Daniel Simental de la Vega
Expediente 720/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/06/2022
Partes del expediente
- Daniel Simental de la Vega
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de tres de junio de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinte de mayo pasado, esto es, comparecer en las instalaciones de este Juzgado de Distrito a ratificar el contenido y firma de su escrito registrado en el libro de correspondencia interna bajo el número 9045, con el cual pretendía desahogar la prevención decretada en auto de once de mayo pasado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le apercibió y se tiene por no presentado el ocurso de mérito. Por otro lado, de la segunda certificación de cuenta se evidencia que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de once de mayo del año en curso, para que desahogara la prevención realizada en dicho proveído, sin que realizara manifestación al respecto; en consecuencia, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Daniel Simental de la Vega, contra actos del Juez Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el once de abril de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente en el presente sumario, donde se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: ".Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Titular de la Secretaría de Salud Federal por sí o por conducto del Secretario de Salud del Estado de México o el Instituto de Salud del Estado de México; acredite que ya aplicó la primer dosis de la referida vacuna, al menor de edad quejoso de identidad reservada de iniciales D.F.C. y en caso de no haberlo hecho lleve a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten dicha circunstancia. Una vez aplicada la primera dosis del biológico PfizerBioNTech, la autoridad responsable deberá gestionar y ordenar la aplicación de la segunda dosis del referido biólogo, al menor quejoso..." Luego, el nueve de mayo de dos mil veintidós, dicha determinación causó ejecutoria y se pidió a las responsables su cumplimiento, sin que al día de la fecha se hayan pronunciado al respecto. En ese sentido, resulta un hecho notorio para este Juzgado, el cual puede ser invocado de oficio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 233/2022-IV de este índice, el Apoderado Legal del Secretario de Salud del Estado de México, informó que el veinticinco, veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil veintidós se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, por lo que los menores quejosos deberán presentarse en un horario de nueve a quince horas en la "Junta de Caminos", ubicada en Calle Igualdad, número 101, Colonia Santiago Tlaxomulco, C.P. 50280, Toluca, Estado de México, con uno de sus progenitores y/o Representante Legal, acompañándose de los siguientes documentos en original y copia: a) Identificación Oficial del acompañante (INE, CARTILLA MILITAR, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL). b) Comprobante de vacunación contra el virus Sars-Cov-2 de la aplicación de la primera dosis. c) Acuerdo, sentencia interlocutoria o definitiva, en la que se ordena vacunar al menor quejoso. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, que aprobó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En consecuencia, requiérase a Janeth Miroslava Cuevas Ramírez y Javier Flores Granada, en representación de su menor hijo de iniciales D.F.C., para que en la fecha, horario y lugar indicados por la autoridad responsable, presente a su menor hijo para la valoración, y en su caso, aplicación de la segunda vacuna (ya que en autos se aprecia que ya fue vacunado con la primer dosis) y dentro del término de tres días exhiban copia del comprobante de vacunación respectivo, a la aplicación del biológico aludido. Asimismo, requiérase al Secretario de Salud del Estado de México, para que una vez cumplida la fecha y horario señalados para la aplicación de la vacuna a favor del menor quejoso, informe de manera inmediata si se ha llevado a cabo la inoculación, y remita las constancias que acrediten la aplicación de la segunda dosis, apercibido que en caso de no cumplir con la encomienda descrita, o de no informar a este Juzgado los motivos por los que no se haya llevado a cabo, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. La anterior determinación se toma en base a lo establecido en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". La Suprema Corte precisó que debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Esto es, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior de los menores de edad y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, dado el interés reforzado que tiene el Estado por preservar y privilegiar la especial condición de desventaja y vulnerabilidad de los menores de edad. Dicho criterio se encuentra en la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de 2019, tomo III, página 2328, décima época, que establece: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el Segundo Secretario Judicial del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, devuelve diligenciado el exhorto 76/2022 de su índice, formado con motivo del diverso 127/2022-II (número de orden 127/2022) de la estadística de este órgano jurisdiccional, por el que se encomendó notificar a las quejosas Ma. Del Consuelo Villagrán Pozas y Cecilia Villagrán Pozas, el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante devolviendo la citada comunicación diligenciada; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, vista las comparecencias de diez de mayo pasado, se advierte que las quejosas Ma. Del Consuelo Villagrán Pozas y Cecilia Villagrán Pozas, comparecieron ante este órgano jurisdiccional a fin de ratificar el contenido y firma de su escrito recibido el dieciocho de abril de la presente anualidad, en la Oficialía de Correspondencia Común de este Juzgado de Distrito y registrado con el número de folio 6269, a través del cual aduce- cumplir con la prevención de cuatro de abril del año en curso. Ahora, en virtud de que en proveído de cuatro de abril del año en curso, se les requirió a la quejosas de mérito, adecuar su demanda en términos de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, referente a los requisitos que debe contener una demanda para que proceda su trámite en la vía indirecta; ello, en razón a que la demanda origen del presente asunto fue presentada ante la responsable al suponer su procedencia en la vía directa, hecho que hace patente la falta de requisitos indispensables para proveer respecto a su tramitación en esta instancia; por ende, la parte quejosa deberá dar cumplimiento a lo anterior, en específico manifestar bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Así como la Jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Página 713, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Por lo anterior, subsiste la prevención decretada en auto de cuatro de abril del año en curso. Se precisa a las quejosas que deberán satisfacer lo anterior dentro del plazo de dos días, a partir de su legal notificación, dado que fueron notificadas el cinco de abril del año en curso, en tanto que el ocurso de cuenta se presentó en la Oficialía de Partes Común el doce de abril siguiente, esto es, el cuarto día de los cinco otorgados (sin que se compute la fecha del desahogo). Cabe precisar que dicho plazo no volverá a suspenderse. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio1, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". Ahora bien, se advierte que las quejosas Ma. Del Consuelo Villagrán Pozas y Cecilia Villagrán Pozas, señalan su domicilio en el número Cinco de la calle Isidro Fabela oriente, del municipio de Almoloya del Río, México, es decir, fuera de la plaza territorial sobre la cual este órgano judicial ejerce competencia, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, líbrese exhorto electrónico al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique a las quejosas Ma. Del Consuelo Villagrán Pozas y Cecilia Villagrán Pozas, el presente proveído y las requieran para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; apercibidos que de no hacerlo así, las posteriores, e incluso las de carácter personal, se les realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible.
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