Daniel Nolasco Ramírez

Expediente 296/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
296/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
28/09/2017

Partes del expediente

  • Daniel Nolasco Ramírez
  • Daniel Nolasco Ramírez y Otros.
  • Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Zona Norte, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, remite diversas constancias que levantó a fin de entregar citatorio a la víctima protegida número dos, quien tiene el carácter de tercera interesada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, agréguese al cuadernillo que se lleva por cuerda separada donde el mismo deberá permanecer en reserva, conforme lo dispone el artículo 20, apartado B, fracción V, Constitucional Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecisiete que dice:Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Zona Norte, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, remite diversas constancias que levantó a fin de entregar citatorio a la víctima protegida número dos, quien tiene el carácter de tercera interesada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, agréguese al cuadernillo que se lleva por cuerda separada donde el mismo deberá permanecer en reserva, conforme lo dispone el artículo 20, apartado B, fracción V, Constitucional Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

  4. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 296/2017-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se recibió la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito el veintiuno siguiente. En el escrito inicial el quejoso XXXXXXXX solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Supervisora Regional del Departamento de Sentencias y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte y Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, todos con residencia en esta ciudad, a quienes reclamó la medida cautelar de prisión preventiva de veintidós de febrero de dos mil diecisiete y el auto de vinculación a proceso de veintisiete de ese mismo mes y año, emitidos en la causa penal 259/2017, por su probable participación en hechos que encuadran en los delitos de homicidio calificado y lesiones agravadas, así como la ejecución de tales determinaciones. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, y se previno al quejoso, desahogada la prevención por acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio a las víctimas y al fiscal que actuó en el expediente de origen y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama una resolución de órgano jurisdiccional que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: a) Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: 1. La medida cautelar consistente en prisión preventiva que le fue impuesta el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la causa penal 259/2017. 2. El auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete en contra de XXXXXXXX , emitido en la causa penal 259/2017, por su probable participación de hechos que encuadran en los delitos de homicidio calificado y lesiones. b) De la Supervisora Regional del Departamento de Ejecución de Sentencias de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales y el Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, ambos con residencia en esta ciudad, la ejecución de la medida cautelar. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados por el disconforme en contra del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esa ciudad, en virtud de que este, al rendir su informe con justificación manifestó que en audiencia de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, fijó al quejoso XXXXXXXXXX, la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva, la que estará vigente por el término que dure el proceso, el cual no podrá exceder de dos años por lo que fenecerá el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Asimismo, manifestó que el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete dictó el auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por su probable participación en los hechos delictivos que la ley señala como delitos de homicidio calificado y lesiones a título de dolo en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de XXXXX y de XXXXX además por el delito de lesiones en perjuicio de la víctima protegida bajo el número 2, con penalidad agravada, contemplados y sancionados en los artículos 123, 124, 127, 129, fracción IV y V en relación con el numeral 136, fracción II, inciso b), todos del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Lo anterior, se corrobora con los discos de audio y video de las audiencias de veintidós y veintisiete de febrero de este año, relativas a la audiencia de formulación de imputación, en la que se impone la medida cautelar de prisión preventiva y la de la vinculación a proceso, así como de la transcripción certificada del acuerdo de medida cautelar y del auto de vinculación a proceso, anexos al informe justificado de la responsable. Igualmente es cierto el acto reclamado por el quejoso en contra de las autoridades ejecutoras Supervisora Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de esta ciudad, consistente en la ejecución de la medida cautelar impuesta por el juez responsable, debido a que éstas manifestaron que, en efecto, XXXXXXX, se encuentra sujeto a dicha medida cautelar, sin embargo, su función se limita al control y vigilancia de ella. Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicacion, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nacion consultable en la pagina 231, tomo VI, Comun, Quinta Epoca, del Apendice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la medida cautelar de prisión preventiva. