Daniel Goray Yosioka

Expediente 589/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
589/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Daniel Goray Yosioka

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Remisión revisión En distinto orden, y vista la certificación de cuenta, se advierte que todas y cada una de las partes quedaron notificadas de la sentencia diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, así como del auto de diez de noviembre del año en curso, por el cual, se tuvo por presentado el recurso de revisión que interpuso por el autorizado de la parte quejosa. Por lo tanto, ya que el recurso de revisión se encuentra debidamente integrado, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, el escrito original de agravios, así como los autos originales de este juicio de amparo (previo cuadernillo que se deje en este juzgado como antecedente). Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio y anexo Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad. En atención a su contenido, se le tiene remitiendo el escrito y anexo suscrito por el autorizado de la parte quejosa . Recurso de revisión Ahora bien, se desprende del anexo de cuenta signado por el licenciado ***************, autorizado del quejoso ***************; en atención a su contenido, se tiene a la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecisiete de octubre del año en curso, en el presente juicio. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia recurrida, como del recurso de revisión interpuesto en su contra, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios original del recurrente para la substanciación del recurso hecho valer. Asimismo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. Notifíquese por lista electrónica, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Visto para resolver, el juicio de amparo 589/2023-IV, promovido por ********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el catorce de junio de dos mil veintitrés, turnado y recibido en este Juzgado el mismo día, el quejoso ********************, promovió demanda de amparo contra la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso estimó vulnerados en su contra los derechos previsto en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 11.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tercero. Admisión de la demanda y trámite. En auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite, por lo que se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama un acto que tiene efectos en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Previo al análisis de las constancias de autos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con residencia en esta ciudad: - La orden, acuerdo o determinación, en el sentido de suspender sus emolumentos, salarios o percepciones, correspondientes a su cargo como Subdirector de Área, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. - La ejecución de dicha orden, acuerdo o determinación, a partir de la primera quincena de abril de dos mil veintitrés, en la cual ya no recibió sus emolumentos, salarios o percepciones, correspondientes. Tercero. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado, el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, manifestó que son ciertos los actos reclamados. Al respecto, posteriormente, en oficio recibido en este Juzgado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, vía correo electrónico oficial, remitió a este Juzgado el oficio INM/ORFCHI******H/DRH/********************/2023, de cinco de abril de dos mil veintitrés, que dirigió al Director de Administración de Personal del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, haciéndole de su conocimiento que el aquí quejoso ********************, entre otros empleados adscritos a dicha Oficina de Representación, a esa fecha, no se habían presentado a sus labores, además, que su nombre coincide con la persona detenida, entre otras, por los hechos suscitados en la Estancia Provisional Juárez. Por lo que al ubicarse en el supuesto del artículo 45, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, le solicitó girar instrucciones a efecto de llevar a cabo la "preventiva de pago", con fecha cinco de abril de dos mil veintitrés. Constancia que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, y que por lo tanto, es apta para demostrar la existencia del acto reclamado. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso numeral 5, fracción II, de la propia Ley, pues el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, al emitir la orden, acuerdo o determinación, en el sentido de suspender sus emolumentos, salarios o percepciones, correspondientes al cargo del quejoso como Subdirector de Área, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, no actuó con el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, pues su intervención en el acto reclamado, carece de imperatividad, de coercitividad y con el mismo no se afecta unilateralmente la esfera jurídica del quejoso; con tal acto no se creó, modificó o extinguió una situación jurídica, en ejercicio de las facultades de imperio de la autoridad responsable, que le beneficie o perjudique, pues deriva de una relación laboral que los ubica en un plano de coordinación, no de supra-subordinación. En efecto, el acto reclamado deriva de la relación laboral entre la autoridad responsable, como ente Estatal perteneciente al Gobierno Federal, y el quejoso, como trabajador al servicio del Estado, en el ámbito Federal. A fin de demostrar lo anterior, en principio se cita el contenido de los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la interpretación sistemática de esos preceptos, se colige que para efectos del juicio de amparo se considera como autoridad responsable al ente de hecho o de derecho que: - dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que: - crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, - esto, en forma unilateral y obligatoria, en virtud de una relación de supra a subordinación con el particular, - relación que nace de la ley, por lo que el ente está facultado para emitirlo, sin que pueda renunciar a esa potestad, requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado, - lo anterior, con independencia de su naturaleza formal, de manera que un particular puede tener tal carácter, siempre que realice actos equivalentes a los de una autoridad, afecte derechos de un gobernado y sus funciones estén determinadas por una norma general. Para establecer lo anterior, se toma en cuenta la jurisprudencia por contradicción de tesis 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Ley de Amparo anterior, la cual sigue siendo aplicable en lo conducente, máxime que en este caso el acto reclamado no se atribuye a particulares sino a un ente de derecho público, la que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, materia Común, con registro digital 161133, del contenido siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, como se adelantó, la omisión reclamada no puede estimarse como proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, esencialmente, debido a que no deriva de una relación de supra subordinación, entre el quejoso y la autoridad responsable, sino que, tal acto deriva de la relación laboral entre la autoridad responsable, como ente del Gobierno Federal, y el quejoso. Esto se demuestra con las manifestaciones de la autoridad responsable, en el mencionado oficio ******/********************/2023, de cinco de abril de dos mil veintitrés, que dirigió al Director de Administración de Personal del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, haciéndole de su conocimiento que el aquí quejoso ********************, entre otros empleados adscritos a dicha Oficina de Representación, a esa fecha, no se habían presentado a sus labores, además, que su nombre coincide con la persona detenida, entre otras, por los hechos suscitados en la Estancia Provisional Juárez. Por lo que al ubicarse en el supuesto del artículo 45, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, le solicitó girar instrucciones a efecto de llevar a cabo la "preventiva de pago", con fecha cinco de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, para tal efecto, le proporciona los siguientes datos: NOMBRE COMPLETO: ******************** NÚMERO DE EMPLEADO: ******************** RFC: ********************FECHA DE INGRESO AL INM: ******************** PUESTO: REPRESENTACIÓN LOCAL NORESTE CÓDIGO DE PLAZA: ********************NIVEL: ******************** TIPO DE CONTRATO: ******************** Lo anterior se corrobora, con las documentales que exhibió el propio quejoso, anexas a su demanda de amparo: 1.- Credencial original con folio ********************, a su nombre, expedida por el Instituto Nacional de Migración, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, de la que se advierte que su puesto es el de "REPRESENTACIÓN LOCAL NORESTE" y que su vigencia es hasta el año dos mil veinticuatro. 2.- Impresión simple de un recibo de pago, con folio fiscal, sello digital del CFDI y del SAT, así como QR, expedido por la Secretaría de Gobernación, a nombre del quejoso, con puesto "SUBDIRECTOR DE ÁREA" y unidad administrativa Instituto Nacional de Migración, que abarca del uno al quince de mayo de dos mil veintitrés, del que se advierte que no recibió percepción alguna. Ahora bien, los artículos 2o, 3º y 32, así como el citado numeral 45, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establecen lo siguiente: ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación. ARTÍCULO 3o.- Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, en las listas de raya de los trabajadores temporales. ARTÍCULO 32.- El sueldo o salario que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto, constituye el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas. ARTÍCULO 45.- La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un trabajador no significa el cese del mismo. Son causas de suspensión temporal: (.) II.- La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto por autoridad judicial o administrativa, a menos que, tratándose de arresto el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, resuelva que debe tener lugar el cese del trabajador. (.) Conforme a los tres primeros preceptos citados, para los efectos de dicho ordenamiento legal, la relación jurídica de trabajo, es la establecida entre los titulares de las dependencias citadas en su artículo 1o, en relación con los numerales 3, fracción XXXI y 19 de la Ley de Migración, mientras que, conforme al tercero de los preceptos citados, es procedente la suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un trabajador (lo que no implica su cese), cuando esté sometido a la medida cautelar de prisión preventiva (aunque se siga de sentencia absolutoria). Lo anterior, desde luego se encuentra en congruencia con el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, que en su fracción IX, prevé la posibilidad de que éstos sean suspendidos, en los términos que fije la ley, en este caso, el ya invocado artículo 45, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, fundamento del acto reclamado. En efecto, el artículo 123, apartado B, fracción XI, dispone lo siguiente: Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) XI (SIC).- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. (.) Ahora bien, el propio artículo 123, apartado B, fracción XII, dispone lo siguiente: XII.- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. Mientras que, precisamente en relación con lo anterior, el artículo 124 de Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que: ARTÍCULO 124.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para: I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. (.) II.- Tramitar todos los conflictos a que se refiere la fracción anterior hasta agotar el procedimiento, sin emitir laudo, debiendo turnar el expediente al Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro de los diez días siguientes a aquél en que se declare cerrada la instrucción, para que éste lo turne a la sala correspondiente que dictará el laudo, y III.- Las demás que les confieran las Leyes. Así pues, el conflicto derivado de la suspensión de los efectos del nombramiento del quejoso, tal como lo es la suspensión de la percepción del salario inherente, ordenada por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, es de naturaleza laboral, esto es, dicho acto deriva, como ya se expuso, de la relación laboral entablada entre el aquí quejoso, como empleado de la dependencia estatal federal Instituto Nacional de Migración, por lo que, en ese contexto, dicha suspensión que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, debe reclamarse a través de la vía laboral, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de los citados artículos 123, apartado B, fracción XII, Constitucional y 124 de Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero no constituye, como también ya se indicó, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No se pierde de vista que del acto reclamado, esto es, del oficio INM/ORFCHIH/DRH/********************/2023, de cinco de abril de dos mil veintitrés, signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, dirigido al Director de Administración de Personal del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, haciéndole de su conocimiento que el aquí quejoso ********************, entre otros empleados adscritos a dicha Oficina de Representación, a esa fecha, no se habían presentado a sus labores, además, que su nombre coincide con la persona detenida, entre otras, por los hechos suscitados en la Estancia Provisional Juárez; por lo que al ubicarse en el supuesto del artículo 45, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, le solicitó girar instrucciones a efecto de llevar a cabo la "preventiva de pago", con fecha cinco de abril de dos mil veintitrés, se desprende que el quejoso ocupa un nombramiento de "interinato", es decir, no es trabajador de base. Sin embargo, aun en el supuesto de que sea trabajador de confianza, debe acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a reclamar, en la vía laboral, como trabajador al Servicio del Estado, la suspensión de los efectos de su nombramiento, en concreto, la suspensión de la percepción de su salario, pero no reclamar ese acto en el juicio de amparo, pues no tiene las características de acto de autoridad para ese efecto. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 9/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 91, materias Laboral y Administrativa, Octava Época, con registro digital 205875, del rubro y texto siguientes: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página ********************), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo. Así como en la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 92, materias Laboral y Administrativa, Octava Época, con registro digital 205876, del rubro y texto siguientes: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página ********************), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional al actualizarse la causal prevista por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso ordinal 61, fracción XXIII, así como en el distinto numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, en contra de la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando segundo. Notifíquese en lista electrónica, personalmente a la parte quejosa (en línea) y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (en línea o vía correo electrónico) y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera, hoy diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Se agrega alegato de cuenta Visto el alegato de cuenta, agréguense a los autos para que conste como legalmente corresponda; se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, formulando alegatos, los cuales serán relacionados al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Copias En atención a las copias que solicita, deberá estarse a lo acordado en proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con la excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.YMR/MGVV

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