Daniela Avilés Morales
Expediente 171/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daniela Avilés Morales
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
- José Raul La Rosa Linares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y depúrese el original del incidente, el cual deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El once de marzo de dos mil veintidós se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo I-171/2022, con una promoción registrada con el número 3679. Conste. Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, como lo solicita el licenciado Alejandro León Cortés asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal, en cuanto representante especial dentro del presente asunto, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico a través de los Nombres de Usuario registrados como "alcleon y Estrella2" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, por lo que se ordena asociarlos al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se comisiona al actuario para que verifique que el promovente pueda acceder al expediente electrónico Notifíquese por lista y cúmplase con la encomienda de la Analista Jurídico y del actuario. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que anexa a su oficio de cuenta. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo se observa que la impetrante del amparo Daniela Avilés Morales, por sí y en representación de su menor hija J.L.R.A., reclama en esta instancia constitucional: *La determinación dictada en la continuación de la audiencia del juicio oral familiar 608/2018, desahogada el catorce de febrero de dos mil veintidós, en lo relativo a la fijación de las convivencias familiares entre la menor J.L.R.A y su progenitor José Raúl de la Rosa Linares, para que se desarrollen de manera física los días sábados de cada semana en un horario de nueve a las diecinueve horas, situación para lo cual el papá debería comparecer al domicilio de la menor y recogerla a las nueve de la mañana y debería regresarla ese mismo día a las diecinueve horas, a partir del diecinueve de febrero del año en curso, medida que duraría hasta el dictado de la sentencia. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Por ello, el suscrito juzgador de manera oficiosa advierte que respecto de tales actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;[.]". Como se advierte de la transcripción, dicha fracción establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos donde se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Causal de improcedencia que se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo; c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie, como ya se estableció en líneas precedentes, la quejosa se duele de la determinación dictada en la continuación de la audiencia del juicio oral familiar 608/2018, desahogada el catorce de febrero de dos mil veintidós, en lo relativo a la fijación de las convivencias familiares entre la menor J.L.R.A y su progenitor José Raúl de la Rosa Linares, para que se desarrollen de manera física los días sábados de cada semana en un horario de nueve a las diecinueve horas, situación para lo cual el papá debería comparecer al domicilio de la menor y recogerla a las nueve de la mañana y debería regresarla ese mismo día a las diecinueve horas, a partir del diecinueve de febrero del año en curso; medida que duraría hasta el dictado de la sentencia. Ahora, debe señalarse que en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia a la que se alude, dado que durante la secuela procedimental de este juicio de amparo, mediante oficio 640/2022 de tres de marzo de dos mil veintidós, la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, informó lo siguiente: a. Que el dos de marzo de dos mil veintidós se emitió resolución definitiva dentro del expediente 608/2018; b. Que en dicha resolución se resolvió que resultó procedente la acción del estado civil que sobre cambio de guarda y custodia promovió José Raúl La Rosa Linares, en relación con su hija, en contra de Daniela Avilés Morales, a quien se condenó a la exigencia planteada, sin que para ello deba suspenderse el derecho de convivencia con su progenitora; c) Asimismo, en dicha resolución se determinó improcedente la prestación relativa a la pérdida de la patria potestad, por ende, se declaró que tanto el señor José Raúl La Rosa Linares, como la señora Daniela Avilés Morales, detentan y ejercerán conjuntamente la patria potestad con relación a su menor hija J.L.R.A. d) De igual forma, en la citada sentencia se fijó pensión alimenticia a favor de la menor J.L.R.A., a cargo de su padre hasta en tanto le sea entregada materialmente su persona en guarda y custodia y se estableció a cargo de la señora Daniela Avilés Morales, al pago de alimentos a favor de su menor hija. e) Finalmente, se declaró procedente la solicitud de autorización judicial para que la menor J.L.R.A., pueda salir del país. Por tanto, es claro que la emisión de la resolución definitiva emitida dentro del expediente 608/2018, actualizó una situación jurídica diversa a aquélla en que se encontraba la menor al momento de la presentación de la demanda, habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer la diversa que surgió a virtud de la emisión de la resolución de dos de marzo de dos mil veintidós. Por esas razones, en el caso ya no se podría emprender el estudio de los conceptos de violación que la quejosa dirigió a atacar la determinación reclamada, sin que necesariamente se afecte la nueva situación a la que las partes en ese procedimiento quedaron sujetas con motivo de la emisión de la resolución definitiva; razón por la cual, las posibles violaciones acontecidas con motivo del acto reclamado, deben considerarse consumadas irreparablemente. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar al desahogo de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En consecuencia, se dejan sin efectos las once horas del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 07 de marzo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Daniel Zacarias Vazquez1241/2019
- Daniel Zaragoza Santana609/2020
- Daniela Aranda Iniesta1291/2023
- Daniela Arroyo Villagómez905/2019
- Daniela Arroyo Villagomez432/2023
- Daniela Aviles Morales153/2019
- Daniela Aviles Morales467/2018
- Daniela Avilés Morales797/2022
- Daniela Aviles Morales258/2022
- Daniela Avilés Morales Morales775/2022
- Daniela Caballero Martínez727/2022
- Daniela Jarquin Chávez1206/2017