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, el suscrito considera que respecto del primero de los actos reclamados consistente en la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos le impuso como medida cautelar la de prisión preventiva, con una vigencia de lo que dure el proceso de la causa penal 259/2017, la cual no puede exceder de veinticuatro meses, los cuales fenecen el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, así como su ejecución a la Supervisora Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, ambos con residencia en esta ciudad, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. El referido plazo empezará a contar al día siguiente en que: 1. Surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Tuvo conocimiento el quejoso; o 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, la parte quejosa reclama la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos le impuso como medida cautelar la prisión preventiva, en la causa penal 259/2017 que se le instruye por la comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones y su ejecución; esa resolución se le notificó en la misma data, acorde con los registros de audio y vídeo de la audiencia de control de detención y formulación de imputación, en que se le decretó la medida respectiva, que fueron remitidos por el Juez responsable al rendir su informe con justificación. De conformidad con lo establecido en el artículo 84, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias; por tanto, desde el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva (miércoles veintidós de febrero de dos mil diecisiete) el quejoso quedó notificado del acto reclamado. Luego, si se considera que el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales estatuye que las notificaciones personales hechas en audiencia surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas (jueves veintitrés de febrero) el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto, inició el viernes veinticuatro de febrero y concluyó el jueves dieciséis de marzo, sin contar los días veinticinco y veintiséis de febrero, así como cuatro, cinco, once y doce de marzo, todas esas fechas corresponden al año dos mil diecisiete. En ese sentido, si la demanda se recibió en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el viernes diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, es inconcuso que había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor para su formulación; de ahí que haya resultado extemporánea la formulación del juicio de amparo contra la citada medida cautelar, pues el referido acto reclamado no se ubica dentro de los supuestos de excepción al plazo general, debido a que no se reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Corolario de lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto del acto a que se contrae el presente considerando, al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento legal. En estas condiciones, al no existir diverso motivo de improcedencia que hagan valer las partes o que este Juzgado Federal advierta oficiosamente, a continuación se realizará el estudio de los motivos de inconformidad que aduce la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados son inatendibles en una parte e infundados en otra. Previo al estudio de los conceptos de violación, se estima necesario precisar que de las constancias que se allegaron al sumario, ya valoradas, se desprenden los antecedentes siguientes: a) A las once horas con treinta y un minutos del veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia inicial en la causa penal 259/2017, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en la que se realizó nombramiento de defensor y formulación de imputación. En la propia audiencia, el quejoso manifestó su deseo de guardar silencio y se acogió al término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas para que se resolviera su situación jurídica y su defensa ofreció diverso medio de prueba con la intención de que fuera considerado para dicho fin, por lo que se señaló fecha y hora para la continuación de esa audiencia; asimismo, se resolvió sobre la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. b) A las diez horas con veintidós minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se continuó con el desahogo de la audiencia inicial y previa solicitud del Ministerio Público y sometidos los datos de prueba enunciados al contradictorio, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado en perjuicio de quienes en vida llevaran los nombres de XXXXXXX y XXXXXXX y por el delito de lesiones en perjuicio de la víctima protegida número dos, estos previstos y sancionados por los artículos 123, 124, 127, 129, fracciones IV y V, en relación con el numeral 136, fracción II, inciso B), del Código Penal del Estado de Chihuahua. Precisado lo anterior, en un primer aspecto, conviene establecer que los motivos de disentimiento que dejó vertidos el quejoso en parte de los conceptos de violación marcados con los números 1 y 3, en torno a la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, por la autoridad responsable Juez de Control, son inatendibles. Se afirma lo anterior, en virtud de que en el considerando cuarto de esta resolución, se sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la causa penal 259/2017, lo cual hace jurídicamente imposible su estudio, pues no existe materia sobre la cual analizar la inconstitucionalidad reclamada. Sustenta la conclusión anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación analógica, publicada en la página trescientos treinta y cinco, del tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, séptima época, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En otra parte del concepto de violación marcado con el número 1, el peticionario del amparo afirma que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos por la posible comisión de los delitos de homicidio calificado cometidos en agravio de XXXXXXXXX y XXXXXXXXX y las lesiones en agravio de la víctima protegida número dos, dentro de la causa penal 259/17, conculca sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 133 constitucionales, así como los derechos contenidos en los artículos 7.1, 7.2, 7.5 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y a los diversos 9.1 y 9.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, porque: 1. Omitió aplicar las formalidades esenciales del procedimiento penal acusatorio adversarial; 2. Omitió aplicar la debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas que se desahogaron y que se reseñaron en la audiencia de vinculación a proceso, violando así los principios reguladores de la prueba; y 3. No se acreditó ni siquiera a manera de probabilidad o posibilidad con dato de prueba alguno o con prueba indiciaria su probable participación en la comisión de esos delitos. El concepto de violación es infundado. En efecto, el artículo 19, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.] El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. [.] Por su parte, los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son del tenor literal siguiente: 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.". 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De los preceptos transcritos se desprenden los elementos de forma y fondo que debe tener un auto de vinculación a proceso. Tales requisitos están satisfechos, por lo siguiente: De las documentales que obran en autos, así como de la reproducción de las videograbaciones de las audiencias que se allegaron al sumario -ya valoradas-, se desprende que el auto de vinculación a proceso fue emitido en forma oral y escrita (disco II con fecha 27/02/2017 y fojas 58 a 69) por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad. Además, de esas constancias se advierte que fue dictado a las diez horas con veinte minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete-y no a las diez horas con veinte minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, como se asentó en la copia del certificada del auto de vinculación a proceso- (10:20 horas, disco II con fecha 27/02/2017); por lo que es indiscutible que se emitió dentro del plazo que establece el artículo 19 Constitucional. En el propio tenor, se desprende que el Juez de Control responsable, dictó el auto de vinculación a proceso a petición del Agente del Ministerio Público. Aunado a ello, se patentiza que: I. En la audiencia inicial de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso, puesto que le comunicó, en presencia del Juez de Control, que se desarrollaba una investigación en su contra en relación con los hechos que la ley señala como delitos de homicidio calificado y lesiones, previstos en los artículos 123, 124, 127 y 129, fracciones IV y V, en relación con el numeral 136, fracción II, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de XXXXXXX y XXXXXXX por el delito de homicidio calificado y por el delito de lesiones en perjuicio de la víctima protegida número dos; así como la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que tuvo en el mismo y el nombre de su acusador (a partir de las 11:35 horas y hasta las 11:40 horas, disco I de 22/2/2017). Tales preceptos disponen: 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. 127. A quien cometa homicidio calificado, en los términos de las fracciones I, II, III, IV, VI o VII del artículo 136 de este Código, se le impondrá prisión de veinte a cincuenta años. A quien cometa homicidio calificado en los términos de las fracciones V, VIII, IX o X del artículo 136 de este Código, se le impondrá prisión de cincuenta a setenta años o prisión vitalicia. A quien se le condene por el homicidio doloso de tres o más personas, en el mismo o en distintos hechos, se le impondrá la pena de prisión temporal que corresponda a cada uno de los delitos o prisión vitalicia. Se impondrá la pena de prisión temporal que corresponda a cada uno de los delitos o prisión vitalicia a quien cometa homicidio con motivo del delito de extorsión, siempre que el pasivo de ambas conductas sea la misma persona, o bien, cuando el pasivo del homicidio se encuentre ligado con el pasivo de la extorsión por alguno de los vínculos señalados en el artículo 204 ter. 129. A quien cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán: (.) IV. De dos a cinco años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente notable en la cara; V. De tres a cinco años de prisión, cuando disminuyan alguna facultad o el normal funcionamiento de un órgano o de un miembro; 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de la fracción X del presente artículo: (.) II. Existe ventaja: (.) b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él; (.) II. Se otorgó al imputado la oportunidad de declarar, sin que hiciera uso de ese derecho, pues decidió guardar silencio (11:41 horas disco I de 22/2/2017). III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público (a partir de las 12:00 horas y hasta las 12:39 horas, disco II de 27/2/2017), existen indicios razonables que permiten suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió, como enseguida se expondrá. En efecto, como acertadamente lo apuntó el Juez de Control responsable (a partir de las 16:58 horas, disco II de 27/2/2017), una vez que fueron escuchados los intervinientes, determinó que se cumplía con los requisitos constitucionales y legales a fin de vincular a proceso a Daniel Nolasco Ramírez; los cuales estimó satisfechos, puesto que se formuló imputación al justiciable y se le otorgó la oportunidad de declarar. Igualmente, precisó que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprende ficha informativa de veinte de noviembre de dos mil dieciséis, que elaboró el Agente de la Policía Investigadora de este Distrito Judicial Bravos perteneciente a la Fiscalía General del Estado, en la que dio cuenta de que aproximadamente a las tres horas con veintiséis minutos del veinte de noviembre de dos mil dieciséis, se acercó al cruce de las calles Sierra de Moncayo y Montes del Cantal en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro en esta Ciudad fronteriza, porque recibió una llamada del radio operador en la que le reportaron dos personas sin vida y tres personas lesionadas, por lo que se acercó a las cuatro horas a dicho lugar, en el que se entrevistó con la Agente de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal Sandra Perales, quien le manifestó que aproximadamente a las tres horas con once minutos a ella le habían hecho un llamado de auxilio al 066 y es por eso que se encontraba en dicho cruce Sierra de Moncayo, específicamente en el numeral dos mil ciento veintinueve, de esta Ciudad fronteriza. Que dicha Agente le manifestó que se encontraban tres masculinos tirados en el patio y una femenina de nombre Jenifer Castillo; que había manchas hemáticas; que Jenifer Castillo le manifestó que el diecinueve de noviembre de año dos mil dieciséis, había un convivio en su casa, en la parte delantera al que le llaman el patio delantero y que escucharon que había diversas detonaciones y observaron un vehículo, en primer término, que dijo que era una Expedition de color blanca y que al estar en dicho patio de su casa arribaron dos personas que dispararon en contra de su humanidad, de la víctima protegida, de varias personas, así como de uno de sus hijos lesionándolo y privándolo de la vida. De igual forma la autoridad responsable precisó que en atención a lo anterior, el agente XXXXXXX quien realizó dicha investigación correspondiente, manifestó que ese mismo día veinte de noviembre de dos mil dieciséis, arribaron servicios periciales y ubicaron a dos personas del sexo masculino en dicho domicilio, a uno le pusieron el cuerpo número a (sic) y al otro el cuerpo número b (sic); que el primero se encontraba en posición de decúbito ventral y el segundo estaba en posición sedente recargado sobre la pared; que el primero tenía una media de filiación de entre veinte y veinticinco años de edad, de un metro con setenta a setenta cinco centímetros de estatura, mientras que el segundo aproximadamente de veinte a veinticinco años de edad de un metro con setenta y cinco a un metro con ochenta centímetros de estatura; que ambos cuerpos encontrados en dicho domicilio ya multicitado de Sierra Moncayo dos mil ciento veintinueve de esta ciudad fronteriza; que en el lugar de los hechos personal de servicios periciales recolectó diversas evidencias tales como: proyectiles, manchas rojizas y casquillos. Además, estableció que de los mismos antecedentes de investigación relatados por el agente XXXXXXX , dio cuenta de unas actas de entrevista que realizó el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, por XXXXXXX Agente del Ministerio Publico a la ciudadana XXXXXXXXX , quien manifestó que ese día, aproximadamente a las siete de la tarde, se encontraba en casa de su cuñado, es decir, de la víctima protegida, que observó que personas estaban peleando en la calle, que pasaba seguido una camioneta blanca y que observó que un muchacho inclusive tiró a un policía debajo de un carro, que le llamaron a la policía y que llegaron pero no encontraron nada y que ella y su esposo de nombre XXXXXXXXX , se retiraron del lugar; que al esposo de esta declarante le realizó una entrevista diverso agente Ministerial XXXXXXXXX el veinte de noviembre de dos mil dieciséis, en la que XXXXXX manifestó que el diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se encontraba con su hermano, es decir, con la víctima protegida, que estaban en un convivio, que eran aproximadamente entre las siete y siete treinta de la tarde cuando vieron como había una riña a las afueras del lugar donde se encontraban, es decir, en la calle Sierra de Moncayo número dos mil ciento veintinueve, que observaron una Durango de color blanco, que cuatro individuos golpeaban a una persona, que se golpeaban entre sí, que no conocía a alguna de estas personas, que realizaron una llamada de auxilio al 066 a efecto de que se apresuraran diversos Agentes Policiacos para ver lo sucedido. En el propio tenor, el Juez de Control también contempló el informe que realizó el Agente Alferez Palacio el día diez de febrero de dos mil diecisiete, a quien le indicaron que el nueve de febrero de dos mil diecisiete, se encontraba detenido en el Área de Detención Provisional de la Fiscalía XXXXX a quien lo encontraron en posesión de dos armas de fuego y una del tipo Smith and wesson; que lo habían detenido por delitos contra la salud. Así, el Juez de control acertadamente consideró que tales fichas informativas fueron realizadas por el Agente de la Policía Investigadora XXXXXXX de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que puede realizar todas y cada una de esas investigaciones con la dirección del Agente del Ministerio Público, pues son facultades e inclusive obligaciones de la Policía intervenir en los hechos. Asimismo, el Juez de control atendió a la querella que realizó la víctima protegida número dos por el delito de lesiones, el nueve de febrero de dos mil diecisiete, ante el Agente del Ministerio Público, persona que también tuvo el Juez responsable ante su presencia mediante el principio de inmediación, quien declaró que el diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las siete se encontraba en su domicilio situado en calle Sierra Moncayo número dos mil ciento veintinueve haciéndole un convivio a su hijo junto con sus familiares; que ahí se encontraba su hijo, quien en vida llevara el nombre de XXXXXX , así como diversas personas; que observó que había una camioneta Durango de color blanco dando vueltas por esa calle; que al dar respuesta a las preguntas del abogado defensor se advertía que la observó de frente y de lado, porque pasó por la parte lateral de frente de su casa; que observó que iban dos hombres