, pues de la resolución reclamada se advierte que ésta fue dictada para dejar claro las medidas que resultan necesarias para salvaguardar la salud e integridad física de los menores hijos de las partes, dentro del procedimiento judicial que se encuentran inmersos y ante la situación que se vive actualmente, ello aun por sobre su derecho de recreación y esparcimiento; de lo que, el cumplimiento al interés superior del menor conmina a privilegiar su derecho a la vida, previendo que por el momento no se expongan saliendo del domicilio en el que se encuentran, para realizar viajes constantes fuera de la Ciudad al lado de su madre. Luego, si bien es cierto que, los menores de edad tienen derecho al libre esparcimiento y movilidad, y que corresponde a su madre, ahora quejosa su guarda y custodia, lo que conlleva que debe cumplir con sus obligaciones de crianza, también cierto es que, debe tenerse presente que de permitir que los menores viajen constantemente y acudan a reuniones, implicaría poner en peligro su salud, y por ende su vida, porque atendiendo al interés superior de ellos, no puede desconocerse los niveles de contagio, y con ello el número de decesos, para arribar al convencimiento, que en atención al interés superior del infante por el momento, y hasta que la Ciudad se encuentre en el denominado "semáforo verde", no resulta factible que realizaran éstos viajen fuera de la ciudad en donde pudieran ser expuestos. Lo anterior, pues el hecho de pretender que los menores sean trasladados fuera de la ciudad, con la única finalidad de esparcimiento, trastoca su estabilidad y provoca un incumplimiento a lo ordenado en la Constitución Federal, que impone a toda autoridad promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por ésta y los tratados internacionales, entre los que se encuentra el interés superior de los menores, de ahí que la autoridad responsable actuó en concordancia con ello al determinar confirmar el proveído impugnado. Siendo aplicable por identidad de razón, en lo conducente, la tesis aislada número XVII.1o.C.T.36 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 977, Libro 78, Septiembre de 2020 Tomo II, Décima Época de Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES, FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL JUEZ DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE A DISTANCIA. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 23 dispone que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez; de manera que el derecho del infante a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; sin embargo, puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar su interés superior. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable; que consiste en la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del régimen de visitas y convivencias del infante con uno de sus padres durante la situación pandémica en cuestión, debe estimarse que el solo hecho de sustraer al infante de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propenso a contraer el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida; por ende, atento al interés superior de aquél, corresponde privilegiar su derecho a la vida y la salud sobre el de convivir con su progenitor, el cual se limitará a una modalidad a distancia, por lo que el órgano jurisdiccional debe procurar el resguardo del infante y dictar las providencias necesarias, según las particularidades del caso, para el desarrollo de la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación disponibles, y a los que se pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre el infante y su progenitor, estableciendo como obligación del progenitor con quien cohabite, el permitir el sano desarrollo de tales convivencias, de manera que se lleven a cabo en forma libre y espontánea." En consecuencia, al advertir una situación extraordinaria que impacta la vida ordinaria como se conocía derivado del virus SARS-CoV2 (COVID 19) que ha obligado a las autoridades sanitarias a decretar resguardo domiciliario corresponsable, el mayor tiempo posible, resultó acertada la determinación de la alzada al confirmar el proveído impugnado, conforme lo expuesto en párrafos que preceden. Ello en atención a que como se ha señalado, derivado de la situación de pandemia producida por el virus SARSCoV2 (COVID 19), emerge como una cuestión incontrovertible que no existe un factor o base que nos pueda permitir asegurar que la sustracción de los menores de su domicilio, su traslado y cuidado en lugar diverso, aun con ciertas medidas sanitarias, no actualice riesgo para los infantes, esto es, que no sufrirán ningún contagio, pues como el Alto Tribunal lo ha establecido -conforme se advierte del criterio citado con antelación-, basta con que el infante se sustraiga de su hogar, para colocarlo en una situación de riesgo, basado en la evidencia científica que como hecho notorio se ha destacado. Así, bajo las indicaciones conocidas por todos, emitidas por la Secretaría de Salud, se colige que el solo hecho de dar movilidad a los menores fuera de su hogar, constituye un riesgo de contraer el virus, ya que entre las medidas más propicias para disminuir en forma considerable dicho riesgo, es precisamente a través del distanciamiento social y quedándose en casa; de manera que, dados los motivos expuestos, resultan infundados los conceptos de violación en análisis. Bajo esa perspectiva, ante lo infundados de los conceptos de violación, al no demostrarse la transgresión a los derechos previstos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales invocados, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitado por *********, contra el acto que reclamó a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Al haberse negado el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto del acto reclamado a la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse con relación a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 105, consultable en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 68 del rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, contra el acto que reclamó del Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Tercero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, vía electrónica a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

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