Daniel Martinez Salas
Expediente 602/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/05/2018
Partes del expediente
- Daniel Martinez Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
V La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de nueve de mayo pasado, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión de plano (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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i) Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciocho. Vista la comparecencia de cuenta, a través de la cual Jorge García Espinosa en su carácter de perito oficial en materia de arquitectura, aceptó y protestó el cargo conferido a fin de emitir su dictamen pericial consistente en el estudio técnico justificativo del agua potable. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comparecencia de cuenta para los efectos legales procedentes y se tiene por cumplido el requerimiento formulado al experto en la materia formulado en auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho (foja 600), por lo que se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. En tales condiciones, requiérase a Jorge García Espinosa, para que en el plazo de diez días, previsto en el numeral 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que rinda el dictamen oficial a su cargo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese, personalmente al perito oficial en el correo señalado en proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho.
- Principal
V)Toluca, Estado de México; dos de mayo de dos mil dieciocho. INFORMA SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta por medio del cual el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, rinde su informe respecto a la suspensión de plano concedida al agraviado; por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. DELEGADOS Y DOMICILIO. Asimismo, atendiendo a lo establecido en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley de la materia, téngase por autorizados en su carácter de delegados a las personas que designan la oficiante y por señalado el domicilio que indica para los efectos que precisan. Notifíquese.
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III)(AVISO PARTE QUEJOSA) Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°., agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la apoderada de la parte quejosa a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la responsable. En tal virtud, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal examina si el fallo protector está o no cumplido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio de amparo se promovió por María Alejandra Martínez Rodea, apoderada de la moral Supervisión Proyectos y Consultoría, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de México, consistentes en: El retiro de doce de junio de dos mil diecisiete, de la cuenta 8040636 aperturada en el Banco Nacional de México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, a Supervisión, Proyectos y Consultoría Sociedad anónima de capital variable, por la cantidad de veintitrés mil cuatrocientos setenta y seis pesos. Ahora bien, mediante sentencia de doce de marzo de dos mil dieciocho, se resolvió el presente juicio de amparo en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia del Unión ampara y protege a María Alejandra Martínez Rodea, en su carácter de apoderada de Supervisión, Proyectos y Consultoría, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, para los efectos precisados en el considerando último de la presente sentencia." La concesión del amparo fue para los efectos siguientes: Para que las autoridades responsables emitieran por escrito una determinación, en la que manifestaran quien ordenó el retiro de doce de junio de dos mil diecisiete, de la cuenta 8040636 aperturada en el Banco Nacional de México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, a Supervisión, Proyectos y Consultoría Sociedad anónima de capital variable, por la cantidad de veintitrés mil cuatrocientos setenta y seis pesos; y en caso de que ellas lo hubieran ordenado, expresarán cuáles fueron las razones que tomaron en consideración para su emisión. Así, mediante proveído de doce de marzo del año en curso, se requirió al Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de México, Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de México, Gerente Jurídico de la Delegación Regional del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores del Estado de México, Gerente de Administración de la Delegación Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. En ese orden, la Delegada Regional del Estado de México del Instituto del Fondo nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en cumplimiento a dicho requerimiento, mediante oficio presentado en este juzgado el trece de abril de dos mil dieciocho, pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y anexo copia certificada de los mandamientos de ejecución con número de folio 155055C7110830107 y 159072C7110830107. Del análisis del oficio de referencia se advierte que la responsable dio cumplimiento a los lineamientos expuestos en la ejecutoria de amparo, pues señalo que derivado de los mandamientos de ejecución 155055C7110830107 y 159072C7110830107, de diez de abril y treinta de septiembre ambos de dos quince, en los cuales se requirió a la aquí quejosa el pago de los montos de adeudo establecidos en los mismos, por la omisión de efectuar el pago de las aportaciones y entero de descuentos de las amortizaciones de sus trabajadores, se ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias de la quejosa, y que la transferencia por la cantidad de veintitrés mil cuatrocientos setenta y seis pesos, fue derivada de la reclasificación de multas por omisiones de pago en materia de aportaciones patronales y amortizaciones para crédito de vivienda por los periodos 5/2005, 6/2005, 4/2006, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007, 6/2007 y 1/2008. Por tanto, del oficio y anexo enviado, se advierte que la autoridad responsable siguió los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues señaló que fueron ellos quienes realizaron el retiro de la cuenta de la aquí quejosa y expusieron las razones por las cuales lo realizaron; en consecuencia, se declara cumplida en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia publicada con la clave 2a./J. 201/2009, en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Y en lo conducente la tesis 1ª./J.8/2003, consultable en la página 144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2003, Tomo XVll, Novena Época cuyo rubro y texto son: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo." Ahora, no es óbice a lo anterior las manifestaciones de la apoderada de la moral quejosa, en el sentido de que la reclasificación de multas se basó en actos administrativos que fueron revocados por la misma autoridad, por lo que su respuesta no se encuentra debidamente fundada y motivada con una simpe hoja de cálculo o pantalla como la propia autoridad lo señala. Ello es así, pues los efectos de la concesión del amparo constreñían a las autoridades en el caso de que ellas hubiesen sido las que ordenaron el retiro de la cuenta de la quejosa, a expresar cuáles fueron las razones que tomaron en consideración para su emisión; sin que dichas consideraciones tuvieran que ser en determinado sentido, por lo que si la quejosa considera que las mismas no son correctas no es a través del cumplimiento, donde debe hacer valer sus argumentos, al no haber sido materia de los efectos de la concesión del amparo, por lo que tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía que estime pertinente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa
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