manejando, pues así lo refirió varias veces ante el juzgador; que no podía dar las circunstancias de dicho vehículo porque no era llamativo; que en diversas ocasiones llamaron a la Secretaría de Seguridad Publica a efecto de que investigaran lo que estaba pasando, porque en dicha camioneta existían unas personas que golpeaban a otro vecino, pero que los agentes no encontraban situación alguna; que fue hasta pasado un tiempo aproximadamente a las diez u once horas de ese mismo día diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis, cuando advirtió que arribaron los Agentes de la Policía e hicieron el aseguramiento de la camioneta blanca que se encontraba sola y estacionada; que aproximadamente a las tres de la mañana que se encontraba todavía en el convivio arribaron dos personas que traían un arma de fuego; a preguntas del abogado defensor manifestó que si los reconocía, que no los alcanzó a ver toda vez que traían una camisa de cuadros alrededor de su cabeza, pero que los reconoce por los ojos que es la parte que dejaron al descubierto al momento de entrar a su domicilio, además porque momentos antes, en la tarde, los había observado aproximadamente a ocho metros cuando le estaban dando una golpiza al vecino y porque a las tres de la mañana que ingresaron del día veinte de noviembre de dos mil dieciséis, llegaron estos dos hombres armados y los tuvo de frente aproximadamente a dos metros, que les empezaron a gritar improperios y aunque traían las camisas enredadas en la cabeza para no verlos sí los puede reconocer, pues está seguro que eran los mismos que se encontraban en la tarde peleando y dando una golpiza a diverso vecino y el arma la alcanzó a ver perfectamente aun y cuando estuviera a ocho metros aproximadamente, así como la ropa que estaban utilizando, aunado a que le infirió un balazo en su humanidad, causándole diversas lesiones, diligencia que correctamente dijo el Juez responsable fue recabada por el Agente del Ministerio Publico en términos del artículo 21 Constitucional, siendo la fuente de información, la víctima, quien da circunstancias de tiempo, modo y lugar. De la misma manera el Juez de Control corroboró las lesiones de la víctima con el informe médico de lesiones de nueve de febrero de dos mil diecisiete, que realizó la Médico XXXXXXX , a la víctima protegida número dos, en el que describió diversas lesiones como es una cicatriz permanente en mejilla derecha y diversas cuestiones clasificando esta situación el médico legista como aquellas que no ponen en peligro la vida tardan en sanar más de sesenta días y si dejan disfunción del miembro superior derecho, así como cicatrices permanentes en mejilla derecha y con una sensibilidad a la palpitación y masticación, también deja cicatrización permanente en región lumbar y dorsal derecha, respecto de tal probanza, el Juez responsable consideró con acierto que dicho informe médico se realizó con objetividad y profesionalismo por parte de la galeno, pues dio su conclusión a través de la metodología correspondiente, aunado a que no lo objetaron las partes. De igual forma, la autoridad responsable ponderó la declaración que el coinculpado XXXXXXX realizó el diez de febrero de dos mil diecisiete, ante el agente del Ministerio Púbico, ya que al declarante le hicieron saber sus derechos a abstenerse a declarar, así como la responsabilidad que le pudiera reparar como imputado y en presencia de un defensor; sin embargo, quiso declarar y manifestó que el veinte de noviembre de dos mil dieciséis, en la madrugada se encontraba tomando con el "Coyote" de nombre Juan y de otra persona que le dicen el "Porno", que andaban en una camioneta de color blanco, que se toparon a unos cholos en la colonia Finca Bonita o Urbivilla del Cedro quienes les gritaron diversas situaciones, por lo que se bajaron de la camioneta y empezaron a pelear con el puño y con las manos, que eran varios, que después se fueron unas cuadras más adelante y que se bajaron, porque los Municipales los andaban buscando, que se escondieron y que ahí estuvieron tomando en unas tapias aproximadamente como una hora y media, también manifestó que el "Porno" se fue, que llevaba un arma escuadra que cree era una nueve milímetros y le disparó a unos chavos y mató a dos y lesionó a algunos, que ya no había tanta gente como cuando se pelearon, que el "Porno" se regresó con ellos y que de ahí se fueron a casa corriendo porque se asustaron, también manifestó que a quien le dicen el "Porno" es de complexión delgada, moreno, la nariz la tiene como quebrada y que se llama XXXXXXXX . En el propio tenor, también contempló el informe en criminalística de campo de veinte de noviembre de dos mil dieciséis, a cargo de XXXXX del que dijo se advertían todas las actuaciones que el agente del Ministerio Publico dio a conocer, tales como el lugar donde se encontraron los cadáveres, el cual es el sitio en el que se llevaron a cabo los hechos delictivos en que perdieran la vida ambos; que el cronotanato-diagnóstico es de uno a tres horas de los occisos; que se utilizó un agente externo como es un arma de fuego; que las heridas de los occisos fueron a causa de un proyectil; que no hubo lucha entre los intervinientes; que la agresión fue de frente a las víctimas; que la muerte tiene características de homicidio, por lo que no se pudieron haber causado ellos mismos dichas lesiones o la perdida de la vida, aunado a que anexó ciento veintisiete fotografías al informe. Asimismo, atendió al informe de necrocirugía que elaboró el médico XXXXXXXX a los cuerpos denominados SIEC1530 de dos mil dieciséis y SIEC1529 de dos mil dieciséis, que respondiera este último al nombre de XXXXXXX ante el reconocimiento de su madre y su padre el veinte de noviembre de dos mil dieciséis, en la Fiscalía General del Estado, al que anexó acta de nacimiento; y que el cuerpo sin vida denominado como SIEC1530 que lo reconocieron