Daniela Marlene Pérez Torres
Expediente 511/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniela Marlene Pérez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, por medio del cual, acusa recibido de las constancias remitidas en cumplimiento a lo ordenado mediante auto de catorce de febrero del año en curso. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables
- Principal
México, Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, acusa recibido de las constancias remitidas en cumplimiento a lo ordenado mediante auto de catorce de febrero del año en curso. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ************, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que, conforme a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la depuración de las constancias que integran el presente expediente. En las relatadas condiciones, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no obran documentos originales exhibidos por las partes, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. De igual manera, se ordena devolver a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como al Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, las constancias que en su momento acompañaron en apoyo a su respectivo informe con justificación, requiriéndoles para que a la brevedad posible se sirvan remitir el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
AUDIENCIA - SENTENCIA. En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del cuatro de enero de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, Guillermo Campos Osorio, Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Paola Guerrero Serrano, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el juicio de amparo 511/2021-I promovido por *********. Acto seguido, la Secretaria hace relación de los autos y da cuenta con las constancias más relevantes que obran en autos, entre las cuales se encuentran: la demanda de amparo presentada el nueve de julio de dos mil veintiuno; auto admisorio de catorce de julio de dos mil veintiuno; oficio 9672/2021 a través del cual se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito el auto admisorio; escritos con números de folios 11917 y 11918 a través de los cuales el tercero interesado se apersonó a juicio; recurso de queja interpuesto por el tercero interesado en contra del auto admisorio y auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, en el que se suspendió el procedimiento por motivo de la queja mencionada; oficio 615 a través del cual la sala responsable rindió su informe justificado; ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el Q.C. 215/2021, por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través de la cual declaró infundado el recurso de queja; auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se levantó la suspensión del procedimiento y se fijó fecha para audiencia y oficio 3337 suscrito por el juez responsable en el que remitió diversas copias certificadas del juicio de origen. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el período probatorio y la Secretaria da cuenta con las constancias remitidas por la sala responsable consistente en copia certificada de los tocas 501/2021 y 502/2021, así como del divorcio incausado 5/2020. El Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza las documentales remitidas por la Sala y juez señalados como responsables. Sin más elementos de convicción sobre los cuales proveer se da por concluida esta fase de la audiencia. Acto continuo, en la etapa de alegatos se hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Sin alegatos que recibir se cierre el periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la resolución que en derecho corresponda, firmando de manera electrónica al calce quienes en ella intervinieron para debida constancia. México, Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 511/2021-I, promovido por *********, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Tercero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. (.) CUARTO. Conceptos de violación. La parte quejosa aduce que no se han aplicado los artículos 81, 940, 941, 942, 943 y 951 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, así como los numerales 308, 310, 311, 311 bis, 311 ter y 311 Quarter del Código Civil de la Ciudad de México, puesto que con lo determinado en las resoluciones reclamadas se le ha violentado económicamente, pues se le quitó sin motivo alguno el seguro de gastos médicos y la posibilidad de pedir el reembolso y pago directo al tercero interesado, ya que no se ha considerado lo siguiente: a) Que ********* reconoció que pagaba toda su manutención, alimentos y atención médica, ya que nunca ha trabajado y se dedica al cuidado de los hijos. b) No cuenta con trabajo remunerado, ni recursos económicos que pudieran costear la renovación y pago del seguro de gastos médicos. c) Se permite a ********** que pague como extra a la pensión alimenticia provisional el seguro de gastos médicos de los hijos de las partes. d) *********** está ejerciendo violencia de género al no cubrir el seguro de gastos médicos. Refiere que esa situación la deja en estado de indefensión, porque la cantidad que se fijó por concepto de pensión alimenticia es insuficiente y ahora también se tiene que cubrir el seguro médico lo que afecta la pensión de los menores, ya que son cinco acreedores para $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), tratando de mantener el nivel de vida alto a los que estaban acostumbrados, además, dejó de pagar de manera directa las colegiaturas. Por otra parte, la autoridad responsable no atendió a la obligación que tiene de dictar cualquier resolución bajo el principio de equidad y perspectiva de género que la Constitución Federal y los diversos instrumentos internacionales reconocen como derechos de la mujer que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, particularmente en la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que básicamente reconocen la igualdad de la mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de género. Agrega que debe condenarse a ************ aplicando el principio pro persona, porque aceptó realizar los pagos de manera directa y durante la vida en matrimonio pagaba directamente el concepto de seguro de gastos médicos, por lo que deberá condenársele a seguir pagando ese rubro extra a la pensión alimenticia a favor de los menores hijos de las partes y la quejosa. