Daniel Liberman Sourasky

Expediente 750/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
750/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Daniel Liberman Sourasky y Otros.
  • Daniel Liberman Sourasky
  • Aby Saadia Hassouni y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México a diez de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por el órgano colegiado de su adscripción, el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, con motivo del conflicto competencial 5/2018, suscitado entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, cuyos resolutivos son: "PRIMERO. Se declara legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por Daniel Liberman Sourasky, Aby Saadia Hassouni, Abrahim Zaki Saadia Mussali y Shirley Saadia Hassouni, por conducto de su apoderada Fanny Marisela García Feria al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de que se trata al Juzgado de Distrito de referencia." Atento a lo anterior, agréguense a los autos el oficio de cuenta y anexos para que surtan los efectos legales a que haya lugar; y, acúsese el recibo correspondiente. Háganse las respectivas anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el Punto Vigésimo, inciso I), en relación con el Segundo, inciso XX), pues los mismos establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que contienen actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; (.)". "VIGESIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria correspondiente y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Todos aquellos expedientes auxiliares (.)" En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo, inciso XVIII) del Acuerdo General Conjunto referido, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; diez de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos sin mayor proveído el escrito de cuenta signado por Enrique Monteagudo Gutiérrez, a través de cual señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; toda vez que dicho promovente no es parte en el presente juicio, pues no fue señalado por la parte quejosa como apoderado ni como autorizado. Notifíquese.

  3. Principal

    VI) Toluca, Estado de México a veintidós de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 14088/2018, por el que este juzgado le remitió las constancias ahí detalladas, y comunica que dicho órgano colegiado admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este juzgado y Juzgado Décimo Cuarto de Distrito, con residencia en Naucalpan de Juárez; el cual se registró con el número de conflicto competencial 5/2018-IV. Notifíquese.