como XXXX la tía y el abuelo XXXXX y XXXXXX , respectivamente, al que también anexó el acta de nacimiento correspondiente y concluyó que respecto a ambos cuerpos la teleología de la muerte es mecánica y la causa de la misma es herida por proyectil de arma de fuego disparada en cráneo. Respecto de tales informes de criminalística y necrocirugía, la autoridad responsable refirió que fueron elaborados de manera objetiva y profesional en términos de lo que establece el artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que advirtieron lo mismo con base en la metodóloga correspondiente, por lo que acertadamente les reconoció valor de indicio. También el Juez de Control tomó en cuenta la diversa pericial en balística de once de febrero de dos mil diecisiete, que realizó el Ingeniero Jesús Alejandro Manjarez en la que cotejó un arma asegurada a XXXXXXXXX con diversos casquillos obtenidos en la escena del crimen, casquillos que los enumeró como tres, cuatro, seis y ocho y que corresponden a un arma del tipo Smith and wesson, como la que fue asegurada a XXXXXX y que los casquillos deformados el uno y el nueve que se encontraron dentro del occiso Jonathan Magallan fueron disparados por un arma con dichas características de la asegurada, es decir, por un arma de tipo Smith and wesson. Igualmente, el Juez responsable tomó en consideración que Jenifer Castillo, ante el Agente del Ministerio Público, reconoció el vehículo de color blanco asegurado, como en el que estuvieron dando vueltas aproximadamente a las diez u once horas del diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis, por el domicilio ubicado en la calle Sierra de Moncayo dos mil ciento veintinueve, los que estaban peleando; inclusive el Agente del Ministerio Público le mostró cinco fotografías de una camioneta y dijo que era igual a la que pasaba a cada rato frente de su casa esos días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil dieciséis, reconocimiento que consideró el Juez de Control, se hizo en términos legales por parte del Agente del Ministerio Publio y que abonaba a todo lo anterior respecto a la conclusión y referencia que se tiene que hacer respecto a lo que indica el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, con base en todo lo anterior, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos, la libre valoración de la prueba, el Juez responsable, correctamente consideró que esos datos de prueba vertidos por el Agente del Ministerio Público valorados de manera conjunta, integral y armónica, son indicios que permiten establecer que los mismos son hechos constitutivos de los delitos de homicidio calificado en términos de lo que establecen los artículos 123, 124, 127, en relación con el numeral 136, fracción II, inciso B), todos del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Asimismo, con acierto estimó que con todos y cada uno de estos indicios, se establece que evidentemente se ha causado un deterioro en la salud de diversa persona del sexo masculino, y que los mismos son hechos constitutivos del delito de lesiones dolosas correspondientes a las fracciones IV y V del artículo 129 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, porque aquellas dejan cicatriz permanente notable en la cara y además de que disminuye alguna facultad normal o funcionamiento de algún órgano o miembro. Por otra parte, el Juez responsable determinó con acierto que la probabilidad de que el justiciable, aquí quejoso, XXXXXXXXX cometió los hechos posiblemente delictuosos, se tuviera por demostrada con los mismos datos de prueba que tomó en consideración para corroborar esos hechos. En efecto, el Juez responsable concatenó la declaración de la víctima protegida número dos, ante ese juzgador, con lo que dijo el nueve de febrero de dos mil diecisiete, cuando realizó su noticia criminal ante el Agente del Ministerio Público, quien le puso a la vista cinco tomas fotográficas y reconoció dentro de estas fotografías a quien se encontraba en el número cuatro y al del número cinco como las personas que estuvieron dando vueltas en la camioneta Durango Blanca y que llegaron a su domicilio y privaron de la vida a su hijo, el cual el Juez de Control consideró que no es un reconocimiento formal por fotografías en términos del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que sólo se dio cuenta de diversas fotografías y la víctima protegida hizo el señalamiento de los mismos, en virtud de que estuvo presente en el momento de los hechos. Lo cual resulta acertado, ya que no se conculcan los derechos fundamentales del inculpado, toda vez que las fotografías que se pusieron a la vista de la víctima protegida dos, corresponden a personas respecto de las cuales se sospecha sobre su participación en el delito, aunado a que la diligencia respectiva se desahogó por funcionario facultado, sin que se advierta manipulación alguna en las fotografías, pues se le pusieron a la vista cinco diferentes. Apoya en lo conducente la tesis 1a. CCCLI/2015 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I , Materia Constitucional visible en la página novecientos ochenta del siguiente tenor: IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POSIBLEMENTE INVOLUCRADAS EN HECHOS DELICTIVOS. REQUISITOS PARA QUE LA EXHIBICIÓN DE SUS FOTOGRAFÍAS SE ESTIME CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE EN LOS CASOS DE TESTIGOS PROTEGIDOS. El hecho de mostrar a los testigos fotografías de personas que podrían estar involucradas en hechos delictivos será constitucional siempre que, como lo ha establecido este Alto Tribunal -sin distinción tratándose de testigos protegidos-, la toma de fotografías cumpla con las formalidades dentro de la averiguación previa por el Ministerio Público y no se induzca de forma alguna a las terceras personas a reconocer a alguien, lo cual puede darse si la muestra de una fotografía se hace de forma aislada, es decir, si se muestra únicamente una fotografía y no se hace junto con un grupo de otras. También es aplicable en lo conducente la tesis XXI.2o.P.A.4 P (10a.), aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito Libro 34, septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Penal, consultable en la página dos mil novecientos cuarenta del siguiente tenor: RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE HABER COMETIDO EL DELITO. AL SER DE NATURALEZA DISTINTA AL RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL, SU DESAHOGO ES DIFERENTE, POR LO QUE NO REQUIERE LA PRESENCIA Y ASISTENCIA DEL DEFENSOR DE CADA UNA DE LAS PERSONAS CUYAS FOTOGRAFÍAS SON MATERIA DE ESTA DILIGENCIA. El reconocimiento del inculpado a través de la Cámara de Gesell, es un acto formal en virtud del cual se identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla, afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias. Así, en dicha diligencia el inculpado participa físicamente de forma activa y directa; de ahí que resulte necesaria la presencia de su defensor, para asegurar que, material y formalmente, se cumplan los requisitos legales en su desarrollo, ya que de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al acusado y, por ende, se violarían sus derechos fundamentales, al no existir plena certeza de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto. Sin embargo, tratándose del reconocimiento fotográfico, el cual consiste en la exhibición al denunciante, víctima u ofendido o un testigo, de un álbum o serie de fotografías de personas sobre las cuales existen indicios de su participación en los hechos delictivos, esto es, de sospechosos de haber cometido el delito, no se conculcan los derechos fundamentales del inculpado, si las fotografías que se pongan a la vista de quienes efectúen el reconocimiento referido, corresponden a personas respecto de las cuales se sospecha sobre su participación en el delito, siempre que la diligencia respectiva se desahogue por funcionario facultado, no se manipulen las fotografías, ni se marquen o sean diversas de las que se pusieron a la vista, es decir, dicho reconocimiento es de naturaleza distinta al reconocimiento del inculpado a través de la Cámara de Gesell y, por ende, su desahogo es diferente, por lo que no requiere la presencia y asistencia del defensor de cada una de las personas cuyas fotografías son materia de esta diligencia. Asimismo, el Juez de Control relacionó la pericial en balística de once de febrero de dos mil diecisiete, que realizó el ingeniero Jesús Alejandro Manjarez, en la que cotejó el arma asegurada a XXXXXXX por diverso hecho delictuoso y que a su vez el Agente de apellido XXXXXXXXX , relacionó esos hechos con los que le tocó investigar, es decir, relacionó los casquillos que se tomaron en la escena del crimen bajo los números tres, cuatro, seis y ocho percutidos por un arma de tipo Smith and wesson, de acuerdo con lo dicho por el perito, con los casquillos que se tomaron del cuerpo de XXX como el uno y el nueve, que aseguró el perito fueron disparados por el arma ubicada a Edgar Iván Domínguez Reyes, es decir que fue la misma arma que disparó los casquillos correspondientes inclusive los que fueron extraídos del occiso XXXXXXXX . El Juez del conocimiento toma en cuenta todo lo anterior y determina que concatenados entre sí esos indicios dan cuenta de la probable responsabilidad de XXXXXXX en los hechos en los que fueron privados de la vida XXXXXXX y XXXXXX , refiere que en el caso la reina de las pruebas es la prueba circunstancial y no la declaración confesora del acusado XXXXXXX que da cuenta que esa persona que le apodan "EI Porno", es decir, XXXXXX sí traía un arma de fuego, que es coincidente con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos posiblemente delictuosos y que incriminan de manera directa en la comisión de los ilícitos a XXXXXX y a XXXXXXX en virtud de la prueba circunstancial. También refiere el Juzgador que como es bien sabido por las partes para dictar un auto de vinculación a proceso con probabilidad de responsabilidad de un hecho delictivo no es necesario acreditar esas circunstancias del dolo puesto que esas circunstancias se referirán en un juicio oral. Así también la autoridad responsable considera que una vez analizados todos y cada uno de los datos de prueba y concatenados entre sí como indicios son suficientes a su criterio para determinar que probablemente el ciudadano XXXXXXXX cometió de manera conjunta con diversa persona el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado así como el delito de lesiones en términos de los numerales ya referidos; que además cometió el hecho cuyo resultado al parecer quería y aceptó al título de dolo, de conformidad con lo que establecen los artículo 18, fracción I y 21 del Código Penal para el Estado de Chihuahua. IV. Finalmente, el Juez de Control consideró que hasta este momento no se encuentra demostrada más allá de toda duda razonable una causa de extinción de la acción penal ni excluyente de incriminación que hacer valer a favor del ahora quejoso. Por tanto, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsable dictó auto de vinculación a proceso a XXXXXXXXXX De ahí que, como se dijo deviene infundado el concepto de violación marcado con el número uno, en el que el peticionario del amparo refiere que el auto de vinculación a proceso reclamado es ilegal, puesto que la autoridad responsable conculca su derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20 y 133 constitucionales, porque omitió aplicar las formalidades esenciales del procedimiento penal acusatorio adversarial; omitió aplicar la debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas que se desahogaron y que se reseñaron en la audiencia de vinculación a proceso, violando así los principios reguladores de la prueba; y porque no se acreditó ni siquiera a manera de probabilidad