Daniela Avilés Morales Morales

Expediente 775/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
775/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Daniela Avilés Morales Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acusando recibo del oficio 619, mediante el cual se le notificó el proveído por el que se ordenó el archivo del presente asunto y se le devolvieron las constancias que allegó al sumario en que se actúa, en virtud de ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene a Maileth Isidro Mendoza, en cuanto autorizada del tercero José Raúl la Rosa Linares, mediante el cual solicita se declare firme la sentencia emitida en autos, toda vez que las partes no se inconformaron con el dictado de la misma. Atento lo solicitado por la autorizada del tercero referido y derivado de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 775/2022, sin la comparecencia de las partes. A continuación la secretaria hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la apoderada del tercero interesado ********************y hace constar que las demás partes no los formularon. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al tercero interesado formulando sus alegatos y a las demás partes se les declara precluido el derecho para hacerlos valer. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; RESULTANDO Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós ante la oficialía de partes de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 7), ********************, por propio derecho y en representación legítima de ******************** demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de ese órgano jurisdiccional y de otra autoridad, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. Por lo anterior, el titular de dicho órgano jurisdiccional realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio 817 presentado el siete de julio de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad (foja 6), remitió la demanda original y cuatro copias de la misma, la certificación de presentación de la misma, el informe justificado rendido por el Magistrado de la Novena Sala Civil, el toca de apelación ********************, el juicio ordinario familiar ********************en cuatro tomos procesales y un cuaderno incidental, diez cuadernos formados con motivo de diversos juicios de amparo promovidos dentro de esa contienda familiar y un sobre cerrado con discos grabables; con dichas constancias se formaron por separado dieciséis tomos de pruebas. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el ocho de julio de este año (foja 6) y en auto de doce de los siguientes (foja 2) se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que la determinación reclamada -resolución de diez de junio de dos mil veintidós pronunciada en el toca de apelación I-********************, que ordenó reponer el procedimiento en el juicio especial oral familiar ********************, que sobre cambio de custodia promueve ********************, frente a ********************, para efecto de que el juez de origen, previa citación de las partes, desahogue la prueba de medios electrónicos ofertada por la parte demandada- no constituye una sentencia definitiva que pone fin al juicio, por lo que ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad. Segundo. Desechamiento, admisión y trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer a este juzgado de Distrito, se ordenó su registro con el número 775/2022 y en auto de quince de julio de dos mil veintidós (foja 33) se desechó la demanda al estimar que el acto reclamado por la quejosa no era de aquellos considerados como de imposible reparación dentro del juicio familiar de origen. Inconforme con la determinación que este órgano jurisdiccional asumió, mediante ocurso presentado el veintidós de julio de siguiente (foja 43), la quejosa interpuso recurso de queja; medio de impugnación del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien lo registró en su índice con el número de queja civil******************** y el cual fue resuelto mediante ejecutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós (foja 62), declarándose fundado, revocando el auto de desechamiento y ordenando la admisión de la demanda. Por lo anterior, en auto de quince de noviembre siguiente (foja 75), se admitió a trámite la demanda, se dio vista a las partes con el informe justificado del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, se requirió el respectivo al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se convalidó el emplazamiento del tercero interesado a ********************. Asimismo, en ese mismo proveído se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa y al citado tercero interesado, el auto de avocamiento pronunciado por este juzgado. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (foja 99) se tuvo a ********************, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública adscrito a la Delegación Michoacán, aceptando y protestando el cargo de representante especial de la menor ******************** quien en esa misma fecha aceptó y protestó el cargo conferido. Luego, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (foja 104), se ordenó notificar a las partes la adscripción del suscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, en esta fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: *La resolución de diez de junio de dos mil veintidós pronunciada en el toca de apelación I-********************, que ordenó reponer el procedimiento en el juicio especial oral familiar ********************, que sobre cambio de custodia promueve ********************, frente a ********************, para efecto de que el juez de origen, previa citación de las partes, desahogue la prueba de medios electrónicos ofertada por la parte demandada; y, *El auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós dictado en el juicio especial oral familiar ********************, que ordena la ejecución de la resolución reclamada. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 6 y 109), lo que se corrobora de las constancias aportadas por las referidas responsables, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º y que obran en dieciséis tomos de pruebas. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional estima que en el caso se surte una causal de improcedencia, toda vez que los actos que se reclaman fueron emitidos dentro de juicio, sin embargo, no son de aquéllos cuyos efectos sean de imposible reparación, por lo que se actualiza la que se deduce de la interpretación inversa del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos indicados disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido éste por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Esta concepción de "actos de imposible reparación", resulta contundente y limitativa, a diferencia de aquélla concebida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pues en esa norma reglamentaria, el legislador no había definido qué debía entenderse por ese tipo de actos: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [.] IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; [.]". Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan: Época: Novena Época Registro: 180415 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. LVII/2004 Página: 9 "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Época: Novena Época Registro: 190368 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 4/2001 Página: 11 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo." Es decir, ante el limitado contenido de la fracción IV del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquéllos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias que se estimaron actualizadas por ejemplo, respecto al reclamo del desechamiento de la excepción de falta de personalidad. Sin embargo, como se estableció en los párrafos que anteceden, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la anterior legislación, ya es clara y precisa al definir qué deben entenderse por "actos de imposible reparación", y limita éstos a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. En ese sentido, la quejosa reclama la resolución de diez de junio de dos mil veintidós pronunciada en el toca de apelación I-********************, que ordenó reponer el procedimiento en el juicio especial oral familiar ********************, que sobre cambio de custodia de la menor ******************** promueve ********************, frente a ********************, para efecto de que el juez de origen, previa citación de las partes, desahogue la prueba de medios electrónicos ofertada por la parte demandada, así como el auto que ordena la ejecución material de esa resolución. Así, para dar sustento al sentido de la decisión que en esta sentencia se asume, resulta pertinente mencionar que durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 106/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 179548, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." Del criterio inserto anteriormente, se advierte que se determinó que atendiendo a los efectos concretos de cada caso particular, podrían existir consecuencias de imposible reparación respecto de las cuales también resultaría procedente el juicio de amparo indirecto de acuerdo con su grado de afectación, como se describe en los puntos siguientes: 1. Que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (verbigracia, el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos); y, 2. Los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Con dicho criterio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la procedencia del juicio de amparo contra resoluciones que determinaran reponer el procedimiento sería casuística, es decir, el juzgador debe determinar en cada caso en concreto, si dicha reposición acarrea o no, afectación a derechos sustantivos, de acuerdo a los argumentos ya señalados, por ejemplo, la imposibilidad jurídica o material de desahogar de nueva cuenta alguna prueba. En relación con lo anterior y ante la nueva interpretación de los "actos de imposible reparación", de las constancias que remitió la autoridad responsable consistentes en el juicio de origen, no se advierte puedan cobrar aplicación las circunstancias descritas en los puntos que anteceden ni ello se desprende del análisis integral de la demanda de amparo. Se realiza esa afirmación por dos aspectos; el primero, porque la reposición del procedimiento que ordenó el magistrado responsable, no determinó la nulificación de ninguna prueba, sino que al contrario, estableció que el juez de los autos debería reponer el procedimiento a efecto de que se desahogara la prueba sobre la que existió la omisión, esto es, la prueba de medios electrónicos ofertada por la parte demandada, a través de la que debería reproducirse las grabaciones que constan en el medio óptico (USB) con el que la demandada pretendió acreditar los supuestos malos tratos que el padre de su hija infiere hacia la menor. El segundo aspecto, porque en esta instancia de amparo, la quejosa no alegó nada en el sentido que haya pruebas que ya no se puedan desahogar o apercibimientos que ya se habían realizado a su contrario, pues a grandes rasgos, sólo adujo que la reposición ordenada para que se vean los videos, pudo haber sido reparada por el magistrado responsable, a fin de tutelar el derecho de su menor hija, a obtener justicia rápida. Lo que permite advertir que en la especie no se actualizan los dos supuestos que pueden hacer procedente la acción de amparo en contra de la reposición del procedimiento; entonces, la reposición del procedimiento para que se desahogue el medio de convicción referido, solamente puede generar una afectación de índole procesal o adjetiva, que no produce de manera directa e inmediata afectación material alguna a los derechos sustantivos de la quejosa ni de su menor hija, sino que solamente trasciende al ámbito procesal, en tanto que no impide que una vez que se desahogue ese medio de prueba y se dicte la sentencia correspondiente, la que incluso puede favorecer a sus intereses, se le reparen las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto y, de esta manera, no dejaría huella en su esfera jurídica. Por ello, la resolución reclamada no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede ocurrir que el afectado obtenga al final una sentencia favorable a su interés con la que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado con la indebida violación que desestime la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Sobre todo, porque de las constancias que integran el juicio familiar de origen, se advierte que en la actualidad la menor en disputa tiene garantizado su derecho alimenticio, ya que está fijada una pensión que en este momento satisface su padre y que ante un eventual cambio de custodia, se determinó corresponderá pagar a la quejosa; de ahí que, dicha reposición tampoco ponga en riesgo la subsistencia de la menor por no recibir alimentos, pues la satisfacción del derecho de alimentos está garantizado. Cabe agregar que en el caso no se estiman violados los derechos previstos por el artículo 17 de la Constitución Federal en perjuicio de la parte peticionaria de amparo, ya que de obtener sentencia favorable a sus intereses, los efectos de la determinación que ahora reclama, desaparecerán. Resulta ilustrativa la jurisprudencia I.11o.C. J/7, de rubro y texto: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." Por todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto que afecte derechos sustantivos de la quejosa, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee el juicio de amparo. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Finalmente, resta señalar que al emitir la sentencia en los términos que anteceden, no se desconoce lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al resolver la queja civil********************, en la parte que la causal de improcedencia que se sostiene, para efectos del auto de desechamiento, no estaba plenamente acreditada y no era manifiesta ni indudable, ya que requería de mayores pruebas. Sin embargo, el suscrito juzgador sostiene el criterio de improcedencia que sustentó en el auto de desechamiento, en la medida que al emitir la ejecutoria referida, el citado tribunal de alzada no negó la posibilidad que la causal de improcedencia pudiera actualizarse, luego de un estudio de las constancias que permitieran llegar a la conclusión que la resolución reclamada efectivamente no afectaba derechos sustantivos. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en representación legítima de ******************** contra los actos reclamados al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, por los motivos expuestos en el cuarto considerando. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, el secretario da cuenta al Juez dentro del juicio de amparo III-775/2022-O, con una promoción registrada con el número 19834. Conste. Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene a Maileth Isidro Mendoza, como autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único 117703. Ahora bien, y como lo solicita con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por formulada la ampliación de alegatos que vierte la autorizada de la parte quejosa, mismos que se ordenan relacionar de nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. Razón.- En esta fecha se giró (giraron) el (los) oficio (s) a la (s) autoridad (es) correspondiente (s); notificándole (s) el auto que antecede. Conste.

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