Daniel Maese García
Expediente 759/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Daniel Maese García y Otros.
- Daniel Maese García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Glósese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite la autoridad responsable, Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el ocho de febrero de dos mil dieciséis, recibió el oficio *******, suscrito por la licenciada *******, agente del Ministerio Público, relativo al número único de caso *******, mediante el cual solicitó se fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación contra *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de falsedad ante la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 307 del Código Penal del Estado de Chihuahua. En ese sentido, se fijaron las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, para tal efecto, siendo el caso que no se llevó a cabo la citada audiencia, en virtud de que no asistió a la misma la agente del Ministerio Público, haciéndolo únicamente el aquí quejoso *******, así como su defensor particular; atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el quince de agosto de dos mil dieciséis y turnado a este órgano el mismo día, Rosa María García Palacios, Defensora Particular del quejoso Daniel Maese García, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos y Fiscal General Zona Norte a través del Ministerio Público adscrito a los delitos contra la paz y fe pública, ambos con sede en esta ciudad, a quienes le reclamó la orden de citación, así como su ejecución. Asimismo, por acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente bajo el consecutivo *******; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se le dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido, el día de la fecha, se tuvo a la autoridad responsable, Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, informando que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, no se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación contra *******, en virtud de que no asistió a la misma la agente del Ministerio Público, haciéndolo únicamente el citado quejoso, así como su defensor particular, mismo que se corrobora con la copia certificada constante de doce fojas útiles que anexo a su oficio de cuenta. Lo anterior revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, la cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. La documental referida en párrafos anteriores adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos el acto atribuido a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Responsable al emitir la orden de citación y su ejecución, ésta ocurrió el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, al haberse fijado las doce horas con cuarenta y cinco minutos de esa data para que tuviera verificativo la referida audiencia de formulación de imputación, sin que la misma se haya celebrado por la incomparecencia de la agente del Ministerio Público y sin que la autoridad judicial hubiera señalado una nueve fecha para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, ni giró una nueva orden de citación contra el quejoso; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia, por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO AL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Glósese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite la autoridad responsable, Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el ocho de febrero de dos mil dieciséis, recibió el oficio *******, suscrito por la licenciada *******, agente del Ministerio Público, relativo al número único de caso *******, mediante el cual solicitó se fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación contra *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de falsedad ante la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 307 del Código Penal del Estado de Chihuahua. En ese sentido, se fijaron las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, para tal efecto, siendo el caso que no se llevó a cabo la citada audiencia, en virtud de que no asistió a la misma la agente del Ministerio Público, haciéndolo únicamente el aquí quejoso *******, así como su defensor particular; atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el quince de agosto de dos mil dieciséis y turnado a este órgano el mismo día, ***, Defensora Particular del quejoso ***, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos y Fiscal General Zona Norte a través del Ministerio Público adscrito a los delitos contra la paz y fe pública, ambos con sede en esta ciudad, a quienes le reclamó la orden de citación, así como su ejecución. Asimismo, por acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente bajo el consecutivo *******; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se le dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido, el día de la fecha, se tuvo a la autoridad responsable, Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, informando que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, no se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación contra *******, en virtud de que no asistió a la misma la agente del Ministerio Público, haciéndolo únicamente el citado quejoso, así como su defensor particular, mismo que se corrobora con la copia certificada constante de doce fojas útiles que anexo a su oficio de cuenta. Lo anterior revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, la cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. La documental referida en párrafos anteriores adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos el acto atribuido a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Responsable al emitir la orden de citación y su ejecución, ésta ocurrió el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, al haberse fijado las doce horas con cuarenta y cinco minutos de esa data para que tuviera verificativo la referida audiencia de formulación de imputación, sin que la misma se haya celebrado por la incomparecencia de la agente del Ministerio Público y sin que la autoridad judicial hubiera señalado una nueve fecha para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, ni giró una nueva orden de citación contra el quejoso; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia, por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciséis que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que la audiencia constitucional del presente juicio se encuentra señalada para las diez horas con diez minutos del catorce de septiembre de dos mil dieciséis; sin embargo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la circular 24/2016 de diecisiete de los actuales, acordó declarar como días no laborables el catorce y quince de septiembre del año en curso para los Juzgados de Distrito, entre otros, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, no correrán los términos de ley. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional, y se fijan las diez horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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