o posibilidad con dato de prueba alguno o con prueba indiciaria su probable participación en la comisión de esos delitos. Ello, porque al constituir el acto reclamado un auto de vinculación a proceso, es evidente que su análisis tuvo cabida al tenor de lo estipulado en el ordinal 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos arábigos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de lo ya relatado, de lo que se advierte el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento penal, así como su debida fundamentación y motivación. Asimismo, es infundado lo que aduce el quejoso en torno a que se conculcaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, porque los relatados datos de prueba, fueron apreciados acertadamente por el Juez de Control en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el órgano jurisdiccional asignó libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, así como de manera libre y lógica y justificó adecuadamente el valor que les otorgó y explicó y justificó su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. También contrariamente a lo que aduce el quejoso, el auto de vinculación a proceso no transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los datos de prueba que enunció el Ministerio Público en la audiencia respectiva, son suficientes para dictar auto de vinculación a proceso al imputado, puesto que de su apreciación conjunta, integral y armónica, se desprenden indicios razonables que establecen que probablemente cometió los hechos delictivos que la ley señala como delito de homicidio calificado a título de dolo en perjuicio de quienes en vida llevaran el nombre de XXXXXXXX y de XXXX además por el delito de lesiones en perjuicio de la víctima protegida bajo el número 2, con penalidad agravada, contemplados y sancionados en los artículos 123, 124, 127, 129, fracción IV y V en relación con el numeral 136, fracción II, inciso b), todos del Código Penal para el Estado de Chihuahua. De igual forma, con el acto de autoridad no se violentan los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 17, 18, y 133 constitucionales, así como los derechos contenidos en los artículos 7.1, 7.2, 7.5 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y a los diversos 9.1 y 9.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ello, porque los Derechos Humanos del quejoso, reconocidos en la Constitución General y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, de acuerdo a la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los Tratados de Derechos Humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-. Empero, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Por su contenido, se cita la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Materia Constitucional visible en la página setecientos setenta y dos del siguiente tenor: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Ahora, si bien es cierto que conforme a lo establecido en el artículo 133, en relación con el diverso numeral 1o., ambos de la Constitución Federal, los jueces están obligados a seleccionar las normas que mejor protejan los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales signados por México; sin embargo, como quedó apuntado en el cuerpo de esta resolución, al no vulnerarse alguna prerrogativa en contra del justiciable, tampoco se quebranta la supremacía constitucional. De ahí lo infundado de los conceptos de violación y la inaplicabilidad de las tesis que cita en los conceptos de violación marcados con los números 2, 4, 5 y 6. Finalmente, no asiste razón al quejoso cuando aduce en el concepto de violación marcado con el número tres que la responsable hizo una incorrecta ubicación de los hechos en el tipo penal que contempla los delitos de homicidio calificado y lesiones al considerarlos delitos autónomos, porque para dictar un auto de vinculación a proceso debe aplicarse la ley exactamente al delito de que se trata. Se afirma lo anterior, porque para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito basta con que el Juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, lo cual hizo el Juez responsable, al determinar que de los datos de prueba apreciados de manera conjunta, integral y armónica, se desprenden indicios razonables que establecen que probablemente cometió los hechos delictivos que la ley señala como delito de homicidio calificado a título de dolo en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de XXXXXXX y de XXXXXX además por el delito de lesiones en perjuicio de la víctima protegida bajo el número 2, con penalidad agravada, contemplados y sancionados en los artículos 123, 124, 127, 129, fracción IV y V en relación con el numeral 136, fracción II, inciso b), todos del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Cabe precisar que ese nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no solo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo excepciones establecidas en la ley. Apoya lo anterior, en lo conducente la tesis 1a./J. 35/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, del siguiente tenor AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación estudiados y no advertirse queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 296/2017-III, respecto de los actos de ejecución que reclama de la Supervisora Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Daniel Nolasco Ramírez contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en la causa penal 259/2017, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como, mediante oficio a la autoridad responsable y al representante social que interviene en el proceso penal de origen. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado XXXXXXX , ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXXXX , hasta el día de hoy, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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