Daniel Soto Romero
Expediente 1258/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1258/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2021
Partes del expediente
- Daniel Soto Romero
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1258/2021-V. Ahora bien, del contenido de la demanda que nos ocupa, se desprende que el promovente reclama esencialmente: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable el ilegal e infundado acuerdo de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, deducido del expediente número TECA/01205/2021." En ese sentido, del análisis de la determinación que se reclama, se advierte que a través de ésta, se pone fin al juicio laboral TECA/01205/2021 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, pues dicha resolución resolvió sin decidir en lo principal la controversia laboral burocrática de origen, por ende, al no existir diverso medio de impugnación, dicha resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al procedimiento de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción l, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." (lo resaltado es propio) Asimismo, los artículos 34 y 47, de la Ley de Amparo mencionan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, el juicio está condicionado a la existencia de un procedimiento, sea litigioso o no, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define la controversia o solicitud, el juicio termina. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto específicamente en el artículo 170 de la Ley de Amparo, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la resolución que desechó de plano la demanda inicial, ordenándose el archivo del expediente como total y definitivamente concluido, mandando notificar dicho proveído por boletín laboral, dentro del juicio laboral TECA/01205/2021 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México precisado lo anterior, se obtiene que la resolución dictada por el Tribunal responsable mediante la cual, desechó de plano la demanda inicial, ordenándose el archivo del expediente como total y definitivamente concluido, pone fin al procedimiento laboral en cuestión, sin decidir sobre el fondo del litigio. Máxime que, de los hechos que narra, en específico de la transcripción que hace de lo resuelto por la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: "Resulta que hasta el día dieciséis de noviembre de dos mil veinte, cuatro meses después la autoridad señaladas corno responsable, de forma por demás infundada e ilegal desecha de plano la demanda inicial, con el falas argumento de que la carta poder de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, con la cual otorgada a los profesionistas de derecho señalados en dicha documental no era suficiente para acreditar la personalidad de los jurisconsultos antes mencionados, porque dicha carta poder por carecer de firma de testigos, ordenándose el archivo del expediente como total y definitivamente concluido, mandando notificar dicho proveído por boletín laboral." Razón por la cual, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer del mismo por razón de grado; por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el competente para conocer de los mismos es el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno. Se cita al respecto, la jurisprudencia número 2a./J.87/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 56, Tomo IX, Novena Época, con número de registro 194715, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a alguna disposición vigente. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Daniel Soto Romero por propio derecho. En ese contexto, remítanse los autos originales del juicio de amparo indirecto 1258/2021-V y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente, y conozca del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Igualmente, se solicita a la superioridad el acuse de recibo correspondiente. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el que señala en su escrito inicial de demanda para tales efectos; asimismo, por autorizados en los términos que señala a Roberto Arias González, Abel Fuentes Lugo y Francisco Martínez Vargas. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Rafael Becerra Lozano, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4068/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
MESA V.- SE NOTIFICA EL ACUERDO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL CITATORIO QUE FUE ENTREGADO EN SU DOMICILIO EL SIETE DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1258/2021-V. Ahora bien, del contenido de la demanda que nos ocupa, se desprende que el promovente reclama esencialmente: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable el ilegal e infundado acuerdo de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, deducido del expediente número TECA/01205/2021." En ese sentido, del análisis de la determinación que se reclama, se advierte que a través de ésta, se pone fin al juicio laboral TECA/01205/2021 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, pues dicha resolución resolvió sin decidir en lo principal la controversia laboral burocrática de origen, por ende, al no existir diverso medio de impugnación, dicha resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al procedimiento de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción l, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." (lo resaltado es propio) Asimismo, los artículos 34 y 47, de la Ley de Amparo mencionan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, el juicio está condicionado a la existencia de un procedimiento, sea litigioso o no, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define la controversia o solicitud, el juicio termina. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto específicamente en el artículo 170 de la Ley de Amparo, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la resolución que desechó de plano la demanda inicial, ordenándose el archivo del expediente como total y definitivamente concluido, mandando notificar dicho proveído por boletín laboral, dentro del juicio laboral TECA/01205/2021 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México precisado lo anterior, se obtiene que la resolución dictada por el Tribunal responsable mediante la cual, desechó de plano la demanda inicial, ordenándose el archivo del expediente como total y definitivamente concluido, pone fin al procedimiento laboral en cuestión, sin decidir sobre el fondo del litigio. Máxime que, de los hechos que narra, en específico de la transcripción que hace de lo resuelto por la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: "Resulta que hasta el día dieciséis de noviembre de dos mil veinte, cuatro meses después la autoridad señaladas corno responsable, de forma por demás infundada e ilegal desecha de plano la demanda inicial, con el falas argumento de que la carta poder de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, con la cual otorgada a los profesionistas de derecho señalados en dicha documental no era suficiente para acreditar la personalidad de los jurisconsultos antes mencionados, porque dicha carta poder por carecer de firma de testigos, ordenándose el archivo del expediente como total y definitivamente concluido, mandando notificar dicho proveído por boletín laboral." Razón por la cual, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer del mismo por razón de grado; por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el competente para conocer de los mismos es el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno. Se cita al respecto, la jurisprudencia número 2a./J.87/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 56, Tomo IX, Novena Época, con número de registro 194715, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a alguna disposición vigente. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Daniel Soto Romero por propio derecho. En ese contexto, remítanse los autos originales del juicio de amparo indirecto 1258/2021-V y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente, y conozca del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Igualmente, se solicita a la superioridad el acuse de recibo correspondiente. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el que señala en su escrito inicial de demanda para tales efectos; asimismo, por autorizados en los términos que señala a Roberto Arias González, Abel Fuentes Lugo y Francisco Martínez Vargas. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Rafael Becerra Lozano, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4068/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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