Daniel Martínez Penilla
Expediente 1451/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1451/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/06/2017
Partes del expediente
- Daniel Martínez Penilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
VII.- De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, glósese a los autos para que surta los efectos a que haya lugar el oficio de cuenta, por el cual el Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, remite el acuse de recibo original recepcionado en la Oficialía de Partes de esa Sala el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, relativo al auto de ocho de este mes y año.
- Principal
VII.- La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Daniel Martínez Penilla, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 84 a la 85), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 62 a la 68). En consecuencia, se tiene por consentido el auto de mérito para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo en este juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
VII.- De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, glósese a los autos para que surta los efectos a que haya lugar el oficio de cuenta, por el cual el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo en Nezahualcóyotl, remite el acuse de recibo original recepcionado en la Oficialía de Partes de la Quinta Sala Regional el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete relativo al auto de nueve del mismo mes y año.
- Principal
VII.- De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de veintiséis de abril del año en curso (foja 80), notificado el veintisiete siguiente (foja 82), para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento que dio al fallo protector la autoridad responsable. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. El quejoso Daniel Martínez Penilla en el presente juicio de amparo, señaló como acto reclamado: "La multa impuesta mediante proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, en el juicio administrativo 436/2016. 2. En sentencia de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 62 a 68), este Juzgado de Distrito resolvió: "ÚNICO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a Daniel Martínez Penilla, por derecho propio, en contra del acto precisado en el considerando segundo, atribuido a la autoridad responsable indicada en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando sexto y para los efectos señalados en la parte final de esta resolución." Los efectos de la concesión de amparo fueron para que la responsable dejara insubsistente la multa impuesta al quejoso, y expidiera los oficios necesarios para su cancelación. 3. Mediante acuerdo de siete de abril de este año, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector (fojas 71 y 72). En oficio recibido en este juzgado el veinticinco de abril del año en curso, la Magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de México, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto adjuntó copia certificada del acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 436/2014 ADMVO de su índice (fojas 77 y 78). Ahora, el análisis de los lineamientos de la ejecutoria de amparo y las constancias remitidas evidencian que el fallo protector se cumplió, toda vez que por acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, en el expediente 436/2014 ADMVO de su ordinal, la autoridad responsable dejó sin efectos el auto reclamado de cinco de agosto de dos mil dieciséis, en la parte que hizo efectivo el apercibimiento decretado e impuso multa al quejoso por el equivalente de diez días de salario mínimo general vigente, sin que haya girado el oficio a la autoridad respectiva para cancelar la multa impuesta, pues refiere que no comunicó a ésta la imposición de dicha multa; circunstancia que colman los efectos de la concesión protectora de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo segundo y tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
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