  4. Principal

    VI Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, devuelve el juicio de amparo 750/2018-VI, del índice de este órgano jurisdiccional y comunica el proveído de doce de junio de dos mil dieciocho, en la cual el Titular de dicho órgano determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Fanny Marisela García Feria, apoderada legal de Daniel Liberman Sourasky, Aby Saadia Hassouni, Abrahim Zaki Saadia Mussali y Shirley Saadia Hassouni, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de México y otras autoridades. Atento a lo anterior, glósese copia certificada del oficio de cuenta al cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia planteada por este juzgado. Ahora, el homólogo oficiante para no aceptar la legal competencia planteada, en esencia, expresó lo siguiente: "(.) Sin embargo, la parte quejosa en su desahogo de la prevención adujó que la obstrucción derivaba del oficio DDUlSJ/1264/2018, por lo que, de dicho comunicado, no se advierte que conlleve una ejecución que efectivamente obstruya el cumplimiento a las obligaciones contenidas en el acuerdo octavo de permiso conjunto urbano publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete, como aduce el juez declinante, puesto que únicamente se limita a hacer del conocimiento del apoderado legal de los directos quejosos que, para estar en posibilidad de emitir la orden de pago solicitada, la Directora de Desarrollo Urbano responsable, mediante diversa misiva de fecha cinco de abril del año en curso, solicitó información a la Directora General de operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México, y una vez que cuente con los datos solicitados, estarla en posibilidad de pronunciarse respecto a los solicitado. (.) En mérito de lo anterior, este órgano de control constitucional no comparte el criterio del homólogo y sostiene la incompetencia para conocer del asunto, en pues los argumentos vertidos por este juzgador en declaratoria de incompetencia son sólidos y suficientes para fincar la competencia al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pues en dicha determinación se estableció: (.) INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, del estudio de la demanda de amparo y su escrito de desahogo, se evidencia que la parte quejosa reclama, entre otros actos, el siguiente: "2. Las órdenes verbales, instruidas a la Directora de Desarrollo Urbano del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para emitir el oficio DDU/SJ/1264/2018, de fecha veintitrés de abril del año en curso, para generar una obstrucción al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acuerdo octavo del permiso de conjunto urbano y en consecuencia, generar incongruencias a los alcances autorizados en el permiso publicado con fechas 28 de julio de 2017 y 16 de enero del año en curso. Se atribuyen estos actos y omisiones a la Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, las órdenes verbales a sus subordinados, sea la Directora de Desarrollo Urbano», «Tesorero Municipal», «Contralor Interno» y «Secretario de Técnico de la Presidencia», todos dependientes del Municipio de Atizapán de Zaragoza, encaminados a obstruir el cumplimiento de obligaciones contenidas en el acuerdo octavo del permiso de conjunto urbano, a efecto de que fueran emitidos los oficios materia de los actos reclamados marcados con los incisos 1 al 6 de la presente demanda inicial de amparo, para no expedir las órdenes de pago requeridas en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales." (énfasis añadido). Lo anterior evidencia que el acto reclamado tiene ejecución precisamente en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ya que, entre otros actos, los quejosos reclaman una orden verbal para obstruir el cumplimiento de una obligación para no expedir las órdenes de pago dentro de ese municipio, relativos a la construcción de un desarrollo habitacional en el predio ubicado en Avenida Hacienda de la Teja, número 1,manzana XXV, Colonia Lomas de la Hacienda, San Mateo Tecoloapan, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por lo que este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene principios de ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Ello pues el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa; por ello, estableció las referidas reglas de competencia para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Además, los demás actos reclamados que si bien son señalados por los quejosos como negativos, omisivos e informativos, sin embargo, tienen efectos positivos, pues se hacen derivar de las órdenes del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para obstruir el cumplimiento de una obligación, "para no expedir las órdenes de pago dentro de ese municipio", que repercuten en la construcción la construcción del citado desarrollo habitacional en dicho municipio, pues la naturaleza de esos actos, teniendo en cuenta que impiden a los quejosos realizar el pago que ya se había autorizado para la construcción del desarrollo, traen consigo la restricción de derechos adquiridos con anterioridad y, con posterioridad a ello se emitieron los demás actos negativos, omisivos e informativos que tienen efectos positivos precisamente porque se les impide continuar con un trámite que ya se les había otorgado. Al respecto se invoca la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por que el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." Pero además, si los demás actos no se consideraran que tienen ejecución, conforme al diseño competencial por territorio previsto en la Ley de Amparo, al existir un acto que tiene ejecución (especificado en el número 2 de la demanda), a efecto de no dividir la continencia de la causa, debe conocer del asunto el Juez de Distrito que precisamente ejerza jurisdicción en el lugar en que se ejecute el acto reclamado; lo anterior, máxime que todas la autoridades responsables excepto a la cual se le reclama la inconstitucionalidad de un artículo se encuentran en Atizapan de Zaragoza, Estado de México y sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para defender sus intereses. Sirve de apoyo la tesis 3a. XVIII/92. Publicada en la página 19, Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, con número de registro: 206851, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto.". En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, En Turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecuta el acto reclamado por la parte quejosa. (.)" Argumentos que se reiteran en este acto para considerar que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan. Ahora, el argumento del Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan para considerar que "la parte quejosa en su desahogo de la prevención adujó que la obstrucción derivaba del oficio DDUlSJ/1264/2018, por lo que, de dicho comunicado, no se advierte que conlleve una ejecución que efectivamente obstruya el cumplimiento a las obligaciones contenidas en el acuerdo octavo de permiso conjunto urbano publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete"; sin embargo, este juzgado no comparte el criterio del homologo, pues la circunstancia de que efectivamente se obstruya o no el cumplimiento de una obligación podrá analizarse al momento de resolver el fondo del asunto con los informes justificados y todas las demás pruebas que se hayan aportado, donde pueden variar las circunstancias, y no en la admisión de la demanda; ya que los quejosos plantean ese acto destacado en ese sentido, es decir, de que "efectivamente se está obstruyendo con una obligación", y de considerar lo contrario en este momento, sería tanto como desvirtuar y/o considerar inexistente lo señalado por los impetrantes del amparo en su demanda y desahogo de prevención, lo que es propio de la sentencia, pues para ellos la orden verbal para emitir el oficio DDUlSJ/1264/2018, "genera una obstrucción" en el cumplimiento a las obligaciones contenidas en el acuerdo octavo de permiso conjunto urbano publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete, por no expedir las órdenes de pago dentro del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que incide precisamente para que no se construya el desarrollo habitacional en el predio ubicado en el mismo municipio. Por lo que, si la orden verbal para obstruir el cumplimiento de una obligación para no expedir las órdenes de pago dentro de ese municipio, relativos a la construcción de un desarrollo habitacional en ese mismo municipio, es decir, esa orden verbal y obstrucción se están llevando a cabo en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, que además inciden directamente en la construcción de citado desarrollo que tiene ubicación en ese mismo municipio. Lo anterior, máxime que los demás actos reclamados que si bien son señalados por los quejosos como negativos, omisivos e informativos, sin embargo, tienen efectos positivos, pues se hacen derivar de las órdenes del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para obstruir el cumplimiento de una obligación, "para no expedir las órdenes de pago dentro de ese municipio", que repercuten en la construcción la construcción del citado desarrollo habitacional en dicho municipio, pues la naturaleza de esos actos, teniendo en cuenta que impiden a los quejosos realizar el pago que ya se había autorizado para la construcción del desarrollo, traen consigo la restricción de derechos adquiridos con anterioridad y, con posterioridad a ello se emitieron los demás actos negativos, omisivos e informativos que tienen efectos positivos precisamente porque se les impide continuar con un trámite que ya se les había otorgado. Al respecto se invoca la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por que el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." Pero además, si esos actos no se consideraran que tienen ejecución, conforme al diseño competencial por territorio previsto en la Ley de Amparo, al existir un acto que tiene ejecución (especificado en el número 2 de la demanda), a efecto de no dividir la continencia de la causa, debe conocer del asunto el Juez de Distrito que precisamente ejerza jurisdicción en el lugar en que se ejecute el acto reclamado; lo anterior, máxime que todas la autoridades responsables excepto a la cual se le reclama la inconstitucionalidad de un artículo se encuentran en Atizapan de Zaragoza, Estado de México y sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para defender sus intereses. Sirve de apoyo la tesis 3a. XVIII/92. Publicada en la página 19, Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, con número de registro: 206851, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto.". Así como la tesis I.15o.A.41 K, visible en la página 2288 del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, Registro: 162635, del contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." (Lo subrayado no es de origen). Por lo que, este Juzgado Federal insiste en declinar la legal competencia para conocer del presente asunto, al Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la jurisdicción del juzgado oficiante. Expuesto lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero, del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional considera pertinente remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para que tenga a bien resolver cuál Juez de Distrito es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Fanny Marisela García Feria, apoderada legal de Daniel Liberman Sourasky, Aby Saadia Hassouni, Abrahim Zaki Saadia Mussali y Shirley Saadia Hassouni, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de México y otras autoridades. Comuníquese la anterior determinación al Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano