Daniel Payan Ávila

Expediente 399/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
399/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Daniel Payan Ávila
  • Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 202, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia en la que se concedió el amparo solicitado por ** sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: [.] En tales condiciones, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que carece de competencia legal para ello, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado: Deje insubsistente el oficio FEEPYM/UATYDH/0989/2014, de once de marzo de dos mil catorce, exclusivamente respecto del aquí quejoso **. Ordene a quien corresponda la excarcelación del quejoso Daniel Payan Ávila, del Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, donde actualmente se encuentra recluido, para ser reingresado al Centro de Reinserción Social Estatal Tres, en esta ciudad, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. Traslado que deberá efectuarlo bajo la más estricta responsabilidad del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al quejoso a algún otro centro de reclusión distinto de aquel en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. Concesión que deberá hacerse extensiva a las autoridades ejecutoras por no haberse reclamado por vicios propios su actuar. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere tanto al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, como al Fiscal General del Estado de Chihuahua, en su calidad de superior jerárquico de aquel, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, ordenen se dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informen a este juzgador, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, párrafo segundo, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de ocho mil sesenta pesos moneda nacional ($8,060.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior." Asimismo, se hace del conocimiento del Fiscal General del Estado de Chihuahua, que en caso de no acreditar haber conminado a su subalterno, incurrirá en las mismas responsabilidades que el mismo. Finalmente, toda vez que el quejoso **, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que comisione a quien corresponda y con copia autorizada del presente auto, notifique al quejoso en cita; solicitando el acuse respectivo, y una vez diligenciada en sus términos la comunicación oficial remitida, la devuelva con todo lo actuado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 399/2018-VI, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma data, y se radicó bajo el consecutivo 399/2018-VI. En ella, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, y otras autoridades a quienes reclamó la orden de traslado del centro de reclusión en que se encontraba privado de su libertad, esto es, el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 16, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se admitió a trámite la misma; asimismo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; por último, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos provenientes de una autoridad administrativa cuya ejecución tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, con sede en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, el cual será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Subdirectora en suplencia del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Tres (foja 16-23), en esta ciudad y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua (61-76), aceptaron la existencia del acto que les fue atribuido, remitiendo para tal efecto las constancias conducentes. Asimismo, el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales (fojas 29-39), con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, convino en la certeza del acto reclamado, y a fin de apoyar su informe justificado, remitió a este juzgado, entre otros documentos, copia certificada del oficio *******, de once de marzo de dos mil catorce, que contiene inserto el acuerdo del traslado de ******* del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, con sede en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Asimismo, en sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causas de Improcedencia. No se advierte la actualización de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto que se tiene como cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación hechos valer por el promovente, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, son fundados. En la especie, el solicitante del amparo aduce sustancialmente que el mandamiento emitido por la autoridad responsable (administrativa), para trasladarlo del centro penitenciario en el que se encontraba recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social Estatal Tres, con sede en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, vulnera sus derechos humanos de debido proceso y legalidad, porque la única autoridad facultada para variar el lugar de reclusión es un Juez. Y para evidenciar la transgresión a los derechos del quejoso, es oportuno precisar que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que sólo una autoridad competente, a través de mandamiento escrito, en que se funde y motive la causa legal del procedimiento, estará en posibilidad de emitir un acto de molestia sobre una persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Por su parte, en el artículo 18 constitucional, en lo que interesa, se establecen las siguientes premisas:  Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva.  El sitio de reclusión será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.  Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales.  Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos.  Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Asimismo, el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal, estatuye que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Sobre este tópico, en la jurisprudencia P./J. 20/2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, materia constitucional, página 15, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondía, en exclusiva, al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encontrarán las relativas al traslado de los sentenciados. Lo estimado por el legislador se corrobora en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consistían en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos podrían suceder eventos que deberían ser supervisados por la autoridad judicial, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios, así como el lugar donde debía extinguirse la pena. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que como en dicha iniciativa se precisó que una de las finalidades de la reforma, planteaba la necesidad de restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional, debía prevalecer que la determinación relativa al traslado de sentenciados de un centro penitenciario a otro, se encontrara reservada al Poder Judicial, conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio jurisprudencial P./J. 20/2012, al que se ha hecho referencia, es del tenor siguiente: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. Esta base jurídica pone de manifiesto que tratándose de delitos que merezcan pena privativa de la libertad, dará lugar a la prisión preventiva, que para dicha reclusión preventiva se destinarán centros especiales y, que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos; asimismo, que tratándose de la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; lo que también resulta aplicable tratándose del cumplimiento de la pena impuesta en el proceso penal. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que tratándose del traslado de reos de un centro penitenciario a otro, la autoridad judicial es la única competente para ordenarlo, pues así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación que realizó sobre el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea que se encuentren recluidos con motivo del establecimiento de la medida de prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, porque con la referida orden de traslado, se modifican las condiciones en que el individuo afecto a una causa penal debe permanecer en prisión (preventiva o compurgando la pena impuesta), y el único ente facultado para variar el lugar en que ella se desarrolle es el juzgador que la fijó. En la especie, de las constancias que obran en autos, se aprecia que el solicitante del amparo se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Tres, con residencia en esta ciudad, de igual modo, aparece que mediante el oficio *******, de once de marzo de dos mil catorce, el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, acordó el traslado de diversos internos, entre ellos el aquí quejoso, al Centro de Reinserción Social Estatal uno, con sede en Aquiles Serdán Chihuahua, al considerar que el centro penitenciario ubicado en esta localidad, no contaba con la infraestructura adecuada para albergar internos por el delito de extorsión. En esa tesitura, si la orden de traslado reclamada fue emitida por el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, y no así por el juez o jueces ante los cuales se encuentre a disposición -ya sea en la fase de juicio o en ejecución de la sentencia-, que son las autoridades competentes para emitir dichos actos, es evidente que se trastoca en perjuicio del ahora inconforme el derecho humano contemplado en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe emanar de autoridad competente, requisito que, en la especie, no se cumple, pues como se dijo, la orden de traslado de mérito fue emitida por el citado Director. No obsta que la autoridad administrativa emisora de la orden de traslado lo haya dictado, bajo la justificación de que el mismo era necesario en virtud de que el centro penitenciario ubicado en esta localidad, no contaba con la infraestructura adecuada para albergar internos por el delito de extorsión, pues como quedó expuesto, aun en ese supuesto, el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, carecía de facultades para emitir de propia cuenta la orden de traslado relativa, dado que corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados; de ahí que el acto reclamado sea inconstitucional; por lo que debe prevalecer en una interpretación conforme respecto de la orden de traslado de procesados o sentenciados, que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 20/2012 antes transcrita. En tales condiciones, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que carece de competencia legal para ello, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado: a) Deje insubsistente el oficio *******, de once de marzo de dos mil catorce, exclusivamente respecto del aquí quejoso *******. b) Ordene a quien corresponda la excarcelación del quejoso *******, del Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, donde actualmente se encuentra recluido, para ser reingresado al Centro de Reinserción Social Estatal Tres, en esta ciudad, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. c) Traslado que deberá efectuarlo bajo la más estricta responsabilidad del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al quejoso a algún otro centro de reclusión distinto de aquel en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. Concesión que deberá hacerse extensiva a las autoridades ejecutoras por no haberse reclamado por vicios propios su actuar. QUINTO. Exhorto. Toda vez que *******, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que comisione a quien corresponda y con copia autorizada de la presente resolución, notifique al quejoso en cita; solicitando el acuse respectivo, y una vez diligenciada en sus términos la comunicación oficial remitida, la devuelva con todo lo actuado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: Único. La justicia de la unión ampara y protege a *******, respecto de la orden de traslado que emitió el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, para los efectos precisados en considerando último de esta sentencia. Notifíquese, y por exhorto al quejoso ******* Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual remite sin diligenciar el exhorto 279/2018-VI del índice de este Juzgado; toda vez que de la constancia de notificación de veintiséis del presente mes y año, se advierte que el Actuario Judicial adscrito a dicho juzgado, fue omiso en hacer constar que le entregó copia del informe justificado rendido por el Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y del Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, con sede en Aquiles Serdán, al quejoso *******; sin necesidad de acusar recibo toda vez que el mismo se genera vía electrónica. Atento lo anterior, toda vez que ******* se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que comisione a quien corresponda y con copia autorizada del presente auto, así como del proveído de dieciocho de los corrientes y con los informes justificados rendidos por el por el Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, en Aquiles Serdán, Chihuahua, notifique al quejoso en cita los proveídos en comento, haciéndole entrega del informe de marras a fin de que se imponga de su contenido; solicitando el acuse respectivo, y una vez diligenciada en sus términos la comunicación oficial remitida, la devuelva con todo lo actuado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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