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El concepto de violación es infundado. En el caso, en las resoluciones reclamadas se determinó lo siguiente: a) No asiste la razón a la apelante porque el diez de marzo de dos mil veinte, se fijó una pensión alimenticia provisional a favor de los hijos e hija de los contendientes consistente en una cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que fue modificada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, para incluir a la quejosa dentro de dicho concepto provisional. b) La pensión alimenticia provisional persigue un fin constitucionalmente admisible para la subsistencia de los acreedores alimentarios e instrumentalmente adecuada para lograr dicha finalidad, en tanto se asegura la administración de alimentos, mientras se resuelve el juicio de manera definitiva, tomando en cuenta los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirlas, además, tomando en consideración el entorno social en que se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen el solventar una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el estatus aludido, por lo que la cantidad fijada fue con base en el número de acreedores, edad, sexo, así como todas las necesidades que comprenden el vocablo jurídico de alimentos como son, entre otros, la asistencia médica como lo establece el artículo 308 del Código Civil para la Ciudad de México. c) Lo pretendido por la apelante en el sentido que se requiera a ********** el pago de la póliza de seguro de gastos médicos mayores a su favor como extra de la pensión alimenticia, no es jurídicamente procedente, puesto que el rubro médico, medicinas, atención hospitalaria se encuentra contemplado en la pensión alimenticia provisional aunado a que el vínculo matrimonial que unía a las partes fue disuelto en resolución de veintiuno de agosto de dos mil veinte, y el hecho que haya manifestado haber realizado el pago de las pólizas de seguros respecto de sus hijos, no implica que se convierta en obligación respecto del pago de seguro de gastos médicos de la apelante, pues ese rubro está contemplado dentro de la pensión alimenticia fijada. Lo determinado por la sala responsable en las resoluciones reclamadas es apegado a lo dispuesto por el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, porque no debe requerirse a ********** para que cubra el seguro de gastos médicos mayores de la quejosa como un concepto extra a la pensión alimenticia fijada en autos, por lo siguiente. El derecho de alimentos se concibe como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, de la adopción, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. En ese contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Tal obligación tiene como base la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar, exigiéndose entre éstas un deber recíproco de asistencia. Dicho deber ético ha sido reconocido por el derecho, elevándolo a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual tiene como propósito fundamental proporcionar al deudor alimentario lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia. Además de su reconocimiento como obligación jurídica, la procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Es decir, es deber del Estado el vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios de vida suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. En la ley se ha previsto, asimismo, que tal deber de solidaridad lo tienen los integrantes del grupo familiar, entendiendo como parte del mismo, principalmente, a los hijos, padres, cónyuges y concubinos y, subsidiariamente, a los ascendientes y descendientes más próximos en grado, así como a los hermanos y parientes colaterales a falta o por imposibilidad de los ascendientes y descendientes. Además, se ha señalado, conforme al artículo 311 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México1, que los menores, las personas con discapacidad y el cónyuge que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar alimentos. Asimismo, el artículo 3212 del mismo ordenamiento, precisa que el derecho de recibir 1 "Artículo 311 Bis.- Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar alimentos." 2 "Artículo 321. El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción." alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. En efecto, al ser los alimentos de interés general y de orden público, no es posible someter su determinación a un acuerdo de voluntades, pues podrían llegar a aceptarse por el acreedor alimentista condiciones inferiores a las mínimas, renunciando parcialmente a ese derecho, lo cual está prohibido expresamente. Así, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. Al haberse reconocido el carácter de interés social y orden público de los alimentos, se ha establecido la necesidad de dictar medidas provisionales para no dejar en estado de necesidad al acreedor alimentario mientras se determina la pertinencia de la pensión alimenticia. Al respecto, el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México3, señala que el Juez fijará, a 3 "Artículo 943.