Daniela Morán Ramírez
Expediente 385/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daniela Morán Ramírez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil diecinueve.Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del expediente de amparo 385/2019 y copia certificada de la resolución de treinta de mayo de dos mil diecinueve dictada dentro de la queja administrativa 73/2019, de la que se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de nueve de abril del año en curso que desechó la demanda de amparo. En virtud a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales del presente asunto, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que quedó firme el auto que desechó la demanda que dio origen al mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.-dos firmas ilegibles, rúbricas-
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese la copia del escrito firmado por la quejosa Daniela Morán Ramírez, por el cual interpone recurso de queja contra el auto de nueve de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, para lo cual se ordena rendir el informe respectivo sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que en el citado acuerdo se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro de los tres días siguientes remítanse al Tribunal Colegiado correspondiente, los autos originales del presente asunto, el escrito original de agravios y una copia del mismo; lo anterior, para que determine lo que en derecho proceda, previa integración del cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Daniela Morán Ramírez, contra actos de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 385/2019. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo instituye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la ley, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso haya promovido con antelación diversa controversia constitucional, contra las mismas autoridades y respecto de los mismos actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, sin que obste a lo anterior que dicha controversia se encuentre pendiente de resolución. En el caso particular, la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto en contra del acto aquí reclamado, ante este propio órgano, al cual le correspondió el número 161/2019, la cual fue desechada por auto veinte de febrero de dos mil diecinueve, por su notoria e indudable improcedencia, lo que constituye hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, se desprende que la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo indirecto (161/2019), contra las autoridades y respecto de los actos siguientes: Autoridades responsables: Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán; y, Actuaria de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: El emplazamiento a los juicios ordinarios laborales 1A-931/2017 o 1A-931/2018 del índice de la Junta Especial Numero Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, así como sus consecuencias. De lo expuesto con antelación, se advierte que tanto en el juicio de amparo 161/2019, como en el 385/2019 en que se actúa, fueron promovidos por Daniela Morán Ramírez, contra las mismas autoridades responsables y respecto de los mismos actos reclamados, conforme a lo expuesto con antelación; ello con independencia de que ahora los señale como actos de molestia. Lo anterior, sin que a la fecha el referido desechamiento haya sido declarado firme ya que mediante proveído de catorce de marzo del año en curso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, acuso recibo del diverso oficio por el que se le remitió el original del escrito de agravios así como el original del juicio de amparo 161/2019, para la substanciación del recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo e informó su admisión, el cual quedó registrado con el número 26/2019. Por tanto, resulta claro que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, respecto del acto que es materia en un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja referido en el párrafo que antecede, promovido por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, tramitado en este propio órgano de control constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Abril de 2004, Materia Común, Décima Época, número de registro 2006145, visible en la página 265, de texto y rubro siguientes: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número 83, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero, Materia Común, Novena Época, visible en la página 260 del texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." También la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero 1996, Materia Común, Novena Época, visible en la página 312 del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselas conferido expresamente. De acuerdo con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso sea señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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