Daniela Marlene Perez Torres

Expediente 68/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
68/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Daniela Marlene Perez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil veintiuno. Parte Quejosa XXXXXXX, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada XXXXXXX, todos de apellidos XXXX (demandada en el juicio de origen). Personalidad La demanda la promueve por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada XXXXXXX, todos de apellidos XXXXXXX Autoridades responsables - Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México. Fórmese expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 68/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Familia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del toca 1149/2020, que confirmo el auto de primero de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, en el juicio de divorcio sin causa expediente 5/2020, promovido por XXXXXXX, contra XXXXXXX, en el que no se acuerda de conformidad el pago de impermeabilización, como gastos de servicios y mantenimiento del domicilio que habita ella y los menores hijos. Causal de Improcedencia De lo anterior, se advierte que los actos que reclama la quejosa, no le ocasionan una afectación de imposible reparación, debido a que no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE AMPARO, CON RELACIÓN AL NUMERAL 107 FRACCIÓN V, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DEL MISMO ORDENAMIENTO. Ahora bien, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: "El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, el artículo 107 constitucional establece como regla general que, tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o bi-instancial. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquellos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo adverso. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas condiciones, tratándose de una violación procesal en el juicio, que no afecte materialmente alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, deberá reclamarse en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo. En tal virtud, los actos que reclama la quejosa, el presente juicio de garantías no la dejan sin defensa ni constituyen una violación de carácter irreparable, pues la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Familia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del toca 1149/2020, que confirmo el auto de primero de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, en el juicio de divorcio sin causa expediente 5/2020, promovido por XXXXXXX, contra XXXXXXX, en el que no se acuerda de conformidad el pago de impermeabilización, como gastos de servicios y mantenimiento del domicilio que habita ella y los menores hijos, sólo tiene efectos intraprocesales, ya que es un acto intermedio y por ello, EL AMPARO INDIRECTO SERÁ PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDA EN DEFINITIVA EL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. . De ahí que el acto reclamado no afecta de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, pues no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que no se causa un gravamen de imposible reparación, existiendo por ende la posibilidad de aportar los medios de prueba respectivos con la finalidad de obtener una pensión alimenticia mayor a la provisional y así sufragar los gastos de mantenimiento que pretende, y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, y en caso contrario, tal acto es factible de impugnarse como violación procesal a través del amparo directo que en su caso, pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. En consecuencia, con fundamento en los numerales invocados y con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. Se habilitan días y horas Desde este momento se autoriza para que cualquier diligencia que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, en días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. Domicilio y autorizados Ahora bien, como lo solicita, se le autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en dicha vía, incluyendo las facultades para promover, en virtud de que el nombre del usuario proporcionado, se encuentra registrado en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, atendiendo a lo establecido en el artículo 3 y 30 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen por autorizadas a XXXXXXX, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que hace a los diversos profesionistas, por no tener registradas sus cédulas profesionales en dicho sistema computarizado, y a las diversas personas que refiere, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, en términos de la última parte, del precepto invocado. Petición especial a las partes. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Atención vía telefónica. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55-40-24-64-83, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. Registro de cédulas Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese vía electrónica a la quejosa.

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