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate. Las copias respectivas de la comparecencia y demás documentos, serán tomados como pruebas, debiendo relacionarse en forma pormenorizada con todos y cada uno de los hechos narrados por el compareciente, así como los medios de prueba que presente, haciéndole saber el Juez al interesado que puede contar con el patrocinio de un defensor de oficio para conocer de su procedimiento y como consecuencia, éste ordenará dar parte a la institución de Defensoría de Oficio para que, en su caso, asesore o patrocine a éste. Una vez hecho lo anterior se correrá traslado, a la parte demandada, la que deberá comparecer, en la misma forma dentro del término de nueve días. En tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el juez deberá señalar el día y hora para la celebración de la audiencia petición del acreedor, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Asimismo, en la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 108/2004-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 9/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia Civil, página 153, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la medida cautelar de alimentos tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve el juicio respectivo. Por lo que, la pensión alimenticia, se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, se determina sin audiencia del deudor, únicamente, con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la respectiva. Tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposición de la ley, el juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con cédula profesional. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitarán de inmediato los servicios de un Defensor de Oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de un término que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un término igual." presentación de la demanda y, la segunda, se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. Así, es posible concluir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, está plenamente justificada al tener los alimentos tal relevancia dentro del derecho familiar. No obstante lo anterior, la fijación de los alimentos provisionales no es arbitraria o sin parámetro alguno, ya que para que pueda dictarse debe acreditarse que quien la solicita tiene algún título en cuya virtud lo pide, aportando las actas del Registro Civil respectivas, de las que se derive la obligación alimenticia. En efecto, para determinar la pensión alimenticia provisional, únicamente, se debe demostrar la existencia del derecho del acreedor alimentario, esto es, que se cuenta con la calidad de acreedor por tener algún vínculo familiar con el deudor; mientras que en la definitiva, debe probarse la existencia de la necesidad de recibir los alimentos y la posibilidad del deudor de proporcionarlos. Así, las características de los alimentos de interés social, orden público, y que no pueden ser sujetos de transferencia o transacción, no son exclusivas de los alimentos definitivos, sino que la pensión provisional participa de dichas características. En efecto, debe considerarse que el Juez, al dictar la medida provisional, desconoce si existe la necesidad de los alimentos, ya que para su determinación deberá seguirse todo un proceso donde se desahogarán las pruebas que ambas partes presenten. Sin embargo, el juzgador tiene la obligación ineludible de garantizar, mientras se resuelva sobre la existencia de la necesidad de los alimentos, que el acreedor alimentario no quede en estado de desamparo, pues ello podría tener graves consecuencias en la integridad del que los solicita. Así, con el objetivo de proteger los derechos del acreedor que pudieran estar relacionados con los alimentos, se decreta de manera provisional una pensión alimenticia, la cual podrá ser disminuida o revocada en la sentencia definitiva. No obstante el carácter provisional de dicha medida, los alimentos entregados por ese concepto están destinados al mismo fin que los definitivos, esto es, el solventar las necesidades del acreedor. Por lo que puede decirse que, aunque los alimentos provisionales y los definitivos son determinados de manera diversa, éstos tienen la misma relevancia en el derecho familiar. En efecto, para acreditar la pertinencia de los primeros sólo es necesario demostrar la calidad de acreedor alimentario, así como ubicarse dentro de alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 311 Bis transcrito; mientras que para establecer los segundos deberá probarse, fehacientemente, la necesidad de los mismos o desvirtuarse la presunción de su necesidad, en los casos que prevé la ley. De ahí que tal presunción, debe interpretarse en el sentido de que, serán los deudores los que deberán probar en el juicio que el acreedor alimentario no necesita los alimentos. Así, la pensión provisional tiene como fundamento la relación personal entre el acreedor y deudor alimentario, y basta para su determinación el que se reclame con dicho título, además, de que se ubique dentro de los supuestos de presunción de necesidad de alimentos, sin que deba existir otro medio de prueba para corroborar dicha presunción. Lo anterior, fue considerado así por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS."4 En el caso, es erróneo que con lo determinado en las resoluciones reclamadas se violente económicamente a la quejosa, porque como correctamente lo determinó la sala responsable el rubro médico se encuentra contemplado dentro de la pensión alimenticia provisional que se fijó y que en el juicio de origen se estableció el diez de marzo de dos mil veinte, por $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 4 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Civil, página 33, que dice: "Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial." 00/100 moneda nacional), misma que fue modificada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, para incluir a la quejosa dentro de dicho concepto provisional. En esas condiciones, no es aceptable considerar que el juez responsable no haya aplicado los artículos 81, 940, 941, 942, 943 y 951 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, así como los numerales 308, 310, 311, 311 bis, 311 ter y 311 Quarter del Código Civil de la Ciudad de México, puesto que en ese momento para lo solicitado por la parte quejosa, esto es, para que se exija a *********** el pago del seguro de gastos médicos mayores como concepto extra de la pensión alimenticia fijada en autos, no era su obligación atenderlos ya que no era el momento de fijar la pensión alimenticia sino determinar si era procedente requerir a ********** en los términos antes precisados. Además, si ********** reconoció que pagaba toda su manutención, alimentos y atención médica; que no cuenta con trabajo remunerado ni recursos económicos que pudieran costear la renovación y pago del seguro de gastos médicos; que se le permitió al mencionado ********** que pagara como extra a la pensión alimenticia provisional el seguro de gastos médicos de los hijos de las partes, no constituyen hechos que influyan en requerir a su contrario por el pago del seguro de gastos médicos mayores porque, se insiste, dicho rubro está incluido dentro de la pensión alimenticia provisional que se fijó en autos con los elementos con los que contaba el juez responsable en ese momento, ya que conforme a las reglas para fijar la pensión alimenticia de carácter provisional debe establecerse con base en la información con que se contaba hasta el momento de su fijación. Con base en lo anterior, es infundado lo alegado por la parte quejosa en el sentido que se le ha dejado en estado de indefensión porque la cantidad que se fijó por concepto de pensión alimenticia es insuficiente y ahora también se tiene que cubrir el seguro médico lo que afecta la pensión de los menores, ya que son cinco acreedores para $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), tratando de mantener el nivel de vida alto a los que estaban acostumbrados, además, se dejó de pagar de manera directa las colegiaturas; porque esas alegaciones, en todo caso, debe hacerlas valer a través de diversa acción en la que exponga al juez de origen que la pensión alimenticia que se fijó es insuficiente con base en que no se consideró que también debe cubrirse el seguro de gastos médicos mayores. De ahí que no se esté ejerciendo violencia de género porque el rubro médico está contemplado dentro de la pensión alimenticia provisional y que en su caso podría ser modificada en definitiva a través de los medios de prueba que se alleguen al juicio. Finalmente, si bien es cierto que la sala responsable tiene el deber de cuidar el principio de equidad, la perspectiva de género, así como el principio pro persona, con base en la premisa que expone, relacionada con la violencia económica, porque conforme a la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que básicamente reconocen la igualdad de la mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de género. Sin embargo, la pertinencia de aplicar dicha perspectiva no es el hecho de que en el asunto esté involucrada una mujer, sino que en cada caso se deberá hacer un análisis orientado a detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, lo que ha sido plasmado en lo sustancial en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) 9 de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." En el caso, considerando los argumentos de la quejosa, no se advierte que exista una relación asimétrica de poder o una situación de vulnerabilidad por cuestión de género, pues se fijó una pensión alimenticia de carácter provisional con los elementos que hasta ese momento contaba el juez de la causa, la que puede ser modificada en definitiva con los elementos que se alleguen al juicio o bien puede solicitar su modificación vía incidental en caso de no estar de acuerdo con su monto, ya que la quejosa se encuentra sujeta a las disposiciones inherentes al juicio en el que es parte. En ese sentido, por el hecho que manifiesta, no puede considerarse como un elemento que le ubique en una situación de desventaja como mujer, tan es así, que durante el juicio a impugnado diversas determinaciones inherentes a la pensión alimenticia por lo que no puede estimarse que se encuentre en la condición que pretende aquí se le reconozca. En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a **********, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La negativa de mérito debe hacerse extensiva al acto que se reclama a la autoridad ejecutora Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México toda vez que se hace depender del acto ordenador y no fue impugnado por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 105, consultable en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 68 del rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R ES U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a **********, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Tercero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo y por las razones asentadas en la parte final del considerando quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES; y por oficio a las autoridades responsables.
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