Daniel Suárez Sánchez

Expediente 1272/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1272/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Daniel Suárez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual el actuario judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, comunica el proveído de quince de junio del año en curso, por el que, atendiendo a la solicitud de diez de ese mismo mes y año formulada por este Juzgado, hace del conocimiento el estado procesal del juicio de amparo directo 488/2021 de su índice, mismo que fue admitido el cuatro de febrero de este año y el dieciocho de marzo siguiente, fue turnado para la formulación del proyecto de sentencia respectivo, circunstancia de la que se toma conocimiento. En

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito comunicando que se reservó acordar sobre la admisión del juicio de amparo directo 488/2021 de su índice, hasta en tanto la autoridad señalada como responsable, cumpliera con el requerimiento que le realizó, sin embargo, a la fecha no se cuenta con información de dicho expediente; en tal virtud, solicítese atenta y respetuosamente a la Superioridad, que de no tener inconveniente alguno, haga del conocimiento el estado procesal de dicho juicio, a fin de estar en aptitud de pronunciarse respecto del archivo de este sumario.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, comunica el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, por el que dicho órgano colegiado acusa de recibo los autos del juicio en el que se actúa, formula un requerimiento a la autoridad señalada como responsable y se reserva determinar lo que en derecho proceda hasta en tanto ocurra lo anterior; asimismo informa que, registro la demanda como juicio de amparo 488/2021, circunstancia de la cual se toma conocimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA III. Toluca, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Daniel Suarez Sánchez, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1272/2021-III. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda recibida, se aprecia que el quejoso señala como acto reclamado el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por el cual archiva el expediente 489/2021 como total y definitivamente concluido. En ese tenor, es preciso señalar que a consideración de este órgano jurisdiccional, con dicho acto reclamado se pone fin al expediente 489/2021 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, creado con motivo de la demanda inicial promovida por el aquí quejoso, pues como se advierte de su escrito de demanda, no se dio trámite a su demanda inicial ordenándose el archivo de ese asunto, por ende, tal resolución, sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de resoluciones que ponen fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción l, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." Asimismo, los artículos 34 y 47, de la Ley de Amparo mencionan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, el juicio está condicionado a la existencia de un procedimiento, sea litigioso o no, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define la controversia o solicitud, el juicio termina. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto específicamente en el artículo 170 de la Ley de Amparo, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio. Precisado lo anterior, se obtiene que el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por el cual archiva el expediente 489/2021 como total y definitivamente concluido, sí ponen fin al juicio. Es aplicable a lo esgrimido, la jurisprudencia 2ª./J.65/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 346 Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa". Así como la diversa tesis I.3.A.527A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, página 289, Octava Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA PRESENTADA ANTE UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, CORRESPONDE SU CONOCIMIENTO A UN TRIBUNAL COLEGIADO Y NO AL JUEZ DE DISTRITO. La competencia de este Tribunal Colegiado para conocer en única instancia del presente juicio de amparo, está determinada por la circunstancia de que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal, en la cual se desechó la demanda presentada por la quejosa, resolución que dadas sus características debe entenderse comprendida para efectos del amparo dentro de aquellas que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, según expresión empleada por el legislador en los artículos 44 y 46 de la ley de la materia. En efecto, el criterio anterior ha sido sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 10/89, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo, Cuarto y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del mismo Circuito, en sesión del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y uno, formulándose la tesis de jurisprudencia 5/91, aprobada en sesión del once de octubre del mismo año y que se encuentra visible en la página veintisiete, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número cuarenta y siete, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y uno, cuyo rubro es: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCION QUE LO CONFIRMA". Dicho criterio es aplicable por analogía al presente caso, atendiendo al contenido del artículo 158, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque si bien en la especie no se trata de una resolución al recurso de reclamación que confirmó el desechamiento de la demanda, sí se trata de una resolución que desechó la demanda, poniendo fin al juicio promovido por la quejosa, contra la cual no procede recurso ordinario alguno por el cual pueda ser modificada o revocada, por lo que se trata de una resolución definitiva que pone fin al juicio, y por ende, es impugnable a través del juicio de amparo directo. No es obstáculo para aplicar por analogía el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes referido, el hecho de que en la contradicción de tesis resuelta, la sentencia impugnada haya sido emitida por una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, esto es, un tribunal colegiado, y en el presente caso la resolución combatida fue dictada por un tribunal unitario, es decir, un Tribunal Unitario Agrario en el Distrito Federal, toda vez que el artículo 158 de la ley de la materia, establece que procede el amparo directo, entre otros casos, contra resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales administrativos, sin hacer una distinción entre que dichos tribunales sean unitarios o colegiados en cuanto a su constitución. Por ello, si los tribunales agrarios son órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, correspondiéndoles la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional, según el artículo 1o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y si dichos tribunales agrarios se componen de un Tribunal Superior Agrario (órgano colegiado) y de los Tribunales Unitarios Agrarios, los cuales estarán a cargo de un magistrado numerario (órgano unitario), es dable concluir que la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal, es un tribunal administrativo que ha emitido una resolución que puso fin al juicio promovido por la hoy quejosa ante él, correspondiendo a este Tribunal Colegiado el conocimiento del juicio de amparo promovido contra dicha resolución. No es óbice a la consideración anterior el hecho de que el artículo 200, último párrafo, de la Ley Agraria establezca al respecto lo siguiente: "ARTICULO 200.- ... Contra las sentencias definitivas de los Tribunales Unitarios o del Tribunal Superior Agrario sólo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En tratándose de otros actos de los Tribunales Unitarios en que por su naturaleza proceda el amparo, conocerá el juez de Distrito que corresponda". Toda vez que, sobre la competencia de este Tribunal Colegiado para conocer del presente juicio de amparo, existe disposición expresa en el artículo 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal, norma fundamental cuya exacta observancia es obligatoria para este órgano colegiado, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las leyes ordinarias, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna". Razón por la cual, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de grado; por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, se considera que el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razones, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 287, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Octava Época, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL, CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, PARA LA PROCEDENCIA DEL. En los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías ante los Tribunales Colegiados de Circuito, debe entenderse por sentencia definitiva la que decide una controversia en lo principal, estableciendo el derecho de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de las acciones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen; siempre que respecto de ese fallo ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinarios, por los cuales pudiera ser modificada o reformada." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia PC.XXX. J/8 K, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 854, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 6/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Daniel Suarez Sánchez. En ese contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 1272/2021-III, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a efecto de que este asunto sea turnado al Tribunal Colegiado en turno correspondiente. Igualmente, se solicita a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo respectivo. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijen en este juzgado; asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Imelda Arias García y Gilberto Vázquez Galindo, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y, en términos del artículo 24 de la legislación citada a la restante que cita, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este juzgado mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

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